Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Videos de explosión de Iztapalapa deberían ser públicos: expertas

La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.

La volcadura y explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre estremeció a la Ciudad de México. Aunque la ciudadanía exige conocer qué pasó, la Fiscalía de la CDMX insiste en no mostrar los videos de aquel día.

La dependencia argumenta que revelar las imágenes podría afectar la investigación y los derechos de las víctimas. Sin embargo, se contradice, ya que había mostrado videos del C5 en las primeras horas tras la tragedia.

Las imágenes revelaban cómo la pipa avanzaba unos metros, desaparecía del ángulo de la cámara y, segundos después, una densa nube blanca de combustible se extendía hasta cubrir árboles, autos y edificios, seguida de una explosión que consumió todo a su paso.

SOLICITUD DE TRANSPARENCIA NEGADA

Semanas después, EMEEQUIS solicitó a la Fiscalía, mediante la solicitud de transparencia número 092453825002424, el acceso a todos los videos disponibles del C5 y de particulares. La respuesta fue negativa, alegando que el material forma parte de la carpeta de investigación, por lo que está clasificado por tres años.

“Buenas tardes. Quisiera una copia de todos los videos de la explosión de Santa Marta del 10 de septiembre, tanto de cámaras del C5 como de privados que hayan sido proporcionados por civiles”, fue la solicitud enviada por este medio.

“EL INTERÉS PÚBLICO ESTÁ POR ENCIMA”: JULIETA DEL RÍO

En entrevista para EMEEQUIS, Julieta del Río Venegas, excomisionada del extinto INAI, señaló que, aunque la ley permite clasificar información de una carpeta de investigación, la Fiscalía debió justificar la “prueba de daño”, demostrando por qué la difusión de esos videos afectaría el proceso judicial o los derechos de las víctimas, algo que no ha ocurrido.

“Ellos dicen que lo hacen por respeto a las personas involucradas, pero no se visualiza si el Comité de Transparencia valoró la prueba de daño. Eso es fundamental, pues así lo marca la ley”, explicó.

Del Río agregó que la fiscal Bertha Alcalde incurre en contradicciones:

“Ella dijo que clasificaron la información porque así lo hacen en todos los expedientes, pero al mismo tiempo convocó a una conferencia el 10 de octubre para mostrar algunos videos. Quieren reservar la información, pero solo mostrar una parte. Desde mi perspectiva, está mal fundamentado, porque el interés público prevalece”.

“NO HAY RAZÓN JURÍDICA PARA RESERVARLOS”: MARÍA MARVÁN

María Marván Laborde, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y excomisionada presidenta del entonces IFAI, coincidió en que la reserva carece de justificación legal.

“Ciertamente los videos forman parte de la carpeta de investigación, pero eso no significa que deban reservarse. Ya hicieron públicos algunos; como mínimo deberían entregarlos. Además, las imágenes no revelan hipótesis, imputaciones o datos personales sensibles.”

La Fiscalía informó que no podía proporcionar ningún video, pese a que se corroboró que solicitó imágenes a particulares. Marván señaló que el material tampoco puede considerarse de seguridad nacional, ya que la hipótesis oficial es un accidente con el chofer como único posible responsable.

“Si hubiera indicios de terrorismo, podría haber una razón para reservarlos. Pero no es el caso. Entonces, no hay razón jurídica válida para mantenerlos ocultos.”

Sobre el plazo de tres años, la especialista lo consideró excesivo:“Si la investigación está bajo la hipótesis de accidente, la reserva debería concluir antes. Al hacerlo así, alimentan las sospechas públicas: si fue un accidente, ¿por qué censurar los videos? ¿Qué se está viendo que no quieren mostrar?”

“Al reservarlos hacen más daño a la opinión pública que entregando la información completa. Generan el famoso sospechosismo”.

IMÁGENES CLAVES Y FALTA DE TRANSPARENCIA

La reserva de los videos podría esclarecer detalles cruciales: velocidad del vehículo, estado de la carretera o posibles fallas mecánicas. Sin embargo, se suma a la larga lista de baches en el proceso de la Fiscalía: incongruencias, retrasos y falta de comunicación con las víctimas.

Por ahora, las imágenes que millones vieron en redes sociales siguen siendo las únicas pistas visibles de una tragedia que, más allá de su dimensión humana, ha puesto a prueba los límites de la transparencia y el derecho a la información en la CDMX.

Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas. A casi un mes del siniestro, no hay conclusiones periciales definitivas ni claridad sobre las responsabilidades de la empresa de gas ni de las autoridades encargadas del transporte de combustibles.

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO, NATALIA ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Si Araceli Brown intenta cruzar a Estados Unidos, será detenida

A la ex alcaldesa de Rosarito, y diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo, le revocaron su visa de turista para internarse a los Estados Unidos el 19 de septiembre de 2025, un día después que el Departamento del Tesoro, la incluyera, junto a los empresarios Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, como parte de una red del Imperio del Contrabando en Rosarito, en alianza con la célula de Los Mayos del cártel de Sinaloa.

Fuentes en los Estados Unidos informaron a ZETA, que la ex alcaldesa cruzó la frontera hacia la Unión Americana, por última vez, el 14 de septiembre de 2025, que por tanto mantiene su documento de visa, pero esta ya ha sido revocada, y que en caso de que ella decidiera acudir a la garita internacional con ese documento, no solo se le retiraría sino que ella sería aprehendida, bajo la orden ejecutiva (decreto) 13224, la misma que firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 20 de enero de 2025, y que designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

Dicha orden crea un proceso mediante el cual ciertos cárteles internacionales y otras organizaciones serán designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras, de conformidad con el artículo 219 de la INA (8 USC 1189), o Terroristas Globales Especialmente Designados, de conformidad con la IEEPA (50 USC 1702) y la Orden Ejecutiva 13224 del 23 de septiembre de 2001 (Bloqueo de Bienes y Prohibición de Transacciones con Personas que Cometen, Amenazan con Cometer o Apoyan el Terrorismo), y sus enmiendas, misma que firmó el Presidente George Bush en el contexto de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York.

En la Orden Ejecutiva de Trump se especifica que “los cárteles internacionales constituyen una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional, y sus actividades abarcan:

(i) convergencia entre ellos y una gama de actores extrahemisféricos, desde organizaciones terroristas extranjeras designadas hasta gobiernos extranjeros antagónicos;

(ii) sistemas adaptativos complejos, característicos de las entidades que participan en la insurgencia y la guerra asimétrica; y

(iii) infiltración en gobiernos extranjeros en todo el hemisferio occidental”.

En suma “Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no sólo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas despiadadas”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES).
AUTOR: .

Ley de Amparo dejaría en estado de indefensión a ciudadanos: abogadas de Tijuana

La Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco calificó como “un retroceso” la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo. El organismo señaló que con la pretendida modificación podría vulnerarse el principio de presunción de inocencia.

La presidente de la asociación civil, Estefanía Campos García, subrayó que la iniciativa se perfila para que el ciudadano se vea imposibilitado de buscar la suspensión ante actos de autoridad emprendidos en su contra.

“Esta suspensión es la que se ve restringida principalmente en dos temas, prisión preventiva oficiosa y bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial”, manifestó en entrevista con ZETA la representante de la comunidad jurídica local, quien se dijo en desacuerdo con que procedieren tales medidas sin estar en curso un proceso.

“Ya le están bloqueando sus cuentas o ya le están girando una orden de aprehensión sin que haya llevado un proceso, pues prácticamente deja en un estado de indefensión para proteger sus derechos”, remarcó.

Observó que la Unidad de Inteligencia Financiera, con atribución para bloquear cuentas bancarias ante presuntas conductas ilícitas, no es una autoridad judicial sino administrativa.

“Entonces (la UIF) presume que una empresa o una persona física puede estar llevando a cabo una actividad ilícita, pero no lo acredita”, detalló.

De acuerdo con la entrevistada, actualmente obran 7 mil suspensiones por bloqueo de cuentas bancarias. “Se está revisando cuál es el trasfondo de la situación para ver si la empresa o la persona realmente tienen que estar sujetos a este bloqueo”, expuso Campos García y reiteró que “lo que se pretende es eliminar esta suspensión para que ya no se necesite una orden judicial”.

La iniciativa de reforma ya fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, las cuales habrán de dictaminar en el ánimo de someter a votación el proyecto legislativo.

A mediados de semana la presidente Claudia Sheinbaum informó que el artículo transitorio de la Ley de Amparo debía aclararse dado que estipulaba que la norma fuera retroactiva.

“La Constitución ya ha determinado que la ley no puede ir hacia atrás, no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de una persona”, manifestó Estefanía Campos García. Semejante figura “deja en un estado de incertidumbre en todas las personas que ya iniciaron un proceso y tienen una suspensión otorgada”, añadió.

La abogada dio a conocer que el 14 de octubre la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco hará un posicionamiento en el Congreso de la Unión en torno a la iniciativa de reforma de la Ley de Amparo.

“El Estado debe aprender a salvaguardar los derechos humanos y esto no significa que por el hecho de que manifiesten que algunas personas han abusado de esta figura se tenga que restringir los derechos de todos. Entonces de alguna manera es este nuestro punto de vista”, recalcó.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO ANDRADO URIBE.

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer este viernes que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara al banco de lavado de dinero el pasado 25 de junio.
"Derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó se proceda al Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras de este banco aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito", indicó el IPAB en un comunicado.
El lunes 13 de octubre el IPAB iniciará el pago de la obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras del banco, indicó el Instituto. Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales.


Respecto al pago de obligaciones, el IPAB dijo que los efectuará en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que el banco haya entrado en estado de liquidación, sin que sea necesaria la presentación de una solicitud de pago, tomando como base la información que la institución en liquidación mantenga en sus sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos.

Los depósitos de los cuentahabientes en CIBanco están cubiertos por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión por persona (tres millones 424 mil 262.40 pesos, al 10 de octubre de 2025). Esta cobertura, explicaron la autoridades, es aplicable sólo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables.

Las sucursales de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación, que se muestran continuación permanecerán abiertas a partir del 13 de octubre de 2025, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas, exclusivamente para consultas, aclaraciones o presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas, pero no para operaciones activas o de servicios.
"El IPAB no garantiza, entre otros, depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, con independencia del saldo que mantengan depositado. No obstante, estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación", añadió el Instituto.
Desde el 25 de julio, el Departamento del Tesoro había dado a conocer órdenes emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su siglas en inglés) que prohibirían ciertas transferencias de fondos que involucren a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa,  y que constituyen las primeras acciones tomadas al amparo de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

A raíz de las acusaciones del Gobierno estadounidense, el Banco de México asumió temporalmente la gestión de dichas instituciones financieras con el objetivo de supervisar su operación, garantizar el cumplimiento de las regulaciones, y evitar afectaciones a las y los usuarios del sistema financiero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

Sheinbaum explicó que todavía hay varios procedimientos hacia adelante que se deben de seguir para cobrar los adeudos de Salina Pliego, los cuales están establecidos en el código financiero.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que el magnate Ricardo Salinas Pliego sigue sin dar señales de querer pagar los adeudos millonarios que tiene con el Gobierno Federal, que ascienden a 74 mil millones de pesos. "Se ha dado la información, pero no se ha dado de parte del empresario o de alguno de sus representantes algo que diga sí, sí se va a pagar", aseguró la mandataria.
"Este empresario tiene nueve casos en la Corte, esos casos como mencionó aquí la Procuradora fiscal tienen un monto de alrededor de 48 mil millones de pesos. Como lo mencionamos, si él decide pagar antes de que llegara la resolución de la Corte, puede tener los descuentos previstos por el código financiero, de multas y otras características dentro del marco legal. Tres de esos juicios ya tienen asignado al Ministro que va a realizar la ponencia, los otros todavía no tienen. Los otros casos que mencionó hace ya meses la Procuradora están en otros niveles, no han llegado a la Corte todavía, están en tribunales colegiados, en el Tribunal Administrativo. [Son proceso] que con la Ley de Amparo serían más cortos", destacó la mandataria ante una pregunta de SinEmbargo.
Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal explicó que todavía hay varios procedimientos hacia adelante que se deben de seguir para cobrar los adeudos de Salina Pliego, los cuales están establecidos en el código financiero y reiteró que se reunirá con acreedores del empresario.


A finales de septiembre, Salinas Pliego había solicitado a Sheinbum, a través de su cuenta de X, antes Twitter, negociar un "pago justo" de su deuda, a lo que la mandataria respondió que “la Ley no se negocia”.

De acuerdo con cálculos de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), el conglomerado de empresas de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas, acumula una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos. La mandataria dijo que el pago del adeudo no es algo que ocurrirá en un sólo día, y que hay una serie de pasos a seguir para ello.
"Una vez incluso que la Corte determine, ustedes pueden hacer una revisión del código financiero, que está revisando la Secretaría de Hacienda. Son varios pasos para cobrar las deudas de este empresario o de cualquier otro que tuviera con el SAT. Ya si gustan en otro momento podemos presentar aquí en la mañanera", añadió la Presidenta.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Gobierno de Aguascalientes coopta al PJ a favor de intereses inmobiliarios: denuncian ambientalistas

El abogado de las inmobiliarias, Gustavo Martínez Romo, pertenece a una familia de exservidores públicos de primer nivel en los gobiernos del PAN, mientras que el nuevo juez a cargo de resolver los amparos de las organizaciones, fue asesor de la bancada panista en el Congreso local.

Organizaciones ambientalistas acusaron la intervención de nuevos jueces federales en Aguascalientes, vinculados con el PAN, en la defensa jurídica de espacios naturales contra la industria inmobiliaria, un sector que ha sido favorecido por la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel.  

Eso ocurrió con el proceso legal para blindar a la mezquitera La Pona, un bosque urbano con fauna nativa que funciona como uno de los dos únicos pulmones naturales que quedan en la capital del estado y cuyo terreno pertenece a dos inmobiliarias: Patrimonio Inmobiliario, S.A. de C.V. SOFOM ENR, y Próxima S.A. de C.V.

Como alcaldesa y luego gobernadora, Jimenez Esquivel intentó urbanizar ese espacio con el objetivo de que posteriormente pudiera convertirse en un condominio residencial.  

Mientras que el abogado de las inmobiliarias, Gustavo Martínez Romo, pertenece a una familia de exservidores públicos de primer nivel en los gobiernos de Acción Nacional.  

Javier Soto Reyes, exasesor de la bancada panista en el Congreso local, participante del Frente por la Familia, director de Asuntos Jurídicos y posteriormente secretario del Ayuntamiento en la capital del estado, donde intervino como apoderado legal del gobierno en los juicios de amparo promovidos por ambientalistas contra la destrucción de la mezquitera. 

Tras la elección judicial local celebrada este año, Soto Reyes se convirtió en juez séptimo de Distrito, desde donde quedó a cargo de resolver tres amparos presentados por las organizaciones: uno para proteger a la mezquitera, otro contra los incendios en zonas de protección ambiental y el último contra los cambios en el Programa de Ordenamiento Ecológico municipal, que levantaron la protección al hábitat de la rana de madriguera, una especie endémica en peligro de extinción. Desde ahí, de acuerdo con asociaciones civiles, obstaculizó el proceso de amparo de protección a La Pona.  

Luego se declaró incompetente para resolver los casos por conflicto de interés según lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Amparo, que señala que jueces y ministros deberán excusarse de resolver asuntos “si han sido abogados, abogadas, apoderados, apoderadas de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo”.  

“Esa persona cercana al gobierno toma el caso, acumula los procesos de La Pona y no nos da acceso al expediente. Luego abre dos expedientes distintos para tramitar el mismo juicio acumulado, y él puede notificarnos en uno o en el otro, y en uno estamos notificados en un aspecto y en el otro no, eso genera una falta de certeza jurídica que impide que podamos defendernos. (...) Soto Reyes primero puso una bomba en el juicio, nos obstaculizó, continúo el juicio sin que tuviéramos acceso al expediente y después se declaró incompetente para resolver el caso”, dijo la abogada Carla Escoffié.  

“Uno de los juzgados encargados de resolver amparos ambientales en Aguascalientes está en manos de una persona estrechamente vinculada al actual Ayuntamiento de la ciudad, el cual se ha caracterizado por tomar decisiones a favor de los intereses inmobiliarios”, señaló un comunicado de la Red de Colectivos por la Defensa del Territorio en la entidad, conformada por una decena de organizaciones sociales en favor de los derechos ambientales.
“Si mañana ocurre algo en el Bosque de Cobos, o hay un nuevo desarrollo inmobiliario, la posibilidad de protegerse vía judicial está en serios riesgos porque prácticamente lo que está haciendo el gobierno de Aguascalientes es cooptar al Poder Judicial a través de la elección, ahorita lo que tenemos son jueces y magistrados que tendrían que demostrarnos si son inmobiliarios”, agregó Escoffié.  
Soto Reyes no es el único militante panista o exfuncionario del gobierno estatal que ganó las elecciones para juez federal, otros tres magistrados de los Tribunales Colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal tuvieron cargos de confianza en el gobierno estatal, y al menos once nuevos magistrados y magistradas de circuito figuraron en el acordeón difundido por militantes panistas durante el proceso electoral.

En el Poder Judicial del estado, el 60% de los nuevos integrantes son militantes panistas en activo o tuvieron distintos cargos públicos en administraciones panistas, entre ellos María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, quien a través de un proceso opaco y fuera de la ley, fue designada como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad.  

“Denunciamos que intereses inmobiliarios están buscando cooptar los juzgados para impedir la defensa del derecho al medio ambiente y del derecho a la ciudad. Esta situación compromete la imparcialidad en la justicia ambiental en el estado, en un contexto en el que hemos enfrentado distintos intentos por sabotear los juicios de amparo en defensa del medio ambiente, particularmente el amparo de La Pona y el amparo de la ranita de madriguera. (...) Estamos hablando del futuro ambiental de la ciudad y del estado. Urgimos a hacer un escrutinio popular sobre todas las personas juzgadoras electas, para identificar los vínculos que comprometan su imparcialidad en temas de medio ambiente”, agrega el comunicado de las organizaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.

Secretaría de Bienestar de CDMX: la dependencia de los sobreprecios

Los contratos de la Sebien CDMX exhiben la adquisición de insumos alimenticios, perecederos y abarrotes a precios muy superiores al costo comercial.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (Sebien CDMX), que encabeza Araceli Damián, ha comprado artículos con sobreprecios de más de 60% a la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales, de acuerdo con documentos oficiales.

Los contratos exhiben la adquisición de insumos alimenticios, perecederos y abarrotes de la dependencia capitalina a precios muy superiores al costo comercial.

En el primer trimestre de 2025, la Sebien CDMX firmó tres contratos por más de 9.1 millones de pesos con Abastos y Distribuciones Institucionales a pesar de los altos precios que ofrece.

Un ejemplo es el aceite de oliva de la marca Ybarra de 946 mililitros, el cual tiene un precio comercial de 250 pesos en Walmart, mientras que Abastos y Distribuciones Institucionales S se lo vendió al gobierno capitalino en 403.06 pesos, es decir, 153.06 pesos más, lo que representa un sobreprecio de 61.44%.

LOS ALTOS PRECIOS

El 27 de diciembre de 2024, el director general de Administración y Finanzas de la Sebien CDMX, José David Méndez Santa Cruz, y el representante legal de Abastos y Distribuciones Institucionales, Álvaro Santiago Cabrera Pichardo, firmaron el contrato SEBIEN/CRMS/001/2025 por 8.5 millones de pesos para “la Adquisición de Insumos Alimenticios, Perecederos y Abarrotes, para la preparación de comidas en los Centros de Asistencia e Integración Social CVC-TECHO para el mes de Enero 2025”.

En el contrato se detallaron 246 productos alimenticios que serían entregados a la dependencia capitalina. Tras una revisión y comparación hecha por EMEEQUIS, se revelan los sobreprecios acordados entre la dependencia capitalina y el proveedor.

Los precios ofertados por el proveedor son de enero de 2025 y los comparados por EMEEQUIS son de octubre de 2025.

Por ejemplo, se pidió aceite de oliva de la marca Ybarra de 473 mililitros: la Sebien y el proveedor acordaron un precio de 200.94 pesos. Este artículo en tiendas Chedraui tiene un precio de 142 pesos, es decir 58.94 menos, por lo que se pagó un sobrecosto de 41.50%.

O bien, el aceite de canola de un litro de la marca Maravilla, por el cual el gobierno capitalino pagó 69.54 pesos y la distribuidora de abarrotes La Valenciana lo ofrece en 46 pesos, 23.54 pesos menos, por lo que se pagó un sobreprecio de 51%.



Otro alimento que se pidió fue atún en Agua Nair 1.88 kg y se pagaron 378.35 pesos, y en la distribuidora de abarrotes La Valenciana tiene un precio de 241 pesos. La Secretaría de Bienestar pagó 137.35 más, un sobreprecio de 57%. 

Por la salsa catsup Clemente Jacques 340 gramos se pagó 26.80 pesos, y en la tienda Aurrera tiene un precio de 15 pesos. Cereal seco para lactantes Gerber mi 1er cereal arroz 270 gr por el que se pagó 81.46 pesos, y en la tienda Aurrera tiene un precio de 60 pesos.

También se pidió harina para Hot Cakes Tres Estrellas 1 Kg de la marca Tres Estrellas. Por ella se pagaron 80.21 pesos, y en la tienda Chedraui tiene un precio de 45 pesos, es decir, 35.21 pesos menos, Precio del 76.54%.

En la leche para niños también se registraron precios elevados. Se pidieron latas de fórmula  fórmula infantil Nan 2 de 1.2 kg. La dependencia capitalina pagó 659.55 pesos, en Farmacia Benavides tiene un precio de 462 pesos. 

Fórmula  infantil Nan 3 de 1.2 kg, la secretaría capitalina pagó 450.17 pesos, y en Farmacias del Ahorro tiene un precio de 353.90 pesos.

En el precio de la carne se registran sobreprecio. Se pidió bistec de cerdo corte de alambre y se pagaron 217.69 pesos por kilo, y en las tiendas Calimax el bistec ranchero de cerdo por kilo tiene un precio de 106 pesos.

Se solicitó un kilo de chuleta ahumada de cerdo, y se pagaron 215.01 pesos mientras que en la tienda Walmart tiene un precio de 143 pesos el kilo. También queso manchego de la marca La Villita de un kilo, por el cual se pagaron 314.06 y tiene un costo comercial de 240 pesos en tiendas Chedraui.

Además el gobierno de la Ciudad de México firmó otros dos contratos con Abastos y Distribuciones Institucionales S. A. de C.V., el SEBIEN/CRMS/002/2025 por el “Suministro y Control de Alimentos Perecederos y Abarrotes para la Preparación de Comidas” con un monto mínimo de 298 mil pesos y un monto máximo de 2 millones 980 mil pesos. 

Y El contrato SEBIEN/CRMS/003/2025 por el “Suministro y Control de Insumos Alimenticios, Perecederos y Abarrotes, realizando un pedido Semanal, con entregas diarias a cada comedor del Programa de Comedores Consolidados para el bienestar CEDA y UNISA”. Un monto mínimo de 250,000 y un monto máximo de 2 millones 500 pesos.

Entre los contratos que también contienen sobre precios, un ejemplo es el SEBIEN/CRMS/002/2025Se en el que se solicitó una mayonesa McCormick de 3.4 kilos. Pagaron 367.76 y en las tiendas Sam’s Club tiene un precio de 295.64  pesos. El frijol bayo marca El Labrador de un kilo por el cual se pagaron 69.93 y que tiene un costo de 47.50 pesos en distribuidora de abarrotes La Valenciana.

También el contrato SEBIEN/CRMS/003/2025 exhibe los sobreprecios. Se pagaron 194.40 pesos por un bote de mostaza de 3.85 kilos, el cual tiene un costo de 152.99 pesos en Mercado Libre. Se pidió una bolsa de 3 kilos de puré de tomate marca La Costeña y se pagaron 126.56 pesos: este producto tiene un costo de 83.60 la pieza en abarrotes Scorpion.

Así, la Sebien CDMX, que encabeza Araceli Damián, maneja la chequera de la dependencia capitalina sin aplicar los principios de austeridad de la llamada Cuarta Transformación, con sobreprecios a todas luces evidentes.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE.

Eric Flores ahora dice que todos somos culpables de la invasión del narco

“Hemos permitido que el crimen organizado invada México”, dice el diputado morenista Eric Flores, quien sostiene ante micrófonos sus declaraciones filtradas pero ahora culpa a la sociedad en lugar de los políticos.

El diputado morenista Hugo Eric Flores sostuvo sus declaraciones de que el narcotráfico está infiltrado en la sociedad y la política y que no es un fenómeno nuevo del que se pueda culpar a este gobierno o el pasado porque no surgió hace siete años. 

Incluso fue más allá y se refirió al fenómeno como una “narcosociedad” de la que todos, dijo, somos culpables, comenzando por las instituciones y los gustos culturales porque permiten la apología del delito. “Hemos permitido que el crimen organizado invada México”.
Agregó: “Lo que cantamos, lo que oímos, lo que consumimos en redes sociales, en plataformas, se ha creado una cultura de la muerte. Antes los jóvenes querían ser abogados, querían ser doctores. Hoy algunos aspiran a ser líderes de algún cártel, porque hemos magnificado eso como si fuera una profesión.

“¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones educativas? Y además, dirigiéndome en esta conferencia gente religiosa, yo decía, ¿Qué han hecho las Iglesias? ¿Qué han hecho las instituciones religiosas para combatir esto?”. 

Reconoció que no pretendía que sus palabras en dicha conferencia religiosa circularan porque sabía que podían causar escándalo.

“Pero sigo sosteniendo, no hay un narcogobierno… Toda nuestra generación de mexicanos y mexicanas ha permitido la creación de esta cultura y yo diría que en todo caso hay una narcosociedad, porque no responde a un partido político”.
Sin embargo, sostuvo sus palabras sobre el narco y la política: “¿Cómo empezó a involucrarse en la parte política? ¿No primero daban recursos y luego ponían candidatos? Y ahora, en muchos lugares, no digo que en el 70%, ellos son los candidatos”

El pasado 26 de septiembre, en un congreso evangélico, el diputado dijo: “El 70% de este país está tomado por el narcotráfico. ¿Quiénes gobiernan a los presidentes municipales? ¿Los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país? No nos engañemos, el crimen organizado pone a los presidentes municipales”, aseguró, en declaraciones que se hicieron públicas apenas antier al parecer en contra de su voluntad.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reforma a Ley de Amparo asfixiaría a pequeñas empresas al restringir suspensiones: Coparmex

Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, advirtió en 'Aristegui en Vivo' que condicionar la defensa legal al pago total de adeudos fiscales asfixiará a pequeñas y microempresas, que sin liquidez no podrán acceder a la justicia ni detener actos de autoridad, lo que pondría en riesgo su viabilidad.

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que las modificaciones a la Ley de Amparo que se discuten en la Cámara de Diputados tendrían efectos severos sobre las pequeñas y microempresas del país, al restringir el acceso a suspensiones mientras se resuelven controversias fiscales.

Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, explicó en Aristegui en Vivo que uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la eliminación de la suspensión provisional, una figura clave que protege a los ciudadanos mientras se tramita el juicio de amparo.

“La suspensión es una garantía que tenemos los ciudadanos para que, mientras el juicio de amparo se tramita, la autoridad no pueda estar ejecutando los actos que son violatorios de los derechos humanos”, señaló.

Según dijo, la reforma limita esta figura al permitir solo suspensiones definitivas y establece excepciones graves: “Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea las cuentas bancarias, prácticamente no puede haber suspensión. Y tampoco cuando se restringe un certificado de sello digital y el contribuyente no puede emitir facturas, tampoco podrá haber suspensión”.


La “asfixia” de las empresas

Ruiz planteó un escenario preocupante para las empresas ante estas restricciones. “Una empresa que tiene sus cuentas congeladas, no puede emitir facturas; sería la asfixia”, advirtió.

Además, destacó que la reforma obligaría a los contribuyentes a garantizar el interés fiscal depositando la totalidad del adeudo en el Banco del Bienestar como condición para defenderse legalmente. “Si el contribuyente se duele de que los adeudos son exagerados, que no corresponden a la realidad económica de la empresa, pues no va a tener los recursos para poder depositar esas cantidades”, dijo.

Subrayó que esta situación afectaría especialmente a las pequeñas y microempresas, que representan la gran mayoría de la economía nacional. “Pensemos en el 95% de las ganancias económicas de este país, que son pequeñas empresas, que son microempresas, que están buscando cómo pagar su nómina, cómo cumplir con proveedores. Pues no van a tener esta liquidez”, afirmó. Sin acceso a la suspensión y sin capacidad para litigar, concluyó, “eso representará prácticamente la asfixia, el ahorcamiento de la empresa”.

Justicia condicionada y derechos en retroceso

Aunque reconoció la necesidad de combatir la evasión fiscal, Ruiz insistió en que no puede hacerse a costa del acceso a la justicia. “Cerrar las puertas a la justicia es indebido, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio”, señaló. A su juicio, cuando se considera que un acto de la autoridad no se ajusta a la ley, deben existir “los mecanismos y los canales para que se defienda”.

También advirtió sobre la posible desaparición de la vía judicial para casos de prescripción de adeudos fiscales. “El día de hoy podemos ir ante la autoridad fiscal a solicitarle que declare que prescribió; si no lo declara, entonces ir a juicio. Esta posibilidad de ir a juicio también estaría desapareciendo con la reforma”, explicó. De concretarse, muchas empresas “van a ir acarreando adeudos fiscales porque no se pueden defender, y solamente se pueden defender si la autoridad les embarga sus bienes y los saca a remate”.

Llamado al Congreso: avanzar, no retroceder

Desde Coparmex, el llamado es a no retroceder en derechos. Ruiz señaló que las reformas implican un retroceso de décadas en la evolución del juicio de amparo: “Estamos regresando a 20 o 30 años atrás de cómo estaba el juicio de amparo, a pesar de que el artículo primero de la Constitución consagra el principio de progresividad de los derechos humanos. Siempre debemos ir en avance”.

El líder empresarial instó a los diputados a considerar el impacto social de la reforma: “La empresa es de interés social porque genera empleo, genera bienestar, genera riqueza. Tomar en cuenta sus intereses, tomar en cuenta los intereses de los grupos ambientalistas, de los distintos grupos de activistas que se han pronunciado, para tomar una decisión de Estado”.

Finalmente, reiteró que el país necesita un entorno jurídico sólido para atraer inversiones y responder a compromisos internacionales. “Si realmente queremos hacer un país atractivo para la inversión, potenciar el Plan México, aprovechar los polos de desarrollo, responder en esta revisión del T-MEC para que sea competitivo México y atraer inversión de distintos lugares, se requiere certeza jurídica. Con un amparo debilitado, no habrá certeza jurídica”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

SHCP confirma 16 mil millones de pesos querellados por huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la apertura de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta implicación en una red de 'huachicol fiscal'.

La presidenta Claudia Sheinbaum, explicó este jueves que su gobierno trabaja en la recopilación información de distintas dependencias y agencias para conocer la afectación económica provocada por una red de contrabando de combustible, conocido como ‘huachicol fiscal’, en medio de informaciones dispares.

Sheinbaum descartó que el daño sea de 600,000 millones de pesos, cifra que dio a conocer la semana pasada la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el Gobierno Federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce“, dijo Sheinbaum en su conferencia diaria en Ciudad de México.

La mandataria explicó que para tener un manejo y control en la información se deben revisar los datos de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de la información de importación de combustibles compartido con aduanas, la Secretaría de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sheinbaum detalló que antes no existía la “trazabilidad de los combustibles” y adelantó que al cierre de octubre de este año el Gobierno de México contará con toda la información en tiempo real de la importación y venta de combustibles.

“A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más combustible del que se importa y se produce, si viene de algún lado, que es contrabando, o no contabilidad. A partir de ahí vamos a poder contestar la pregunta de si todavía hay contrabando de combustible y de qué tamaño es”, expuso.

Sheinbaum apuntó que la declaración de la procuradora fiscal sobre contrabando fiscal de combustible fue sobre un cálculo que realizó un diputado federal, “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sin embargo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, señaló que el saldo histórico de querellas por este tipo de ilícitos asciende a 16 mil millones de pesos, equivalente a unos 873 millones de dólares.

A inicios de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la apertura de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta implicación en una red de ‘huachicol fiscal’.

La FGR expuso que los funcionarios permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos, para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos.

En el entramado de corrupción figura el ya detenido vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pena Sin Culpa exige a la SCJN audiencia sobre prisión preventiva

Pena Sin Culpa enfatizó que su objetivo es exigir transparencia y cumplimiento de la sentencia internacional, así como asegurar que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana.

El colectivo Pena Sin Culpa anunció que este jueves acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la prisión preventiva oficiosa.

Durante su visita, el colectivo solicitará al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz que se utilice la nueva figura de audiencia pública, sostener reuniones con las y los ministros para informar sobre el proceso de cumplimiento ante la Corte Interamericana.

Asimismo, que se plantee el impedimento de dos ministras para conocer del caso, debido a declaraciones previas que podrían indicar prejuzgamiento.

Daniel García Rodríguez, activista, y Simón Hernández León, abogado del caso, explicaron que su acción busca visibilizar los efectos de la prisión preventiva oficiosa, medida que actualmente afecta a más de 43 mil personas detenidas sin sentencia y bajo presunción de inocencia.

Señalaron que la audiencia pública permitiría escuchar a organizaciones de derechos humanos, personas procesadas, familiares de los afectados, colegios de abogacía, universidades, clínicas jurídicas y organismos internacionales como la ONU-DH México.

Precisaron que el objetivo es discutir la situación y generar un espacio de diálogo formal con la Suprema Corte.

El colectivo recordó que la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional, ya que contraviene normas de derechos humanos internacionales y su aplicación indiscriminada genera afectaciones significativas en personas que no han sido sentenciadas.

Destacaron que la medida no solo afecta a los procesados, sino que también tiene repercusiones en sus familias y comunidades, al limitar derechos fundamentales y prolongar la privación de libertad de manera injustificada.

Pena Sin Culpa enfatizó que su objetivo es exigir transparencia y cumplimiento de la sentencia internacional, así como asegurar que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana y se abran espacios para escuchar directamente a las personas afectadas.

Finalmente, el colectivo dijo que busca generar un proceso de supervisión más efectivo y garantizar que la SCJN considere las voces de las organizaciones de derechos humanos y de las personas que han sufrido los efectos de la prisión preventiva oficiosa.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Retiran proyecto de Esquivel Mossa tras advertencia de organizaciones de riesgo para defensa de derechos colectivos y ambientales

El asunto fue aplazado a solicitud del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, quien pidió mantener el asunto en la lista debido a que recibieron una “solicitud de audiencia para escuchar a los interesados en este tema”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar la discusión del proyecto de sentencia de la contradicción de criterios 217/2021, a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, luego de que diversas organizaciones acusaran que dicha propuesta representa un “grave riesgo para la defensa de los derechos colectivos en México, especialmente en materia ambiental”.

El asunto fue aplazado a solicitud del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, quien pidió mantener el asunto en la lista debido a que recibieron una “solicitud de audiencia para escuchar a los interesados en este tema”.

“Este es un asunto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Creo que ella misma también tiene algunas peticiones en este sentido. Le quisiera consultar si nos permite que se mantenga en lista”, señaló el ministro presidente.

“Con mucho gusto. De hecho, ya habíamos enviado un oficio para su retiro”, contestó la ministra Esquivel Mossa durante la sesión de la Corte, celebrada este 9 de octubre de 2025.

Organizaciones critican proyecto de Esquivel Mossa por violar la figura de “interés legítimo”

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, más conocido como Centro Prodh, fue una de las primeras organizaciones en posicionarse en contra del proyecto de la ministra, al señalar que “reduce el alcance del interés legítimo, incluso previo a aprobarse la reforma (a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados)”.

De acuerdo con la organización, lo anterior es así debido a que, aunque dicho proyecto se centra en casos relacionados con el derecho al medioambiente sano, su aprobación podría limitar la defensa de todos los derechos colectivos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para que organizaciones ambientales no puedan acreditar interés legítimo solo con su objeto social.

“De aprobarse se restringiría el alcance del interés legítimo de organizaciones que defienden derechos a la justicia social o ambiental que acompañan víctimas y comunidades y sería un retroceso en el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan”, señaló en Centro Prodh en una publicación en su cuenta de X.

La organización internacional Artículo 19 México y Centroamérica también criticó el proyecto al considerar que, de aprobarse, se pone en peligro a la justicia ambiental y los derechos humanos.

“Las organizaciones firmantes rechazamos que la Suprema Corte convalide este retroceso y hacemos un llamado a las ministras y ministros a reafirmar una interpretación amplia y garantista del interés legítimo. El juicio de amparo debe seguir siendo una herramienta accesible para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. En un país donde la crisis ambiental, la impunidad y la violencia institucional avanzan, limitar el acceso al juicio de amparo equivale a despojarnos de garantías judiciales en la protección de los derechos fundamentales”, señalaron mediante un comunicado firmado por 32 organizaciones.

¿De qué trata el proyecto de sentencia de la ministra Esquivel Mossa?

La contradicción de criterios 217/2021 fue originada por posturas diferentes entre diversos tribunales colegiados federales, en particular respecto a la legitimación de la asociación Greenpeace México para promover un juicio de amparo por la trasgresión al derecho humano a un medio ambiente sano.

En su proyecto de sentencia, la ministra Esquivel Mossa proponía determinar la inexistencia de la contradicción en un tema secundario, pero confirmando su existencia en un punto central: si el objeto social de una organización, plasmado en su acta constitutiva, es suficiente para acreditar el interés legítimo colectivo en asuntos ambientales.

La propuesta establece una metodología basada en preguntas para que los juzgadores evalúen, caso por caso, la afectación a los servicios ambientales y el área de influencia como elementos esenciales para acreditar dicho interés legítimo, concluyendo que el objeto social de una persona moral (organización de la sociedad civil), por sí solo, no es suficiente para demostrar el interés legítimo.

“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el objeto social de una persona moral no es un elemento que, por sí solo y analizado de manera aislada, pueda ser considerado para efectos de acreditar su interés legítimo para acudir al juicio de amparo a reclamar violaciones al derecho al medio ambiente sano, a pesar de que este se hubiese descrito en su acta constitutiva como encaminado a la protección o defensa de los derechos humanos de manera genérica o, específicamente, del derecho al medio ambiente sano”, concluía.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Marina se resiste a sentencia de la Corte; impulsa con Sheinbaum nuevas obras para ampliar el puerto de Veracruz

En marzo de 2022, la Corte resolvió un amparo en revisión que interpusieron ciudadanos de Veracruz y organizaciones de la sociedad civil; dejó sin efecto las autorizaciones ambientales que Semarnat otorgó desde 2004 para las obras de ampliación

El Sistema Arrecifal Veracruzano está nuevamente en riesgo. La Secretaría de Marina (Semar) busca hacer efectiva la ampliación del puerto de Veracruz pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2022 que las autorizaciones otorgadas en 2004 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), son anticonstitucionales y ponen en riesgo al arrecife La Gallera.

La resolución de la Corte protege al sistema arrecifal que no fue tomado en cuenta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentaron la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz y la consultora Argo Consultores Ambientales S.A. de C.V., bajo el nombre del proyecto “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”.


En la conferencia matutina del 23 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informaron que en septiembre iniciarían los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.

Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, como Territorios para la Vida (Terra Vida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earth Justice, advirtieron que el Gobierno de México insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, repitiendo el modelo de hace poco más de dos décadas, fragmentando de nuevo la evaluación ambiental del proyecto.

Terra Vida advirtió que el anuncio del secretario de Marina implica poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles, como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano, particularmente el arrecife La Gallega.

También se verían afectados ecosistemas terrestres, manglares y en general la biodiversidad marina; asimismo, preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.

La Semar y el Gobierno de México planean ampliar seis puertos para contar con un Sistema Portuario Nacional al término de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La inversión pública será de 55 mil 179 millones de pesos y la privada de 241 mil 51 mdp. El puerto de Veracruz tendrá una inversión pública de 10 mil 202 millones de pesos y privada de 10 mil 443 millones de pesos para 13 construcciones diferentes contempladas en el proyecto.

Dos décadas después de un juicio de amparo

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proviene de la demanda que interpusieron ciudadanas veracruzanas al promover un juicio de amparo, argumentando contar con un interés legítimo colectivo. Reclamaron que se vulneró su derecho humano a un medio ambiente sano.

La violación a ese derecho ocurrió cuando las autoridades responsables no evaluaron el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz conforme a la mejor información científica disponible, ni verificaron si lo dicho por la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz en diversas manifestaciones de impacto ambiental era suficiente, veraz y completo.

Cuando las autoridades responsables omiten aplicar el estándar más alto de protección del derecho humano al que se refieren, incumplen con su obligación de conservar el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador de la organización Territorios Diversos para la Vida y defensor de la naturaleza y los derechos humanos, señaló que la ampliación del puerto de Veracruz es una batalla muy antigua.

“Empezamos un litigio en contra de la ampliación en 2016. Ese litigio se presentó por dos razones que tienen que ver con la violación al medio ambiente sano. La primera violación a este derecho fundamental es porque el proyecto fue dividido en varios pedazos que presentaron a la autoridad ambiental”, recordó en entrevista con Animal Político.

Cada parte fue presentada como un proyecto a la autoridad ambiental, mismo que así evaluaron. De esta manera, se obtuvieron, aproximadamente, entre 14 y 16 diseños diferentes, como un libramiento ferroviario, un libramiento vehicular, la zona logística, entre otros planes que la autoridad paraestatal fue presentando desde 2014.

“Hay autorizaciones de 2004 a 2016 que estuvieron haciendo esta labor de fragmentación. Eso es una violación artera al derecho humano a un medio ambiente sano porque una de las formas en que se garantiza ese derecho es vía la Evaluación de Impacto Ambiental. [Esto] hace que puedas medir el riesgo y que la autoridad ambiental pueda tomar una mejor decisión de si el proyecto es viable o no, pero para eso necesita tener todas las partes”, añadió el defensor.

Martínez Esponda también enfatizó en que la autoridad ambiental, en este caso la Semarnat, debe tener todas las partes de un megaproyecto para saber cómo interactúa con otros proyectos y obras que haya en lo que denomina el Sistema Ambiental Regional.


“No es cualquier cosa y es una práctica en el mundo de la Evaluación de Impacto Ambiental, el fragmentar los proyectos. Desde que soy abogado, esto pasa”, enfatizó.

La segunda razón por la que desde Territorios para la Vida iniciaron este litigio se debe a que para evaluar los impactos que traerá un megaproyecto se debe hacer uso de la mejor ciencia disponible y hacer un trabajo serio y profundo.

“Eso, los promoventes de los proyectos saben que es riesgoso porque poner toda la información hace que se invisibilicen los proyectos y sean evaluados como debe de ser y por tanto, tengan mayores razones para no ser aprobados”, explicó.

“Omiten” la presencia de un arrecife sumergido

En el caso del puerto de Veracruz, abogados y especialistas en biodiversidad y vida marina pudieron probar que en la Manifestación de Impacto Ambiental denominada “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte” omitieron incluir un arrecife sumergido que está en la boca del nuevo puerto, a 18 metros de profundidad.

“Lo bautizamos como La Loma. Y justo se levantaba una pregunta importante que es: ¿Si el estudio ambiental fue hecho con seriedad y a conciencia, cómo es posible que se les haya perdido un arrecife por donde, además, van a pasar los barcos? Entonces, eso no era creíble. Ese litigio terminó en 2022 en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y nos dieron la razón”, agregó el abogado.

La Corte determinó en su momento que eran inconstitucionales las autorizaciones que la Semarnat había otorgado, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y de su delegación federal en Veracruz, para ejecutar el proyecto de ampliación portuario.

La resolución se debe a que las dependencias evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos.

En consecuencia, señaló Terra Vida, la Corte ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.

La organización resaltó que la fragmentación de la evaluación ambiental es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano ya que impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva.

La falta de información y, por tanto, de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia.

Ante dichas omisiones defensores y defensoras en Veracruz, junto con Terra Vida, llaman a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y a la Semar a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Corte.

“Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz”, subrayan.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Ante incertidumbre, De la Fuente asegura que México logrará una buena revisión del T-MEC

Si bien el secretario reconoció que existen “temas que son técnicamente complicados” en la agenda bilateral con Estados Unidos, el canciller expresó su confianza en que “entraremos en un proceso de revisión” con Estados Unidos y Canadá respecto al T-MEC.

Un día después que el presidente estadunidense Donald Trump mencionó que podría eliminar el T-MEC y sustituirlo por acuerdos comerciales bilaterales con México y Canadá, el canciller Juan Ramón de la Fuente advirtió que “no se van a salir con la suya quienes piensan que no vamos a alcanzar una buena revisión del T-MEC”. 

Durante su comparecencia ante el Senado, para dar a conocer un balance de su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el exrector de la UNAM agregó, en un mensaje velado dirigido a voces opositoras, que “me cuesta un poco de trabajo entender por qué no querrían que se lograra este acuerdo, que es a todas luces benéfico para los tres países”.

De hecho, De La Fuente hizo un llamado a la “unidad del pueblo de México” y de los tres poderes de la Unión. “Frente a los retos internacionales y sobre todo a los amagues intervencionistas, provengan de donde provengan, tenemos que dar una respuesta firme, de unidad y contundencia. La soberanía no se negocia bajo ningún precio”, soltó. 

Si bien reconoció que existen “temas que son técnicamente complicados” en la agenda bilateral con Estados Unidos, el canciller expresó su confianza en que “entraremos en un proceso de revisión” con Estados Unidos y Canadá respecto al T-MEC, un acuerdo que “valoramos muchísimo” y que agilizó intercambios de cerca de 800 mil millones de dólares el año pasado. 

“No hay en el horizonte elementos objetivos para pensar que no vamos a poder seguir avanzando de acuerdo con los tiempos que están establecidos”, insistió el jefe de la diplomacia mexicana, quien dijo trabajar “muy estrechamente” con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sobre el tema del T-MEC. 

“Hemos consolidado una relación de respeto y de cooperación con los nuevos gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá. Ahí están otra vez los hechos: ¿Por qué insistir en que esto no es tal? A todos nos conviene que sigamos manteniendo una buena relación”, insistió. 

De La Fuente estimó también que “hemos establecido un buen mecanismo de diálogo político, tanto con los Estados Unidos como con Canadá”, y agregó que “este diálogo se ha establecido sobre los principios que nos ha indicado la presidenta Sheinbaum: cooperación, coordinación sin subordinación y sobre el principio del respeto irrestricto a nuestra soberanía y a nuestra integridad territorial; y sobre esos términos hemos construido una relación que está funcionando en los hechos”. 

Como muestra de que esta relación funciona, el exrector de la UNAM señaló la visita de Marco Rubio a México, el pasado 2 de septiembre, de la que se acordó un “programa de cooperación de seguridad fronteriza y aplicación de la ley”. 

De La Fuente recordó que Sheinbaum ordenó que la prioridad en materia de relaciones exteriores sea la defensa de los connacionales en el exterior, principalmente a los más de 40 millones de mexicanos de primera y segunda generación que viven en Estados Unidos. 

El canciller advirtió sobre las políticas migratorias cambiantes en Estados Unidos, “con leyes que se modifican casi todas las semanas”, lo que ejerce una presión sobre el personal consular.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Incrementa abasto de medicamentos; SSA anuncia nueva licitación para compra de fármacos

El subsecretario de Salud federal aseguró que la revelación hecha en la conferencia el pasado 23 de septiembre sobre 34 empresas que no han entregado los medicamentos contratados con el gobierno federal “sí sirvió”, pues varias de ellas ya incrementaron su nivel de cumplimiento.

Aunque aún no resuelven las fallas que tuvieron en la pasada compra consolidada de medicamentos, el próximo 1 de noviembre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicará la convocatoria de licitación para la compra 2027-2028, anunció el subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark. 

Además, aseguró que la revelación hecha en la conferencia el pasado 23 de septiembre sobre 34 empresas que no han entregado los medicamentos contratados con el gobierno federal “sí sirvió”, pues varias de ellas ya incrementaron su nivel de cumplimiento; en particular, de medicinas oncológicas.

Al participar en el “Roche Press Day 2025”, ayer el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud (SSA) dijo que, para garantizar el abasto en la próxima licitación, tienen previsto que la adquisición de fármacos inicie de manera formal en el tercer trimestre del 2026. 

“A partir del primero de noviembre lo que buscamos es publicitar nuestras bases de licitación de 2027-2028. Nosotros compramos de manera bianual cerca de 5 mil millones de distintas piezas de medicamentos de casi 4 mil 500 claves”, dijo. 

Eduardo Clark ofreció: “Y esperamos poder escuchar por parte de la industria a partir del primero de noviembre, previo a que decidamos exactamente lo que vamos a comprar cuáles son las sugerencias de parte de ustedes”. 

Al final de su presentación, en entrevista con la prensa, el extitular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la CDMX explicó que para la nueva licitación tomarán medidas adicionales, entre ellas, calificar el desempeño que cada laboratorio tuvo en la primera compra consolidada:  

“Vamos a tomar en cuenta, como parte de la evaluación, el porcentaje de los cumplimientos de los contratos. Entonces habrá una penalización evidentemente a las compañías que no hayan tenido un cumplimiento previo”, dijo. 

El funcionario aclaró que la nueva forma “no solo es un ejercicio de transparencia, también es un ejercicio de visibilidad del incumplimiento que nos permita certificar hasta cierto punto el nivel de cumplimiento de cada proveedor y a partir de ahí incluirlo en la evaluación de cada compra bianual”. 

“Sí sirvió el ‘últimatum’”

Cuestionado sobre los resultados del llamado de atención que la presidenta Sheinbaum hizo hace dos semanas al revelar las 34 empresas que no han cumplido con la entrega de medicamentos contratada por el gobierno federal, el subsecretario Eduardo Clark presumió que algunas empresas ya se pusieron al corriente. 

“Sí ha servido este llamado de atención y sí ha hecho que algunas compañías, aún con la deuda pendiente que tenemos, hayan incrementado su porcentaje de entrega”, presumió. 

Incluso, detalló que en la entrega de medicamentos oncológicos se redujo el número de empresas con retraso: “Por lo menos en el caso de oncológicos, de tener antes 10, 15 compañías con problemas, hemos bajado a tres, cuatro”.  

El funcionario reconoció que el gobierno federal tiene deudas pendientes millonarias con el sector farmacéutico desde el sexenio pasado -alrededor de 20 mil millones de pesos-; pero repitió el discurso presidencial de que eso es aparte y no debe ser excusa para no cumplir. 

Clark agregó que, después de que venció el plazo de cumplimiento, el pasado 30 de septiembre, aún evalúan a cuáles empresas podrían demandar.  

“Ya estamos haciendo el cierre final para poder evaluar quién, aunque esté en nivel de incumplimiento, ha mostrado un incremento importante que nos hace sentir que evidentemente tomaron bien el llamado, aunque tengan incumplimientos, quién ha mostrado incremento y quiénes no”, añadió. 

Y previó que el cierre final se podría hacer esta semana, para saber a cuántas y qué empresas se va a sancionar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

"Andy" López Beltrán compra obra de Kusama de medio millón de pesos: Latinus

La compra fue realizada durante los últimos meses del gobierno de AMLO; el morenista ha sido cuestionado por sus viajes al extranjero, incluido uno a Japón en julio de 2024.

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy", hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador adquirió por 30 mil dólares una serigrafía abstracta de la reconocida artista japonesa Yayoi Kusama.  

La compra valuada en medio millón de pesos mexicanos, realizada en marzo de 2024, ha generado controversia debido al alto costo de la obra y su contraste con el discurso de austeridad promovido por el partido Morena, del cual Andy es secretario de Organización.

Latinus reveló que según registros abiertos de importaciones en el mercado global indican que Andrés López Beltrán importó una pintura hecha a mano, con un peso de 12.5 kilos desde la destacada galería de arte Manabia Fine Arts, en Tokio, hasta el departamento de Copilco que heredó de su papá.

La compra ocurrió durante los últimos meses del gobierno de López Obrador (2018-2024), en un momento en que Andy López Beltrán realizaba viajes internacionales, incluido uno a Japón en julio de 2024. Durante este viaje, según la investigación realizada por el presentador Carlos Loret de Mola en Latinus, “Andy” se hospedó en un hotel de cinco estrellas y realizó gastos significativos, como una cena de 47 mil pesos.  

Estos lujos han sido señalados como contradictorios con el principio de "austeridad republicana" que el expresidente y Morena promovieron durante su administración. 

El reportaje se basa en documentos y registros de importación que detallan la transacción de la obra de Kusama, así como en evidencia de los gastos de Andy en Japón. Latinus, conocido por sus investigaciones sobre figuras políticas en México, ha utilizado esta revelación para cuestionar la coherencia entre el discurso de austeridad de Morena y las acciones de los familiares del expresidente. 

Ni Andrés Manuel López Beltrán ni el partido Morena han emitido una respuesta oficial sobre la adquisición de la obra. No se ha hecho pública una imagen de la serigrafía en cuestión, y los detalles adicionales sobre la transacción, como el método de pago o la procedencia de los fondos, no han sido revelados.  

Esta adquisición se suma a otras controversias previas sobre el patrimonio de la familia López Obrador, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre las finanzas de los hijos del expresidente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.