Durante todo ese tiempo, los dueños de los departamentos –entre ellos muchos adultos mayores– se ha visto obligados a vivir en casas de familiares o en inmuebles rentados con un apoyo gubernamental que no les alcanza para pagar ni la mitad del alquiler.
La tragedia no acaba ahí. El viernes 17 Sheinbaum Pardo confirmó que la Comisión para la Reconstrucción, que aún dirige Jabnely Maldonado, ya no se hará cargo de decenas de edificios que no han sido atendidos –muchos de ellos tenían departamentos de hasta 120 metros cuadrados– y que éstos pasarán al Instituto de Vivienda (Invi), el cual, por ley, sólo puede construir vivienda de interés social.
Proceso accedió a la información de un grupo de administradores de 18 edificios ubicados principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, además de Coyoacán; entre los que el proyecto más afortunado lleva apenas 9.5% de avance. Los demás siguen en espera de que la comisión decida poner manos a la obra.
Total incertidumbre
La tarde de aquel trágico 19S, el edificio ubicado en Prolongación Petén 915, colonia Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, se colapsó y ocasionó la muerte de 10 personas, incluidos adultos mayores. Además, los habitantes fueron víctimas de rapiña. Cinco años y medio después aún queda en el sitio parte del cascajo de lo que fueron 12 departamentos construidos en los ochenta.
“La situación que tenemos ahora es prácticamente la misma que desde el derrumbe en 2017”, denuncia Miguel Ángel Tirado, administrador del edificio. Dice que desde que se formó la Comisión para la Reconstrucción ni los comisionados Ricardo Becerra y Édgar Tungüí, en la administración mancerista; ni César Cravioto y Jabnely Maldonado, ya en el gobierno de Sheinbaum, han tenido la voluntad de atender el caso, pese a que ahí quedaron personas sepultadas.
“Imagínese, todavía a ras de sótano hay parte del cascajo del edificio que se cayó en 2017”, lamenta. Cuando se inició el proceso de reconstrucción, los vecinos consiguieron el plan de obra para llevarlo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y, con ello, iniciar los trámites. Sin embargo, empezaron los obstáculos: les rechazaron el documento por cuestión financiera, el proyecto ejecutivo siempre tuvo observaciones y modificaciones, se han hecho cinco estudios de mecánica de suelos, pero el expediente está pendiente de aprobación en el Instituto de Seguridad para las Construcciones (ISC), a cargo de Renato Berrón.
En innumerables reuniones con personal de la comisión, a los dueños les han pedido “arreglos”. Por ejemplo, del departamento del entrevistado, que era de 140 metros, le redujeron la propuesta hasta 90 metros, y eso, condicionado a la redensificación; es decir, a que en el edificio se construyeran departamentos extra para venderlos y con ello tener viabilidad financiera. Por si fuera poco, en las vallas colocadas alrededor del predio varias empresas han colocado anuncios publicitarios, pero no les han pagado a los dueños por usar esos espacios.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2416 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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