La movilización avanzó por las comunidades de Amatitlán, El Caracol y Colonia Los Pinos y acusó que las autoridades buscan atemorizar a los pueblos originarios y les impiden patrullar por las carreteras federales, a pesar de contar con el respaldo de “la propia Constitución”.
“Sabemos que a los tres niveles de gobierno no les interesa la seguridad de los pueblos indígenas”, dijo el coordinador de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas.
La Coordinadora también exigió que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda atienda y brinde protección, seguridad y defensa amplia e inmediata a los habitantes de Ciénega de Puerto Alegre, municipio de San Miguel Totolapan, y en Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, ubicados en la Sierra Madre del Sur y asediados por los asesinatos, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado.
De acuerdo con Morales Rojas, se tenía previsto que los niños integrados a la CRAC-PF participaran en la movilización, pero decidieron dar una semana para que sus demandas sean atendidas. De lo contrario, dijo, “vamos a armar a 70 niños y niñas”.
La violencia en las comunidades de La Montaña de Guerrero y la falta de atención por parte de las autoridades provocó que el 10 de abril de 2021 40 niños indígenas marcharan armados como policías comunitarios, “denunciando las tropelías del gobierno y disparando contra quienes han causado la muerte de sus padres y que son la principal amenaza para el futuro de la comunidad”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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