Hugo Aguilar, quien se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte, fue el encargado de coordinar las consultas de los megaproyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico, señaladas por la ONU y organizaciones de incumplir los estándares internacionales de derechos humanos.
Aguilar fue propuesto como candidato a la Suprema Corte por el Poder Ejecutivo y recibió el apoyo público de Claudia Sheinbaum. El 22 de febrero, antes del inicio formal de las campañas, pero ya con las listas de candidatos publicadas por los comités de evaluación, Sheinbaum expresó su respaldo, sin decir su nombre. “Queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo la presidenta. Hugo Aguilar Ortiz fue el único aspirante indígena.
Durante las campañas, su nombre y su número, el 34, coincidían en primer lugar en los acordeones impresos y digitales que fueron distribuidos de forma masiva para favorecer a candidatas y candidatos morenistas. La operación dio resultado.
Ahora, el funcionario del gobierno morenista no sólo se perfila para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también para presidir el máximo tribunal del país. Con el 86 % de las actas computadas y una participación de apenas 12 %, sumaba 4 millones 869 mil votos, mientras que la ministra Lenia Batres registraba 4 millones 625 mil, una diferencia de 244 mil sufragios.
Mano derecha de Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar también ha sido el encargado de coordinar el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, un órgano creado por el INPI el año pasado y cuyos integrantes de comunidades indígenas fueron seleccionados por invitación directa de Aldelfo Regino.
Aguilar no fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como se difundió en redes sociales. De acuerdo con el periodista Luis Hernández Navarro, quien participó como asesor en las mesas de los acuerdos de San Andrés, el que formó parte de la lista de asesores fue Floriberto Díaz de la organización indígena Servicios para el Pueblo Mixe (SERmixe), aunque no pudo participar debido a una enfermedad y en su lugar asistió Adelfo Regino. Hugo Aguilar sí fue integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) como parte del área jurídica de SERmixe.
Desde 2018, como coordinador General de Derechos Indígenas del INPI, el abogado mixteco se ha encargado de coordinar las consultas de los megaproyectos de la autoproclamada Cuarta Transformación, como la del Tren Maya y la del corredor Interoceánico.
Sin embargo, en esos proyectos hay señalamientos de simulación, que las consultas fueron a mano alzada, y no fueron informadas y de buena fe conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, el 15 de diciembre de 2019, Hugo Aguilar participó en una sesión informativa en Xpujil, Calakmul, Campeche, según consta en el acta de la asamblea. Ahí, Aguilar Ortiz aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quería hacer “las cosas diferentes” y se iba a “decidir con el pueblo”.
Sin embargo, ni Hugo Aguilar ni algún otro funcionario del gobierno les informó sobre las consecuencias del megaproyecto ni les presentaron los estudios de impacto ambiental. Años después, en marzo pasado, la propia Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, reconoció lo que activistas y defensores ambientales advertían: el Tren Maya ha causado daños ambientales.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- DH) señaló, tras participar como observadores en asambleas regionales informativas en noviembre y diciembre de 2019, que la información proporcionada a las comunidades indígenas en la ruta del Tren se centró exclusivamente en los posibles beneficios, omitiendo los impactos negativos, lo que les impidió tomar decisiones plenamente informadas, pues en ese momento ni siquiera existían estudios de impacto ambiental.
La ONU-DH también documentó deficiencias en la metodología de la consulta: los tiempos fueron reducidos, no siempre hubo intérpretes adecuados y muchas personas no pudieron asistir por falta de recursos. Como resultado, la mayoría de los asistentes fueron autoridades municipales y ejidales, lo que limitó la representatividad del proceso.
Numerosas comunidades aprovecharon esas reuniones para pedir al gobierno acceso a agua potable, drenaje, caminos, vivienda, salud y educación. La ONU-DH advirtió que estas demandas fueron interpretadas como una aceptación tácita del proyecto, cuando en realidad reflejan condiciones de rezago estructurales.
Romel González Díaz, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, acusa en entrevista que lo que hizo el gobierno fue “presentar una serie de actas de asambleas amañadas” y que incluso en Tres Huastecas, comunidad de Calakmul, se avaló una asamblea “donde hay muertos y gente que no vive en la comunidad”.
Para Romel se trata de un antecedente preocupante para un futuro integrante de la Suprema Corte. “¿Si un juzgador desde el principio está haciendo actos incorrectos como puede juzgar desde arriba, desde la Corte?”, cuestiona el activista.
En tanto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y organizaciones locales de Veracruz denunciaron que el proceso de consulta indígena realizado en 2019 para el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que forma parte de los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), también incumplió lo establecido en el Convenio 169 de OIT.
“Invitaron solo a algunas autoridades de las comunidades indígenas de la región sin un previo proceso de información en sus respectivas comunidades, por lo cual las autoridades no podían hablar a nombre de sus comunidades que ni siquiera estaban informadas”, señalaron.
Según la organización, las autoridades del INPI se reunieron únicamente con algunas comunidades del sur de Veracruz y, durante los encuentros, condicionaron la aprobación de obras locales al respaldo del proyecto.
Además, se reportó la presencia de elementos militares, lo que fue interpretado por los habitantes como un mecanismo de presión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN, GUADALUPE FUENTES.
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