Sin anunciarlo previamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidió cancelar la consulta pública de 2 mil 543 recomendaciones sobre abusos cometidos por autoridades mexicanas en contra de la población, que fueron emitidas entre 1990 y 2015.
Debido a esta decisión, la ciudadanía ya no podrá acceder libremente a la información recabada por la CNDH sobre violaciones de derechos humanos durante los regímenes de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox (PAN) y Felipe Calderón (PAN), ni durante los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI).
Entre los informes que ya no son de acceso público, por ejemplo, están los resultados de la investigación que realizó la CNDH sobre el primer caso de desaparición forzada del periodo neoliberal en México, al inicio del gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994).
Tampoco es ya posible acceder a las conclusiones de la primera indagatoria que emprendió este organismo sobre los crímenes de la “guerra sucia”, publicados en 2001.
Igualmente, ahora es imposible consultar las recomendaciones emitidas por la CNDH sobre casos de ejecución, desaparición, tortura, abusos sexuales y otras violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, la Marina y organismos federales, estatales y municipales de Seguridad Pública, de las que tomó conocimiento durante los primeros 10 años de la llamada “guerra contra el crimen organizado”.
Además, ahora tampoco es posible conocer las recomendaciones por abusos cometidos contra pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) u organismos dependientes de las secretarías de Salud federal, estatales o municipales, que la CNDH investigó entre 1990 y 2015.
El organismo oficial, encabezado por María del Rosario Piedra, eliminó la consulta pública de esta información a través de internet, a pesar de que el artículo 74-II de la Ley General de Transparencia establece que todas las recomendaciones de la CNDH obligatoriamente deben estar “a disposición del público" en “versión pública", es decir, habiéndose suprimido los datos personales de las víctimas y perpetradores involucrados en cada violación a los derechos humanos.
Además, el artículo 70 de la misma ley estipula que dicha información deberá divulgarse a través de “medios electrónicos", también de forma obligatoria.
La CNDH cumplió estos ordenamientos legales hasta 2022, cuando estos 2 mil 543 expedientes sobre violaciones a derechos humanos todavía estaban a disposición de cualquier persona que quisiera consultarlos en versión pública, que podía descargarse sin costo alguno, a través de internet.
Para 2023, sin embargo, dichas disposiciones legales dejaron de ser observadas por la CNDH y toda esa información fue eliminada de su página oficial.
En marzo de 2023, a través de una solicitud de transparencia, se solicitó a la CNDH todas las recomendaciones eliminadas de su página de internet, en el mismo formato en que eran presentados hasta el año previo, es decir, en versión pública y formato electrónico.
Sin embargo, en mayo pasado, el organismo oficial se negó a proporcionar la información, alegando que no contaba con ella en formato electrónico ni en versión pública (aunque así difundió toda esa información hasta el año pasado), por lo que las personas interesadas deben formular un pago bancario de 49 mil 871 pesos, ya que el organismo solo está dispuesto a proporcionar tales expedientes en fotocopia.
Para saber por qué fue cancelada la consulta pública de esta información, relacionada con las violaciones a derechos humanos cometidas a lo largo 25 años, se solicitó una entrevista con un representante de la CNDH. Sin embargo, no se obtuvo respuesta favorable por parte de dicho organismo oficial.