Al término de su mandato, los dos integrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, hicieron un recuento de los aportes del mecanismo de supervisión internacional, derivado de la Medida Cautelar 409/2014 emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, plasmados en seis informes, con “análisis de los hechos, recomendaciones para el caso y para las políticas de atención a víctima, investigación criminal, uso de pruebas, judicialización y otras más amplias”.
En un comunicado, en el que narraron los obstáculos a los que se enfrentaron los expertos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, reconocieron que “la fuerza de este trabajo se mantuvo incluso a lo largo de estos años por la estrecha relación y la confianza de las víctimas y familiares”.
Resaltaron: “en ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas en México condiciones nuestra autonomía e independencia”.
Buitrago y Beristain puntualizaron que su salida de México no significa que el caso se cierre, sino que “el Estado y sus instituciones tiene la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como este y el conjunto de otros muchos casos en México, suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad”.
Sobre el balance de las administraciones que les tocó trabajar, los expertos detallaron que durante su primer mandato, 16 meses a partir de 2015, durante el gobierno de Peña Nieto “el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del Ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos”.
Destacaron que antes de dejar el país por primera vez y entregar recomendaciones puntuales para seguir la investigación, contra ellos se instrumentó una “campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación” con la finalidad de “callar al mensajero”.
En la segunda etapa, a partir de 2020 y hasta este día, durante la actual administración de López Obrador, los expertos reconocieron que se lograron avances en el fortalecimiento de la investigación sobre los casos de tortura y de la falsificación de la investigación; se consiguieron nuevos testigos; se logró realizar análisis de telefonía y de comunicaciones entre agentes del Estado y miembros de la delincuencia organizada, “evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores”.
Pese a los avances, el GIEI admitió que al solicitar la apertura de archivos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). “la documentación entregada, al día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”, de ahí la insistencia en obtener la totalidad de la información.
Si bien los expertos reconocieron que se ha logrado detener a más de un centenar de personas, entre ellas el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, resaltaron que la mayoría han sido acusados “por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y ataque a los normalistas”, lo que obliga al obtener más información para esclarecer el caso y las búsquedas.
Para los expertos “el caso no solo es relevante para la investigación de lo sucedido o la importancia fundamental de la búsqueda de los estudiantes, muestra también los cambios que son necesarios para que no haya impunidad y se lleven a cabo investigaciones efectivas que México requiere”.
Tras un reconocimiento a los representantes legales de las familias de los estudiantes desaparecidos, así como de “funcionarios de distintas instancias del Estado comprometidos, que hicieron avanzar la investigación y favorecieron el acceso a los archivos y búsquedas, los expertos insistieron en transmitir su admiración por las familias, por “su enorme coraje y cómo han hecho que el amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, sea ahora también parte de la conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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