La detención de Gutiérrez de la Torre, señalado por encabezar una red de trata de personas cuando estaba al frente del PRI en la Ciudad de México, preocupa a quienes asesoran legalmente a las víctimas, pues acusan que “las redes de complicidad que lo protegen” quedaron evidenciadas este mes, luego de que un Juez lo amparó para no ser detenido.
El Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, concedió el pasado 15 de octubre un amparo a los expriistas investigados por tentativa de trata de personas y ordenó dictar nuevas órdenes de aprehensión.
Durante los últimos cinco años ese juzgador “ha protegido” a los exfuncionarios, denunció en entrevista Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), que junto a la clínica de litigio estratégico del ITAM y el grupo de Acción por los Derechos Humanos se encarga de la defensa legal de mujeres que fueron víctimas de la red de trata.
“En esta ocasión [el amparo] cayó nuevamente con el Juez Erik Zabalgoitia, que es el mismo que nos tuvo cinco años luchando para que no se cerrara el expediente, entonces presumimos que hay algún tipo de relación porque cada vez que le otorgaba el amparo íbamos a un recurso de revisión y nos tocaba el Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que le corregía la plana [al Juez] y lo obligaba a que le negaran el amparo [a Gutiérrez de la Torre] o se los otorgará a las víctimas. Y así nos pasamos cinco años hasta que el Tribunal Colegiado ordenó reabrir el expediente y fue que se consignó”.
En el amparo, el Juez Zabalgoitia Novales consideró que las órdenes de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre y sus excolaboradores no están fundamentadas, pese a que, de acuerdo con la defensora, la carpeta de investigación cuenta con más de 500 datos de prueba para justificar las detenciones. “Una vez más extendieron los tentáculos de la corrupción y el tráfico de influencias para defenderlos”, acusó la CATWLAC en un comunicado.
Entre 2019 y 2020 el juzgador ha frenado con amparos y suspensiones provisionales las detenciones de exfuncionarios como Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y Karime Macías, quien presidía el DIF de Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte.
EXIGEN JUSTICIA
Las mujeres que denunciaron a Gutiérrez de la Torre y sus colaboradores están preocupadas por las trabas que han enfrentado para acceder a la justicia; quienes las asesoran legalmente interpusieron un recurso de revisión contra los amparos otorgados a los expriistas, ahora el caso será analizado por un Tribunal Colegiado, por lo que el proceso podría extenderse de tres a seis meses.
“Retrasar la aprehensión de Gutiérrez de la Torre significa seguirles alargando a las víctimas la incertidumbre, esa sensación de impotencia, porque después de cuántos años, desde el 2014, no han logrado el acceso a la justicia. Ha sido muy difícil. Hay momentos en que ya están hartas, quieren aventar la toalla. Es precisamente porque desde un inicio saben que se están enfrentando a alguien que tiene mucho poder, muchas redes de complicidad que lo protegen y que lo ayudan, empezando por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo Penal”, denuncia Teresa Ulloa.“¿Qué pasa con los derechos de las víctimas? ¿Qué pasa con su integridad física, pero también psicológica?, porque están sometidas a una presión, a un desánimo por vivir la impunidad como la han vivido durante tantos años. Es muy duro”, denuncia Teresa Ulloa.
En abril de 2014 un reportaje elaborado por la Unidad de Investigaciones Especiales de MVS Noticias, del programa de Carmen Aristegui, reveló que Cuauhtémoc Gutiérrez lideraba una red de trata con fines de explotación sexual cuando dirigía el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México. La investigación periodística expuso que el equipo del funcionario se encargaba de reclutar a jóvenes de entre 18 a 32 años, quienes eran violentadas y recibían un pago quincenal proveniente de la Secretaría de Finanzas del partido.
Sandra Esther Vaca Cortés, quien era secretaria particular de Gutiérrez de la Torre, fue señalada desde entonces por reclutar a las mujeres, mientras que Zamorano Pineda fue acusado por pagarles, además de ser el encargado de destinar recursos para la publicación de anuncios donde se le ofrecía a las mujeres trabajar en la oficina del PRI capitalino.
Gutiérrez de la Torre negó las acusaciones y la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cerró el caso en 2015, exonerando al priista. Fue hasta septiembre de 2020 cuando Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la Ciudad de México, informó que la investigación sería reabierta.
En marzo de este año la Fiscalía de la capital anunció que solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) girar una ficha roja para buscar al expriista en 195 países, pero, de acuerdo con Teresa Ulloa, el político podría seguir en México ya que el Instituto Nacional de Migración aún no tiene reportes de que haya salido del país.
La defensora denunció que desde ese mes preocupa cómo se ha investigado el caso, pues recordó que Gutiérrez de la Torre pudo huir gracias a que fue alertado de su arresto.
“Yo creo que hubo filtración y no sabemos exactamente dónde. No sabemos si fue en el tribunal o en el juzgado o no sabemos si fue la policía de investigación que lo está acompañando. Creemos que es por ahí porque poco después el jefe del grupo que estaba tras Gutiérrez de la Torre renunció y se fue de la Fiscalía, pero no tenemos pruebas para poder decir por aquí, por acá”, mencionó.
Para la CATWLAC otro pendiente en el caso es que la Fiscalía local reformule las imputaciones contra Gutiérrez de la Torre, Vaca Cortés y Zamorano Pineda, pues actualmente son investigados por los delitos de tentativa de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, y trata de personas en la modalidad de publicidad Ilícita y engañosa, así como por asociación delictiva, pero la coalición considera que la trata es un delito acabado ya que sí hubo reclutamiento de mujeres, también opina que se les debió acusar por delincuencia organizada, pero aseguró que la dependencia aún está a tiempo de modificar las imputaciones.
Mensaje a medios, Fiscal General Ernestina Godoy https://t.co/SVvge4Dgpv
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 11, 2021
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MONTSERRAT ANTÚNEZ ESTRADA.
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