Colectivos de personas buscadoras y organizaciones civiles advierten que la decisión de crear ese órgano carece de legalidad y fundamento, contribuye a la falta de certeza jurídica sobre las autoridades responsables de las búsquedas y resta fuerza a la comisión. Señalan que la coordinación para la Zona Costa está desvinculada del titular de la comisión y depende directamente de la Secretaría de Gobierno.
La creación de la coordinación ocurre, además, tras la toma, el cierre y el plantón en las instalaciones de la comisión de búsqueda por parte de uno de los colectivos de la entidad, con el argumento de que se han dado malas prácticas y gastos excesivos. Rafael Hernández Murrieta es titular del organismo apenas desde octubre pasado, después de dos reposiciones del proceso de selección derivadas de inconformidades.
“Esta decisión fomenta el debilitamiento institucional de la comisión, en un contexto en el que ha sido difícil la legitimidad de la misma y las personas que la integran… Contar con una coordinación para la Zona Costa que actúa fuera de la estructura de la comisión limita la labor del titular de la CLB en el territorio de la entidad y genera duplicidad de funciones. Además, imposibilita la creación y ejecución de un Plan Integral de Búsqueda”, señalan la organización Elementa DDHH y la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana, en una carta dirigida al Ejecutivo estatal.
Aunado a esto, advierten organizaciones, se abre la posibilidad de disputas por recursos materiales y humanos entre la comisión y la coordinación. Los colectivos Una Nación Buscando T, Fundación Todos Somos Erick Carrillo, Siguiendo Tus Pasos, Colectivo Búsqueda y Justicia por Nuestros Hijos, Armadillos Rastreadores Ensenada, Madres Unidas y Fuertes, Familias Unidas en Contra de la Impunidad de Baja California, Madres Buscando a Sus Tesoros y Colectivo Carlos Luna se han sumado a este reclamo.
En un comunicado conjunto, pidieron a la Secretaría de Gobierno y a la comisión buscar medios legítimos para dar solución a los requerimientos de todos los colectivos, entre ellos, la puesta en marcha de diversos organismos y herramientas pendientes: la comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas, la ley estatal en materia de búsqueda y desaparición, el Sistema Estatal de Búsqueda, el Plan Integral de Búsqueda, la asignación de recursos estatales para la comisión, mecanismos claros de evaluación y rendición de cuentas, y el Consejo Ciudadano de Búsqueda.
“Durante los últimos años, el gobierno de Baja California ha capitalizado con el dolor de los familiares y de las víctimas de desaparición, politizando el tema y dividiendo a los colectivos cuya única razón de existencia es la búsqueda y localización de nuestros seres queridos. Sin importar a qué colectivo pertenezcamos, nuestro deseo es encontrarles y tener acceso a la verdad y la justicia, de tal manera que todo aquello relacionado con las instituciones públicas, con atribuciones de búsqueda de personas y atención a víctimas, son de nuestro interés”, señalan los colectivos.
En su escrito, también recuerdan que durante esta administración estatal, se ha convocado en dos ocasiones a un proceso de selección del titular de la Comisión de Búsqueda, de entre los que el último duró más de tres meses y fue transparente, con lo que se seleccionó al aspirante que cumplió con los requisitos y aprobó las evaluaciones de conocimientos que exigía la convocatoria —para la que se conformó un Comité Técnico de Consulta del que Elementa y la Universidad Iberoamericana formaron parte.
“No es legítimo contratar a una persona para realizar funciones de búsqueda de personas desvinculada de la comisión local, toda vez que esa persona no tiene atribuciones legales para realizarlo y otorgarle estas responsabilidades. Está fuera del marco jurídico y no brinda seguridad jurídica a las familias sobre las obligaciones de las autoridades”, concluyen los colectivos.
¿Qué ha hecho la comisión de búsqueda de Baja California?
De acuerdo con la investigación de Animal Político sobre el uso de recursos en las comisiones estatales, la comisión estatal de Baja California recibió en 2020 poco más de 6 millones de pesos de recursos federales, de los que utilizó el 76.3%, mientras que para 2021 fueron transferidos a la entidad poco más de 51 millones, 18 solicitados por el organismo local.
En el transcurso de esos dos mismos años, el gobierno estatal solo invirtió en el organismo 619 mil 776 pesos en 2020 y 1 millón 859 mil 319 pesos en 2021, es decir, el mínimo de coparticipación, equivalente al 10% del recurso federal, que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) solicita para poder transferir recursos a las comisiones de los estados.
La comisión de ese estado está integrada por dos personas en su estructura, más 18 contrataciones temporales previstas —estas quedan sujetas a la transferencia anual de los recursos de la Federación—. Aunque reportaron que su Consejo Ciudadano está instalado, este también ha quedado en la incertidumbre tras la reposición de los procesos de selección del titular. El organismo aseguró haber realizado 457 acciones de búsqueda entre 2019 y el primer semestre de 2022.
Dado que para 2019, cuando otras comisiones sí recibieron recursos, la de Baja California no los tuvo porque aún no estaba instalada cuando se hizo la asignación, el proyecto ejecutivo que presentó en 2020 estaba enfocado en la conformación inicial de los componentes del organismo, el fortalecimiento del equipamiento y la capacitación básica. La comisión había sido instalada el 8 de febrero de 2019, con un comisionado y un coordinador de contexto, “con presupuesto y herramientas limitadas, sin oficinas propias”.
Aquel año, el documento presentado ante la CNB describía que los “serios problemas de narcotráfico”, a partir de la existencia de por lo menos tres grupos del crimen organizado —el Cártel Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa y el de Michoacán—, habían traído problemas delictivos, de salud, sociales y de desapariciones. Durante 2019, afirmaba el organismo, la entidad había ocupado el séptimo lugar en el país. Las desapariciones se concentraban en Tijuana (58%), Mexicali (23%), Ensenada (10%) y Tecate y Playas de Rosarito (4%).
“Desde 2019 la comisión estatal no contaba con los recursos económicos necesarios, personal suficiente para una operación eficiente, y ni qué hablar de personal especializado, para atender la problemática local. Sin embargo, con la misma dinámica e interés del estado y colectivos, se han realizado un sinnúmero de trabajos de búsqueda y localización”, aseguraba entonces el organismo.
Un año después, para acceder a la ministración federal de 2021, la comisión de Baja California reportó que durante 2020, había sido posible la ejecución de 118 acciones de búsqueda, en las cuales se localizó a 112 personas sin vida, cuatro con vida y 22 fosas clandestinas.
Sin embargo, por el alto flujo migratorio en la entidad, indicó, apoyaba en la localización de personas de otras entidades, “por lo que se cuenta con un rezago acumulado relevante, que es necesario atender para impactar de manera positiva los indicadores nacionales”. Hasta ese momento, la comisión operaba con tres personas fijas y seis temporales. Declaró que solo entre una y dos personas estaban capacitadas en materia de derechos humanos, búsqueda y localización, y análisis de contexto.
Para 2022, la comisión solicitó 18 millones 868 mil 175 pesos. En tanto, el recurso proveniente del gobierno estatal incrementaría a 5 millones 278 mil 480 pesos. Para ese año, reportó como los principales factores de desaparición el narcotráfico, la presencia de grupos del crimen organizado, la migración, el desplazamiento forzado, el uso de drogas y la violencia de género.
De acuerdo con la comisión, durante todo 2021 había recibido 151 reportes de personas desaparecidas, de las que 105 habían sido localizadas sin vida, mientras que al corte del 19 de enero de 2022, ya contaba con 39 reportes y cinco localizaciones sin vida. Por primera vez, nombró que, en el caso de las mujeres, las adolescentes de 12 a 17 años constituían más del 50% de las desapariciones, al igual que de las localizaciones con o sin vida.
Para entonces, las carencias persistían, de acuerdo con los reportes, pues debido a la extensa área de litoral del estado, así como ríos y presas, necesitaba contar con un equipo propio que facilitara la búsqueda de personas en esas zonas. “Actualmente, resulta complejo el poder realizar este tipo de acciones, ya que no se cuenta con los elementos necesarios para poder desplegar operativos acuáticos, de ahí la necesidad de esta comisión”, señaló en su diagnóstico.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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