A cambio de acceso a sus recursos ilícitos, el Departamento de Justicia de EU otorga penas reducidas a capos mexicanos y acceso a programas como testigos protegidos, mientras que los criminales que no tienen grandes sumas de dinero no obtienen los mismos beneficios.
Ovidio fue extraditado a Illinois en septiembre del 2023 y, según evidencias, de inmediato comenzó a colaborar y recibir beneficios. A los 10 meses dejó de estar bajo custodia del Buró de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), dos días antes de que su hermano Joaquín Guzmán López secuestrara a Ismael “El Mayo” Zambada y viajara con él a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, donde ya los esperaban agentes del FBI. Además, en mayo del 2025, 17 miembros de la familia de Ovidio llegaron a Estados Unidos para recibir la protección de la justicia.
Según manda la orden de Decomiso, esos 80 millones de dólares deberán reflejarse en las arcas del Departament of Justice (DOJ) antes de que sea emitida su sentencia en una fecha aún por definir.
Ese acuerdo que parece extraordinario es en realidad bastante común: el de un narcotraficante detenido que buscando beneficios ofrece a los fiscales colaboración y parte de sus ahorros.
Durante los primeros ocho meses del año, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha expulsado a Estados Unidos a 55 criminales, 29 en febrero y 26 en agosto, que eran procesados en México. Es común que en estos casos, las fiscalías lleven sus interrogatorios hacia las ganancias ilegales de cada uno para así calcular un decomiso y la posibilidad de una “colaboración” y un “acuerdo”.
De hecho, en la próxima audiencia del lunes 25 de agosto, se espera que “El Mayo” cambie su declaratoria de “no culpable” a una de aceptar los cargos. A 13 meses de su llegada a Estados Unidos, está por definirse el monto del decomiso que solicitarán los fiscales del Distrito Este de Nueva York.
De acuerdo con el caso de Joaquín Guzmán Loera, “El Mayo” Zambada enfrentaría una condena de cadena perpetua y su traslado a una prisión de máxima seguridad, como la Supermax de Colorado, donde está recluido “El Chapo”. Un fallo distinto podría indicar que el acusado ha aceptado realizar pagos y, eventualmente, proporcionar información que involucre a otras personas.
Los datos obtenidos para esta investigación fueron tomados en la revisión de más de 30 expedientes, con sus órdenes de decomiso, dictámenes, transcripciones de audiencias, registros del Buró de Prisiones, notas de prensa, así como del Código Penal y Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos.
Cómo justifica EU los decomisos
En 1984, durante la Administración Ronald Reagan, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Integral para el Control del Delito en la que se facultó al Departamento de Justicia para ejecutar un Fondo de Decomiso de Bienes (FDB) y así debilitar a narcotraficantes y cárteles.
En el título 28 del Código de Estados Unidos se detallan casi 30 programas donde el fiscal general puede invertir los bienes decomisados. Desde gastos de operación e investigación, o pago a víctimas y proveedores externos, las multas igual se utilizan para el “pago de horas extras, viajes, combustible, capacitación, equipo y otros costos similares de los oficiales de las fuerzas del orden estatales o locales”. Aparece, incluso, un gasto más inverosímil: “compra de evidencia de cualquier violación de la Ley de Sustancias Controladas”.
En un artículo, el abogado del Instituto Cato, Randal John Meyer, denuncia que “el FBI tiene un enorme interés en confiscar la mayor cantidad de activos, ya que estos fondos se utilizan para financiar la agencia”. La financiación específica con utilidades del narcotráfico explicaría por qué el Departamento de Justicia y sus agencias relacionadas, sobre todo el FBI y la DEA, mantienen un interés especial en delincuentes millonarios.
La maquinaria comienza a trabajar desde la acusación formal en la que aparece por primera vez la Notificación de Decomiso donde anuncian que, de ser hallado culpable por delitos como lavado de dinero, fraude o narcotráfico, cualquier utilidad o propiedad que el acusado haya obtenido cometiendo el delito, está sujeta a decomiso de conformidad con el Título 21 del Código de los Estados Unidos. Según una regla de procedimiento penal el fiscal general tiene facultades plenas para buscar dichas utilidades.
Los ingresos combinados del programa federal de decomisos han crecido más del mil por ciento en los últimos 15 años según reporta el Instituto Cato y es gracias a ellos que las arcas de muchos departamentos de policía cuentan con recursos. Eso ha llevado a que en círculos legales llamen a las multas “vigilancia con fines de lucro”.
En dos décadas de decomisos a narcos mexicanos se observan casos con distintos desenlaces: desde quienes pagaron para obtener una sentencia reducida, hasta quienes no ofrecieron indicios sobre sus ganancias ilícitas. También hay antecedentes de acusados a quienes se les eximió del pago de multas tras declararse en bancarrota. En estos dos últimos escenarios, las penas impuestas han sido generalmente de cadena perpetua o superiores a 40 años de prisión. Y aunque son pocos, existen procesos en los que no se advierte una relación clara entre el monto de la sanción económica y la condena impuesta.
Todos los narcotraficantes extraditados a Estados Unidos enfrentan acusaciones similares: operación de una empresa criminal, tráfico y distribución de cocaína, marihuana, metanfetamina, heroína y, en años recientes, fentanilo, así como lavado de dinero y portación de armas con fines delictivos. Por ello, en la revisión de estos casos se omitirán los cargos que se repiten en la mayoría de los expedientes.
Narcos que pagaron
En lo que va del siglo, líderes de los principales grupos criminales que han controlado el trasiego de drogas en México han destinado recursos significativos para financiar operaciones de agencias de seguridad en Estados Unidos.
Los primeros decomisos grandes se impusieron al clan de los Arellano Félix, hermanos originarios de Sinaloa que se convirtieron en “dueños” de la frontera Tijuana-California, desde mediados de los noventa durante la explosión de los cargamentos de cocaína que cruzaban por México.
Francisco Javier Arellano Félix, conocido como “El Tigrillo”, fue el primero en utilizar su fortuna para obtener beneficios judiciales. Detenido por autoridades estadounidenses en agosto del 2006 mientras pescaba en aguas internacionales a bordó de su yate Riviera de 14 metros llamado “Dock Holiday”, en septiembre del 2007 le presentaron una orden de decomiso que incluía, además del yate, la cantidad de 50 millones de dólares.
El juez inicialmente sentenció a “El Tigrillo” a lo que parecía una merecida cadena perpetua, pero en 2014 le redujeron la pena a 23 años. Los fiscales justificaron que el cambio era en respuesta a “toda la información que el señor Arellano había entregado y que era un sueño hecho realidad” según citó Mark Adams, abogado del acusado cuando pidió que esos 23 años se redujeran a 19.
Los 50 millones ya no alcanzaron para un segundo recorte, aunque Francisco Javier Arellano Félix permanece fuera del registro del BOP, por lo que se ignora dónde purga su condena o si ya obtuvo su libertad. La regla de que cualquier preso federal con buen comportamiento sólo debe cumplir el 85 % de su castigo, lo obliga a permanecer sólo 19 años 5 meses, que se cumplen a finales de 2025. Pero como su archivo permanece sellado, nada se sabe de su paradero.
Con el ejemplo de su hermano menor, Benjamín Arellano Félix también buscó lucrar con su fortuna. La orden de decomiso para el otrora violento “El Señor” llegó el 16 de febrero del 2012, dos meses antes de recibir 25 años de condena. En 2022 buscó que lo dejaran en libertad “por compasión”, pero se lo negaron. A Benjamín le pidieron 100 millones de dólares y en el documento donde se anuncia su multa se muestra cómo funciona el mecanismo. La frase “el decomiso será firme respecto del acusado al momento de la sentencia, forma parte y se incluye en la misma” se puede traducir como “si no hay pago no hay sentencia benévola”.
El último de los Arellano Félix procesado en EU fue Eduardo Ramón, a quien le decomisaron 50 millones de dólares, como a “El Tigrillo”, previo a su sentencia de 15 años. Cumplió 9 años y en 2021 fue enviado a México donde sigue detenido.
Pero si hablamos de un clan que ha cedido a las ambiciones de los fiscales ese es el de los Zambada.
Desde el proceso contra Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, la fiscalía de Chicago, donde lo juzgaron, anunció que Zambada Niebla aceptó ser responsable en Estados Unidos por el decomiso de un billón 373 millones 415 mil dólares. Es por eso que, al momento de pedir a un juez que lo condenara a tan sólo 17 años, el juez se estacionó en 15 años y los fiscales alegaron que la generosa sentencia era en respuesta a que “su cooperación ha sido extraordinaria”.
Cierto es que, desde su detención, “El Vicentillo” se convirtió en un informante modelo que no sólo testificó en el juicio contra “El Chapo” Guzmán, sino que anteriormente había compartido información que ayudó a la detención de otros capos. Según documentos y su propio testimonio en el juicio citado, Zambada Niebla colaboró en capturas de alto nivel: la de “El Chapo” Guzmán en febrero del 2014 en Mazatlán Sinaloa; la de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” en Torreón, Coahuila, el mismo año, y la de Miguel Ángel Treviño “El Z-40”, en julio del 2013 en Tamaulipas.
Oficialmente nunca se sabrá si “El Vicentillo” y su entonces poderoso padre “El Mayo” Zambada llegaron a juntar un billón de dólares. Lo cierto es que Zambada Niebla estuvo preso sólo 12 de los 15 años a que lo sentenciaron en 2019 y fue liberado en 2021. Es testigo protegido y vive con otra personalidad en algún lugar de los Estados Unidos que pocos conocen.
Ismael Zambada Imperial apodado “El Mayito Gordo” también debió pasar por la caja registradora antes de acogerse al privilegio de una condena corta. En su acuerdo de culpabilidad, este otro hijo de “El Mayo” aceptó “presentar un cheque de caja pagadero a United States Marshals Service por la cantidad de cinco millones de dólares en o antes de la fecha de la sentencia”, según el acuerdo.
“Mayito Gordo” fue detenido en 2014 en México y extraditado cinco años después. Se declaró culpable y le dieron nueve años de prisión que, con el crédito desde el año que fue detenido en México, la regla del 85 % y los 5 millones de dólares, lo llevaron a obtener su libertad en junio de 2022.
Uno más de los hijos de “El Mayo”, detenido y liberado tras depositar, fue Serafín Zambada Ortiz. A “El Sera” lo agarraron en septiembre de 2013 cuando viajó a Estados Unidos en compañía de su esposa. En 2018 fue sentenciado a cinco años, pero la jueza consideró atenuantes como su arrepentimiento y la entrega de 250 mil dólares, equivalente a parte de sus ganancias ilícitas. Semanas después, quedó en libertad.
Fuera de los Zambada, a Raúl Flores Hernández lo acusaron por ayudar a integrantes de El Cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación usando sus conexiones con fuentes de suministro en Sudamérica para coordinar el transporte de grandes cantidades de cocaína con destino a EU. Con sus ganancias invirtió en una extensa red de negocios y bienes raíces ubicados principalmente en Guadalajara, Jalisco.
El recargo impuesto a “El Tío” Flores Hernández fue de 280 millones de dólares. Durante las negociaciones, los fiscales inicialmente recomendaron una condena de 11 a 14 años, pero, ante su resistencia, solicitaron cadena perpetua. En enero de 2024, la jueza fijó la pena en 21 años. Flores Hernández apeló, aunque es improbable que la sentencia se modifique, incluso si paga la multa.
Dámaso López Nuñez, “El Licenciado”, castigado con cadena perpetua en noviembre de 2018, días antes de que iniciara el juicio contra su compadre “Joaquín “El Chapo” Guzmán, tenía la amenaza de ser multado por una cantidad entre los 50 mil a los 10 millones de dólares. Luego se aclaró que le habían condonado la multa o que había estado debajo del rango de las directrices por “la incapacidad de pago”. Su expediente fue sellado. Su testimonio en el juicio contra “El Chapo” fue determinante para que le retiraran la cadena perpetua y, meses después, recuperara la libertad.
En contraste, a su hijo Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, se le impuso un decomiso de un millón de dólares, lo que derivó en una sentencia de “tiempo servido” en septiembre de 2022, cinco años después de entregarse a la DEA en la frontera en julio de 2017. Por su parte, Álvaro López Núñez, hermano de “El Licenciado”, pagó medio millón de dólares antes de recibir una condena de seis años y obtener la libertad.
A Joaquín “El Chapo” Guzmán no se le ofreció negociar. Tras ser declarado culpable, se le impuso una multa de 12 mil 666 millones 191 mil 704 dólares y, en julio de 2019, fue sentenciado a cadena perpetua. Ese mismo año, el entonces canciller Marcelo Ebrard propuso a Estados Unidos crear una comisión binacional para rastrear su fortuna y repartirla, pero el tema dejó de tratarse públicamente.
Meses después, el Departamento de Justicia logró arañar al menos millón y medio de dólares de aquellos ahorros con la multa aplicada a Emma Coronel Aispuro, última esposa de “El Chapo” Guzmán. Ella fue detenida en extrañas circunstancias en un aeropuerto de Virginia en febrero de 2021 y es una de las personas acusadas de conspirar para distribuir en Estados Unidos cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas, lavado de dinero y participación de transacciones y negocios con utilidades del narcotráfico, que menor sentencia ha recibido: 3 años, de los que cumplió solo 2 con 7 meses ya con multa pagada.
Edgar “El Diablo” Veytia, exfiscal de Nayarit, aceptó pagar un millón de dólares mientras negociaba una reducción de condena. Su testimonio contra Genaro García Luna contribuyó al acuerdo, que redujo la pena de 20 años, impuesta en septiembre de 2019, a ocho años de prisión efectiva.
Estos casos muestran que el Departamento de Justicia otorga beneficios a quienes entregan o facilitan la localización de recursos ilícitos, bajo el concepto de “reparación del daño” y “desarticulación financiera de los cárteles”. En estos supuestos, se proponen reducciones de cargos y condenas por “cooperación extraordinaria”, acceso al Programa de Protección de Testigos y retiro de sanciones de la OFAC.
Decomisos no pagados o reducidos
Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, extraditado en 2013, fue sentenciado a cadena perpetua en 2017. La fiscalía solicitó un decomiso de 10 mil millones de dólares, pero el juez lo redujo a 529.2 millones, monto que no se ha recuperado.
Gerardo y José González Valencia, de “Los Cuinis”, fueron extraditados en 2020 y 2021, respectivamente. Ambos se declararon culpables. Gerardo recibió cadena perpetua y una multa de 341 millones de dólares; José, 30 años y una multa de 100 dólares. La primera sanción está apelada.
En 2018, Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, fue condenado a 49 años y 100 mil dólares de multa; su suegro, Carlos Montemayor, a 34 años y 192 millones. Montemayor no ha pagado y mantiene apelaciones.
Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, detenido en 2009, fue extraditado en 2012 y condenado a 10 años tras colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses. Aunque se anunció un decomiso de 100 millones, no hay registro de pago.
Rubén Oseguera González, “El Menchito”, fue sentenciado en julio de 2025 a cadena perpetua y un decomiso de 6 mil millones de dólares, calculados bajo el mismo método que el caso de Joaquín Guzmán: multiplicar el volumen estimado de droga por el precio de mercado, sin descontar costos operativos.
Narcos sin recursos y beneficios limitados
En el Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén fue extraditado en 2010, condenado a 25 años y multado con 50 millones de dólares; recuperó la libertad en 2024 tras cumplir 21 años. Su abogado, Juan Jesús Guerrero Chapa, reunió al menos 30 millones en efectivo de propiedades y escondites en Tamaulipas y Nuevo León.
Mario Cárdenas Guillén fue extraditado en 2022, multado con 10 millones y condenado a 14 años; fue liberado en 2024 tras acreditarse el tiempo cumplido en México. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, sentenciado a cadena perpetua en 2022, fue exonerado de decomiso por “incapacidad de pago”.
Mario Núñez Meza, “El M-10”, recibió 40 años de prisión y un decomiso de 100 mil dólares. Óscar “El Lobo” Nava Valencia fue condenado a 25 años, liberado tras 14, y multado con 5 mil dólares, además de colaborar como testigo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: JUAN ALBERTO VÁZQUEZ.
