Dicha intervención militar fue consignada en documentos oficiales con las fechas que dieron los familiares, aunque los sitios difieren y se confunden entre algunos ejidos. Además, fue referida como un “enfrentamiento”, difiriendo con los familiares y testigos de lo que presuntamente fue una masacre y una ejecución sumaria.
“El 16 de junio de 2023, la CNB en compañía de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero y familiares de las víctimas realizaron prospecciones en tres puntos de interés de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, con las siguientes coordenadas geográficas: Paraje Los Espadines, Loma Las Desdichas y Palos Altos. En el primer punto, Parajes Espadines, correspondiente a un terreno en la comunidad ejidal del Chilacayote, se georreferenciaron dos posibles inhumaciones marcadas con círculos de piedra en un terreno de cultivo. De acuerdo con los testimonios de las víctimas, la fosa al sur contiene tres cuerpos; la fosa al norte tiene dos cuerpos, con un diámetro de 3.20 metros”, señala el documento.
MILITARES SE NIEGAN A DECLARAR
La Comisión señala en su reporte que como parte de las tareas de coordinación establecidas con la Secretaría de la Defensa Nacional “se había establecido la posibilidad de que personal militar en activo o en retiro, que pudiera tener información relevante para la Comisión, pudieran brindar su testimonio ante ella”.
En ese sentido, el presidente de la Comisión, el Subsecretario Alejandro Encinas solicitó, en marzo de 2023, al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval que convocara a declarar a 368 militares que pertenecieron a distintos organismos y cuerpos del Ejército durante el periodo en revisión.
De acuerdo con información de la Comisión para la Verdad, este personal militar podría tener información relevante sobre las violaciones graves a derechos humanos cometidas, que fueron testigos o participaron en acciones en el contexto de la violencia de Estado Contrainsurgente.
Sin embargo, dice el reporte, en junio de 2023, la Sedena respondió negativamente a la petición, y la Comisión volvió a enviar una justificación insistiendo en la relevancia de los testimonios del personal militar. Se está en espera de la respuesta de la Secretaría.
La negativa del Ejército a permitir que militares en activo o retirados aporten información que resulte clave en esclarecimiento de estos hechos se da precisamente en un contexto en el que la Sedena es señalada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de que durante el último año ha enfrentoado diversos hechos de negación y obstaculización en torno a la revisión de documentos, situación que se ha ido incrementando con el paso del tiempo.
Por ello, el Mecanismo informó que retirará formalmente al equipo de personas investigadoras que mantuvieron su presencia hasta finales de septiembre en el archivo militar, mientras no se modifiquen las condiciones antes señaladas.