A nivel nacional, de enero a noviembre de 2023, se registraron 10 mil 255 víctimas de extorsión, un alza marginal del 0.80 por ciento respecto al mismo período de 2022, que contabilizó 10 mil 172 víctimas del mismo delito. Aunque el crecimiento de las denuncias por este delito es ligero, son las cifras de víctimas de secuestro donde se observa un aumento del 6.62 por ciento.
El enfrentamiento de pobladores contra integrantes del crimen organizado que los extorsionaban en Texcaltitlán, Estado de México; el secuestro con fines de extorsión a comerciantes de pollo en Toluca; el enfrentamiento a tiros durante una romería en Iztacalco, Ciudad de México; y el rapto de 32 migrantes en Tamaulipas son sólo algunos de los casos más recientes que evidencian cómo la extorsión y el secuestro no solo afectan la paz, sino también la vida cotidiana de los ciudadanos.
Un caso adicional se presentó en Michoacán, donde se ha reportado que el cártel de Los Viagras ha instalado antenas de conexión a Internet, imponiendo a los residentes la obligación de pagar tarifas exorbitantes para acceder a su servicio de wifi. De acuerdo con la información divulgada esta semana por la agencia de noticias AP, aquellos que se niegan a cumplir con estos pagos enfrentan la amenaza de ser víctimas de actos violentos, inclusive asesinatos.
No sólo son los individuos o las víctimas directas quienes sufren las consecuencias de estos actos criminales, sino comunidades enteras que ven mermada su seguridad y estabilidad. La falta de una estrategia clara para enfrentar contundentemente estas actividades delictivas, sumada a una cifra negra alarmante de delitos no denunciados efectivamente, plantea un escenario donde la impunidad campea y las consecuencias se multiplican en las estructuras fundamentales de nuestra sociedad, explicaron especialistas consultados.
A nivel nacional, de enero a noviembre de 2023, se registraron 10 mil 255 víctimas de extorsión, representando un incremento del 0.80 por ciento respecto al mismo período de 2022, que contabilizó 10 mil 172 víctimas del mismo delito.
En tanto, las cifras de víctimas de secuestro observaron un aumento del 6.62 por ciento. Durante los once meses de 2023, se reportaron al menos 724 víctimas de secuestro, en comparación con las 679 registradas en el mismo periodo del año anterior.
En México, el secuestro se manifiesta en al menos cuatro modalidades distintas: secuestro extorsivo, secuestro con rehén, secuestro para causar daño y secuestro exprés.
Un aspecto llamativo es que de los secuestros registrados en los once meses de 2023, el 81.21 por ciento (588 casos) fueron clasificados como secuestros extorsivos. Y hay estados como Jalisco, Guerrero, Michoacán y Veracruz, donde todos los secuestros son en la modalidad de secuestro extorsivo.
El Estado de México encabeza la lista con 3 mil 912 víctimas de extorsión denunciadas de enero a noviembre del 2023 y 77 casos de secuestro, de los cuales 72 fueron secuestros extorsivos. Guanajuato registró 908 casos de extorsión y 4 secuestros, con uno de ellos calificado como extorsivo. Veracruz presentó 850 casos de extorsión y 33 secuestros, todos bajo la modalidad de secuestro extorsivo. Nuevo León, en cuarto lugar, reportó 775 víctimas de extorsiones y 17 secuestros, todos catalogados como secuestro extorsivo. Jalisco, con 617 extorsiones y 17 secuestros, todos clasificados como secuestros extorsivos.
La Ciudad de México presentó 494 casos de extorsión y 63 secuestros, destacando que 54 de ellos son secuestros extorsivos. Hidalgo registró 355 extorsiones y 20 secuestros, todos bajo la modalidad de secuestro extorsivo. Morelos con 227 extorsiones y 42 secuestros, de los cuales 24 son extorsivos, incluyendo exprés y para causar daño.
Una observación importante en las cifras de víctimas y denuncias de extorsiones y secuestros se centra en entidades donde se han registrado múltiples episodios, pero las denuncias son escasas. Esto coincide con señalamientos que sugieren que, en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, el nivel de extorsión no puede ser plenamente dimensionado, ya que la población no denuncia por temor a represalias.
Guerrero, por ejemplo, reporta únicamente 149 víctimas de extorsión y 19 secuestros, de los cuales 15 son clasificados como secuestros extorsivos. Esta discrepancia entre la incidencia real y las denuncias podría indicar un subregistro significativo, sugiriendo que los casos de extorsión y secuestro podrían ser más numerosos de lo que reflejan las cifras oficiales.
Michoacán, por su parte, presenta solo 222 denuncias de víctimas de extorsión y 24 secuestros, todos bajo la modalidad de secuestro extorsivo. Esta situación refuerza la preocupación de que los niveles reales de extorsión podrían ser más altos, pero la población evita denunciar debido a temores de represalias o falta de confianza en las autoridades.
En el caso de Tamaulipas, con solo 104 denuncias de víctimas de extorsión y 17 secuestros, ninguno de los secuestros se denuncia en la modalidad extorsiva.
Las autoridades federales han reconocido el crecimiento del delito de extorsión. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados el pasado 28 de noviembre, la Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado urgente a los legisladores federales para realizar las reformas constitucionales que eleven la extorsión a la categoría de delito grave, con sanciones más severas.
“Los invito a que legislemos en materia de extorsión y que la preocupación que han expresado se traduzca en acciones concretas. Urgentemente necesitamos elevar la gravedad de la extorsión. “Así que les suplicamos a todos, y les preguntaría amablemente quiénes estarían a favor de aumentar la gravedad de la extorsión”, señaló.
El incremento en casos de extorsión, de acuerdo con lo expuesto por la funcionaria federal, se debe a que los delincuentes que previamente se dedicaban al secuestro han diversificado sus operaciones, y la extorsión no está siendo castigada con la severidad necesaria. Rodríguez destacó que aquellos que son detenidos por este delito suelen salir rápidamente debido a las penalizaciones actuales.
Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), experto en temas de macrocriminalidad, explicó que la presencia del crimen organizado abarca aproximadamente el 80 por ciento del territorio nacional. Aunque se sabe de la presencia, destacó que lo que no se sabe es cuánto de esta presencia se traduce en un control territorial efectivo.
Vázquez Valencia explicó que una de las consecuencias directas de este control territorial que tiene la delincuencia organizada es la capacidad para influir sobre las fuerzas de seguridad.Este proceso de extorsión, que esencialmente se traduce en un pago de impuestos, conduce a la creación de un estado criminal abierto. La situación alcanza su punto más crítico, abundó el especialista, cuando esta capacidad de control se extiende más allá de las fuerzas policiales para abarcar cadenas básicas de alimentos y otras áreas de producción.
“Una de las problemáticas más importantes tiene que ver con controlar a las policías; con eso sucede, es muy fácil que se dé el proceso de extorsión, lo que tiene que ver con el cobro de piso. Y cuando eso ocurre, en realidad, lo que tenemos es abiertamente un estado criminal, porque el proceso de extorsión es, en efecto, un pago de impuestos. Ahí estamos en el peor de los casos, y donde ha derivado esta capacidad de control de piso es en empezar a controlar algunas cadenas básicas de alimentos, así como otras áreas de producción. Está muy documentado el control de aguacate y limón en Tierra Caliente, donde incluso el nivel del cobro de piso que se hacía fue lo que explicó – hace algunos años– la subida de los precios (de aguacate y limón) a nivel no solo nacional, sino internacional. Y así como sucedía con el limón y el aguacate, pasa, por ejemplo, también con el pollo, con el huevo y la carne”, detalló.
El especialista también destacó que existe la cooptación de oficiales mayores a nivel municipal, lo que permite a estos grupos criminales controlar procesos de licitación, construcción y obras públicas, afectando no solo la seguridad, sino también la economía y la infraestructura del país.
“En el Estado de México tenemos documentado que (los criminales) controlaban, por ejemplo, qué obras se construían, pero en especial y en donde se compraban los insumos, todos los elementos necesarios para llevar a cabo la construcción de una obra. Entonces, el control criminal no solo está centrando al control de productos básicos de alimentación, sino también a otras ramas industriales, y ahí lo que no tenemos (frente a la fragmentación del proceso del federalismo en México) es una respuesta conjunta y coordinada por parte del Estado, entre otras razones porque una parte de ese Estado pues se está capturada por esas redes de macrocriminalidad”, detalló.
A nivel nacional, en los últimos cinco años, de 2018 a 2023, las víctimas de extorsión han ido en aumento. Por ejemplo, en 2018 se registraron seis mil 895 víctimas en este delito, según cifras registradas en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que en el 2019 hubo nueve mil 003, un incremento del 30.5 por ciento.
En 2020, año de la pandemia por COVID-19, el número de víctimas por este delito tuvo un ligero descenso, ya que se registraron ocho mil 380, 623 víctimas menos que en 2019. Para 2021, la cifra de víctimas de extorsión nuevamente tuvo un repunte, ya que los casos registrados por el SESNSP llegaron a nueve mil 408, 1028 más que en 2020, lo que a su vez representó una alza del 12 por ciento más.
Este aumento en las víctimas del delito de extorsión a nivel nacional se volvió a presentar durante el 2022, ya que en ese año se registraron 11 mil 039 casos, mil 631 víctimas más que el año anterior, lo que representó un incremento del 17 por ciento. Mientras que de enero a noviembre de este 2023, las víctimas por extorsión en todo el país ya alcanzan las 10 mil 255.
En la capital mexicana el delito de extorsión ha tenido varios repuntes, por ejemplo, en 2018, se registraron 536 víctimas de extorsión y para 2019, esta cifra incrementó a 883. En 2020, las víctimas disminuyeron a 360, pero para el 2021 volvieron a aumentar a 543. Durante el 2022, hubo 368 casos de extorsión, mientras que en lo que va de este 2023, de enero a noviembre, los casos ya suman 494.
El estado de Guanajuato pasó de tener 15 casos de extorsión en 2018 a 908 en lo que va de este 2023, una alza de 5 mil 953 por ciento. Jalisco, por su parte, fue otro estado en donde, de 2018 a noviembre de 2023, se ha registrado un considerable número de víctimas de extorsión. En 2018, se registraron 786; en 2019, 765; en 2020, 763; 2021, 656; en 2022, 722; y en los primeros 11 meses de este 2023, las víctimas de extorsión ya suman 617.
LAS COMPETENCIAS PARA EL COMBATE
En cuanto a las competencias de los delitos de fuero común, en los que participa el crimen organizado –donde el combate del crimen organizado es del ámbito federal– Vázquez Valencia indicó que México, al ser una república federal, uno de los problemas es la diversificación de competencias entre la federación, las entidades federativas y las competencias concurrentes. Este panorama fragmentado dificulta la creación de un plan nacional efectivo para abordar estas problemáticas de índole nacional. Al respecto, indicó que la coordinación se ve comprometida, especialmente en cuestiones de seguridad, donde participan la federación, las entidades federativas y los municipios, cada uno con sus cuerpos de policía.
La segunda problemática, detalló, vinculada a la seguridad, se agrava debido a la diversificación de competencias a nivel municipal.
“En la medida en que tenemos más de 2 mil municipios, tienes más de 2 mil cuerpos de policía a nivel municipal. Tienes los 32 cuerpos de policía a nivel de entidad federativa, y además, tienes policía a nivel federal junto con el Ejército y la Marina. Entonces, puedes tener un problema, como es el de las redes de macrocriminalidad. Pero frente a ese gran problema con características nacionales, tienes una diversidad de competencias. Lo que le corresponde es lo que les corresponde a las entidades federativas y lo que le corresponde a la federación”, indicó.
Por otro lado, detalló que la procuración de justicia también se ve afectada, ya que existen al menos 32 códigos penales locales, otros 32 códigos de procedimientos penales y fiscalías, tanto a nivel estatal como nacional.
Con respecto a las competencias de las fiscalías, especialmente la Fiscalía General de la República, en la investigación y persecución penal de casos de extorsión, la analista en temas de seguridad y justicia, Lilian Chapa Koloffon, enfatizó que este debería ser un proceso menos complicado de lo que parece y aludió que la problemática se centra más en decisiones conscientes de las autoridades, de no atender adecuadamente el fenómeno, a las limitaciones técnicas.
Chapa Koloffon destacó que existe una tendencia de no abordar de manera efectiva los delitos vinculados con el crimen organizado, como la extorsión, que se cometen bajo la modalidad de delincuencia organizada. Afirmó que aunque se trata de minimizar estos delitos como comunes, la extorsión está claramente tipificada en el Código Penal Federal, incluso señaló que las penas por este delito se incrementan cuando se realiza por una asociación delictuosa.
“Creo que es del conocimiento público –y si no lo sabe la Fiscalía General de la República, pues estamos en serios problemas– que el crimen organizado o estos delitos ya se cometen en esta modalidad de delincuencia organizada, con grupos de varias personas involucradas y, más aún, con armas de uso exclusivo del ejército. Es decir, todo esto configura una forma de cometer delitos que, por supuesto, rebasa a las autoridades locales y que debería ser un fenómeno criminal bajo el ojo y la persecución de la Fiscalía General de la República. El problema es que no es el caso y es mucho más fácil difuminarlo como agua en los que son delitos del fuero común”, detalló.
Los dos analistas coincidieron en que ha faltado voluntad política para combatir estos fenómenos. Daniel Vázquez señaló que la resistencia a abordar reformas estructurales necesarias y a construir un Estado democrático y social de Derecho ha llevado a una situación de impunidad y corrupción arraigada en las instituciones de seguridad y justicia. En tanto que, Lilian Chapa apuntó a una falta de voluntad por parte de las autoridades federales para abordar eficazmente estos delitos, pues aludió que a pesar de tener herramientas legales para enfrentar la extorsión, la persecución penal parece estancada, careciendo de una estrategia clara.
La falta de coordinación y la falta de una estrategia clara son evidentes en la respuesta del Estado, según Chapa, quien argumentó que las autoridades deben identificar prioridades en la persecución penal, estableciendo los grupos delictivos más peligrosos y qué delitos requieren atención inmediata.
“Yo creo que por mucho tiempo nos hemos quedado atorados en esta cuestión de quién tiene la competencia. Pero pues ya a estas alturas, en 2024, con más de 10 años de haber observado cómo actúan las organizaciones criminales, dedicadas ya no solamente a la venta de droga y al tráfico de estupefacientes, pues debería ser una persecución penal estratégica por parte de la Fiscalía General de la República, con información provista por las distintas fiscalías estatales”, concluyó Chapa.
Daniel Vázquez, por su parte, puso énfasis en la necesidad urgente de abordar estas problemáticas, reconociendo que la respuesta debe ser conjunta y coordinada por parte del Estado, incluso cuando partes de este pueden estar infiltradas por las redes de macrocriminalidad.
“Sí tenemos una discusión pendiente sobre cómo tendríamos que readecuar el federalismo en México para enfrentar los grandes problemas nacionales, y es como si ese problema no existiera. No se está discutiendo demasiado sobre adecuar el federalismo para el siglo XXI en México. Esa es una problemática sobre las herramientas, las dinámicas de coordinación, las competencias y las capacidades estatales”, dijo.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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