“No están exigiendo nada que no sea su derecho. Están exigiendo tener acceso a la verdad, saber qué pasó con sus hijas, quién las desapareció, quién las asesinó, tener derecho a la justicia, que haya sanción para los responsables”, denunció durante conferencia de prensa Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México.
En el evento, el titular de la dependencia, José Luis Cervantes Martínez, se disculparía con las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, quienes fueron víctimas de feminicidio y desaparición en dicho estado.
Este evento estaba programado para este miércoles a las 10 de la mañana. Sin embargo, activistas, organizaciones y familiares denunciaron que el fiscal general canceló el encuentro este martes en la tarde sin dar un motivo, acción que fue reprobada por dichos grupos.
Amnistía Internacional acusó a la FGJEM de cometer violencia institucional, al tiempo que acudió a las instalaciones de la Fiscalía para demandar que se cumpliera con la medida de reparación, la cual señaló que es obligación del Estado. Además, acusó a supuestos funcionarios de amedrentar a los asistentes.
“La cancelación de esta disculpa es una muestra de indolencia y una falta de respeto al duelo de estas familias que han luchado por años invirtiendo recursos, tiempo, y han arriesgado su seguridad e incluso su vida, en la búsqueda de justicia”, declaró Olivares Ferreto.
Durante conferencia de prensa, Olivares Ferreto señaló que la fiscalía ha cometido deficiencias en las investigaciones de los cuatro casos, los cuales, apuntó, representan “miles de casos en el Estado de México y el país”
Aseguró que la FGJEM reconoció como cierto lo retratado en un informe presentado AI. Tras un proceso de interlocución política, se determinó que, como reparación, el fiscal Cervantes Martínez se debía disculpar con todas las familias víctimas de feminicidio, incluidos los parientes de los cuatro casos mencionados.
En contraste, la Fiscalía emitió un comunicado en el que sostuvo que el acto solemne “será llevado a cabo posteriormente con objeto de sumar la mayor representatividad posible de víctimas y víctimas indirectas”.
Tras los hechos, a través de redes sociales, activistas, organizaciones y miembros de la sociedad civil mostraron indignación por la cancelación, la cual calificaron como una burla hacia las familias, y denunciaron impunidad, negligencia y violencia institucional por parte de la Fsicalía, así como de negar una reparación del daño.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Edomex es el estado en el que se han cometido la mayor cantidad de feminicidios en lo que va del año, el cual suma 101 desde enero hasta septiembre.
De acuerdo con Amnistía Internacional, la mayoría de los asesinatos en la entidad quedan impunes y múltiples deficiencias obstaculizan el proceso judicial.
La organización denunció que el caso de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004, lleva 18 años sin justicia y el de Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015, lleva 7 años, mientras que el de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, lleva 5 años y el de Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018, tiene 4 años sin justicia.
Los cuatro casos están documentados en el informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México. En este mismo, se sostiene que las autoridades pierden evidencias, no examinan las diferentes líneas de investigación y no indagan lo suficiente, mientras que no aplican perspectiva de género.
Igualmente, argumenta que esto obliga a madres, hijas y familiares a invertir tiempo y dinero en labores de investigación que le corresponden al Estado, lo que afecta su acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición.
Las disculpas públicas están incluidas en la Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado; la Ley de Víctimas; la Ley de reparaciones; y la Ley de Amparo y en la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1°, artículo 17° y el 20, apartado C, de la Constitución mexicana.
Estas deben ser ofrecidas por el Estado, el cual debe aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas a los derechos humanos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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