Autoridades, activistas y especialistas reflexionan sobre la “prisión preventiva oficiosa” y su mal uso en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Jalisco; dicha figura, coinciden, se ha convertido en un instrumento “represivo y de corrupción”.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Daniel Espinosa Licón, reconoce que en el Poder Judicial se ha hecho un “uso excesivo de la prisión preventiva”. Sin embargo, aclara que no por ello debe asegurarse que el modelo de impartición de justicia ha fracasado; en todo caso –asegura– puede mejorarse.
Ejemplo de los retos a superar, dice, está el hecho de que se pretendía que con el actual sistema en un año se debía juzgar un asunto y, en caso de que se presentara apelación o amparo, en otro más se concluiría. Pero en la práctica existen asuntos con más de dos años, sin sentencia y el imputado sigue con la medida cautelar de prisión preventiva.
“Eso es por un uso desmedido (de la prisión preventiva oficiosa) por parte del Ministerio Público, de los asesores jurídicos y de las defensas que no están pensando correctamente en el procedimiento”, aunado a que no hay voluntad de las partes en terminar el asunto en un acuerdo reparatorio, en una suspensión condicional del proceso o procedimiento abreviado, expone.
A manera de autocrítica, Espinosa Licón refiere que “los operadores estamos fallando, estamos hablando de fiscales, defensores, asesores jurídicos y jueces. No estamos aplicando correctamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. No hemos sido tan efectivos, eficientes, en consolidar el modelo”.
Menciona que al no optar por el procedimiento abreviado se saturaran los juzgados, aunque también justifica que durante el tiempo de pandemia no hubo juicios, “y eso generó un rezago abismal”.
Considera que se debe “replantear” el Código Nacional en asuntos relacionados con abuso sexual infantil, prostitución infantil, trata, pornografía infantil, desapariciones forzadas, secuestros, homicidios, feminicidios, y otros delitos de alto impacto.
Espinosa agrega que, en casos de delitos cometidos contra menores, los padres prefieren que la víctima no declare otra vez en un juicio oral, o ya no se le localiza, y los señalados salen absueltos. Mientras que, en asuntos relacionados con el crimen organizado, los testigos no están dispuestos a declarar en el juicio, por lo que el testimonio, considera, debería ser aceptado por lectura.
“Si el policía, el militar, el de Guardia Nacional a veces no quiere declarar, no obstante que tiene toda la institución respaldándolo, qué se puede esperar cuando la víctima y el testigo vienen solos”, expone.
Espejismo judicial
El 31 de mayo de 2016 entró en vigor en Jalisco el actual Sistema de Justicia Penal, para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008. Según la autoridad, su objetivo era solucionar conflictos legales de una manera más pronta, justa, eficiente, transparente y respetuosa de las garantías individuales.
Pero para el director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, Antonio Pérez Juárez, el actual sistema penal se quedó trunco, está “plagado de inequidad, de violaciones y de imposición de criterios a conveniencia, y no en apego irrestricto a la ley”, y en perjuicio del “justiciable”.
Si bien reconoce que, en 2018, cuando asumió el cargo como director de las cárceles de Jalisco, existía una sobrepoblación de 156% y actualmente hay un 26% de hacinamiento, el actual “abuso de la prisión preventiva” hace que se mantenga la sobrepoblación en los penales.
Detalla, por ejemplo, que hace cinco años en el Reclusorio Preventivo había ocho mil “personas privadas de la libertad en calidad de prisión preventiva”, y actualmente hay unas cinco mil 500 personas en esa situación.
A decir de Pérez Juárez, la sobrepoblación que existe en las prisiones no se debe a una eficacia en el combate al delito, sino a una “corrupta actitud del Estado de quererse encubrir, engañar a la sociedad con datos estadísticos, que son falsos, el hacerle creer al justiciable que la Fiscalía está trabajando bien, que el juicio penal es ágil. Eso es una mentira”.
A la vez, agrega que, en la práctica, “vemos y nos preocupamos de cómo algunos juzgadores siguen sometidos a la fuerza política, inclusive del Ejecutivo, del Judicial, del Ministerio Público, para sacar ventaja y esconder las violaciones, no sólo procesales, sino las más graves: a los derechos humanos; y en audiencias truncas, mal dirigidas, mal desarrolladas, permitir que prevalezca la fuerza de una Fiscalía que sólo busca manejar cifras y datos que no son reales”.
Refiere que, desde su posición, recibe miles de quejas de detenidos por abusos en sus procedimientos y de la prisión preventiva.
Lamenta que “no ha habido la agilidad procesal necesaria, o la que en teoría garantiza un sistema como lo es el Acusatorio Adversarial”, y asegura que, por ello, se ha impulsado el otorgamiento de beneficios de la libertad anticipada.
El responsable de los reclusorios del estado explica que un sistema penitenciario saturado se enfrenta a la dificultad de cumplir su objetivo, que “es lograr que la persona no vuelva a delinquir, esa es la disposición constitucional (…) y seguimos teniendo el rezago y la lentitud en los procesos penales y nosotros pagamos la consecuencia de ver un reclusorio preventivo saturado, cuando no debería ser así”.
Pese al panorama descrito por él, Pérez Juárez asegura que de las 22 mil personas puestas en libertad en la entidad “sólo tenemos 16 reincidencias, ninguna es mujer”.
Jueces ligados a partidos
El director de la organización México SOS Jalisco y doctor en derecho, Anuar García Gutiérrez, coincide con Pérez Juárez en los efectos del sistema de justicia penal actual, y lamenta que no se respete el derecho de presunción de inocencia.
“En Jalisco, y en general en el país, se sigue tomando el tema penal como una venganza personal; y con el alto índice que existe de corrupción se ha privilegiado que las personas sigan estando dentro de prisión, aun cuando en muchas ocasiones el delito que hablamos ni siquiera venga” en el Código Penal de Procedimientos para justificar la prisión preventiva oficiosa.
Denuncia que la prisión oficiosa se aplica en el estado sin respetar el acuerdo del Pacto de San José, y que rige en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que ya no se aplique dicha medida.
“El derecho penal se ha visto como una manera de castigo, y mientras se siga operando de esta manera el sistema jamás va a cumplir con su espíritu: que era el de llegar a un acuerdo entre las partes” vía el Instituto de Justicia Alternativa, el cual está subutilizado.
Otra manera de evitar juicios son los métodos alternos por medio de la Fiscalía, “pero son muy pocos los asuntos en los que se llega a acuerdos, y tenemos sobrecupo en las cárceles”.
También concuerda con Pérez Juárez en que existe un abuso de la prisión preventiva. “El Código es muy claro, para que a una persona se le aplique la prisión preventiva se tendría que demostrar que no tiene arraigo en el lugar de los hechos”, pero, por ejemplo, si el delito se cometió en Jalisco, y debe trabajar en otro sitio, se le puede emitir otra medida cautelar como estampar firmas. Sin embargo, los jueces “con cualquier pretexto” optan por la prisión, lamenta.
“Todo esto, sumado al alto índice de corrupción, se presta para que se use la prisión preventiva como un castigo contra las personas y se les juzgue de manera anticipada, violando el principio de presunción de inocencia. Además, hemos perdido cárceles federales, como la de Puente Grande, eso causa un hacinamiento en las demás prisiones por el tema de la competencia donde se llevan los juicios”.
Anuar García considera que la corrupción en el sistema de justicia seguirá existiendo debido a que la mayoría de los jueces son impuestos por los partidos políticos en Jalisco, e incluso hay una lista con los futuros designados.
“Entonces, de nada sirve que una persona esté superpreparada, si no está en esa lista, no puede acceder a ese puesto, y todo aquel que esté en esa lista le debe a un partido político el tener la posibilidad de ser juez”.
Pero Daniel Espinosa rechaza ese señalamiento; asegura que los jueces tienen la capacidad y el perfil para estar ahí, y que, si algún abogado considera que no, podría presentar una queja.
El presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal en México y especialista en seguridad, Fernando Espinosa de los Monteros, califica la prisión preventiva como un instrumento represivo y “de corrupción, manejado desde las agencias del Ministerio Público y de los jueces para presionar a que los litigantes agachones soltemos el dinero y le saquemos dinero (a los defendidos), y nos convirtamos en abogados centaveros para efectos de saciar los intereses corruptos de la impartición de justicia.
“Nadie me puede decir aquí, ‘sí hay jueces orales que lo están haciendo con honestidad’. Habrá uno que otro, pero no los hay en su mayoría”, lamenta.
Para el investigador e integrante de la Asociación de Derecho Penal, Everardo Rojas, el nuevo sistema acabó el principio de libertad, de igualdad, de presunción de inocencia. Ejemplifica que, si un imputado pretende someterse a un juicio abreviado, no puede, debido a que el Ministerio Público tiene que autorizarlo.
“Entonces, hay que darle cien mil pesos al Ministerio Público para que acceda a que vayamos al juicio abreviado”, deplora.
Ante los señalamientos de corrupción, Daniel Espinosa invita a los quejosos a presentar su denuncia correspondiente. “Entonces, es un buen momento de replantear que el procedimiento abreviado no sólo sea propuesto por el Ministerio Público, sino que también lo pueda solicitar la defensa”.
Comenta que “la corrupción es un fantasma del que todo mundo habla, pero nadie lo ha visto, o si lo ven, no lo denuncian. Para que haya corrupción se requieren dos, el abogado que va a ofrecer o el juez, secretario, actuario, notificador que acepta. Difícilmente alguno de los dos se va a echar de cabeza”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA REZA M.
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