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Diputada de Morena Hilda Brown desconoce acusación de EU sobre sus presuntos vínculos con Los Mayos; “no sé de qué se trata”, dice

Hilda Brown, diputada federal de Morena, señaló que no tiene “nada de que escudarse” y desconoció la acusación que el gobierno de Estados Unidos hizo en su contra, por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.

Hilda Brown, diputada federal de Morena, desconoció la acusación que el gobierno de Estados Unidos hizo en su contra por presuntamente tener relación con integrantes del Cártel de Sinaloa.

“No sé de qué se trate, yo no he recibido ninguna notificación”, señaló la legisladora morenista al ser cuestionada sobre este tema en la Cámara de Diputados.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusó a Hilda Brown de mantener vínculos con Alfonso Arzate García, antiguo líder local del Cártel de Sinaloa, y con el empresario Jesús González Lomelí, socio y operador de La Mayiza, una fracción de ese grupo criminal.
Según el gobierno estadounidense, Hilda Brown habría colaborado con el Cártel de Sinaloa mientras fue alcaldesa del municipio de Rosarito, Baja California, entre 2021 y 2024.

Autoridades estadounidenses acusaron que, gracias a la diputada Hilda Araceli Brown, uno de los operadores políticos del cártel, identificado como Candelario Arcega Aguirre, pudo tener control sobre algunas partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel en Rosarito.

Sin embargo, la legisladora morenista dijo desconocer el señalamiento del Departamento del Tesoro. “No he recibido ninguna notificación, ninguna llamada, ningún WhatsApp, ningún correo electrónico, desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios”, dijo.

“No tengo de qué escudarme porque no tengo ninguna notificación de nada”, insistió la legisladora en una breve entrevista con medios de comunicación, acompañada por Fernando Castro Trenti, diputado federal de Morena, y por Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad.

La diputada Hilda Brown ha sido colaboradora del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2005, y en 2012 fue promotora del voto para el exfuncionario en la campaña presidencial.
Además, en 2018 fue coordinadora estatal de afiliación de Morena, así como coordinadora de la consulta nacional del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto que se iba a construir en Texcoco, Estado de México, pero que fue cancelado por López Obrador.

Ricardo Monreal pide no prejuzgar a diputada Hilda Brown

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, pidió no prejuzgar a su compañera Hilda Brown, hasta que las autoridades mexicanas realicen una investigación.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 15 empresas y siete personas señaladas por Estados Unidos, Ricardo Monreal señaló que se trata de un “bloqueo administrativo”.

“En este momento es un bloqueo administrativo, no es ni asunto penal, ni asunto de denuncia sobre determinados ilícitos, es un bloqueo administrativo. Lo que yo afirmo es que en razón de los principios de presunción de inocencia y debido proceso, esperemos que avance esto y no prejuzguemos a nadie hasta en tanto no tengamos la veracidad con las pruebas”, indicó Monreal en conferencia de prensa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Disminuyeron víctimas del delito y violencia directa en el sexenio de AMLO, pero aumentaron fraudes, amenazas y extorsiones: Inegi

Entre 2018 y 2024, el porcentaje de delitos denunciados pasó del 10.6% al 9.6%, lo que indica una disminución en la disposición de la ciudadanía para reportar delitos, reveló la Envipe.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el país experimentó una disminución en la prevalencia delictiva y en la violencia directa, pero se registró un aumento en delitos como fraudes, amenazas y extorsiones, mientras que la proporción de delitos denunciados cayó del 10.6% al 9.6%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Adrián Franco, vicepresidente del Inegi, explicó este jueves, durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, que durante la pasada administración la prevalencia delictiva —que mide el número de personas de 18 años o más víctimas de al menos un delito por cada 100 mil habitantes—disminuyó en los hogares 14.5%, mientras que en las personas la reducción fue de 14.6%.

En tanto, la tasa de incidencia delictiva, medida como delitos por cada 100 mil habitantes, cayó 7.6%, lo que en términos absolutos representa 1.6 millones menos de personas víctimas de algún delito entre 2018 y 2024.

Entre 2018 y 2024, total de delitos aumentó en medio millón

No obstante estos resultados, señaló Franco, el total de delitos estimados aumentó en medio millón durante el mismo periodo, lo que, apuntó, refleja un cambio en la configuración de los delitos más que una disminución general de la criminalidad. El funcionario destacó que la tasa de incidencia se ha “compactado” en estos seis años, mostrando un comportamiento distinto al observado en el sexenio previo.

También indicó que uno de los aspectos centrales del análisis del periodo que comprende la administración de López Obrador es la transformación de los tipos de delitos más frecuentes: en 2018, 45.8% de los delitos correspondían a robos o asaltos en la calle, transporte público y extorsiones; para 2024, esta proporción se redujo a 34%, mientras que los fraudes y amenazas aumentaron su participación relativa del 22% a cifras superiores en 2024.

De acuerdo con Franco, en el último año del sexenio de López Obrador, entre 2023 y 2024, los fraudes crecieron en más de 700 mil casos, las amenazas en 1.4 millones y las extorsiones en más de 800 mil.

Explicó que esto refleja un cambio hacia delitos menos violentos, pero más complejos, muchas veces cometidos por vías electrónicas, y como ejemplo, indicó que se estimaron 5.7 millones de extorsiones en 2024, de las cuales 85% ocurrieron por teléfono, concentrándose principalmente en áreas urbanas y en estados como Guerrero, Sinaloa y Tabasco.

Franco también destacó que, si se comparan mapas del delito por entidad, se observa un aumento en la prevalencia de fraudes como delito más frecuente: de siete estados en 2018 pasó a 19 en 2024.

Por otro lado, los robos y asaltos en la calle y transporte público disminuyeron de nueve a tres estados. La presencia de delitos violentos como los asaltos y extorsiones también disminuyó: de 25 entidades en 2018 a 13 en 2024.

Otro cambio registrado en la Envipe durante el gobierno de López Obrador es la disminución del uso de armas de fuego en los delitos, cuyo porcentaje pasó del 32% en 2018 al 21% en 2024, lo que representa una reducción del 35%. Esto, explicó Franco, coincide con programas de desarme implementados por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuerzas Armadas, con los mayores índices de confianza; denuncias de delitos, disminuyeron

En cuanto a la percepción de la ciudadanía sobre las autoridades federales, Franco destacó que la confianza en la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana se ha mantenido estable, mientras que la percepción sobre policías locales, estatales y municipales ha mostrado un incremento.

No obstante, el vicepresidente del Inegi señaló un aspecto negativo: la denuncia del delito y la cifra oculta, conocida como “cifra negra”, y que mide la diferencia entre los delitos ocurridos y los que son reportados a las autoridades.

Entre 2018 y 2024, el porcentaje de delitos denunciados pasó del 10.6% al 9.6%, lo que indica una disminución en la disposición de la ciudadanía para reportar delitos. Franco advirtió que “la cifra negra se ha mantenido prácticamente igual, en niveles cercanos al 93.2%, lo que sigue siendo un desafío grave para el sistema de seguridad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Es parte de la cadena de calumnias”: Sheinbaum sobre amparos para no detener a los hijos de AMLO

La presidenta aseguró que se tiene que investigar quién puso los amparos, evidentemente es calumnia, es parte de una campaña política en contra del expresidente López Obrador, de sus hijos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es una calumnia el amparo que una persona tramitó a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de otras personas implicadas en el caso de huachicol fiscal a quienes les fue concedido un freno contra su posible detención, incomunicación, privación de la vida y/o desaparición forzada.

Se tiene que investigar quién puso los amparos. Evidentemente la calumnia, es parte de una campaña política en contra del expresidente López Obrador, de sus hijos, aseveró la presidenta un día después de que se diera a conocer la existencia del amparo.

La demanda fue admitida a trámite por la juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes, quien ordenó no ejecutar los actos que los quejosos reclamaron, o bien, cesarlos de inmediato. 

La mandataria preguntó a los asistentes a la conferencia matutina “imagínense que a cualquiera de ustedes les ponen amparos”. Y reiteró que debe saberse quién lo hizo, además de señalar que son “burdísimos”.
Sí se tiene que saber quién puso esos amparos porque tiene un sentido de desprestigiar y calumniar y un sentido del dañar al (ex)presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento... evidente, son demasiado burdos, burdísimos”.
La jefa del Ejecutivo federal retomó que “ellos dicen que no fueron ellos, no hay quienes dicen, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no hay quien dice, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos”.

Se tiene que buscar quién fue esa persona que puso los amparos.

También defendió que “hay un abogado (se señaló que fue el de Caro Quintero) que ya dijo que él no presentó nada, es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo, cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué”.

Puso el caso de los hijos del expresidente, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán como si fuera el de cualquier otra persona del pueblo para negar que ellos se ampararon contra cualquier detención, aunque también después aseguró que no están incluidos en la investigación por contrabando de combustible.

“Quien nos escucha quien nos ve, imagínense que de pronto ustedes, alguien aparece por ahí un amparo que dice no me vayan a investigar, a cualquiera de ustedes, imagínense que alguien les hubiera puesto un amparo en su nombre, ¿cuál es el objetivo? Pues desprestigiarlos ¿No?”.

Por lo tanto, consideró que estos amparos puestos en distintos lugares del país, para los hijos del expresidente, “es parte de esta campaña, vean hoy todos los comentócratas. Todos dicen lo mismo, ¿quién se los dicta? Habría que ver porque se los dictan. Cómo es que todos dicen lo mismo (...) ¿qué sentido tendría poner los amparos? Desacreditar, calumniar”.

Redundó: “¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar, es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del expresidente López Obrador, de sus hijos”.

Sheinbaum también se quejó de que “se pone el amparo y al minuto ya está en las redes. ¿No les parece extraño? Afortunadamente muy rápido Andrés Manuel López Beltrán contestó”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Familiares de la residente médica Nicole Stark denuncian falta de atención en el IMSS

De acuerdo con la versión de sus compañeros, la residente de anestesiología sufrió un desmayo en el quirófano; sus superiores la enviaron a dormir y horas más tarde la encontraron muerta.

Familiares de la residente médica, Nicole Stark Carrillo, quien fue encontrada sin vida este 16 de septiembre en el área de descanso de doctores del Hospital Regional 46 del IMSS en su horario de prácticas, denunciaron que las circunstancias de la muerte son extrañas y piden una investigación exhaustiva; revelaron que la autopsia estableció que murió por asfixia por causa indeterminada, e indicaron que Nicole era una persona joven y saludable que nunca se había desmayado, por lo que sospechan que se trata de un homicidio. 

Antes de su fallecimiento, Nicole estaba en una cirugía, se desmayó y la sacaron del quirófano, la mandaron a dormir al área de descanso de los doctores. Sus familiares afirman que no recibió atención adecuada y fue dejada sin supervisión. 

Nicole había entrado a su turno de guardia el 15 de septiembre a las 7:00 de la mañana y el 16 de septiembre le avisaron a la madre de Nicole que había fallecido, manifestó Héctor Carrillo, tío de Nicole. 

“De acuerdo con lo que informó el director, mi sobrina estaba en quirófano atendiendo a un paciente, se desmayó y cayó al piso. Despierta y, de acuerdo con el comentario de personas que estaban presentes, despertó desorientada y le dicen que se vaya a urgencias para que la revisen. Comentan que camino a urgencias ella les dice que se siente bien y regresa al quirófano. La doctora le dice que no puede estar ahí y que se vaya a dormir. Se acuesta en una camilla que estaba afuera del quirófano. A las 4:00 am van a ver cómo sigue y estaba desorientada, pero le dicen que se duerma. A las 6:00 de la mañana van a despertarla, pues ya terminaba su guardia y se encuentran que ya había fallecido. Nos informan que trataron de reanimarla, pero ya no tenía signos vitales, ya tenía un rato sin vida. Hasta las 8 de la mañana es cuando hacen la llamada a mi hermana, que no le habían avisado antes porque tenían que esperar al director”, narró el familiar. 

Nicole Stark Carrillo, de 27 años, era residente del tercer año de anestesiología en el Hospital Regional 46 del IMSS, ubicado en las avenidas Lázaro Cárdenas y 8 de julio de Guadalajara. Estudió medicina en la Universidad Guadalajara Lamar. 

La familia de Nicole también demanda que se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales de los residentes, pues denuncian que son explotados, maltratados y obligados a trabajar en jornadas extenuantes y en condiciones inhumanas.  

“El tema es que todos sabemos, incluso las autoridades, el maltrato que reciben los residentes en los hospitales y pedimos que la investigación se lleve a cabo de una manera minuciosa, ya que no es posible que esto haya sucedido. No hay protocolos para que alguno de los médicos o residentes reciban atención. Incluso cuando ella perdió la conciencia dentro del quirófano, revisarlos, aunque la persona diga que se siente bien, no es posible que una jovencita de 27 años haya fallecido después de tener un evento como el que tuvo, enfrente de médicos que se supone saben reaccionar y asegurarse de que todo está bien”, reprochó Carrillo. 

El IMSS en Jalisco reaccionó a la muerte de Nicole lamentando la pérdida, asegurando que sí brindaron atención médica a Nicole. Sostiene que están colaborando en las investigación policial y ministerial, según lo manifestó el director del Hospital General Regional 46, Wilberto Gutiérrez Astorga. 

“Sobre este hecho, quiero informar que durante la mañana del 16 de septiembre se reportó el estado de inconsciencia de la médica, a quien se le brindó en forma inmediata la atención médica. A pesar de los esfuerzos de nuestro personal de salud, la paciente falleció. Por lo que se realizó el reporte inmediatamente a las autoridades ministeriales. Asimismo, en todo momento trabajo social ha brindado el apoyo a los familiares en los procesos requeridos. De igual forma, directivos de prestaciones médicas, servicios jurídicos y personal de este Hospital General número 46, colaboramos con todas las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Reiteramos nuestra solidaridad con la familia y nuestro compromiso con el seguimiento de todo el caso”, anotó el director del hospital. 

Sin embargo, la familia niega que Nicole fuera atendida de inmediato y que la institución haya apoyado a la familia. La realidad, dicen, es que fue abandonada en una camilla por horas. 

“El Instituto del Seguro Social envió un comunicado de prensa muy diferente a lo que el mismo director nos informó. El comunicado dice que tuvo el desmayo, que la atendieron de inmediato y ya no pudieron hacer nada por ella. No fue así. La mandaron a dormir y la dejaron morir en una camilla en la cual estuvo varias horas sin atención. También dice el comunicado que el Instituto ha estado al pendiente y apoyando a la familia, incluso en el área de trabajo social. Tampoco es verdad. Nadie ha acudido por parte de la institución de manera oficial. Solo han ido sus compañeros y amigos, los cuales confirman que las cosas sucedieron como el mismo director nos informó. La intención de lo que aquí expongo no es porque queremos algo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que queremos es que realmente las autoridades investiguen y encuentren si hubo negligencia por parte del personal que estaba presente, y así evitar que los muchachos residentes reciban el trato que reciben. Los explotan, los hacen trabajar de manera inhumana y ahora hasta los dejan morir”, indicó Héctor. 

Los familiares de Nicole presentaron la denuncia y se abrió la carpeta de investigación 47649/ 2025, con el objetivo de que se esclarezcan las circunstancias de este fallecimiento. 

“Nicole tenía 27 años. Estaba terminando su especialidad en anestesiología con una vida por delante y, por no atenderla debidamente, murió prácticamente enfrente de doctores y dentro de un hospital en el que ella dejaba la mitad de su vida. Insisto, no queremos nada de la institución, pero sí queremos que cuiden a sus residentes y que ninguna otra familia viva lo que estamos viviendo. Que su hijo vaya a trabajar y la regresen sin vida. Insisto, esperamos que la Fiscalía dé un seguimiento a este asunto para evitar que otro residente muera, y aunque ya es una costumbre el maltrato que tienen hacia ellos, de verdad cambian las cosas. Si una vida se salva con el reportaje que ustedes están haciendo, la muerte de Nicole no fue en vano. Su misión era salvar vidas, y es irónico, pero no la atendieron y no salvaron su vida. Lo que más duele es la falta de verdad que la institución da en su comunicado. Hagamos justicia por Nicole y por todos los residentes”, expresó el tío de la doctora residente. 

La familia de Nicole quiere que las autoridades investiguen a fondo el caso, de forma minuciosa, para que se descubra la verdad y se determine si hubo negligencia por parte del personal médico. Buscan justicia para Nicole y que su muerte sirva para que ningún otro residente sufra el mismo destino.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Sube a 22 cifra de muertes por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Michou y Mau informó en un comunicado que la bebé, quien sufrió quemaduras en el 25 % de su superficie corporal, "ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable".

La cifra de fallecimientos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa sigue en aumento, con 22 decesos confirmados este jueves, dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la última actualización del Gobierno, con corte a las 22:00 hora local, suman 22 muertos, 25 hospitalizados y 37 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, tras el siniestro ocurrido el miércoles 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa.

Según el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Abril Díaz Pérez, una mujer de 34 años que estaba internada en el hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

La explosión ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra la niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado por quemaduras en más del 90 % del cuerpo.

Jazlyn Azulet fue trasladada el lunes al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas (Estados Unidos), de la fundación mexicana Michou y Mau.

Este jueves, Michou y Mau informó en un comunicado que la bebé, quien sufrió quemaduras en el 25 % de su superficie corporal, “ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable”.

Esta semana, también se reportó el fallecimiento del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusan de haber provocado el accidente por conducir a “exceso de velocidad”.

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos este día en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acusan a David Monreal, gobernador de Zacatecas de reprimir a defensoras

El pasado 8 de septiembre, durante la presentación del informe de gobierno de David Monreal Ávila, la colectiva de madres buscadoras «Sangre de mi sangre» denunciaron haber sufrido represión por parte de integrantes de la policía de tránsito, estatal y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ) de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, mientras se manifestaban de forma pacífica en un puente peatonal para visibilizar la crisis de desapariciones en la entidad.

Actualmente, el estado de Zacatecas está gobernado por David Monreal Ávila, quien pertenece al partido político de Morena y es hermano del exgobernador Ricardo Monreal Ávila, actual diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Es una de las entidades donde las personas se perciben inseguras, sobre todo en Fresnillo y Zacatecas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de julio de 2025.

Hay que recordar que Zacatecas se está caracterizando como una entidad que reprime a mujeres y defensoras durante sus protestas. Fue el 8 de marzo del 2024, durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, cuando se suscitó represión por parte de las fuerzas policiales quienes atentaron contra las manifestantes quienes acusaron brutalidad policial, que resultó en actos de tortura, detención ilegal, privación de la libertad y lesiones, integrantes de colectivas feministas señalaron que a pesar de la evidencia pública de estos actos represivos, siguen sin ver justicia, pues ninguna autoridad ha sido sancionada hasta el momento.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al corte del 9 de septiembre de 2025, la entidad ya sumaba 7 mil 984 desapariciones de personas (localizadas y no localizadas) de las cuales 2 mil 214 fueron mujeres y 5 mil 770 hombres. En adherencia, Red Lupa determinó que son los municipios de Río Grande, Fresnillo, Jerez, Guadalupe y Zacatecas, los lugares de mayor incidencia en el estado.

Ante este panorama y debido al Cuarto Informe de Gobierno del gobernador David Monreal Ávila, la colectiva «Sangre de mi sangre» decidió realizar una manifestación pacífica en el puente peatonal ubicado en el bulevar Héroes de Chapultepec, en Ciudad Administrativa. Ahí colocaron un tejido color rojo, la cual se trata de un símbolo hecho a través de la técnica ancestral del bordado.

Sin embargo, en un video publicado por Cristela Trejo Ortiz en Facebook se pudo observar cuando los elementos de seguridad llegaron a la estructura para quitar la protesta de las integrantes del colectivo. El argumento principal fue que podrían ocasionar un accidente a los automóviles que pasaban por la vía; sin embargo, en ningún momento se obstruyeron las señalizaciones viales.

Mientras que las mujeres intentaron hablar con un oficial de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ) de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, comenzaron a retirar el material colocado como fichas de búsqueda y a empujar a las manifestantes. De acuerdo con la colectiva, pese a las suplicas de las mujeres por el derecho a la libre manifestación y el derecho a la protesta, los elementos las encapsularon, insultaron y amenazaron.

Además, se documentó que se llevaron más de 50 metros cuadrados de tejido rojo en la camioneta 4248 de la policía de vialidad del estado generando un impacto emocional, ya que se trata del trabajo de más de tres años en el que colaboraron familias de personas desaparecidas de Zacatecas como parte de la creación de una herramienta de memoria, cambio y concientización.

Las madres buscadoras son una de las figuras más incomodas para el Estado mexicano, ya que confrontan a las autoridades en cuanto a la crisis de desapariciones forzadas. Las agresiones en su contra se relacionan con su labor de acompañamiento a otras víctimas, así como con las denuncias de corrupción e impunidad, lo que las convierte en blanco de múltiples riesgos.

Zacatecas y David Monreal

Siguiendo el Cuarto Informe de Gobierno, en el Año del Bienestar en Zacatecas, el cual abarca el 2025, se informó que la entidad destinó $32 millones 412 mil 325 pesos en materia de búsqueda de personas para la búsqueda forense con identificación humana e infraestructura para fortalecer la Comisión Local de Búsqueda a través de la adquisición de vestimenta táctica, vehículos, equipo tecnológico, insumos para identicación humana, adecuaciones y puesta en marcha del Centro de Resguardo Temporal de Cadáveres del Estado.

También se informó de la Primera Jornada de entrevistas ante mortem y post mortem, donde se tomaron muestras para la obtención de perfiles genéticos en los municipios de Río Grande, Fresnillo y Zacatecas para ser llevadas al Centro Nacional de Identificación Humana.

En adherencia, se realizó la construcción del Centro de Resguardo Temporal de Cadáveres del Estado de Zacatecas, una obra que busca garantizar condiciones dignas en el manejo de los cuerpos y mejorar los servicios de salud pública y seguridad en la región.

Sin embargo, uno de los temas pendientes en Zacatecas es la violencia generada por el crimen organizado, el cual está estrechamente vinculado con las desapariciones forzadas y violencia feminicida.

En tan solo seis meses, el estado de Zacatecas ha acumulado dos asesinatos de madres buscadoras, el más reciente ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando fue reportado el feminicidio de Aida Karina Juárez Jacobo. El gobernador zacatecano David Monreal Ávila, presumía en sus redes sociales: «Desde el municipio de Nochistlán hicimos entrega de equipamiento y patrullas para las policías municipales de la región sur. Fortalecer las corporaciones es fundamental para consolidar la pacificación; seguiremos trabajando de manera coordinada con este objetivo de paz». No hubo ningún pronunciamiento gubernamental por el caso.

Pese a este escenario, Zacatecas celebró, tras el informe de Claudia Sheinbaum, los avances en materia de seguridad que, según las autoridades, ha “logrado” el estado gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía. Desde mayo, incluso, han reiterado un supuesto cambio positivo en el Índice de Paz Positiva, que evalúa factores estructurales como el acceso a la justicia, el buen gobierno y los bajos niveles de corrupción.
“Zacatecas representa ahora un caso emblemático en la mejora de las condiciones de paz en México. Según el Instituto para la Economía y la Paz, su trayectoria puede servir como modelo para otras entidades, especialmente en el manejo del conflicto criminal en contextos de alto riesgo”. se lee en comunicado del gobierno de Zacatecas.
Estas afirmaciones se desmantelan con los hechos que enfrentan las madres buscadoras. En el caso de Karina Juárez, fue reportada como desaparecida el 26 de agosto pasado, pero dos días después fue hallada sin vida en San Luis Potosí, estado colindante con Zacatecas. Ella había comenzado la búsqueda de su hija de 26 años, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, el 28 de junio de 2025. Inmediatamente se unió al colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, pero hasta el momento no se tiene rastro alguno de su hija.

Tras hallar el cuerpo de Karina Juárez, Rodríguez Reyes Muguerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, anunció que el probable responsable de este hecho ya había sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Además, se informó que sería la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz la encargada de ofrecer mayores detalles, incluyendo las líneas de investigación de la Fiscalía. No obstante, hasta ahora dicha instancia no ha emitido información alguna.

Las contradicciones aumentaron cuando las autoridades zacatecanas reiteraron su colaboración con el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, la fiscal potosina, García Cázares, aseguró tras estas declaraciones que aún no existía un diálogo conjunto, lo que puso bajo la mira la falta de coordinación real entre ambos estados.

Ante ello, La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pronunció su consternación sobre los hechos, además exhortaron a las autoridades a seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

Este caso de feminicidio tiene otro precedido de forma reciente. Seis meses antes del asesinato de Aida, en febrero de 2025, fue asesinada otra madre buscadora: Sofía Raygoza Ceballos, encontrada sin vida dentro de un automóvil en la comunidad de Felipe Ángeles, municipio de Villanueva, a 100 kilómetros al suroeste de la capital zacatecana, de acuerdo con datos registrados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

En 2023, Sofía había reportado la desaparición de su hija, Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida meses después tras haber permanecido secuestrada. Aunque la fiscalía aseguró que el asesinato de Sofía no estuvo relacionado con su labor, el Centro ProDH sostiene que durante ese tiempo se convirtió en una voz incómoda para las autoridades al cuestionar públicamente los protocolos y métodos de la fiscalía.

En un acto público, Sofía encaró al entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar, y le exigió que ordenara la búsqueda de su hija:

“Mi hija está desaparecida, no nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan. Tiene una bebé de seis meses que la está esperando. Estoy destrozada porque esa niña no hace nada malo. Lo único que pido es justicia y que hagan algo por todos los desaparecidos”.

Más hechos violentos

De acuerdo con el informe «Violencia criminal en México en la postpandemia», el estado ha registrado varios episodios que constituyen en escenas públicas de terror.

Por ejemplo, en junio de 2020 se reportó una masacre cuando se localizaron 15 cuerpos en la carretera federal de Fresnillo hacia Durango, el cual fue adjudicado a un cartel En consecuencia, el entonces gobernador del PRI, Alejandro Tello (2016-2021) solicitó al gobierno federal ayuda para enfrentar la situación y se enviaron a 4 mil 778 integrantes de la Guardia Nacional a militarizar el territorio.

De acuerdo con el texto, bajo el gobierno de David Monreal (2021-2026) la guerra y deshumanización de cuerpos se ha intensificado. El 18 de noviembre de 2021 se encontraron 9 cuerpos en una carretera federal del municipio de Cuauhtémoc en la frontera con Aguascalientes. Otro hecho similar ocurrió frente a Palacio de Gobierno el 7 de enero de 2022.

Más tarde, en noviembre de 2022, cuando el gobierno estatal anunciaba el primer año del Plan Zacatecas II con el que la Mesa de Seguridad y Paz aseguró la disminución de los asesinatos en la entidad, ocurrió el asesinado del primer General de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa durante un operativo en los Pino, Zacatecas, en la frontera sur con San Luis Potosí.
«Todas estas escenas han ido acrecentando un escenario de guerra en el estado, volviéndose comunes los videos en redes sociales de grupos armados patrullando las carreteras y municipios, realizando ejecuciones, amedrentando a la población y reafirmando su capacidad bélica. Al mismo tiempo, paradójicamente, el estado ha sido sitiado por militares, las ciudades y las zonas rurales presencian la escenificación de la guerra con cuerpos militares altamente armados.» -Informe «Violencia criminal en México en la postpandemia»
FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Marina evita respaldar a la diputada Aracely Brown relacionada con el CDS

Evadió pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de los presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, por los que es investigada la exalcaldesa de Morena en Playas de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown Figueredo, mencionada en un listado de personajes relacionados con actividades de lavado de dinero entre los que destacan 15 empresas y otros personajes de la vida pública del quinto municipio.

ZETA cuestionó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda si la exalcaldesa era inocente de las acusaciones del gobierno estadounidense, a lo que se negó a responder con contundencia.

“Yo lo que conozco de Aracely, que ha sido nuestra compañera del movimiento. No pudiera yo darles más información a la información que hemos recibido el día de hoy mediante medios de comunicación. Serán las autoridades competentes las que se encarguen de hacer la investigación”, respondió la gobernadora a ZETA.

Para la gobernadora Marina del Pilar no fue una sorpresa el comunicado, pero se dijo respetuosa de las investigaciones que se lleven a cabo en México y Estados Unidos.

“Pues sí, un poco. La verdad es que sí, es una noticia que recibimos hace apenas unas horas y pues vamos a esperar más información”, respondió Marina del Pilar.

Al menos en Baja California no hay investigaciones contra la diputada federal y exalcaldesa Aracely Brown, dijo el secretario de Seguridad, Laureano Carrillo. “No tenemos información que confirme eso. Sin embargo, estamos ya analizando esa información que fue publicada y estaremos en coordinación con las autoridades de Estados Unidos y con la federación”, precisó el general.

“Respetuosa de las autoridades de Estados Unidos en cuanto a sus investigaciones, la mesa de seguridad lleva sus investigaciones y nosotros acabábamos de recibir esta información”, reiteró la gobernadora.

Araceli Brown Figueredo fue dos veces alcaldesa de Rosarito entre 2018 y 2024; actualmente goza de fuero constitucional al ganar la diputación federal del distrito 9 de Playas de Rosarito. La diputada no ha respondido a la petición de entrevista con el Semanario ZETA, sin embargo, en su cuenta de Facebook escribió:
“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de como hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme.
Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral.
Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”.
FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ERNESTO ESLAVA.

Triple homicidio en Yautepec: encapuchados someten a guardias para matar a dos mujeres y un hombre

El ataque armado en un fraccionamiento ocurrió apenas minutos después de iniciar la sesión del Congreso en la que comparecieron el secretario de Seguridad Pública y el fiscal de Morelos.

Mientras se llevaban a cabo comparecencias en el Congreso de Morelos sobre justicia y seguridad, en Yautepec se registró un ataque armado contra una familia dentro de un fraccionamiento, en el que murieron dos mujeres y un hombre. Apenas 43 minutos después, otro hombre fue hallado sin vida con evidentes signos de tortura.

El primer incidente ocurrió siete minutos después del mediodía en el fraccionamiento Manantial, ubicado cerca de un Oxxo muy visible en la localidad. Según el reporte oficial, al menos cinco sujetos encapuchados sometieron a los guardias de seguridad privada, a quienes amarraron y encerraron en un baño. Posteriormente ingresaron al domicilio y asesinaron a tres personas: una mujer, su hija y el esposo de ésta.

Paramédicos confirmaron que las víctimas no presentaban signos vitales al momento de ser atendidas. Minutos después, alrededor de las 12:50 horas, en un camino de terracería de la colonia Atlihuayan, que conecta con Campo Nuevo y San Juan, fue localizado el cuerpo de un hombre maniatado y con evidencias de violencia.

Ambos hechos fueron reportados a la Fiscalía General del Estado (FGE), que desplegó personal especializado para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las diligencias incluyen levantamiento de evidencias, entrevistas a testigos y recolección de indicios que permitan identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre posibles líneas de investigación ni sobre la identidad de los agresores.

Estos incidentes se suman a una serie de hechos violentos recientes en la región. La FGE reiteró su compromiso de garantizar investigaciones exhaustivas y la aplicación de la ley conforme a los protocolos establecidos.

Asesinatos todos los días, este día fue Yautepec

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, ante la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, diputados del PAN cuestionaron la falta de resultados en materia de seguridad y reprocharon el incremento de asesinatos en toda la entidad, principalmente en la zona oriente.

El ataque armado en un fraccionamiento de Yautepec que dejó tres personas asesinadas ocurrió apenas minutos después de iniciar la sesión.

El diputado Gerardo Abarca, del PAN, abrió la comparecencia y realizó las primeras preguntas. Señaló que, mientras las autoridades estatales reportan una disminución en los homicidios, el estado ha registrado al menos siete asesinatos en las últimas 72 horas.

“¿Cómo explica, señor secretario, la supuesta disminución de homicidios cuando Morelos registra asesinatos todos los días? ¿Qué justificación da a que nuestro estado concentre más homicidios que el promedio nacional?”, cuestionó Abarca.

El legislador destacó que, según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos concentra el 4.4 % de los homicidios dolosos en México durante los primeros siete meses del año, con un total de 650 víctimas, mientras que el promedio nacional por entidad fue de 461.53 casos. En julio de 2025, el estado sumó 103 víctimas, el 5.1 % del total nacional en ese mes, manteniéndose entre los diez estados con mayor violencia del país.

En respuesta, Urrutia detalló que las detenciones recientes suman al menos 444 personas y que, lamentablemente, menores y mujeres están siendo utilizados por grupos delictivos para cometer delitos como sicariato, venta de drogas y extorsión. Señaló que la incidencia delictiva ha disminuido en municipios como Cuernavaca, donde los homicidios mensuales pasaron de 16–18 a entre 7 y 10 en los últimos meses.

El funcionario mencionó además acciones concretas contra grupos criminales en Huitzilac, donde se aseguraron 14 aserraderos y un narcolaboratorio en funcionamiento por ocho años, así como una bodega de huachicol activa durante cinco años. “Muchas detenciones se han realizado con apoyo tecnológico y de manera legal, con seguimiento mediante videocámaras y telefonía celular”, indicó.

Abarca insistió en que, a pesar de las cifras oficiales, la violencia persiste, con balaceras en Huitzilac, hallazgo de cuerpos en Temixco y Tepelcingo, y asesinatos diarios, incluido el triple homicidio en Yautepec durante la comparecencia. Reiteró que Morelos se mantiene por encima del promedio nacional y dentro de los diez estados más violentos del país.

Cuestiona protocolos de seguridad y flagrancia en Morelos

El diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, cuestionó la percepción de violencia y los protocolos de intervención de la Policía Estatal.

Señaló que, según el Índice de Paz 2025, elaborado por el Instituto de Economía y la Paz, el 90.1 % de los morelenses se sienten en peligro. Solo Guanajuato y Colima superan a Morelos en violencia, situando al estado entre los más inseguros del país.

El legislador destacó que siete de cada diez establecimientos ha sufrido un asalto o delito cercano, mientras que la población reporta sentirse insegura en cajeros automáticos (67.9 %), transporte público (63.7 %), carreteras (58.7 %) y bancos o comercios (53.9 %).

A nivel nacional, el impacto económico de la violencia ascendió en 2024 a 4.5 billones de pesos, equivalente al 18 % del Producto Interno Bruto, con un costo per cápita de 33,905 pesos. Morelos se ubicó entre las tres entidades con mayor costo económico por violencia.

Martínez Terrazas formuló dos preguntas clave: sobre los protocolos de intervención directa en establecimientos y pequeños negocios, y sobre los procedimientos para aumentar la flagrancia antes de que se presenten denuncias. Entre 2024 y 2025, más del 50 % de las detenciones en flagrancia correspondieron a los municipios, más del 20 % a autoridades coordinadas, solo el 12 % a la autoridad estatal y el 2 % a la federal.

El secretario Urrutia indicó que, aunque las víctimas de homicidio han disminuido, la percepción de homicidios ha aumentado. Señaló que la promoción de denuncias a través del 911 permite realizar operativos, sobrevuelos y análisis de inteligencia, complementando la información de la Fiscalía General del Estado.

Destacó la coordinación con la Policía SEPRAC, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, incluyendo inspecciones en bares y giros negros, que han permitido la detención de al menos 70 generadores de violencia en Cuernavaca y municipios cercanos.

Martínez Terrazas insistió en fortalecer la flagrancia y garantizar que los operativos cuenten con mayor presencia ciudadana para prevenir delitos. Además, resaltó la reciente aprobación de una iniciativa del PAN que regula los disparos al aire libre, integrando averiguaciones y ampliando los recursos de seguridad pública destinados a la ciudadanía.

La zona oriente de Morelos exhibe falta de estrategia

Durante la comparecencia, el diputado Francisco Erick Sánchez Zavala expresó la preocupación por la persistencia de la extorsión en la zona oriente.

“El cobro de piso es el pan de cada día, generando angustia y desesperanza. Vemos cómo se cierran negocios, familias enteras son desplazadas, pierden su patrimonio e incluso la vida a causa de este delito”, señaló.

Sánchez Zavala cuestionó los resultados de la estrategia contra la delincuencia organizada y pidió cifras sobre detenciones relevantes y acciones coordinadas en la región.

Urrutia Lozano informó que el municipio de Yecapixtla ha participado en el Programa Nacional contra la Extorsión con la instalación de arcos carreteros y postes de seguridad. Destacó que en Cuautla el reto es la sobrepoblación del penal local, por lo que se trasladarán entre 40 y 50 internos a Tlacholoaya.

El funcionario detalló la presencia de cuatro grupos delictivos en la zona: La Rata, la Familia Michoacana, la Unión Tepito y el Cártel del Pacífico. Se han realizado al menos 45 detenciones en el oriente del estado, incluidas 18 de integrantes del grupo La Rata y 12 del Cártel del Pacífico. Respecto al transporte público, varias rutas habían pagado extorsión durante años sin denunciar, lo que derivó en operativos y la detención de 14 personas, algunos permisionarios.

Sánchez Zavala reconoció el incremento salarial otorgado recientemente a los policías y exhortó a reforzar la presencia de elementos en zonas de mayor riesgo. “La sociedad morelense ya no aguanta más. La seguridad es la mayor preocupación. Lo exhorto a redoblar esfuerzos para generar resultados favorables”, concluyó.

Al fiscal también le cuestionaron sobre impunidad en homicidios y feminicidios

Durante su primera comparecencia como titular de la Fiscalía de Morelos, Edgar Antonio Maldonado Ceballos recibió cuestionamientos sobre los altos índices de impunidad en homicidios y feminicidios, así como sobre la investigación de la presunta tentativa de violación atribuida al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega destacó la necesidad de cifras concretas y estrategias claras. “No se trata solo de logros, sino de la realidad de la seguridad. Mientras haya víctimas todos los días, no existe un solo logro”, afirmó, y preguntó cuánto tiempo requerirá la Fiscalía para reducir la tasa de impunidad, actualmente superior al 97 %.

El fiscal reconoció los retos, pero señaló avances en investigación y judicialización de casos. Informó que en seis meses se han obtenido 20 sentencias en materia de feminicidios y aseguró que su equipo trabaja diariamente para integrar y judicializar las carpetas de investigación. “Desde el primer día existe un compromiso de atención directa a las víctimas y de hacer justicia en el Estado”, subrayó.

Gordillo Vega reiteró que los avances reportados no reflejan la situación real, ante el incremento de feminicidios y la falta de sentencias en la mayoría de los casos. El debate evidenció la necesidad de fortalecer la coordinación de la cadena de seguridad y garantizar que las cifras de la Fiscalía se traduzcan en resultados efectivos para la ciudadanía.

El diputado Daniel Martínez Terrazas cuestionó la impunidad en los asesinatos de Samir Flores Soberanes, la exdiputada Gabriela Marín y jóvenes de Cuernavaca y la colonia Antonio Barona, y pidió avances concretos y explicación sobre posibles intereses políticos que retrasen las investigaciones.

Maldonado Ceballos aseguró que la Fiscalía trabaja coordinadamente con otras instituciones de seguridad y que, en el caso de Samir Flores, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, con seguimiento de la Fiscalía estatal.

Sobre los otros homicidios, afirmó que las carpetas se han reactivado, existen líneas claras de investigación y se busca judicializar los casos y localizar a los responsables. Señaló que se identificaron rezagos al asumir el cargo y que se implementaron planes de trabajo que han generado avances en un alto porcentaje de carpetas.

Martínez Terrazas reconoció los esfuerzos, pero insistió en que la ciudadanía espera resultados efectivos en seguridad y justicia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Bermúdez Requena llega a Toluca; cumplen orden de arresto en su contra

Al excolaborador de Adán Augusto López y presunto integrante del grupo criminal La Barredora se le acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés

La noche de este jueves, alrededor de las 19:00 horas, arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, Hernán Bermúdez Requena, presunto integrante del grupo delictivo conocido como "La Barredora", tras ser expulsado por el gobierno de Paraguay.

A su llegada, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Las autoridades mexicanas lo señalan como un miembro relevante de dicha organización criminal, implicada en diversas actividades ilícitas.

Hernán Bermúdez Requena será trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 "Altiplano", donde enfrentará su proceso legal para determinar su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso.

Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco en la gubernatura del senador morenista Adán Augusto López, llegó en un avión Bombardier Challenger 605 de la FGR tras haber hecho escalas en Bogotá, Colombia, y en Tapachula, Chiapas.

A su llegada un agente le preguntó si tiene pertenencias y el detenido respondió: “pocas”
"El Comandante H"

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos, ha sido identificado como el presunto líder de la organización criminal "La Barredora", una célula vinculada al CJNG. Su caso, que combina altos cargos públicos con acusaciones de delincuencia organizada, ha escalado en los últimos meses con su detención en Paraguay y su expulsión a México, donde enfrenta cargos federales. 

Bermúdez Requena, conocido como "Comandante H", "Requena" o "El Abuelo", inició su carrera política en el PRI y trabajó en la Procuraduría de la Ciudad de México bajo el mando de Jaime Lastra Bastar, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y figura clave en el grupo de Adán Augusto López.

En 2018, se unió a la campaña de López Hernández como candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco, pese a su militancia priista previa.El 11 de diciembre de 2019, López Hernández lo designó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cargo que mantuvo durante la administración interina de Merino Campos.

En 2023, Bermúdez se afilió formalmente a Morena y fue nombrado director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), encabezada por Lastra Bastar. Su permanencia en estos puestos ocurrió a pesar de informes de inteligencia que lo señalaban desde 2019 como líder de "La Barredora".

Nexos con "La Barredora" y el CJNG

"La Barredora" es un grupo delictivo fundado en Tabasco, originado de disidencias de Los Zetas y aliado con el CJNG. Se dedica principalmente al huachicoleo (robo de hidrocarburos), tráfico de migrantes, extorsión, secuestro exprés y narcotráfico, con operaciones en Macuspana y gran parte del estado.

Informes filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el colectivo Guacamaya en 2022 lo identifican explícitamente como cabecilla, junto a figuras como José del Carmen Castillo Ramírez (comisionado de la Policía Estatal) y Carlos Tomás Díaz Rodríguez.

Documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) de 2019-2022 detallan que Bermúdez Requena era el "padrino" de Benjamín Mollinedo Montiel, alias "Pantera", jefe de una célula de "La Barredora" responsable de asesinatos, como el del exjefe de plaza del CJNG en diciembre de 2020, supuestamente con apoyo de oficiales estatales. Otro informe de agosto de 2019 vincula al vicefiscal Nicolás Bautista Ovando (actual fiscal general) con líderes de grupos precursores de "La Barredora".

El caso de Bermúdez Requena apunta a una red de colusión en el gobierno de López Hernández, con vínculos a altos mandos de seguridad y fiscales. El actual gobernador Javier May ha denunciado públicamente a "La Barredora" desde finales de 2024.

Adán Augusto López, ahora senador y exaspirante presidencial de Morena, ha negado conocimiento de los nexos, afirmando: "La verdad es que no sospeché". Sin embargo, los informes sugieren que el grupo se consolidó bajo su mandato, con cateos recientes en propiedades de Bermúdez, como su casa en el fraccionamiento Campestre de Tabasco 2000.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

FGR ejecutará orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Hernán Bermúdez Requena

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco es señalado por las autoridades locales y ahora las federales como supuesto líder de “La Barredora”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ya tiene orden de aprehensión por el delito federal de delincuencia organizada, misma que a su arribo a México será ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR). 

Mario Elizondo Martínez, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, libró el mandamiento de captura solicitado por la FGR apenas el 15 de septiembre pasado, dos días antes de que Paraguay informó que decidió expulsar a Bermúdez Requena luego de que México se desistió de la solicitud de extradición.

El exfuncionario es señalado por las autoridades locales y ahora las federales como supuesto líder de “La Barredora”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco. 

En su solicitud de orden de aprehensión, consultada por Proceso, la FGR incluyó a cuatro supuestos operadores de Bermúdez Requena, también conocido como “El Abuelo” o “El Munrra”, que son Daniel Hernández Montejo o Yeison Daniel Hernández Montejo "El Prada" o "La Chichirria"; José del Carmen Castillo Ramírez "La Rana"; Savier Eduardo Vázquez Orellana "El Blin Blin" o "El Menchito" y Manuel de Atocha Romero Hernández, contra quienes el juez Elizondo también libró órdenes de captura. 

La investigación federal contra el excolaborador del senador morenista Adán Augusto López inició el 1 de marzo de este año según la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025, derivada de una denuncia anónima presentada por una trabajadora de limpieza el 28 de febrero anterior por delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas. 

Según los documentos federales el secretario particular de Bermúdez, de iniciales CTDR, quien negoció un criterio de oportunidad con la FGR, declaró ante el ministerio público federal en mayo pasado que cuando “El Abuelo” fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco detuvo a Trinidad Alberto de la Cruz Miranda “El Pelón de Playa”, líder criminal en la entidad y posteriormente repartió el territorio a integrantes de “La Barredora”, organización que supuestamente él encabezaba. 

Los beneficiados con esta operación fueron Ulises Pinto Madera “El Mamado”; Daniel Hernández Montejo “El Prada”; Gabriel Gómez Vázquez "Indeco"; "El Comandante Esquirla" y el propio CTDR quien detalló que cada uno le entregaba a Bermúdez Requena dos millones de pesos semanales en su domicilio particular. 

Según la declaración del testigo, Gómez Vázquez controlaba Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Centro, Macuspana y Jalapa, donde operaba el narcomenudeo de marihuana, cocaína y cristal que vendía por paquetes y en dosis en un terreno ubicado en la colonia Indeco. 

Según CDTR, Gómez Vázquez distribuía semanalmente cerca de 8 kilos de droga al resto de los lugartenientes para que, a su vez, los vendían en los municipios que cada uno controlaba y los 2 millones de pesos semanales que Bermúdez Requena recibía eran producto de esas ventas y del robo de gas LP, venta de huachicol, cobro de piso a escorts, tráfico de migrantes y de armas. 

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Vázquez Orellana y Romero Hernández ya tenían orden de aprehensión en su contra librada por un juez del fuero común de Tabasco por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. 

Con base en esta orden México había solicitado la extradición de Bermúdez Requena desde Paraguay, proceso al que el exfuncionario no se allanó y decidió litigar en aquel país. 

Sin embargo, ayer el gobierno de Paraguay dio a conocer que México se desistió de la solicitud de extradición y que, ante ello, decidió expulsarlo del país. 

De esta manera, el gobierno mexicano ya no está obligado a juzgarlo únicamente por los delitos por los que se había solicitado su extradición y la FGR podrá sujetarlo al proceso federal que tiene en su contra. 

Se prevé que Bermúdez llegue este jueves al Aeropuerto Internacional de Toluca para que comparezca después ante el juez Elizondo para escuchar la imputación federal por delincuencia organizada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Adán Augusto y La Barredora, las contradicciones del senador de Morena sobre el grupo criminal

El jefe de Morena en el Senado dice que durante su gobierno en Tabasco nunca escuchó hablar de La Barredora; sin embargo, cuando encabezaba las reuniones diarias de la mesa de Seguridad aparecieron narcomantas firmadas por ese grupo criminal adjudicándose asesinatos y amenazando a rivales.

El grupo criminal La Barredora salió a la luz pública el 4 de diciembre de 2020 mediante una cartulina en la que se adjudicó el asesinato de Andrés Rodríguez Vasconcelos, el Kalimba, identificado como cabecilla del robo de combustible a Pemex. En ese momento Adán Augusto López Hernández comenzaba su segundo año como gobernador, con Hernán Bermúdez como su secretario de Seguridad estatal.  

Aunque en esos primeros momentos ninguna autoridad explicó o habló sobre el surgimiento de la organización criminal, la Fiscalía general del estado informó entonces que el crimen había sido cometido por un grupo que se disputaba el robo de combustible en la región de Chontalpa, en los límites con Veracruz.

Se difundieron fotografías del cadáver desmembrado y de la cartulina con el mensaje firmado por La Barredora, amenazando al grupo que lideraba el Kalimba.

Adán Augusto López encabezaba las reuniones diarias de la mesa de Seguridad, que se realizaban en Villahermosa, con la presencia del propio Bermúdez.

Una vez a la semana en estas reuniones participaban los directores de Seguridad Pública de los municipios, en las que se trataban hechos como el homicidio del líder huachicolero ocurrido en Huimanguillo y el mensaje adjudicado a La Barredora.

Otro hecho, del que también dio cuenta Proceso, tuvo gran resonancia en la vida pública de Tabasco: un día después del asesinato de Andrés Rodríguez, en las rejas de oficinas que pertenecían a la Fiscalía General del estado en el municipio de Cárdenas, frente a las instalaciones de la FGR, fue colgada una manta amenazando a varias personas presuntamente integrantes de la banda de el Kalimba. El mensaje también lo firmaba La Barredora.

Pese a las evidencias, el exgobernador y ahora líder de Morena en el Senado ha incurrido en varias contradicciones sobre el conocimiento que ha dicho tener sobre la existencia de la banda formada por policías en activo, así como sobre los señalamientos que desde tiempo atrás vinculaban a su hombre de confianza en materia de seguridad con la delincuencia organizada.

Tuvieron que pasar nueve meses para que López Hernández respondiera a la acusación contra quien fue su secretario de Seguridad y a quien en ese primer deslinde ni siquiera mencionó por su nombre, en respuesta al señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien le pidió fijar su posición sobre el tema.

Desde el 13 de noviembre de 2024, apenas a un mes y medio de rendir protesta como gobernador, el morenista Javier May Rodríguez aseguró que en Tabasco era vox populi que el cabecilla de La Barredora era Hernán Bermúdez.

May ya enfrentaba la peor crisis de violencia que se recuerde en Tabasco, con ejecuciones de policías, quema de vehículos y negocios los fines de semana, y con un reguero de cuerpos descuartizados por todo el estado.

Ese día, en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno, Javier May aludió a los exmandatarios Adán López y su sucesor Carlos Merino Campos, quien terminó el mandato del ahora senador cuando éste fue nombrado secretario de Gobernación por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26 de agosto de 2021.

Abiertamente May los retó a que de manera pública aclararan si habían tenido acuerdos con la delincuencia organizada.

A partir de entonces, reporteros buscaron a López Hernández para preguntarle sobre el señalamiento de su correligionario, pero el legislador replicó en un par de ocasiones que no podía responder porque no conocía la declaración de May, y el tema se diluyó.

El 14 de febrero de 2025 funcionarios del estado filtraron a medios de comunicación que un juez local obsequió una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

La carpeta en su contra la inició la Fiscalía General del Estado (FGET), pese a que los delitos por los que fue señalado en un principio eran de índole federal.

El 12 de julio el comandante de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, general Miguel Ángel López Martínez, confirmó en el noticiero vespertino de Radio Fórmula que desde el 14 de febrero de este año el secretario de Seguridad nombrado por Adán Augusto López ya tenía una orden de captura.

El militar aseveró que en el gobierno tabasqueño anterior (iniciado por el ahora senador López Hernández y terminado por Merino) hubo impunidad, pues a ningún líder de La Barredora se le había investigado formalmente. 

Dijo que tuvo que iniciar la nueva administración, la de May, para que las autoridades liberaran las órdenes de aprehensión contra quienes habían estado desatando la ola de violencia en Tabasco.

López Martínez reveló, además, que el expolicía originario de Yucatán huyó, tras enterarse de la orden de captura, vía aérea de Mérida hacia Panamá, e indicó que la última ubicación que se conocía de él era Brasil.

A mediados de julio (es decir, nueve meses después de que el gobernador May lo emplazó a dar la cara por el caso de su colaborador), Adán Augusto López subió un comunicado a su cuenta de X (antes Twitter) en el que ya mencionaba investigaciones por La Barredora, pero sin mencionar el nombre de Bermúdez:

"Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación. Durante mi gobierno enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta".

Enseguida, apuntó:

Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos.

En este comunicado, el líder morenista en el Senado agregó: “Aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”.
El 21 de julio López Hernández dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva, a quien le dijo que en el tema de su excolaborador había “mucha desinformación” y “politiquería”.

En una imprecisión, afirmó que en su comunicado en la red X había pedido que se investigara a Hernán, al que nunca mencionó en esa ocasión. 

En tanto, sobre cómo lo designó titular de Seguridad, dijo:
Yo conozco a Bermúdez desde hace muchos años, es un policía de trayectoria en Tabasco, lo conocí, coincidimos (en 1992) cuando yo fui subsecretario de Gobierno… ha sido una gente de trayectoria en Tabasco.
En la entrevista, Adán Augusto dio cifras para avalar que en su gestión había bajado la incidencia delictiva y adjudicó estos resultados a la labor de él y de su colaborador Bermúdez.

Fue en esta charla cuando se presumió ser “el gobernador con mayor presencia en las mesas de Seguridad" en su gestión entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021.

Pero a pregunta sobre la estructura de La Barredora, López Hernández respondió que la primera vez que oyó mencionar a esa organización fue cuando ya era secretario de Gobernación, cargo al que llegó en agosto de 2021.

“Nunca lo escuché en Tabasco”, sostuvo.

Indicó que supo de La Barredora cuando se dio a conocer información de la Secretaría de la Defensa extraída mediante hackeo por el grupo Guacamaya Leaks, en octubre de 2022.

“Mi responsabilidad institucional (como gobernador de Tabasco) terminó el 20 de agosto de 2021”, dijo en esa entrevista, en la que también aseguró que si en ese entonces hubiera sospechado de su secretario de Seguridad, “de inmediato lo hubiera separado del encargo".

El 6 de agosto, molesto, desde la tribuna de la Sesión Permanente del Senado Adán Augusto llamó seudoperiodistas y seudocolumnistas a quienes han abordado en los medios el tema de La Barredora y sus posibles vínculos con el grupo criminal.

“Toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”, dijo.

Pero el 12 de septiembre, unas horas después de que se dio a conocer la detención de Hernán Bermúdez en Paraguay, en un nuevo comunicado López Hernández aseguró que “los que participamos de este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, e hizo una afirmación sobre la que previamente no había hecho mención alguna: que él mismo pidió que se investigara a fondo a su excolaborador.

Al final del presente texto, Proceso recupera un video en el que Bermúdez Requena se dice inocente tras las filtraciones que el grupo Guacamaya Leaks hizo luego de hackear archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2022.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODULFO REYES.

Sanciones a CIBanco, Intercam y Vector fueron por lavado de dinero, enfatiza Tesoro de EU

John K. Hurley, titular de la Subsecretaría del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo de Estados Unidos, aseguró, el 18 de septiembre de 2025, ante los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), que las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector, eran muestra de que el Gobierno de EE. UU. haría cumplir a las instituciones financieras sus obligaciones contra el lavado de dinero.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), emitió, el 25 de junio de 2025, órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como “una preocupación principal de lavado de dinero, en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

“Dialogó sobre el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos por combatir a los cárteles de la droga y trastornar el flujo del mortal fentanilo a los Estados Unidos mediante un mejor cumplimiento legal, en seguimiento al mandato del Presidente Trump”, indicó el USDT, en un comunicado, fechado el 18 de septiembre de 2025.

“Durante la reunión, el Subsecretario Hurley enfatizó que el sector financiero de México desempeña un papel crucial en la defensa contra las finanzas ilícitas y destacó las alertas públicas del Tesoro como herramientas importantes para ayudar a los bancos a cumplir sus obligaciones legales”, agregó el Gobierno estadounidense.

“El Subsecretario destacó el compromiso del Departamento del Tesoro de bloquear los fondos de los cárteles y destacó las recientes acciones legales (2313a) como evidencia de la determinación de los Estados Unidos a garantizar que el sector privado haga su parte para desmantelar las redes de los cárteles”, abundó el USDT.

“El Subsecretario también expresó una profunda apreciación por la sólida relación entre los Estados Unidos y México, haciendo hincapié en el papel vital del gobierno y la industria para promover las metas de seguridad compartidas. El diálogo se enfocó en mejorar la cooperación para garantizar un mejor cumplimiento y lograr resultados efectivos en la lucha contra el financiamiento de los cárteles”, finalizó el Departamento del Tesoro de EE. UU.

“El 18 de septiembre, John K. Hurley, Subsecretario del Departamento del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo estará en la Ciudad de México. Se reunirá con funcionarios de gobierno y representantes de la industria para dialogar sobre estrategias para combatir las finanzas ilícitas, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles”, dijo el el USDT, en un comunicado, fechado el 17 de septiembre de 2025.

“Esta visita se da al tiempo que la Administración del Presidente Trump busca desmantelar a los cárteles de droga que operan desde México y reducir el flujo del mortal fentanilo hacia los Estados Unidos. Éste es el primer viaje internacional del Subsecretario Hurley en el cargo, destacando el compromiso de la administración con resolver el tema de los cárteles terroristas”, dijo el Gobierno de EE. UU.

“El Subsecretario aprecia la sólida cooperación con el gobierno de México y planea enfatizar que el Departamento del Tesoro no permitirá que los cárteles de la droga que operan desde México accedan al sistema financiero estadounidense”, finalizó el USDT.

“Para la ABM, esta visita es una oportunidad para profundizar la cooperación en la lucha contra las actividades ilícitas y reiterar nuestra disposición para trabajar de manera más cercana con las autoridades de ambos países”, comentó, por su parte, dicha Asociación, en un breve pronunciamiento.

Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), Scott Bessent, calificó, el 30 de julio de 2025, como inaceptable, el presunto involucramiento de CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos que traficaban con la droga sintética conocida como fentanilo.

Durante una entrevista exclusiva con el medio digital Breitbart News, el funcionario federal estadounidense subrayó que en los últimos tres años el fentanilo ilegal proveniente de México había estado detrás de la muerte de casi 200 mil ciudadanos de EE. UU.

Asimismo, Bessent aseguró que el USDT seguiría tomando medidas contra instituciones financieras mexicanas, que supuestamente ayudaban a lavar dinero a cárteles mexicanos del narcotráfico.

“En el Tesoro hemos declarado a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Y vamos a ir contra ellos. Ya sancionamos a tres instituciones financieras en México, una casa de bolsa y dos pequeños bancos, pues esto es simplemente inaceptable”, declaró el titular del USDT.

“Yo he visto morir por fentanilo a los hijos de dos amigos en el suburbio más rico de Estados Unidos, Greenwich, Connecticut. Imaginen lo que haríamos si existiera una organización terrorista que matara a 200 mil estadounidenses al año ¿Qué les haríamos? Los eliminaríamos, los eliminaríamos”, dijo Bessent.

El titular del USDT también destacó la orden emitida en marzo de 2025, para combatir el lavado de dinero en zonas fronterizas de Texas y California con México, que obligaba a instituciones de servicios monetarios a reportar toda transacción en efectivo superior a 200 dólares, cuando, antes, el requisito era para operaciones arriba de 10 mil dólares.

“Ya redujimos [el monto] para hacer los llamados Informes de Actividad Sospechosa en los Estados fronterizos [con México]. Hemos reducido el monto en dólares de esos Informes de Actividad Sospechosa”, explicó Bessent.

“Vamos a acabar con esto. Porque olvidémonos un momento de las muertes [por fentanilo], esas son imposibles. Pero pensemos en las vidas y las familias de las personas con adicción y cuyo futuro está destruido”, insistió el USDT, ello en referencia a la orden en principio temporal que entró en vigor en abril de 2025 y que finalizaría en septiembre del mismo año.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Descartan pena de muerte para Caro Quintero, durante su primera audiencia en NY

Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” -cofundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”-, compareció, el 18 de septiembre de 2025, ante el juez Brian M. Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Según lo reportaron diversos medios internacionales y nacionales, la audiencia, que duró apenas 23 minutos, inició a las 11:13 y concluyó a las 11:36 hora local, del 18 de septiembre de 2025. El capo sinaloense se presentó con el cabello completamente blanco, delgado, pero en buena forma, vestido con el uniforme carcelario beige y una camiseta naranja, acompañado por sus abogados y con audífonos para traducción.

Durante la sesión, la defensa de Caro Quintero planteó que las condiciones carcelarias del narcotraficante, en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), eran “muy restrictivas”, mencionando que se encontraba en una celda de aproximadamente dos por dos metros, espacio insuficiente en el que el equipo legal ni siquiera podía reunirse con él para preparar adecuadamente su defensa.

De esa manera, la defensa del capo sinaloense instó a la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, a que aceptara su traslado a una habitación aledaña, con capacidad de reproducir material audiovisual, durante los encuentros de Caro Quintero con sus abogados.

Por su parte, la Fiscalía neoyorquina, liderada por Francisco Navarro y Saritha Komatireddy, respondió que, hasta ese momento, no habían recibido ninguna petición formal al respecto para poder ejecutar dicho cambio de celda para Caro Quintero, pero que, en cualquier caso, era una cuestión que debían remitir al Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés).

Tras un extenso intercambio, ambas partes acordaron que se consultaría al BOP para analizar estos temas. Asimismo, se programó una audiencia para mediados de octubre de 2025, dedicada específicamente a revisar las condiciones del capo sinaloense.

El juez interrogó enérgicamente a la Fiscalía neoyorquino respecto a la exclusión de la pena de muerte en el caso, a lo que los fiscales respondieron que esta decisión fue tomada por la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Jo Bondi, sin brindar más detalles.

Asimismo, el Gobierno de EE. UU. volvió a incidir también en la “complejidad” del caso, así como en el tiempo que estaba demorando reunir y analizar toda la evidencia, que incluía hasta grabaciones del interrogatorio y tortura a al agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, quien fue presuntamente secuestrado, torturado y posteriormente asesinado, en 1985, por órdenes del capo sinaloense Caro Quintero.

Cogan determinó que la próxima audiencia de seguimiento para Caro Quintero estaba programada para el 19 de marzo de 2026, mientras se mantenía abierta la posibilidad de negociaciones antes de un posible juicio.

El mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entrega de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos respondió a una decisión de seguridad nacional, tomada por el Consejo de Seguridad mexicano.

La mandataria nacional respondió así a las declaraciones de la Fiscal General de Estados Unidos, quien sostuvo, un día antes, que el Gobierno de México había enviado al capo sinaloense por instrucciones directas del presidente Donald Trump.

“Ya se explicó que fue una decisión de seguridad nacional el envío de este importante número de personas de la delincuencia organizada. Fue una decisión de seguridad nacional y también había una petición del Gobierno de los Estados Unidos, de la Fiscalía de los Estados Unidos y se tomó la decisión de enviarlos por el Consejo Nacional de Seguridad, a partir de la Ley de Seguridad Nacional”, dijo Sheinbaum Pardo.

La presidenta de la República explicó que, si bien existió una petición del Gobierno y de la Fiscalía de Estados Unidos, la determinación se adoptó en México con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. “Sí había petición de ellos, pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad por razones de seguridad nacional”, sostuvo.

Ayer, en su cuenta de la red social X, la Fiscal General estadounidense compartió fotografías de la reunión que sostuvo Trump con la familia del fallecido agente especial de la DEA, presuntamente asesinado por orden de Caro Quintero.

“A principios de este mes, tuve el honor de presentar a la familia del agente especial caído de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena a @POTUS. En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, escribió Bondi.

“Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, agregó la Fiscal General de EE. UU.

El 27 de febrero de 2025, el Gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 29 delincuentes mexicanos de alto perfil, mismos que se encontraban en diferentes cárceles mexicanas, incluido al capo sinaloense.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.