Hasta ahora no se ha determinado si las impugnaciones pueden tomar la misma vía que tuvieron los amparos contra la Ley de Salarios y Remuneraciones, que sólo beneficiaron a los quejosos y no lograron revertir la emisión de dicha legislación.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Jufed afirmó que una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entre en vigor y se regularicen las funciones de los órganos jurisdiccionales federales, intentará con una demanda única de amparo combatir la aprobación del Decreto de reforma y adiciones a la Ley Orgánica del PJF emitida por el Poder Legislativo.
Con esta reforma, los legisladores ordenaron la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del PJF, lo que implica una reducción de 115 mil millones de pesos de los recursos que este utiliza para pagar algunas prestaciones de sus trabajadores, excepto las de los ministros.
En la minuta aprobada en lo general por el Senado se estableció que los recursos de los fideicomisos extinguidos del PJF deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), pese a la disposición expresa de la Ley Hacendaria de que esos recursos debían regresar a la tesorería del propio Poder Judicial.
Ante la aprobación de la reforma, el Sindicato de Trabajadores del PJF anunció que extenderá el paro nacional que mantiene desde el 19 de octubre pasado hasta el próximo 29 de octubre.
Sin embargo, esto no implicará una paralización total de las actividades de sus trabajadores pues el sindicato precisó que quien quiera ingresar a las instalaciones a trabajar, podrá hacerlo sin que sus compañeros en paro intenten impedírselo.
Proceso informó el pasado 21 de octubre que la ruta jurídica para combatir la eliminación de los fideicomisos del PJF no es del todo clara pues hasta ahora no se ha determinado si las impugnaciones pueden tomar la misma vía que tuvieron los amparos contra la Ley de Salarios y Remuneraciones, que sólo beneficiaron a los quejosos y no lograron revertir la emisión de dicha legislación.
Mientras que la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conozca de acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra la reforma ha generado nuevos ataques del Ejecutivo federal contra los ministros al considerar que no deben constituirse en juez y parte en este asunto.
Sin embargo, el sistema legal mexicano no establece otra autoridad máxima que pueda analizar este tipo de asuntos ni prohibiciones para que los legisladores de oposición intenten llevar el caso a la Corte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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