El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la mañana de este miércoles a Joe Biden, su homólogo de Estados Unidos, y a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, que no participen en la guerra sucia emprendida en su contra; y denunció que “los conservadores de México” están haciendo lobby en ambos países para afectar en temas comerciales y migratorios.

Durante su conferencia de prensa matutina, habló sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a las exportaciones del acero mexicano y de las propuestas para cerrar la frontera entre ambas naciones; así como de la petición de Canadá para empezar a solicitar visa con el objetivo de que las y los mexicanos puedan ingresar a su territorio, esto como respuesta a un considerable aumento en las solicitudes de asilo.

“A mí me obedecen”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a que el Ejército no sigue sus órdenes como comandante supremo de las Fuerzas Armadas para entregar toda la información sobre el periodo de la Guerra Sucia y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Al mismo tiempo reiteró: “Yo personalmente estoy conduciendo esta investigación y nos estamos reuniendo periódicamente para ir a fondo”, dijo en ambos casos porque “no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos”, en referencia a organizadores en defensa de derechos humanos y abogados que han representado a las víctimas.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo la mañana de este jueves que si el Mecanismo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) quiere retirar a su equipo de investigación para esclarecer la Guerra Sucia, se puede buscar a otro que colabore en los trabajos.

La Comisión de la Verdad de crímenes cometidos entre 1965 y 1990, periodo que comprende la “guerra sucia” en la que el Estado mexicano persiguió y desapareció a disidentes, reveló el hallazgo de siete osamentas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero, las cuales se encuentran en proceso de identificación forense, pero que de acuerdo con testimonios recogidos corresponden a disidentes asesinados por militares en 1971.

El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) denunció esta mañana públicamente la obstaculización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las tareas de consulta de la documentación histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990, que es resguardada en archivos militares.

El Mecanismo señaló que durante el último año enfrentó diversos hechos de negación y obstaculización por parte de la Sedena en torno a la revisión de documentos, situación que fue incrementando con el paso del tiempo.

Luego de admitir la solicitud de amparo promovido por Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida desde 1978, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no destruir documentos relacionados con la llamada “Guerra Sucia”.

La Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que la Comisión para el Acceso a la Verdad solicitó acceso a los archivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo conocido como “Guerra Sucia“. 

La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, fue creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021.

La Fiscalía General del Estado concluyó la exhumación de los restos de siete campesinos de la sierra de Guerrero fusilados y enterrados en fosas clandestinas por el Ejército durante la Guerra Sucia.

Sin embargo, a los familiares no se les permitió estar presentes en el momento de la exhumación y sólo les permitieron ver los restos óseos por dos minutos.

Familiares de desaparecidos y víctimas sobrevivientes de la llamada “guerra sucia” exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador “que ordene la creación de una Unidad Especializada que atienda y consigne casos” ante la justicia.

A casi un año de concluir el mandato de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones a derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990, alertaron que no hay avances en los dos objetivos fundamentales de su creación, la localización de las personas desaparecidas y el castigo a los responsables.

Los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre graves  violaciones a derechos humanos entre 1965 y 1990, presentaron nuevas evidencias sobre la resistencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por el general Audomaro Martínez Zapata, exjefe de guardaespaldas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar información sobre ese periodo, conocido como “la Guerra Sucia”.

A una semana de denunciar el incumplimiento de cuatro ordenamientos judiciales para entregar información relacionada con violaciones a derechos humanos, los expertos que integran la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) alertaron que no han recibido respuesta del CNI sobre las omisiones reveladas.

Guardián de Andrés Manuel López Obrador durante sus tres campañas presidenciales, una vez nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez Zapata, protege con celo documentos sobre violaciones a derechos humanos resguardados por el extinto Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) relacionados con violaciones graves a derechos humanos cometidos de 1965 a 1990. 

La opacidad de la institución comandada por Martínez Zapata, denunciada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa en su último informe, ahora es evidenciada por integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Los restos de ocho personas asesinadas y enterradas por militares en fosas clandestinas durante el periodo conocido como "Guerra Sucia" en Guerrero, serán exhumados a principios de junio por personal de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Así lo informaron el fin de semana en Tecpan de Galeana familiares de las víctimas, en una asamblea de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios Hermenegildo Galeana. Asistieron comisarios y comisariados ejidales.

Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus presentaron su renuncia a la Comisión para la Verdad instancia encargada de investigar los casos de Guerra Sucia de 1965 a 1990.

La renuncia, dirigida al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, menciona que se debe a “la falta de voluntad política, consistente en la inexistencia de recursos, la ausencia de colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) así como fiscalías locales, y el incumplimiento de acuerdos".

Así lo evalúa Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, organización que representa a familiares de los estudiantes desparecidos y que a lo largo de sus 35 años de existencia ha defendido casos en los que el Ejército ha estado involucrado en violaciones graves a derechos humanos y ha mantenido una posición firme contra la militarización del país, sobre todo desde que se declaró “la guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Felipe Calderón.

El Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de Guerra Sucia informaron sobre la posibilidad de que sean exhumados de fosas clandestinas los cadáveres de al menos ocho personas que fueron exterminadas y sepultadas por agentes del Ejército durante las décadas de los sesentas y setentas.

Esta posibilidad se abrió apenas el 21 de abril pasado que los familiares de las víctimas presentaron denuncias en la Fiscalía General de Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ejército por estos hechos.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a hacer “lo humanamente posible” para que la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, a su cargo, dé resultados antes de concluir su mandato.

El funcionario encabezó la presentación del informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) y sus Anexos: “Un Legado que Contribuye a la Lucha Contra la Impunidad”, mismo que consideró pionero y referente en la construcción de la nueva narrativa nacional sobre el periodo “nefasto” de la llamada guerra sucia, de 1969 a 1990.

De acuerdo con una carta dirigida a familiares de víctimas y sobrevivientes de la llamada “guerra sucia”, divulgada por el Museo Casa de la Memoria Indómita, García Aguirre presentó su renuncia formal al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas el pasado 22 de septiembre.

Al entrar al Campo Militar Número Uno, Antonia Morales Serafín cargaba en la bolsa un vestido rosa tejido del tamaño de una muñeca. Lo llevó por si encuentra a su papá, a quien desaparecieron ahí cuando ella tenía ocho meses, para que él la reconozca ahora que tiene 49 años. Al ex detenido Juan Manuel Hernández la misma visita le revivió el tiempo que estuvo “muerto en vida: en un sótano, un año de torturas”. El ex guerrillero Armando Otto Gaytán reconoció el paisaje que veía desde una ventana los 10 meses de 1979 que vivió en ese sitio, junto a personas que nunca volvieron a ser vistas con vida.

Durante los tres días que, por orden presidencial, fueron admitidos al campo militar -que es emblema de la represión, la tortura y la desaparición forzada-, y acompañados de militares recorrieron sus instalaciones, al grupo de 61 personas invitadas a la inspección, familiares de personas ahí desaparecidas y sobrevivientes de las detenciones, se les atragantaron los recuerdos.

Más de 60 víctimas de la llamada “guerra sucia” en México concluyeron este viernes que el Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México fue escenario de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.