Comisiones de búsqueda consultadas en varios estados rechazaron explicar los motivos y el método con los que están trabajando en conjunto con los servidores de la nación.
El 31 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la cifra de desaparecidos en realidad es menor a la oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda –110 mil 979 personas hasta ese día–, y anunció que, en tres meses, estaría lista una actualización gracias a un censo hecho “casa por casa” por los servidores de la nación, que dependen de la Secretaría del Bienestar.
Tres semanas después, la titular de la CNB, Karla Quintana, renunció al cargo, argumentando que “los nuevos contextos” la obligaban a interrumpir su labor.
Unos días después, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que el censo de personas desaparecidos lo hará la Secretaría de Bienestar, conforme a un convenio de colaboración suscrito con la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Su rol es auxiliar a las fiscalías y comisiones de búsqueda locales y nacional para fortalecer las capacidades del Estado en la localización con vida de estas personas”, señaló el funcionario.
Desde entonces, diversos testimonios y colectivos de búsqueda han dado cuenta de que funcionarios de las comisiones estatales de búsqueda, de la propia CNB en un principio y más tarde los servidores de la nación han hecho visitas a domicilio para corroborar la presunción de vida de algún familiar –que han obtenido mediante el cruce de bases de datos federales– sin tener conocimiento alguno del tema.
Consultadas al respecto, las comisiones estatales de búsqueda de Aguascalientes, Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México y Jalisco, entidades donde han sido reportadas algunas de estas visitas, rechazaron explicar los motivos y el método con los que están trabajando en conjunto con los servidores de la nación.
En tanto, la CNB ―que permanece descabezada― descartó dar declaraciones al respecto, mientras que la Secretaría de Bienestar dijo estar impedida para detallar el proceso de participación de los servidores de la nación en el censo, con el argumento de que Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar, es quien está a cargo.
Sin embargo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no contempla la participación de la Secretaría de Bienestar en ninguno de sus procesos.
La investigación y búsqueda de personas desaparecidas está a cargo de las autoridades especializadas en ello: la CNB, las comisiones estatales y las fiscalías.
Por lo tanto, cuando en cualquier momento existe algún indicio de la localización de una persona, es atribución de la CNB dar aviso a la fiscalía especializada que corresponda, a la autoridad competente en materia de atención a víctimas y aplicar el procedimiento de identificación regulado por el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Este documento establece que “la localización supone siempre un proceso de identificación de la persona”, por lo que las autoridades tienen que presentar un informe en el que, además, deben anexar una “prueba de vida”. Solo en ese momento deberán informar a los familiares, aunque testando toda referencia al paradero o cualquier forma de contacto.
No obstante, desde hace un par de meses, colectivos de búsqueda en Coahuila se enteraron de la supuesta ‘localización’ con vida de cerca de 70 personas desaparecidas.
Después, cuando empezaron las visitas a domicilio, supieron que se trataba solo de presunciones de vida generadas a partir de coincidencias derivadas del cruce de diversas bases de datos con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Ese indicio de vida fue notificado a algunas familias –tanto por funcionarios adscritos a las comisiones estatales de búsqueda y a la CNB como por servidores de la nación– sin haber realizado el proceso de identificación correspondiente u obtenido prueba alguna de vida, como indica la ley. De acuerdo con colectivos y especialistas, estas acciones ponen en duda los procesos de búsqueda e investigación.
“Nos parece muy grave cuando se trata de casos de larga data. Son desapariciones que tienen más elementos; el tema es si ya hay una investigación en curso de tiempo atrás, y que, además, tienen tintes de que pudieran ser hechos delictivos graves; esos datos tienen que estar resguardados. Son varias cosas graves: la otra es el tacto tan terrible porque llegan ya con una orden de decir que encontraron a una persona”, señaló en entrevista Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la UAM.
El académico precisó que el Estado tiene la obligación legal de demostrar que la persona está viva e identificar su paradero exacto.
“Todos, o por lo menos los que están en base de datos, tienen una denuncia; se supone que además tienen ficha de búsqueda, entonces si tienen esas dos cosas, hay que desmontar eso. Eso no se hace nada más por un decreto: tienes que hacer un procedimiento y demostrar que tienes el paradero fehaciente de la persona y, ahora sí, dar por cerrada la carpeta de investigación o el proceso judicial. Cruzar datos no es dar con el paradero de la persona”, agregó.
Localizaciones oficiales de personas desaparecidas con vida son mínimas
Mientras el “nuevo censo” se ponía en marcha, en el RNPDNO incrementó el número de localizaciones con vida en los últimos meses, al alcanzar un total de 8 mil 678 personas en lo que va de 2023, estadística que si bien va en aumento, sigue muy por debajo de la alcanzada en los primeros cuatro años del actual sexenio, en los que se ha mantenido entre las 12 y 13 mil localizaciones anuales.
Unos meses antes, el 16 de enero de 2023, Encinas había dado a conocer que la Secretaría de Gobernación, a través de la CNB, estaba generando un programa piloto de búsqueda de personas en vida, que consistiría en encontrar coincidencias a partir de algún indicio de actividad de personas reportadas como desaparecidas. Entonces, dijo, el pilotaje estaba en proceso en la Ciudad de México y Jalisco.
Aseguró que ya existían resultados positivos, y que la información se cotejaba con bases de datos de trámites de salud, financieros o civiles, como las listas de vacunación.
Sin embargo, aclaró que solo se daría a conocer cuando existieran resultados certificados por las propias fiscalías –como lo establece la ley–, pues se necesitaba hacer una evaluación de los procesos de levantamiento de información cuando aparecían personas que no quedaban acreditadas. Según él, eso replantearía de fondo la labor de búsqueda en vida.
Desde entonces, al mencionar la cifra total de desaparecidos –que, desde mayo de 2022, supera las 100 mil personas–, adelantó que habría modificaciones importantes al momento de acreditar los registros de desapariciones en el RNPDNO con los datos de las fiscalías, a las que estaban pidiendo que hicieran el seguimiento del estatus de las denuncias presentadas.
Desde la declaración del subsecretario, el Registro Nacional comenzó a sufrir cambios, al incrementar el número de personas localizadas con vida. Por ejemplo, de septiembre a diciembre de 2022 las ‘localizaciones’ pasaron de 859 a 948, pero para enero de este año incrementaron a 1,357 y mantuvieron esa tendencia hasta junio, con 1,125 personas encontradas con vida. Julio y agosto, con 857 y 335 ‘localizaciones’, respectivamente, fueron las únicas excepciones.
Seis meses después del anuncio de Encinas, el 19 de julio de 2023, el portal A dónde van los desaparecidos publicó la nota “‘Localizan’ a personas desaparecidas en registro de vacunas”, donde dio cuenta de que la CNB había informado a familias de Coahuila y Guerrero que sus seres queridos aparecían como vacunados contra el COVID y, por lo tanto, los reportaban con un “ya apareció”. Más tarde, también fueron detectados casos en Veracruz, Hidalgo y Aguascalientes.
Aun así, apenas dos semanas después el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió con la “actualización del censo casa por casa”, pues, según él, la cifra de desaparecidos es menor a la oficial: 110 mil 979 personas hasta ese día.
Ese día, al responder a un cuestionamiento de la prensa, él mismo evidenció la incorporación de los servidores de la nación a la tarea.
.@lopezobrador_ dice que habrá una actualización del censo de personas desaparecidas, pues sostiene que “sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo”, por lo que se corroborará información visitando “casa por casa”. pic.twitter.com/kweSomAdfs
— Animal Político (@Pajaropolitico) July 31, 2023
Es en ese contexto que, al quedar fuera de la estrategia, la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, presentó su renuncia al presidente la noche del miércoles 23 de agosto.
De acuerdo con el propio RNPDNO, durante los años de su gestión se impulsó que este contara con información más certera, recabada por autoridades de la Federación y de las entidades federativas que, aun así, presentaba diversos subregistros.
“En este contexto, preocupa que los cambios en la CNB puedan ser usados para revertir avances o incluso para manipular el Registro de Personas Desaparecidas, con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales”, alertó al día siguiente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“Vinieron, nada más, a remover todo”: padre de desaparecido
El hijo de Óscar desapareció el 28 de noviembre de 2008 en las inmediaciones de Pachuca, Hidalgo cuando tenía 21 años. “No tenía que estar ahí”, lamenta hoy su padre. Luego de acudir a un antro con un amigo, se sabe ahora que un policía lo entregó, pasada la medianoche, a una camioneta con gente armada.
Más tarde, el policía y una persona de seguridad del lugar fueron detenidos; el primero obtuvo la libertad y el segundo, falleció.
Desde entonces, Óscar no ha cejado en la búsqueda en centros de atención a adicciones, reclusorios, lugares para rehabilitación psiquiátrica y el resto del estado.
Incluso ahora, otra persona está detenida y en proceso por su probable participación en el secuestro que derivó en la desaparición. Él asegura que tiene todos los nombres y datos de las personas que se lo llevaron, pero debe aguardar a los avances de la averiguación previa.
15 años después de la desaparición de su hijo, Alejandro Mejía Mejía, agente de investigación en la comisión local de búsqueda de Hidalgo, acompañado por Julio César Morales Ramos, adscrito al departamento de planeación estratégica de la CNB, y Brandon Domínguez Colin, del departamento de control de riesgos de la misma dependencia, tocó a su puerta sin algún otro representante de la fiscalía estatal o de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde también hay una averiguación previa.
El primer contacto lo había hecho el 16 de febrero, vía telefónica, una persona empleada de la comisión estatal de búsqueda. Le preguntaron si estaba en su casa, para acudir a hablar con él. Ahí se presentaron los funcionarios federales y le dijeron que habían ido a corroborar que su hijo se encontraba en su casa.
“¿Cómo que mi hijo se encuentra en su casa? ¡Cómo cree! Lo ando buscando y lo sigo buscando”, fue su primera reacción. Entonces le revelaron que un cruce de bases de datos había arrojado que su hijo supuestamente se había vacunado.
La mamá del joven les empezó a hacer preguntas. Los padres respondieron que no sabían nada de él y que seguían en la búsqueda.
Los funcionarios aseguraron que iban a reportar la información y a darle seguimiento. Óscar quería los pormenores y el lugar de la supuesta vacunación para emprender una búsqueda, pero no supieron darle mayor detalle.
“Yo quiero saber qué es lo que está pasando, ¿dónde está? Nos movieron todo otra vez; te remueven todo y te dan falsas esperanzas”, reclama.
“A eso vinieron, nada más, a remover todo, los sentimientos, a removernos el piso, a dejarnos otra vez sin aliento, porque es ahorita momento en que no tenemos una respuesta por parte de ni de la comisión estatal de búsqueda ni de la Comisión Nacional de Búsqueda. Les hablé, me dijeron ‘en ocho días les marco’; no nos marcaron, les estuvimos marque y marque hasta que nos contestaron, y nos dieron un teléfono de una persona ahí en México, que él era quien nos iba a resolver; esta persona dijo que no, que él no podía resolver nada, y nos dio otro número de otra persona, y así continuamente con una y con otra”, relata Óscar.
Reclama que no es algo estructurado lo que se está haciendo, sino que nada más se trata de remover sentimientos y dejar a las familias hundidas otra vez, peor que como estaban e incluso con un retroceso en situaciones que pudieran haber superado. Además, sin mayor información, una línea de investigación clara, una ruta a seguir o una prueba de vida.
“Se supone que son personas que tienen estudios y la capacidad para trabajar este tipo de situaciones, y aquí lo peor del asunto es que no traen ni una investigación hecha, lo hacen nada más así al ahí se va; no son personas empáticas con el dolor de los otros; vienen, sacuden todo, levantan todo, y otra vez se van y ya, desaparecen… ¿O es un robo de identidad que está haciendo el gobierno? Aun cuando sea eso, se tiene que investigar, pero no lo están haciendo”, lamenta.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA, ALFREDO MAZA.
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