David Colmenares modificó el reglamento para concentrar en su subalterno y mano derecha la facultad de interponer denuncias por irregularidades detectadas por la ASF.
El cambio más reciente fue el despido de Agustín Caso Raphael, quien encabezaba la Auditoría Especial de Desempeño. Fue sustituido por Arely Gómez, procuradora general en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Desde que Colmenares fue nombrado como Auditor Federal en 2018 comenzó con los despidos. La primera fue Muna Dora Buchain, quien encabezaba la Auditoría Forense. Al poco tiempo de su salida, el resto de su equipo también fue despedido.
Con este equipo renovado a lo largo del sexenio, la Auditoría únicamente ha tramitado 22 denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en la actual administración; mientras que por presuntos malos manejos ocurridos en el gobierno de Enrique Peña Nieto suman 681 denuncias y por la administración de Felipe Calderón hubo 610.
El área de Muna Dora Buchain se encargaba de revisar aquellos casos en los que había la sospecha de la comisión de un delito. Uno de los ejemplos más claros fueron las irregularidades encontradas en dependencias y universidades que fueron retomadas para la investigación periodística La Estafa Maestra.
Buchain ha denunciado en innumerables ocasiones la poca profundidad en las auditorías realizadas al actual gobierno y las irregularidades que han ocurrido en la Auditoría Superior de la Federación durante la dirección de Colmenares.
Entre las decisiones irregulares estuvo el perdón a los presuntos desvíos millonarios cometidos durante la gestión de Manuel Velasco en Chiapas y que habían sido detectados durante la gestión de Juan Manuel Portal. Sin embargo, en el primer año de gestión de Colmenares, la Auditoría resolvió solo en dos días las irregularidades por 685 millones de pesos, como reveló Animal Político.
El encargado de autorizar las solventaciones de esas irregularidades fue Isaac Rojkind, auditor Especial de Seguimiento e Investigación en ASF. Aunque renunció en 2021, había asumido el cargo el 16 de julio de 2018, tres meses después de iniciar la gestión de Colmenares. Antes había sido secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, donde eligieron a Colmenares como Auditor Federal.
Otro cambio relevante fue la renuncia de Gerardo Lozano, auditor Especial de Cumplimiento Financiero. También acusó que hasta 2021, la Auditoría no había presentado denuncias por 60 dictámenes técnicos que alcanzan un monto de mil millones de pesos por posibles irregularidades, debido a cambios administrativos en el reglamento, impulsados por David Colmenares para tener control directo sobre este tipo de gestiones.
Lozano aseguró entonces que el cambio en el reglamento impulsado por Colmenares significó un freno a las denuncias. Puso como ejemplo que hasta julio de 2020, su área había concluido 60 dictámenes técnicos, de los cuales 10 ya contaban con alguna revisión en la Unidad de Asuntos Jurídicos, pero hasta el momento seguían en espera que la Auditoría Especial de Seguimiento autorizara la denuncia penal.
Al inicio de su gestión, en 2018, Colmenares también nombró a otros titulares de las áreas clave como Emilio Barriga Delgado, auditor Especial de Gasto Federalizado, quien de 2002 y hasta 2007 fue director de Política Fiscal en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, cuando el titular era Andrés Manuel López Obrador.
Heladio Elías Ramírez Pineda, director de Asuntos Jurídicos, en el cargo desde septiembre de 2018. Antes fue director de Operación Institucional y Estrategia Política de la Presidencia en la administración de Enrique Peña Nieto. También trabajó en la secretaría de Finanzas en Oaxaca, con su padre, Heladio Ramírez, como gobernador y Colmenares como Secretario.
Además, cambió a los titulares de la Unidad Técnica de la ASF y la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales.
Cambio en el reglamento
David Colmenares cambió el reglamento de la Auditoría para crear una nueva área dentro como única facultada para interponer denuncias por las irregularidades detectadas en las revisiones a las cuentas públicas. Pese a que, antes de esa modificación, los titulares de cada división de Auditoría podían hacerlo.
A partir de 2021, el Auditor Especial de Seguimiento –la nueva área– es el único responsable de interponer denuncias y también, sólo él puede realizar solventaciones, es decir, ‘borrar’ irregularidades encontradas en las auditorías.
El puesto es ocupado desde entonces por Nemesio Ibáñez Aguirre, mano derecha del Auditor Federal, con quien ha trabajado desde 1986. Cuando Colmenares fue Secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca durante el gobierno de Heladio Ramírez, Ibáñez fue su subsecretario de Ingresos. También trabajó desde 2008 en el despacho Colmenares Páramo y Asociados, de acuerdo con sus currículums.
Las denuncias tramitadas por Auditoría
La Auditoría únicamente ha tramitado 22 denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en la actual administración. Se trata del menor número de denuncias interpuestas por el organismo en los últimos 18 años en contra de alguna administración en funciones.
Aunque de 2019 a 2023, la Auditoría ha continuado denunciando, solo se ha concentrado en los presuntos malos manejos de recursos públicos durante la administración de Peña Nieto, con 192 denuncias.
De acuerdo con información publicada por la Auditoría en su página de internet, las únicas denuncias que ha interpuesto sobre la actual administración ocurrieron entre agosto y septiembre de 2022, y corresponden a los presuntos desvíos en Segalmex.
Las siguientes denuncias, tramitadas en 2023, fueron por irregularidades encontradas en el Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca; en el gobierno de Michoacán y en Diconsa. Y las denuncias más recientes fueron en contra de la Conade, en febrero pasado.
Esto resulta en que en 2022 interpuso 11 denuncias sobre irregularidades encontradas en el gobierno obradorista; en 2023 fueron 8 y en 2024, 2.
En contraste, durante la gestión de Juan Manuel Portal como Auditor Federal, la Auditoría interpuso el máximo de denuncias en 2012, con 210; aunque en los años siguientes bajó a 67 en 2015 o 93 en 2017. Entre los casos denunciados estuvieron los desvíos en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz y los desvíos en universidades, del caso La Estafa Maestra.
La Auditoría “no es del gobierno”
El cambio más reciente fue el cese del Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, quien había ocupado el puesto durante seis años. Entre su labor estuvo la revisión al costo de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que calculó en 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones de pesos como había asegurado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A su salida de la institución, Caso Raphael acusó el uso político de la institución por parte de Colmenares, y “autocensura” a la hora de elegir qué áreas del gobierno auditar.
En una carta dirigida a personal de la Auditoría, Caso Raphael lo explicó así: “Si una simple evaluación incomoda a un funcionario ésta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional.
Además, la intromisión en los enfoques, alcances y resultados de las auditorías que son sujetas a una revisión que no es técnica, y que sirve al propósito de espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”.
Señaló que la Auditoría “se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”.
La institución, dijo, es un órgano del Estado Mexicano, “no de gobierno”; por eso debe realizarse “con el mismo rigor técnico y profesionalismo sin importar quién o quienes detenten la función de gobierno”.
“Las motivaciones y aspiraciones políticas actuales son la causa raíz de la disminución o debilitamiento de funciones que deberían ejercerse sin condicionantes”, dijo el exauditor.
Aumenta rezago en la recuperación de dinero
En la gestión de David Colmeneres también aumentó el rezago en la recuperación de más de 309 mil millones de pesos de recursos públicos y también en el avance del proceso jurídico para sancionar posibles actos de corrupción o irregularidades en el gasto del gobierno federal.
Así advirtió un diagnóstico elaborado por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados en 2023. En él se explicaba que sobre todo entre 2019 y 2020, durante la administración de Colmenares y tiempo que ha coincidido con la revisión de los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los procedimientos sancionatorios han ido a la baja, mientras que la “revisión legal” habían aumentado, lo que mantenía los asuntos en suspenso de manera indefinida.
Entre los datos del diagnóstico ordenado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, es decir, por los líderes de todas las bancadas, estaba la baja en prácticamente todos los procedimientos en los que la Auditoría tiene la facultad legal de hacer para advertir y sancionar irregularidades.
Se trató del rezago de 6 mil acciones y recomendaciones de 2014 a 2020 que se encuentran en estatus de “diagnóstico” y que suman 309 mil 475 millones de pesos de recursos públicos perdidos o sin comprobar.
“Por lo anterior, la Auditoría tiene la responsabilidad de implementar estrategias, acciones y mecanismos que le permitan abatir esa situación, a fin de evitar prescripciones, responsabilidades administrativas y hacer más eficiente la tarea de vigilancia de los recursos públicos y, en suma, promover una eficaz y oportuna rendición de cuentas”, advierte el diagnóstico.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario