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Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia del Senado

El representante del Partido del Trabajo sostuvo que se mantendrá “firme, digno, consecuente y comprometido” con la ‘Cuarta Transformación’.

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que solicitará licencia para separarse del cargo.

El legislador ha enfrentado críticas por la casa de 12 millones que presuntamente adquirió con un crédito en Tepoztlán y por los viajes privados que ha realizado en avión.

En video en redes sociales, afirmó que necesitará el espacio para realizar una “tarea”, aunque dijo que la razón la anunciará este martes en conferencia de prensa.

El representante del Partido del Trabajo sostuvo que se mantendrá “firme, digno, consecuente y comprometido” con la ‘Cuarta Transformación’.

“No se puede estar en misa y en procesión”, fue una de las frases que dijo, aunque también negó que haya aceptado algún cargo.

Sostuvo que el cambio “es para bien”, es “necesario” y que será temporal, aunque no dio ningún tipo de detalle.
“No se preocupen de nada”.
Fernández Noroña adelantó que ya inició los trámites para separarse de su cargo, por lo que la información ya se conocía en ciertos sectores.


¿Quién es la suplente de Fernández Noroña?

Dunia Ludlow Deloya es la senadora suplente de Fernández Noroña.

Actualmente es directora de las tiendas de Superissste.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado ratifica a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; advierten cercanía con Morena

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota presentó una moción suspensiva al afirmar que los magistrados pertenecen al grupo político oficialista.

El Senado de la República ratificó a cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un periodo de 15 años improrrogables a partir del 1 de noviembre de 2025. 

Durante la discusión en el Pleno sobre las ratificaciones, los senadores oficialistas con 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención ratificaron a Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez como magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Posteriormente, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó la protesta a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, argumentó que estos ciudadanos cumplen con los requisitos de idoneidad, legales y técnicos, además de que, con ellos, la titular del Ejecutivo Federal demuestra su compromiso de contar con los mejores perfiles en la administración pública. 

Sin embargo, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota presentó una moción suspensiva al afirmar que los magistrados pertenecen al grupo político oficialista, además de no cumplir un punto importante del artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 

“Si ustedes se ponen a stalkear en Google a estas personas, digo, no es que yo los esté señalando de nada, pero si ustedes se ponen a stalkear en las redes sociales lo que sale de estas personas, particularmente de los dos hombres, los vinculan a temas de giros negros, trata de personas, corrupción, desvío de recursos públicos. Digo, si esa es la buena fama pública, cuál es la mala fama pública. 

“También ellos, todos ellos, provienen de un mismo grupo político, del grupo político que ha gobernado la capital de este país por los últimos 30 años, e incluso, cuando a alguno de ellos se les preguntó por su militancia partidaria dijo que él no negaba la cruz de su parroquia. 

“Eso habla no solamente del descaro de ustedes, sino del cinismo de ellos de decir, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son de un mismo grupo político, no hay división de poderes en este país”, explicó.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Senado concreta aprobación de la Ley de Amparo; aplicará en juicios ya iniciados

Luego de la polémica por las acusaciones de ser anticonstitucional, el Senado avaló los cambios realizados por la Cámara de Diputados en la reforma al amparo para que aplique en juicios ya iniciados.

Unas horas después de haberla recibido de la Cámara de Diputados, el Senado avaló la reforma a la Ley de Amparo y la turnó al Poder Ejecutivo para que sea promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los senadores avalaron los cambios que establecen que las etapas procesales terminadas, o que hayan generado derechos adquiridos, se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de los respectivos procesos, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto estarán sujetas a las reglas nuevas.

Los votos de la coalición encabezada por Morena permitieron que la minuta fuera discutida como un asunto urgente, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara durante la madrugada de este miércoles.

El Senado no hizo cambios respecto a la versión que esta madrugada aprobó la Cámara de Diputados. De acuerdo con el dictamen y la mayoría morenista, la modificación busca precisar que la reforma no tiene efectos retroactivos, pues “se trata de una ley procesal” que únicamente aplicará a actuaciones futuras y no afectará derechos adquiridos.

Oposición acusa simulación

Representantes de la oposición acusaron que la mayoría morenista sólo maquilló la retroactividad. Argumentaron que la reforma permitirá al gobierno cobrar créditos fiscales en litigio por más de dos billones de pesos, lo que afectaría principalmente a pequeñas y medianas empresas.

Por parte del PRI, la senadora Carolina Viggiano, sostuvo que las reformas restringen el interés legítimo, lo que impedirá que colectivos, comunidades indígenas, ambientalistas o personas vulnerables interpongan amparos.

“Esta ley es más poder al poder y menos acceso a la justicia al ciudadano. Esa es la realidad, aunque le llamen como le llaman, pero el propósito del oficialismo es muy claro. Quebraron al país y ya no saben cómo y de dónde tener recursos. Por eso siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar los créditos fiscales que están pendientes”.

La legisladora advirtió que la reforma limita la suspensión del acto reclamado, lo que dejará sin protección a los ciudadanos frente a embargos, cancelación de permisos o bloqueos de cuentas.

Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales insistió, como sucedió el 1 de octubre cuando fue votada inicialmente en esta Cámara, que se trata de la “Ley del desamparo”. La vicecoordinadora de su bancada afirmó que el nuevo texto es una “maroma legislativa”, que contradice las propias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ignoran una vez más lo dicho por la presidenta de la República. Y lo que están proponiendo con este nuevo texto es que las disposiciones de las presentes reformas sean aplicadas a los asuntos que actualmente están en trámite”.

El senador panista Ricardo Anaya insistió que la reforma terminó con una herramienta que servía a un ciudadano a defenderse de abusos de autoridad.

“Le dieron la estocada final al amparo”, advirtió.

El legislador insistió que la reforma viola el artículo 14 constitucional, que implica que sí habrá aplicación retroactiva de la ley.

Es falso, dijo, el principio del artículo que establece que la ley de amparo es procesal.

Morena rechaza que sea retroactiva

Senadores de Morena defendieron la aprobación del dictamen y aseguraron que la modificación en los artículos transitorios atiende las observaciones hechas por especialistas y responde a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó que la ley tenga dedicatoria y sostuvo que su objetivo es modernizar los procedimientos judiciales para hacerlos más ágiles y eficaces.

“Se trata de una ley procesal. No hay retroactividad ni persecución política, sólo el propósito de garantizar que los juicios de amparo se desarrollen con mayor certeza jurídica”, afirmó.

El curso de la reforma

La reforma fue aprobada por el Senado inicialmente el pasado 1 de octubre y la remitió a la Cámara de Diputados, quienes hicieron ajustes a los artículos transitorios, principalmente lo relacionado con la posible retroactividad de su aplicación.

Otros cambios que hicieron los diputados y que avaló el Senado este miércoles aplicaron en la fracción tercera del artículo 128, que modifica el término interés público por el de “disposiciones de orden público”, con la intención de eliminar ambigüedades que podrían generar interpretaciones que vulneren el amparo, según explicó Laura Itzel Castillo en la presentación del documento.

La versión aprobada suprimió la frase que señalaba “de ejecutarse el acto se pueden causar daños de difícil reparación”, a fin de armonizar el texto con los principios constitucionales de progresividad y acceso efectivo a la justicia.

En cuanto al artículo 129, ajustaron que se considerará contrario al interés social o a disposiciones de orden público continuar con actividades o servicios que requieran autorización federal, cuando no se cuente con la misma, por lo que suprimieron la referencia a casos de revocación o suspensión de permisos.

Aplicación en etapas concluidas

La aplicación de la reforma en juicios ya iniciados fue establecida en el artículo tercero transitorio.

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

Así, la reforma incluyó las sugerencias que hizo Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, en una conferencia presidencial, tras la aprobación inicial de la reforma por el Senado y las críticas desatadas por la retroactividad:

En el transitorio, los legisladores establecieron que la Ley de Amparo es procesal, que se prevea que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación y que señalara que acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del decreto regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva —de forma explícita— ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Senado aprueba con cambios reforma a la Ley Aduanera; regresa a San Lázaro

La reforma fue aprobada por las bancadas oficialistas, en medio de críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron que las nuevas disposiciones aduaneras podrían afectar la transparencia y generar incertidumbre jurídica en el comercio exterior.

El Pleno del Senado de la República aprobó el martes, con cambios, la reforma a la Ley Aduanera. El dictamen, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado en lo general con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención; mientras que en lo particular obtuvo 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención.

El proyecto apunta como propósito mejorar, fortalecer y modernizar la legislación en materia aduanera para facilitar las actividades de comercio exterior, sin establecer nuevas contribuciones ni cargas fiscales adicionales.

Como parte de los cambios introducidos por la Cámara Alta, se aprobó una modificación propuesta por el senador morenista Homero Davis Castro, para que el decreto entre en vigor el 1 de enero de 2026, con excepciones específicas.

El artículo 86 A fracción Primera segundo párrafo, al mes siguiente; y los artículos 86 A fracción Tercera, 106 fracciones Quinta y Sexta, 107 y 145, a los tres meses. Esto con el objetivo de permitir la elaboración de la reglamentación correspondiente.

El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para su revisión con los cambios realizados. Durante la sesión se rechazaron 10 propuestas de modificación y una moción suspensiva presentada por la senadora priista Claudia Anaya.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, destacó que la reforma no obstaculiza las operaciones legítimas, sino que las facilita.

“Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna, una aduana que cuida la competitividad y, a la par, la integridad del sistema, porque cada peso bien recaudado regresa en servicios públicos como la infraestructura, la salud y la educación, ya que cada trámite simplificado y seguro se traduce en empleos, inversión y crecimiento”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el nuevo marco jurídico representa un “nuevo pacto” entre el Estado, las empresas y la sociedad, en el que la tecnología “se convierte en aliada de la justicia fiscal”.

Senadores de oposición expresaron críticas al dictamen. El panista Raymundo Bolaños Azocar señaló que la reforma no ataca el problema de fondo, ya que “maquilla el problema” y hace a los agentes aduanales un “chivo expiatorio”. Además, deja intacta la maquinaria con la que se saquean las finanzas públicas y se permite el huachicol fiscal.

El priista Miguel Ángel Riquelme advirtió que la reforma vulnera compromisos del T-MEC, ya que “impone facultades discrecionales y sanciones excesivas”, lo que coloca a México en una posición vulnerable ante sus socios de Estados Unidos y Canadá.

El emecista Clemente Castañeda señaló que la reforma no toca, aborda, ni combate el huachicol fiscal de las aduanas y los puertos y advirtió que “pone más trabas al comercio exterior”.

Uno de los cambios centrales es la creación del Consejo Aduanero, encargado de resolver sobre el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales. Además, se otorgan facultades concurrentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México para realizar actividades de post-despacho de mercancías.

También incorpora que las autoridades aduaneras puedan celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para el análisis y gestión de datos, y se refuerzan los controles para sancionar malas prácticas como la evasión fiscal, subvaluaciones y presentación de declaraciones incorrectas.

Entre otros cambios relevantes, se elimina la patente vitalicia para los agentes aduanales, estableciendo un uso máximo de 20 años, sujeto a requisitos legales y evaluaciones cada tres años, para profesionalizar el sector. Asimismo, se fortalecen los controles sobre el uso del régimen de importación temporal y se incorpora el expediente electrónico de pedimentos, que incluirá el CFDI, facturas, carta porte u otros documentos que acrediten las operaciones.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Senado recibe la minuta sobre la Ley Aduanera de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo que la reforma se discutirá la próxima semana en el pleno.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que la Cámara alta recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 

La senadora morenista detalló que la minuta la recibió la Mesa Directiva en la sesión del 8 de octubre y la remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictaminación. El proyecto de reforma se prevé discutirlo la próxima semana en la Cámara alta.

Laura Itzel Castillo explicó que la minuta tiene como finalidad modernizar esa legislación con base en las necesidades de intercambio comercial internacional, y como parte de la estrategia para combatir la evasión y elusión fiscal, la subvaluación y el contrabando.  

También establece requisitos que recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, así como quienes hagan despacho aduanero en un lugar distinto al autorizado deben cumplir en materia de vigilancia y seguridad para que se les pueda otorgar autorización operativa.  

Resaltó que dicho proyecto plantea que las patentes de agente aduanal tendrán una vigencia de 20 años con certificaciones cada tres, además de crear un Consejo Aduanero que resolverá en torno al otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de esas patentes, así como inhabilitaciones de agentes.  

Además, simplifica procedimientos para empresas de mensajería y paquetería que hagan despachos aduaneros, mientras que fija los supuestos que ameritan infracciones en esa materia e impone sanciones más severas para recintos fiscalizados estratégicos que permitan salida de mercancías sin que cumplan formalidades o sin que hayan pagado contribuciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Senado pagó más de 300 mil pesos por hotel para familiares de juzgadores en su toma de protesta

Se alquiló un hotel en Paseo de la Reforma cercano a la Cámara Alta; menús y bebidas fueron pagadas por los familiares con sus propios recursos, aclaran

El Senado de la República pagó 353 mil 700 pesos por la renta del espacio del hotel Sevilla Palace en Paseo de la Reforma para los familiares de los juzgadores que rindieron protesta el 1 de septiembre en la Cámara Alta, tras ser electos en los comicios federales de junio pasado.

En una respuesta de información solicitada por Proceso, el titular de eventos del Senado de la República, José Márquez Borbolla, respondió que la renta por el lugar fue de 9 horas.

En la respuesta del Senado de la República especifican que desconocen el número de familiares de los juzgadores que asistieron al lugar rentado en el Hotel Sevilla Palace. 

Además, detallaron que los menús y bebidas que los familiares de los juzgadores consumieron dentro del hotel Sevilla Palace fueron pagadas con sus propios recursos.

“Costo de la renta del espacio del hotel Sevilla Place y horario” (Sic) 

“El horario de la renta del espacio fue de 9:00 Horas. Costo: $353,700.00

“En respuesta a la solicitud de información sobre el número de asistentes, no es de la competencia de esta unidad dicha información.

“Sobre los costos de los menús y bebidas, cada persona cubrió con sus propios recursos sus consumos dentro del hotel”, responden.

El 14 de agosto del 2025, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó que el Senado de la República ocuparía un espacio alternativo para los acompañantes de las personas juzgadoras electas en la elección Judicial. 

El espacio que se dispuso para albergar a los familiares de las 881 personas juzgadoras que rindieron protesta el 1º de septiembre del 2025 fue el Hotel Sevilla Palace que se encuentra a unos metros de la sede del Senado de la República en Paseo de la Reforma.

El senador morenista detalló que esa medida es para que los familiares estén cerca y a unos pasos del Senado y pueda ser eso motivo de algo que es un “parteaguas” en la vida de la República: la selección por primera vez con voto directo de los juzgadores de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

El gobierno federal propone a comisionados antimonopolio y de comunicaciones

El Senado recibe los nombramientos, entre ellos el de Andrea Marván, quien presidió la extinta Comisión Federal de Competencia

El Senado de la República recibió dos oficios de la Secretaría de Gobernación los cuales incluyen los nombramientos a favor de quienes integrarán la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Antimonopolio.

Para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el oficio contiene los nombramientos a favor de: Ledénika Mackensie Méndez González, por un periodo de tres años; María de las Mercedes Olivares Tresgallo, por un periodo de cuatro años; Adán Salazar Garibay, por un periodo de cinco años; Tania Villa Trápala, por un periodo de seis años, y Norma Solano Rodríguez, por un periodo de siete años.

También se turnó el oficio con los nombramientos para la integración de la Comisión Nacional Antimonopolio, con los nombramientos a favor de: Andrea Marván Saltiel (quien fuera presidenta de la extinta Comisión Federal de Competencia, Cofece), por un periodo de tres años; Ana María Reséndiz Mora, por un periodo de cuatro años; Óscar Alejandro Gómez Romero, por un periodo de cinco años; Ricardo Salgado Perrilliat, por un periodo de seis años, y Haydeé Soledad Aragón Martínez, por un periodo de siete años. 

Los oficios fueron enviados por la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, a las comisiones legislativas correspondientes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Senadores modifican reforma de Sheinbaum a la Ley de Amparo tras audiencias públicas; estos son los cambios

Las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos realizaron ajustes al dictamen presidencial para evitar restricciones al juicio de amparo, precisar el concepto de interés legítimo y conservar las sanciones a funcionarios que incumplen fallos judiciales.

Después de dos días de audiencias públicas en el Senado, donde se escucharon opiniones de jueces, académicos, organizaciones civiles y especialistas, las comisiones encargadas de revisar la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum decidieron hacerle una serie de modificaciones.

El dictamen será sometido a consideración de las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos del Senado de la República este miércoles a las 12:00 del día en una reunión extraordinaria.

El documento señala que las modificaciones hechas a la iniciativa presidencial buscan reforzar la certeza jurídica, evitar restricciones indebidas al acceso a la justicia y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.

Interés legítimo

Uno de los principales cambios tiene que ver con el llamado interés legítimo, figura clave que determina quién puede presentar un amparo.  Aunque se mantuvo la intención de delimitar sus elementos, las comisiones eliminaron requisitos considerados excesivamente restrictivos en el texto original, como el que exigía que el daño fuera “actual” y que el beneficio fuera “directo”. La intención es evitar que personas o colectivos quedaran fuera del derecho a defenderse.

También aclararon que el daño puede afectar tanto a personas como a grupos, es decir, la afectación puede ser individual o colectiva, en concordancia con el artículo 107 constitucional, lo que cobra relevancia en temas colectivos como el medio ambiente o los derechos de comunidades.

Cambios en materia fiscal

En materia fiscal, se estableció que las leyes o reglas usadas para cobrar impuestos sólo podrán impugnarse en un juicio de amparo cuando el crédito fiscal ya sea definitivo. Además, se especificaron los métodos con los que los contribuyentes pueden garantizar el pago mientras dura el juicio, como billetes de depósito o cartas de crédito, cada uno con requisitos distintos y supervisados por autoridades financieras.

Ampliación de plazos

Otro cambio realizado por las comisiones es la ampliación de 60 a 90 días naturales del plazo para que los jueces puedan dictar una sentencia en un juicio de amparo, tanto por parte de los tribunales como del Tribunal de Disciplina Judicial.

En el mismo sentido, se amplió de tres a cinco días el plazo para que las personas, especialmente quienes tienen menos recursos, puedan presentar las garantías que la ley exige en estos juicios, ya que esos trámites suelen tardar más tiempo en la práctica, especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad o con acceso limitado a mecanismos financieros.

Suspensiones provisionales

En cuanto a las suspensiones provisionales, que son medidas que los jueces pueden otorgar para detener temporalmente los efectos de una ley o acto de autoridad mientras se resuelve un juicio de amparo, en la iniciativa original se planteaba limitar esas suspensiones cuando se considerara que podrían afectar el “orden público” o el “interés social”.

Las comisiones dictaminaron que sólo se podrá negar la suspensión (invocando orden público o interés social) cuando lo que se busca es continuar actividades que requieren permisos oficiales, como operar bancos, concesiones de agua o telecomunicaciones, si esos permisos ya fueron cancelados o nunca existieron.

Sanciones a funcionarios que incumplen fallos

Finalmente, las comisiones decidieron eliminar varios cambios propuestos al proceso de cumplimiento de sentencias y de sanciones a autoridades responsables que no obedezcan un fallo.

En concreto, se mantiene la posibilidad de imponer multas a funcionarios que incumplan con lo ordenado por un juez, como una forma de asegurar que las sentencias realmente se respeten y se cumplan.

El dictamen del Senado:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.