A través de redes sociales, el funcionario compartió una columna de opinión, en la que afirmó que se ha tratado de confrontar a la Comisión con las Fuerzas Armadas y descalificar sus hallazgos.
Sin embargo, subrayó que se basa en un trabajo “sin prejuicios ni conclusiones preconcebidas” y recalcó que “la búsqueda de la verdad no atenta contra las instituciones, por el contrario se fortalecen”, frente a las acusaciones de que el informe de la Comisión un agravio contra el ejército.
Encinas reiteró que el documento recoge declaraciones de al menos 115 testigos y colaboradores directos, así como el análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas. Además, afirmó que confirma la participación de las autoridades:
“El informe de la COVAJ confirma la articulación de autoridades de todos los órdenes y poderes para desaparecer a 43 personas y obstaculizar la justicia. Es, sin duda, un crimen de Estado”.
En agosto pasado, el informe presentado por la COVAJ afirmó que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado en el que participaron agentes de diversas instituciones del gobierno mexicano, incluidos militares.
Igualmente, señala la responsabilidad del comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, José Rodríguez, quien presumiblemente mandó matar a los seis normalistas que quedaban con vida unos días después de los sucesos.
El pasado 15 de septiembre, Rodríguez y otros tres militares fueron detenidos en el marco del caso. Se trata del capitán Crespo, quien dirigía la Fuerza de Reacción del 27 Batallón y está preso desde 2019, así como el sargento Eduardo Mota y el subteniente Alejandro Pirita.
Asimismo, el reporte de la Comisión señaló que las autoridades fueron omisas y negligentes, además de que alteraron hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
Encinas también compartió un video en Twitter en el que se denuncia que autoridades y actores de todos los niveles colaboraron para la desaparición de los 43 estudiantes. Asimismo, sostiene que las familias se enfrentaron a una obstrucción al acceso a la justicia por parte de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial.
El material también acusa a las instancias de dilatar y dividir expedientes, liberar a los acusados bajo la premisa de que fueron torturados, pero sin perseguir a los torturadores, desechar pruebas obtenidas con colaboración internacional, descartar el delito de desaparición con “argumentos insostenibles”, ordenar la destrucción de videos, entorpecer las investigaciones y ‘ocultar la verdad’.
Por último, apunta que en años recientes han fallecido al menos 26 responsables de los hechos y uno de ellos fue ejecutado durante un operativo fallido de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Miles de personas, encabezadas por pos padres y madres de los normalistas, marcharon este lunes para pedir justicia en el caso y denunciar impunidad, a ocho años del suceso.
Desde la publicación del informe de la COVAJ se han emitido diversas órdenes de aprehensión contra mandos militares y autoridades de distintos niveles por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el caso. Sin embargo, también se han absuelto a decenas de imputados y se han cancelado solicitudes de órdenes de aprehensión.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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