El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que “no hay ningún problema” con que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una carpeta de investigación a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, puesto que “el que nada debe nada teme”.

López Obrador hizo estas declaraciones en su conferencia de prensa mañanera, luego de que autoridades federales confirmaran a Animal Político que la FGR abrió una indagatoria por posibles actos de corrupción relacionados con López Beltrán y la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex.

José Luis Pech Várguez, actual candidato por Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura del estado de Quintana Roo, presentó su renuncia a su militancia en Morena, el partido por el que aún sigue siendo senador.

Este lunes Pech Várguez envió su carta de renuncia al dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y solicitó que fuera cancelada su afiliación a Morena.

Ana Paula Ruiz, de 41años, logró tomar la foto de su asesino quien le disparó cuando la mujer reclamaba a su cómplice que le regresara la moto que le acababan de robar a su hijo.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 19 en San Cristóbal de Las Casas. Eran alrededor de las 23:00 horas, cuando Miguel Alejandro "N", como todas las noches llegó hasta el hotel Arrecife de Coral donde trabajaba su madre como recepcionista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió una reducción del 3.6 por ciento en las cifras de homicidios dolosos de 2020 al 2021 y aseguró que su estrategia contra la violencia está funcionando en el país porque “ya no se permite” la corrupción y la impunidad.

Incluso, dijo que en enero de este año se reporta una disminución de 19 por ciento en los homicidios dolosos comparado con el mismo mes del 2020.

La empresa estadunidense Baker Hughes informó hoy que, según un despacho de abogados especializados en investigaciones y cumplimiento normativo, no hubo conflicto de interés en el hecho de que uno de sus directivos haya rentado su casa en Houston a José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, respectivos hijo y nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La revelación sobre esta casa, producto de un reportaje publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, había despertado sospechas en México sobre un posible conflicto de interés, pues la empresa en la que labora el dueño del inmueble, Keith Schilling, ha sido una de las principales contratistas de Pemex desde hace décadas, particularmente en el sexenio de López Obrador.

La Fiscalía General de la República (FGR) archivó la investigación por posible lavado de dinero que tenía abierta en contra del exministro Eduardo Medina Mora, al concluir que sí acreditó el origen lícito de sus recursos.

Con ello, la institución determinó el no ejercicio de la acción penal, confirmaron a Animal Político personas con conocimiento del caso.

Enero de 2022 cerró como el noveno mes con una tendencia sostenida a la baja en el delito de homicidio doloso, con un total de 2 mil 427 casos registrados, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según el informe mensual de seguridad, presentado en la conferencia matutina presidencial, fue el mes de enero más bajo en la incidencia de dicho delito en los últimos cinco años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “no existe ningún problema” que la Fiscalía General de la República (FGR), inicie una carpeta de investigación por posible conflicto de interés en contra de su hijo mayor José Ramón López Beltrán por la casa que habitó junto a su esposa Carolyn Adams en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos.

Calificó a sus adversarios como “frustrados” que destinan dinero para orquestar campañas de desprestigio en su contra y que no le afectan porque actualmente tiene un 70 por ciento de aprobación ciudadana.

La más reciente revisión a la Cuenta Pública 2020 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrojó el hallazgo de irregularidades millonarias en obras y programas clave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y Sembrando Vida.

En conjunto, las anomalías detectadas representan un monto de 63 mil 10 millones de pesos. De ese total, 2 mil 181.1 millones sí fueron aclarados, pero falta por esclarecer el destino de 60 mil 229 millones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a dar respuesta “a todas las observaciones” realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cuenta pública del gobierno federal y consideró que este informe donde se advierten anomalías por 10 mil millones de pesos “es preliminar”.

Incluso, recordó que la ASF tuvo que rectificar cuando aseguró que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado al erario 300 mil millones de pesos y en los hechos fueron 100 mil millones de pesos, indicó.

Patrocinador de la fundación de Martha Sahagún durante el sexenio de Vicente Fox y condecorado con el Premio Nacional del Emprendedor por Enrique Peña Nieto, Chávez supo mezclar su vida empresarial con las relaciones políticas de primer nivel, aunque asevera que nunca recibió contrato público alguno.

“Es evidente que el asesinato de Samir fue realizado por el narcoestado, que el gobierno no sólo sabe quién mató a Samir, sino que en realidad es parte de los autores intelectuales”, aseguró el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala, a tres años del asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes, quien se oponía al Proyecto Integral Morelos (PIM).

“A pesar de la rabia y el dolor que sentimos de ver que nuestra vida se pone en manos de quienes comercian con ella, estamos dispuestos a antes que cualquier otra acción, darle una oportunidad a la palabra, a sentarnos en una mesa e intentar dialogar. No estamos aceptando ni invitando a una negociación para ponerle precio a nuestra dignidad. Los estamos invitando, una vez más, como aquel día 22 de marzo o el día 8 de agosto de 2021 a presentar nuestras demandas legítimas por la vida y el bienestar de nuestros pueblos”, señaló la organización Pueblos Unidos en un comunicado leído en la actividad.

La ola de violencia e inseguridad se ha adueñado de Zacatecas. Así lo muestran los hechos registrados durante este fin de semana, cuando el crimen organizado se encargó de desplazar a cientos de habitantes de la comunidad de Palmas Altas, en el municipio de Jerez, que huyeron para salvar su vida del narco, mientras que en otras partes de la entidad se le advirtió a la población no salir ni abrir negocios “para evitar más muertes“.

La Diputada del Partido del Trabajo (PT) Celeste Sánchez Romero fue hallada sin vida este lunes en su domicilio en Durango.

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) impidió este lunes a su Ministra Loretta Ortiz Ahlf  analizar una controversia de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un caso de presunta corrupción del hermano del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El Supremo aprobó por unanimidad el impedimento de Ortiz, quien asumió en enero pasado nombrada por el Presidente, porque su esposo es José Agustín Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), con competencia en el caso de Pío López Obrador, quien aparece en un video recibiendo dinero.

En medio de una investigación administrativa y penal por presuntos actos de corrupción de funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en 2020, en esas instituciones hubo irregularidades en contrataciones, comprobación de pagos, faltantes de mercancías y hasta salidas de efectivo injustificadas que representan un daño al erario por 8 mil 638 millones de pesos.

La ASF publicó este domingo la última entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2020. El Informe General Ejecutivo señala que en Segalmex se detectaron observaciones por 5 mil 640.6 millones de pesos; en Diconsa, por 1 mil 413.4 millones, y en Liconsa por 1 mil 583.9 millones.

En la atención a la pandemia en México durante 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró posibles daños al erario público por un total de 2 mil 754.8 millones de pesos en la contratación de personal y la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas por parte de instituciones como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el IMSS, el ISSSTE y la Sedena.

Así lo reveló la propia ASF en su informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, en el apartado correspondiente a las auditorías financieras a la gestión de la emergencia sanitaria por parte de estas diferentes instituciones.

Pese al potencial solar y eólico del país, en casi cuatro de cada diez hogares (Colef, 2016) sus habitantes no pueden satisfacer necesidades energéticas básicas, esto es, en 11 millones 93 mil casas, sobre todo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, no tienen luz eléctrica, cocinan con leña en fogones abiertos pese al daño respiratorio o carecen de un refrigerador, aire acondicionado y/o calentador, lo que puede derivar en enfermedades o incluso la muerte por deshidratación o hipotermia.

En el marco del parlamento abierto de la Reforma Eléctrica y la crisis climática, investigadores urgen a que el combate a la pobreza energética esté en el centro de la política energética nacional, ya que priva de otros derechos como la salud, el agua, la educación, la vivienda digna, la comunicación, la movilidad y un medio ambiente sano.

Alejandro Gómez Sánchez renunció la semana pasada a su cargo como Fiscal General de Justicia en el Estado de México, tras ocho años como titular en el cargo, periodo durante el cual la dependencia fue cuestionada por su actuar en caso como el de Tlatlaya, por la incursión de organizaciones criminales en territorio mexiquense, y por ser una de las entidades con los mayores índices en incidencia delictiva.

El 25 de mayo de 2014, Gómez Sánchez rindió protesta como titular de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante el entonces Gobernador Eruviel Ávila, y en 2017, pasó a ser Fiscal luego de que en 2016 se aprobaron reformas para convertir la Procuraduría en una Fiscalía autónoma, cargo en el que estaría siete años, hasta 2024.