“Parecía que las personas que representan a las instituciones públicas de defensa de los derechos humanos estaban automáticamente protegidas por lo que representan: la dignidad humana en su más acabada expresión.
“Acabamos de ver, con espanto, que no es así. Los criminales están dispuestos a todo dada la ineptitud de las autoridades para ejercer el primer deber de los gobernantes: garantizar la seguridad de las personas”, subrayó dicho departamento de la máxima casa de estudios.
Tras destacar la exigencia de que se detenga a los asesinos de De la Toba y se haga justicia, el PUDH manifestó que “la gravedad del crimen debe ser una llamada para que los gobernantes, la academia y la sociedad civil hagamos un esfuerzo auténtico y efectivo de reflexión y trabajo para reparar la ruina en que se han convertido las instituciones de seguridad pública y justicia penal”.
Asimismo, consideró “indispensable y apremiante que se tomen las medidas adecuadas y suficientes para proteger eficazmente tanto a los integrantes de las instituciones públicas, como a los miembros de las organizaciones civiles de derechos humanos”.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: REDACCION