viernes, 17 de diciembre de 2021

Urgen cumplir indemnización a familiares de potosinos ejecutados por policía de NL

Por los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2020, en la zona conocida como Los Cristales, al sur de Monterrey murieron, por heridas de bala, los huastecos de la etnia tének Claudio Francisco Martínez y Gregorio Santiago Margarito.

Familiares de dos indígenas potosinos ejecutados y tres de sus acompañantes heridos en el mismo incidente por un policía estatal de Fuerza Civil, el año pasado en esta capital, esperan recibir la compensación económica que recomendó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), y que hasta ahora les ha sido negada, demandaron organismos civiles.

Por los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2020, en la zona conocida como Los Cristales, al sur de Monterrey murieron, por heridas de bala, los huastecos de la etnia tének Claudio Francisco Martínez y Gregorio Santiago Margarito, y resultaron lesionados Jaime y Venancio Santiago Margarito, así como Felipe Martínez Martínez.

Los organismos Zihuame Mochilla y Consejo Cívico señalaron que la CEDHNL emitió la recomendación 2/2021 el pasado 7 de mayo, en la que reconoció la detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales y exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado a reparar el daño causado a las víctimas con diversas medidas, como la indemnización adecuada.
“Fue aceptada (la recomendación) por el secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua. Pese a que en septiembre de 2021 la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas emitió el plan de reparación en el caso, la Secretaría de Seguridad Pública aún no indemniza a las víctimas”, se quejaron las organizaciones no gubernamentales.
Señalaron que los familiares de las víctimas mortales y los sobrevivientes al ataque han hecho un llamado al gobernador Samuel García, a Fasci, actual secretario de Seguridad estatal, y al titular de la Tesorería, Carlos Garza a cumplir con las medidas de reparación correspondientes, por las necesidades urgentes de las familias que quedaron desprotegidas con el ataque.

“De tal forma que puedan seguir haciendo frente a las consecuencias de las graves violaciones a derechos humanos que implican la pérdida de los principales proveedores económicos de dos familias, así como la incapacidad de dos de los sobrevivientes”, señalan las ONGs.

Consejo Cívico y Zihuame Mochilla se dijeron preocupadas por la prevalencia del estado de derecho en la entidad, y pidieron al mandatario y a los funcionarios estatales que cumplan con la indemnización, de acuerdo al plan estatal de reparación integral emitido.

Por el crimen son procesados el agente Isaí, de 29 años, por homicidio calificado, así como por abuso de autoridad y César, de 49, por este último delito únicamente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

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