Las y los trabajadores del Poder Judicial quemaron ayer una piñata con la figura del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante las protestas, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) condenó las “expresiones simbólicas de odio” que se suscitaron.
“Dicen ‘vamos a hacer un paro’, pero si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia, van a hacer huelga de brazos caídos si siempre están. No hay nada que haya hecho el Poder Judicial hasta la fecha, en 40 años, en benefició del pueblo y todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías”, acusó el Presidente.
López Obrador cuestionó el actuar de los impartidores de justicia en casos en lo que él buscó la protección de justicia como líder opositor ante las reformas Energética y Educativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese sentido, recordó que recientemente los jueces han protegido a exfuncionarios como Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, preso en Estados Unidos por sus vínculos con la delincuencia organizada.
“Y ahora lo de García Luna, lo que estamos viendo, que no se puede demostrar que la riqueza de García Luna no la haya hecho mientras fue servidor público. Ahora sí, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que no la hizo cuando fue funcionario público, ¿qué no hubo tráfico de influencia?, ¿qué no se valió para hacer sus negocios de las relaciones que tenía en el Gobierno de Peña Nieto?”, preguntó el mandatario.
Este mismo martes, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió cómo jueces han adoptado resoluciones cuestionables en fechas recientes. En ese sentido, expuso cómo los magistrados José Pablo Pérez Villalba, Rubén Arturo Sánchez Valencia, y Luis Alberto Castro Velázquez, pertenecientes al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito otorgaron un amparo a Mario Aburto, homicida confeso del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión, decretada el pasado 22 de diciembre de 1994, para que se emita una nueva condena tomando como base el Código Penal de Baja California.
También recordó que la Jueza María Isabel Bernal Hernández dio una suspensión definitiva a favor de Tomás Zerón de Lucio para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno por su probable participación en el caso Ayotzinapa, y cómo el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López, negó una orden de aprehensión contra García Luna por enriquecimiento ilícito.
A esto se suma, por ejemplo, el fallo del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, quien ratificó la suspensión concedida por el Juez Ramón Lozano Bernal, que impide al Gobierno cobrar una multa de nueve mil 145 millones de pesos a la empresa española Iberdrola, impuesta en mayo de 2022 por la Comisión Reguladora de Energía, como reportó este martes Reforma.
López Obrador ha señalado cómo Iberdrola creció e hizo negocios en México bajo el amparo de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De hecho, la española contrató a Calderón Hinojosa y a su Secretaria de Energía, Georgina Kessel, una vez que dejaron la Presidencia.
En julio de 2022, el Presidente ya había cuestionado el primer recurso que concedió el Juez Ramón Lozano Berna. “A este Juez lo estamos investigando, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa. Presumimos que hubo falsificación de documentos”, dijo en esa ocasión.
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal convocaron para este martes a un paro “en todos los inmuebles del Poder Judicial de la Federación” con “el objeto de hacer un frente común, firme y digno, contra los atentados que los Poderes Ejecutivo y Legislativo han orquestado contra la independencia judicial”. Como parte de las movilizaciones se cerraron tribunales colegiados y juzgados de distrito a lo largo del país.
El oficialismo impulsa en el Congreso una reforma legal para extinguir 13 de 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial que ascienden a 15 mil millones de pesos, monto que le permite lujos como la remodelación de sus casas y que cuenta con los recursos suficientes como para pagar las pensiones de altos mandos por hasta 100 años.
Los ajustes que busca hacer Morena y aliados en el Congreso, tanto con los cambios a Ley del Poder Judicial de la Federación como al Presupuesto para el próximo año buscan ahorrar hasta 30 mil millones de pesos, 15 mil por fideicomisos y 15 por presupuesto en cuanto a los ajustes al Poder Judicial.
AUTOR: REDACCIÓN.
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