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La mujer se trasladó de Cuautla a Guanajuato, en compañía de su madre, y averiguó dónde se hacía el servicio funerario, pero el padre le impidió siquiera acercarse al féretro por una supuesta orden de restricción.
Incluso, un grupo de policías también evitó que pudiera despedirse de su hijo Fernando, contó en entrevista.
Desde julio de 2022, la expareja de Dulce, José “N”, se llevó a ambos niños tras acordar un encuentro para pasar tiempo con ellos, pero tras no devolverlos, la mujer averiguó que el padre levantó una denuncia contra ella por supuesta violencia contra sus hijos: Fernando, de 8 años de edad, y Santiago, de 12, quien quedó en resguardo del DIF en el municipio de Celaya, sin que se le permita acercarse a su madre.
La muerte de Fernando
Dulce y su madre Yolanda relataron que Fernando fue encontrado en el baño de la casa donde vivía con su padre y su pareja, quienes aseguraron que el niño de 8 años había cometido suicidio al encontrarlo con la cabeza dentro de una cubeta con agua.
Sin embargo, cuestionaron esta versión y exigieron a las autoridades una investigación, pues aseguraron que Fernando sufría violencia por parte de su padre y de su pareja.
Dulce dijo haber recabado testigos del maltrato que vivió su hijo mientras vivió con su padre y su pareja.
Uno de esos testimonios señaló que a Fernando lo maquillaban para ocultar los golpes que recibía, pero que sus cuidadores lo atribuían a una supuesta esquizofrenia y bipolaridad asegurando que se golpeaba a sí mismo.
Sin embargo, Dulce y Yolanda advirtieron que Fernando no vivía con esta condición.
El padre de Fernando, José “N”, y su pareja, Yeraldy “N”, están vinculados a proceso en prisión preventiva por el delito de homicidio, a la espera de que la autoridad judicial resuelva su situación legal.
Pero esto no ha evitado la violencia institucional contra Dulce.
“El que estén en la cárcel no nos va a devolver a Fer, pero pedimos justicia para él y para Santiago, porque él atestiguó, junto con otro niño que es el hijo de la mujer, lo que vieron, sus declaraciones coinciden en cómo trataban a Fer”, dice Yolanda quien batalla para que Santiago pueda volver con ella a casa, en Morelos.
Desde hace más de un mes, Dulce y su madre están en Celaya, Guanajuato, con escasos recursos y en espera de que esta semana un juez pueda determinar su custodia.
Esto, luego de que su expareja obtuvo una guarda provisional por parte de la jueza de Distrito en Morelos Laura Galván Salgado, sin importar que Dulce recibió un fallo definitivo a favor en 2016.
En tanto, su familia busca las acciones legales posibles para que el DIF de Cuautla pueda intervenir y atraer el caso en Morelos.
Pese a que en 2022, Dulce presentó el documento que la acreditó como quien ejerce la guarda y custodia de sus hijos, la Fiscalía General del Estado de Morelos se negó a levantar la denuncia por sustracción, retención y ocultamiento de menores.
Tras varios intentos, una agente del Ministerio Público terminó por correrla de las instalaciones gritándole que ya le había dicho que no la iban a ayudar, que fuera a Guanajuato, la entidad donde se encontraban los niños.
La violencia vicaria y sus alcances fatales
En el país no hay estadísticas de menores que mueren derivado de la violencia vicaria, sin embargo, se hizo público en 2021 el asesinato de tres niños en Hermosillo, Sonora, a manos de su padre en un tiempo de visita y se han documentado suicidios de madres que no resisten el acorralamiento.
El caso del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, en Puebla, inspiró una ley para proteger a los hijos de mujeres asesinadas por razón de género.
“El caso de Fernando muestra la descomposición del sistema judicial en materia familiar y la desprotección absoluta por la que atravesamos. El argumento del interés superior del menor no puede continuar desligado de la violencia hacia las mujeres. El daño de los padres sustractores es llevado al extremo doloroso que la colectiva del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ha señalado en su potencial feminicida e infanticida; es algo que repudiamos”, señaló Claudia Jiménez, representante de la organización en el estado de Morelos.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria define esta agresión como aquella que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer, pues sostiene que el violentador sabe que dañar o asesinar a los hijos es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es un daño extremo.
En 2022, se registraron 5,029 infancias víctimas de violencia vicaria y se documentó la violación de los 20 derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en dichos casos.
“El mártir en que se convierte Fernando y que nunca debió suceder, exhibe el desinterés de las autoridades de Guanajuato y Morelos ante los derechos fundamentales de madres, niños, niñas y adolescentes víctimas de Violencia vicaria y nos llevan a preguntarnos luego de la huelga de hambre de Blanca Paredes, el ataque del hijo hacia su madre ocurrido recientemente y ahora sumando esta desgracia, ¿qué se necesita para que autoridades del país hagan su trabajo? Lamentamos profundamente este deceso, deseamos fortaleza y justicia para la madre. Hacemos responsable al estado mexicano” , expuso la organización en un pronunciamiento.
De acuerdo con la colectivas, se ha identificado un patrón para dañar el vínculo materno, el cual inicia con denuncias de presunta violencia, con argumentos falsos, desproporcionados y fuera de contexto que se ayudan con la corrupción entre abogados, fiscalías y jueces generando violencia institucional, dilación en los procesos, omisión de investigación, manipulación, entre otros que acentúan el abuso y humillación de las mujeres.
Leyes contra la Violencia Vicaria se extienden en todo el país
El pasado 7 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la modificación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en su artículo 554 con lo que se reconoce la violencia vicaria como daño a las mujeres. Actualmente, 23 estados reconocen la violencia vicaria en su legislación.
En el estado de Morelos la violencia vicaria se incluyó en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, pero este 19 de junio, la diputada Paola Cruz Torres presentó una iniciativa con proyecto para reformar el artículo 203 y adicionar al Código Penal sanciones de uno a seis años de prisión (así como multas desde 10 mil, hasta poco más de 100 mil pesos), para quienes sustraigan y retengan menores de manera perpetuada, dolosa y premeditada por familiares causando un daño al vínculo materno.
“Sin lugar a dudas, debe imponerse sanciones ejemplares para aquellas personas que incluso toman a los menores como rehenes, como escudos o como medio para efectuar múltiples tipos de violencia en contra de las madres”, dijo al proponer la necesidad de legislar con perspectiva de género y protección de víctimas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DULCE VALDEPEÑA.
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