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Sicarios en moto asesinan a líder sindical en Cancún

El móvil del crimen sería un asunto laboral, dijo el fiscal a reporteros de Cancún.

La tarde de este lunes fue asesinado Mario Machuca Sánchez, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún, Quintana Roo.

Raciel López, fiscal estatal, confirmó el asesinato. Adelantó que el líder sindical fue baleado por sicarios que viajaban en una moto, con una mochila de reparto de comida por aplicación.

El móvil del crimen sería un asunto laboral, dijo el fiscal a reporteros de Cancún.

Primeras versiones apuntan que Machuca Sánchez fue baleado sobre la avenida Kabah.

Las autoridades ya localizaron una motocicleta y la mochila de repartidor, que se asemeja a la de Uber Eats.

La CTM condenó el crimen e hizo un llamado a las autoridades a hacer justicia.
La Federación de Trabajadores del Estado de Quintana Roo (CTM Quintana Roo), y su Secretario General Lic. José Isidro Santamaría Casanova, condenan energéticamente el cobarde asesinato del Lic. Mario Machuca Sánchez, dirigente de la CROC en Benito Juárez, ocurrido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para esclarecer este hecho y que no quede impune. Así mismo, externamos a sus familiares y seres queridos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ejecutan a delegado de FGR en Tamaulipas

La camioneta en que viajaba quedó incendiada en el bulevard Miguel Hidalgo, en el fraccionamiento Las Quintas.

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, fue asesinado en calles de Reynosa.

La fiscalía estatal informó que el “vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en la ciudad de Reynosa”.

Escuetamente se afirmó que perdió la vida “una persona presumiblemente servidor público federal”.

Por otro lado, la vocería de Seguridad del gobierno estatal informó que se atendió el reporte de un vehículo incendiado en bulevard Miguel Hidalgo, en el fraccionamiento Las Quintas.

El reporte oficial indica que “testigos escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona”.

Primeras versiones apuntan que el funcionario federal fue atacado abordo de su vehículo, al parecer con un artefacto explosivo.

Un video captado poco después del ataque muestra a una persona de camisa blanca que se refugiaba a un lado de la camioneta, que ya estaba en llamas. Instantes después, en otro video captado por un automovilista que circulaba por la avenida, se aprecia a la misma persona tirada detrás de la camioneta.

El gabinete de seguridad estatal afirmó que “Autoridades se encuentran a cargo de la situación. Se recomienda precaución al transitar por la zona”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Amparos de Salinas Pliego, reformas del “viernes negro” y ley de amnistía: los asuntos para la nueva Corte

A partir del 1 de septiembre, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte deberán resolver los temas que sus antecesores dejaron pendientes, entre ellos están los amparos promovidos por Elektra y la facultad de la Presidencia de la República para otorgar amnistía de forma directa.

A partir del 1 de septiembre de 2025, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resultaron electos mediante voto popular en las pasadas elecciones judiciales, tendrán que resolver diversos asuntos relevantes para el país, entre los que se destacan amparos promovidos por Elektra y el empresario Ricardo Salinas Pliego, reformas a diversas leyes que fueron aprobadas en fast track por el Congreso de la Unión en el llamado “viernes negro” y la facultad de la Presidencia de la República para otorgar amnistía de forma directa, entre otras. 

Se trata de asuntos que, por su alcance político, social o monetario, sus repercusiones en materia de comunicaciones, transportes y salud pública o por su impacto en la vida de miles de víctimas que hay en el país, repercuten en la ciudadanía.

La discusión de dichos asuntos llegará en un contexto político y social muy difícil para la Corte, no solo porque pasarán de tener 11 a 9 integrantes o porque la totalidad de las y los nuevos ministros llegaron impulsados por la distribución masiva de los acordeones por parte del partido Morena, sino porque deberán resolver con nuevas reglas y tras la aprobación de reformas que limitaron los alcances que pueden tener los amparos que concedan para la sociedad. 

La discusión de estos asuntos, además, se suman a una larga lista de proyectos que tienen que resolver, como la eliminación o modificación del uso de las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa, mejor conocida como prisión automática, por la que el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos debido al uso desmedido y violatorio de derechos humanos.

De no acatarse dicha sentencia, la CoIDH podría declarar que México viola la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

El caso Salinas Pliego

En el año 2019, la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, desclasificó información que señalaba que en 2013 y 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó el pago de adeudos fiscales por 6 mil 833 millones de pesos a siete compañías del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Dos años después, en febrero de 2021, Raquel Buenrostro Sánchez, entonces jefa del SAT y actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que existían diversos juicios en trámite en contra de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas que sumaban una cantidad aproximada de 32 mil millones de pesos de impuestos no pagados, en una entrevista con La Octava. 

Uno de esos juicios llegó hasta la Suprema Corte que resolvió en octubre de 2022 que Ricardo Salinas debía pagar casi 2 mil 800 millones de pesos por uno de sus adeudos, una resolución que fue aceptada por Salinas Pliego quien aseguró que sus deudas estaban pagadas. 

“Yo cumplí con mi palabra y mis empresas pagaron lo que dicen que debían de impuestos”, señaló el empresario mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ahora X. 

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el cumplimiento del pago y reconoció que el empresario actuó con responsabilidad.

“Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte… sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones, y está de por medio también el que no haya privilegios”, dijo en una conferencia de prensa. 

No obstante, en marzo de 2024, el SAT informó que Ricardo Salinas Pliego y sus empresas adeudaban más de 63 mil millones de pesos: 53 mil millones de pesos por juicios fiscales anteriores y en proceso, y 10 mil millones de pesos por créditos emitidos en dicha administración. 

Incluso, el Gobierno de México hizo público el expediente del caso de adeudo de impuestos de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas, razón por la que el magnate anunció una demanda. 

Ya en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno Federal actualizó la cifra para asegurar que Grupo Salinas tiene pendientes 32 asuntos relacionados con presuntos adeudos fiscales por un monto de 74 mil millones de pesos, en casos que datan del 2008 y de los cuales tres de esos asuntos se litigan en la Suprema Corte. 

En uno de esos amparos en revisión (492/2023), Salinas Pliego busca impugnar diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores que tienen que ver con la capacidad del Estado mexicano de generar inteligencia financiera, misma que está en manos de la ministra Lenia Batres, con quien tiene un pleito público y legal desde hace meses. 

Los otros dos amparos directos en revisión (5654/2024 y 6321/2024) fueron interpuestos por el Grupo Elektra, mismos que quedaron en manos de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Alberto Pérez Dayán, respectivamente. 

El primero fue en contra de la determinación del SAT que le impuso un crédito fiscal de más de mil millones de pesos, por concepto de ISR, actualización, recargos y multas, por el ejercicio fiscal de 2008. El segundo es por un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos al sumar actualizaciones y recargos. 

Además, existen otros recursos de reclamación interpuestos por Grupo Elektra e incluso amparos y más recursos de reclamación promovidos por autoridades hacendarias, que ahora serán resultados por la nueva integración de la Corte.

Las reformas del “viernes negro”

El denominado “viernes negro” del 28 de abril de 2023 fue una maratónica sesión en la que Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión aprobaron 20 reformas, una cada 12 minutos, en ausencia de la oposición, dispensando dictámenes, debate o consultas, y tomando protesta a algunos suplentes para alcanzar el quorum. 

Por ese motivo, integrantes de la oposición interpusieron diversos recursos ante la Suprema Corte para que las reformas aprobadas fueran declaradas como inconstitucionales por no cumplir con el proceso parlamentario. 

En enero de este año, si bien tres ministros y una ministra propusieron anular los cambios constitucionales aprobados a dos reformas en el “viernes negro” por considerar que existieron “violaciones graves” al procedimiento legislativo, el Pleno de la Corte avaló dichas modificaciones al no alcanzar los votos suficientes para obtener una mayoría calificada. 

Al iniciar su periodo, las y los nuevos ministros deberán resolver las acciones de inconstitucionalidad 112/2023 y sus acumuladas promovidas en contra de las reformas a las Leyes de Vías Generales de Comunicación, Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Federal de las Entidades Paraestatales, relacionado con el decreto por el que el Gobierno sostiene para la Sedena el control operativo del Tren Maya. 

Además de la acción de inconstitucionalidad 127/2023 interpuesta contra la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que son reformas en materia de créditos de vivienda para los burócratas, asuntos que estaban en manos de los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, respectivamente, y quienes proponían invalidar dichas modificaciones por “violaciones al procedimiento legislativo”. 

En su proyecto de sentencia, el ministro Pérez Dayán proponía confirmar que hubo una “indebida dispensa de trámites en la Cámara de Diputados”, que no se realizaron los trámites para la “modificación temporal respecto del lugar donde sesiona el Senado” y que “no se verificó el quórum para reanudar la sesión”; mientras que Pardo Rebolledo señalaba que se añadían elementos como la detección de un “diferendo en el registro de asistencia para cómputo del quórum al inicio de la sesión”.

Facultad de Presidencia para otorgar amnistía

Al iniciar su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la publicación de una nueva Ley de Amnistía en el país con el supuesto objetivo de liberar de la cárcel a diversas personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

Puedes leer: Qué es la amnistía directa que avaló la comisión de Justicia en Diputados y en qué casos se podrá otorgar

El 22 de abril de 2020, la Cámara de Diputados publicó en el Diario Oficial de la Federación (DFO) la nueva ley que decretaba medidas en favor de personas que hubiera cometido delitos como aborto, homicidio por razón de parentesco, contra la salud bajo diversas modalidades, robo simple sin violencia, sedición y cualquier delito cometido por un miembro de alguna comunidad indígena que no haya accedido a una asistencia legal justa. 

Para dar cumplimiento a dicha ley, el Gobierno creó una Comisión de Amnistía encargada de enviar todas las solicitudes de “liberación” al Poder Judicial, aunque la ley no determinaba cuánto tiempo tenían las autoridades para resolver los casos ni cuál sería la ruta a seguir para notificar su determinación final. 

Seis meses después, un grupo conformado por ocho organizaciones de la sociedad civil conformaron el Observatorio de Amnistías, fecha desde la que empezaron a denunciar nulos avances en la materia. 

“El proceso de solicitud y dictaminación de amnistía se ha caracterizado por ser opaco, discrecional y poco claro”, señalaron mediante un comunicado. 

Al no alcanzar avances suficientes, el 14 de junio de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el DOF un decreto por el que adicionó el artículo 9 a la Ley de Amnistía, que faculta al presidente de la República a otorgar la amnistía de forma directa. 

Días después, las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Congreso presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para invalidar la reforma a la Ley de Amnistía, asegurando que la medida violaba el derecho de acceso a la justicia y la reparación de daño a las víctimas y suplantaba funciones exclusivas de Legislativo. 

“Es una reforma que vulnera las facultades exclusivas del Congreso, ya que otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución. La amnistía no es igual al indulto”, señalaron.

Al llegar a la Corte, la acción de inconstitucionalidad 135/2024 y su acumulada 139/2024 quedó en manos de la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, que negó otorgar una suspensión contra la implementación de la reforma al señalar que esta figura constitucional no prevé el uso de esa medida cautelar, ni existían situaciones excepcionales para dictarla. 

“No se advierte que la norma cuya invalidez se demanda genere con claridad una transgresión de naturaleza extremadamente grave o irreparable de los derechos humanos en juego […] en el presente caso existen medios legales de impugnación que podrían ser promovidos en lo individual por quienes resientan una afectación a su esfera jurídica con motivo de la aplicación de estas disposiciones por el Ejecutivo Federal”. 

Ahora, serán las y los nuevos ministros de la Corte quienes deberán resolver si les dan la razón a los legisladores de oposición o al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Dulce pide justicia; fue torturada y sentenciada a 70 años de prisión por delito que no cometió

Dulce está privada de la libertad en Santa Martha Acatitla acusada por un delito cometido en la Ciudad de México mientras ella estaba en Guadalajara. Torturada y encarcelada con pruebas ilícitas, la Suprema Corte ordenó que su condena sea revisada.

Dulce Belén Sánchez Castañeda fue detenida el 30 de enero de 2012. A raíz de la tortura que vivió, perdió un embarazo gemelar de cuatro meses y fue sentenciada, con pruebas ilícitas, por un secuestro exprés en el que asegura nunca participó. Los 70 años que le ordenaron cumplir en prisión siguen firmes, pero desde el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla pide que la justicia revise de fondo su caso.

De hecho, en los días de comisión del delito, Dulce estaba asignada a la seguridad de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, mientras que uno de los actos que se le imputan ocurrieron en la Ciudad de México. Los cargos en su contra son dos secuestros exprés, uno ocurrido el 24 de octubre de 2011 y el otro el mismo día que la detuvieron, en la Gustavo A. Madero. En el segundo hecho estaba de guardia en su base policial.

El caso de Dulce llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México analizarlo de fondo excluyendo las pruebas ilícitas que se generaron durante un arraigo ilegal y emitir una nueva resolución.

Las únicas pruebas en su contra fueron obtenidas bajo tortura, mediante reconocimientos ilegales y declaraciones contradictorias de las supuestas víctimas. Nunca conoció a sus acusadores, los careos se realizaron por videoconferencia sin que ella pudiera verlos, y sus descripciones cambiaban de manera frecuente. Sin embargo, la jueza la sentenció a 70 años de prisión, sin considerar la tortura que vivió ni la pérdida de su embarazo.

Hoy lleva 13 años privada de su libertad en Santa Martha Acatitla, y desde la prisión pide que las autoridades volteen a ver todas las arbitrariedades de su caso y le permitan criar a un hijo de seis años que solo vivió tres con ella, y ahora está a cargo de su esposo y su abuela materna. A él también le ha cambiado la vida tras el encarcelamiento injusto de Dulce.

La detención y tortura de Dulce que la llevó a prisión

Cuando la detuvieron, recuerda Dulce, los agentes le pusieron una bolsa en la cabeza de inmediato, y la movieron a varias delegaciones hasta que perdió la noción del tiempo. Recibió una golpiza brutal y formas de tortura extrema como asfixia con bolsa, meterle la cabeza en el escusado, golpearla, cortarla, tocamientos y abuso sexual. Una patada fuerte en el vientre fue lo que provocó la pérdida de sus bebés.

“En ese trayecto de camino a varias delegaciones, pues a mí me lastimaban, a mí me pegaban, me daban codazos, rodillazos, yo venía embarazada, no les importaba, me lastimaban. Llegué a la séptima delegación, que es la GAM 5, donde a mí me lastimaron, donde empezó mi tortura, donde empezó todo el daño que a mí me hicieron”, relata en entrevista desde Santa Martha Acatitla.

Ella recuerda muy bien que cuando la bajaron de la unidad a la delegación, estaba un agente con el distintivo “Plata”; “nunca lo voy a olvidar, tenía un diente de oro”, dice. La tiró al piso, le dio patadas y la empezó a golpear. “Me acuerdo mucho que dijeron que me encerraran… Me separaron y a mí me meten a las galeras, a mí me empiezan a pegar. No tenía abogado, no me dejaron hacer ninguna llamada”, acusa Dulce.

Ella tenía mucho miedo, más conforme crecían las agresiones físicas. Se defendió ante su instinto de madre, pero la tortura solo arreció. Luego de golpearla y arrastrarla, la sentaron en una silla, le amarraron los pies y las manos, y le hicieron tocamientos, además de cortarle el cuerpo y el cabello. “Tengo cicatrices de todo ello y pues tengo también secuelas de tortura hasta el día de hoy”, remarca.

Despertó días después en una galera, con suero, ya sin sus gemelas. “Plata” le dijo que no merecía ser madre. En ningún hospital cercano hay registro de cuál fue su destino. “Hasta el momento no sé dónde están, dónde quedaron, desconozco”, lamenta.

Pese a que en un principio una jueza la absolvió en un juzgado del Reclusorio Norte, al salir el mismo oficial “Plata” volvió a detenerla por robo agravado. La jueza ordenó un arraigo inconstitucional de un mes, donde aparecieron pruebas “clave” en su contra, que fueron obtenidas de forma ilegal.

“Yo no cometí los delitos, tengo cómo comprobarlo, estaba el día 24 en los Panamericanos en Guadalajara, Jalisco, cubriendo el evento de la sub-17, la FIFA, estaba ahí, la Policía Federal entrega las bitácoras, la sábana, entrega parte informativo donde yo estaba comisionada y no podía estar en dos lugares a la vez”, narra.

Para los hechos del 30 de enero también se entregó un parte informativo que consignaba que ella estaba en la base. Sin importar todo eso, la jueza la sentenció a 70 años de prisión. Dulce remarca que, además, existían certificados de su embarazo y de las heridas que había sufrido durante la tortura.

Todo ello ocurrió después de que Dulce dedicara años de su vida al servicio de la policía federal, donde se enlistó a los 18 años porque su papá había sido policía militar. En ese tránsito, pasó todo tipo de pruebas físicas, criminológicas, psicológicas y psicométricas, y se graduó de la academia internacional de San Luis Potosí.

“Sigo aquí peleando mi libertad”: la batalla legal de Dulce para revertir su condena

Aunque durante varios años Dulce permaneció presa en Santa Martha Acatitla sin poder hacer nada respecto a la injusticia de la que había sido víctima, luego de conocer a una abogada de la organización Reinserta comenzó una batalla legal en torno a su proceso, mediante un amparo directo en contra de la sentencia que confirma su condena.

Este se radicó, en un primer momento, en el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito con el expediente 78/2022. Tiempo después, el entonces ministro Arturo Zaldívar solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrajera por estar entre los que crean un criterio de trascendencia o derivan de una interpretación directa de la Constitución.

Una vez atraído con el expediente 22/2023, en un principio la Corte solo buscó la investigación de la tortura –por la que existe una queja abierta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, pero después resolvió que el arraigo de Dulce fue ilegal por derivar de la petición de un juez local, y que todas las pruebas que se recabaron ahí son ilícitas y violatorias a derechos humanos, por lo que no deben tomarse en cuenta.

“Entre ellas, una declaración de las supuestas víctimas, donde señalan a Dulce como autora o copartícipe del supuesto secuestro exprés; número dos, unos reconocimientos por fotografía, y número tres, unos reconocimientos en la cámara de Gesell. Estas pruebas, sobre todo las dos últimas, son ilícitas”, explica su abogada Jessica.

Para considerarse válidas, una persona abogada defensora de Dulce debía haber estado presente, lo que no ocurrió. Mientras que en el caso de las fotografías es indispensable mostrar a varias personas, además de la imputada, con características similares, para que la identificación no se considere inducida. En su caso, solo fue mostrada la de ella y la de los presuntos copartícipes.

La Corte entonces ordenó a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ahora tiene en sus manos la apelación, excluir todas las pruebas ilícitas y pronunciarse sobre la responsabilidad penal de Dulce solo con las pruebas legales. Así, ahora está en manos de las magistradas Martha Patricia Tarinda Azuara e Inés Gabriela Medel Díaz, y al magistrado Ramón Enrique Sentíes Carriles resolver el asunto bajo el expediente 148/2014.

Después de algunos días que han pasado por el periodo vacacional y una prórroga que se solicitó ante este, es necesario que la defensa de Dulce acuda nuevamente a la Sala a explicar que las pruebas que perduraron no son suficientes para sustentar una condena. “Ahí buscamos que se logre la absolución de Dulce”, señala la abogada.

Todavía privada de la libertad en Santa Martha Acatitla, ella hace un llamado a todas las autoridades para que volteen a verla y reconozcan todas las injusticias que se han cometido durante 13 años y 8 meses que lleva recluida por un delito que no cometió, y en el que, además, existen pruebas de que no se encontraba en el lugar de los hechos.

“Me privaron de mi libertad, mataron a mis bebés, abusaron de mí y sigo aquí. Tengo un hijo de seis años que me necesita, que no lo he visto crecer, incluso ha tomado terapia por el desapego, porque no me ve, él me pregunta hasta cuándo, ‘no me quieres, tú solo me prometes’, pero no está en mis manos; está en las manos de las autoridades que volteen a ver mi caso”, pide.

El impacto para la familia de Dulce tras un encarcelamiento injusto

Lo primero que menciona Daniel, el esposo de Dulce, en entrevista es que está casado con una mujer inocente que a pesar de sus pruebas, lleva recluida 13 años 8 meses. Con ella tiene un hijo de 6 años que la necesita todos los días.

“Le hago un llamado humildemente a los magistrados que llevan su caso para que hagan justicia y tomen en cuenta todas las pruebas que avalan su inocencia. Su salud está muy deteriorada, tiene un coágulo en la cabeza por los golpes que recibió, presenta sangrados constantes de la nariz, constantemente se le va la visión de un ojo; como dicen los estudios del protocolo de Estambul, tiene secuelas de tortura”, señala.

Para su familia, relata, la privación de la libertad de Dulce ha sido muy difícil porque durante los años que han pasado, sus papás fallecieron, y han sido sus pérdidas más dolorosas estando en prisión. Su hijo y él, además, han tenido que recibir terapia psicológica para trabajar el desapego, y que el niño pueda estar bien pese a haberse separado de su mamá-

“Ha sido muy difícil para nosotros esta situación, más sabiendo que es inocente y que tenemos las pruebas, o sea, no lo decimos nosotros de palabra, sino que cada cosa que se dice hay un documento oficial que la respalda… Esperemos que esto ya termine, ha sido muy pesado, como no se imagina”, reclama.

Por ejemplo, cuando el hijo de Dulce se enferma, siempre pregunta por su mamá, y aunque está él, no es lo mismo, reconoce Daniel. Siempre extraña a su mamá. Cada vez que se puede, la visitan, pero dependen también de la economía y de la escuela, pues, además, ya va a entrar a la primaria.

“Cuando la ve, no la suelta, él quiere quedarse; ‘mamá, me quiero quedar contigo’, ‘mami, por favor, vámonos’, o sea, cada vez se hace más pesado. Se la manejamos como que ella está trabajando, y como estuvo ahí con ella hasta los 3 años, se daba cuenta que trabajaba en recaudería, en tiendas, hacia servicios limpiando oficinas, le ayuda a la iglesia, entonces él dice que son sus trabajos”, cuenta el esposo de Dulce.

Él todavía no entiende por qué no está con su mamá, pero ya está creciendo. Daniel y su hijo tienen el apoyo de la abuela paterna del niño, que lo ayuda a cuidarlo, a lo que se dedica de tiempo completo. Ya en la primaria, espera poder tener más horas al día para buscar otro ingreso.

“Yo sí hago un humilde llamado, siempre respetuoso, a los magistrados, yo lo que pido es que lean bien, que tomen en cuenta las pruebas; no son cualquier prueba, son sus pruebas que avalan que ella no estaba en el lugar, hay pruebas por peritos especializados en la materia”, apunta Daniel.

La abogada hace el mismo llamado a los magistrados de la Sexta Sala Penal para que analicen el asunto de fondo: “Es muy fácil condenar, muy fácil volver a transcribir la sentencia que ya tenía Dulce, modificarle las palabras y que vuelvan a condenar. Eso no es justicia… 13 años se escucha poco, pero adentro es muchísimo”, advierte.

“Como dice la licenciada, no es fácil 13 años”, continúa Dulce. “Aquí perdí a mi a mis papás. Perdí primero a mi papá. Luego perdí a mi mamá. Es frustrante, doloroso y tener que bloquear… no les puedes llorar como tal, porque te derrumbas. He perdido a mi familia en este lugar. He perdido a lo que más he amado también, que son mis papás.

“Si no fuera también por la reinserción que aquí nos dan, los cursos, las oportunidades, en este caso que soy estafeta del área de gobierno de dirección, me han dado la atención, han confiado en mí. La directora no me toma como una interna, ella me lo ha dicho, ‘yo te veo como una compañera, tienes que salir de este lugar, tienes que echarle ganas por tu hijo’. Me dio la confianza de ser estafeta. Yo siempre he dicho ‘gracias, Dios, por un día más de vida, y gracias por un día menos de sentencia”, dice Dulce.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

El caso Landsteiner: juicios, deuda millonaria y contratos públicos sin freno

En los últimos 15 años, el gobierno federal adjudicó más de 10 mil millones de pesos en contratos al conglomerado farmacéutico de Miguel Antonio Granados Cervera, un empresario sin cédula profesional.

En los últimos 15 años, el gobierno federal adjudicó más de 10 mil millones de pesos en contratos al conglomerado farmacéutico de Miguel Antonio Granados Cervera, un empresario sin cédula profesional, pero con influencia suficiente para sortear una declaratoria de insolvencia, vender vacunas rusas, entregar pruebas defectuosas al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y mantener un historial de más de 400 litigios sin perder acceso a las contrataciones públicas. 

Granados Cervera es hijo de Miguel Alberto Granados Mora, exfuncionario federal de la vieja guardia con cargos en dependencias como Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares), Fonacot (Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores), la Secretaría de Hacienda y el IMSS. Aparece como accionista a por lo menos 16 razones sociales, entre ellas la farmacéutica Landsteiner Scientific, su principal vehículo para obtener contratos del sector salud.

De acuerdo con datos de Compras MX, de 2010 a la fecha, Landsteiner Scientific y Landsteiner Pharma han recibido 432 contratos públicos por un total de 10 mil 431 millones de pesos, principalmente para la adquisición de medicamentos, material de curación y pruebas de diagnóstico. 

Pero 2025 ha sido el año de real bonanza, pues de enero a la fecha, ha acumulado 80 contratos por un monto superior a los 3 mil 500 millones de pesos, pese a que recientemente enfrentó un procedimiento de concurso mercantil. 

Entre las instituciones que le adjudicaron contratos destaca Petróleos Mexicanos, que en marzo formalizó un acuerdo por 58 millones de pesos con vigencia hasta diciembre de 2026. La contratación, realizada mediante licitación pública, corresponde a una compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico. 

Del colapso financiero a los contratos federales 

A inicios de 2022, Landsteiner Scientific fue declarada en concurso mercantil tras una demanda interpuesta por Grupo Zamberk, dedicada a la impresión. La farmacéutica enfrentaba deudas por más de 2 mil 800 millones de pesos a acreedores, incluyendo a instituciones como Bancomext, BBVA, Invex y Banorte. 

El proceso terminó en 2023, luego de que un juez federal aprobara un convenio de reestructura en el que se ofreció pagar el 100 por ciento de la deuda en 19 años con interés anual de 1 por ciento, o aplicar una quita del 80 por ciento con pagos diferidos. La mayoría de los acreedores eligió la espera. 

La resolución permitió a Landsteiner mantener su operación y continuar como proveedor del Estado, a pesar de su precaria situación financiera y su extenso historial legal. 

El negocio de la pandemia

Durante la pandemia, en 2020, Landsteiner anunció la compra de 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Aseguró tener un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, condicionado a la aprobación de la Cofepris. Sin embargo, no hay registros oficiales que confirmen que dicho acuerdo se haya concretado. 

De manera paralela, la farmacéutica suministró pruebas rápidas defectuosas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que arrojaban falsos positivos de covid-19. Por el lote de más de 2.5 millones de pruebas, el organismo le pagó 230 millones de pesos a través de un contrato adjudicado de manera directa. Las fallas no ameritaron sanción alguna por parte de la autoridad y la empresa continuó recibiendo contratos del sector público. 

La compañía pasó de presumir su acuerdo para envasar la vacuna Sputnik V a la insolvencia por el incumplimiento generalizado de pagos a sus proveedores y acreedores.  

Imperio farmacéutico

Miguel Antonio Granados Cervera no cuenta con cédula profesional, pero figura como inventor en al menos cinco solicitudes de patente ingresadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se trata de desarrollos relacionados con composiciones a base de cannabinoides, sustratos orgánicos y hongos con posibles aplicaciones farmacéuticas, cosméticas o alimenticias. 

Según datos del Registro Público del Comercio, ha conformado una red empresarial de al menos 16 compañías activas y dos disueltas. Entre ellas destacan Grupo Landsteiner Scientific, Landsteiner Pharma, Landsteiner Cannabis Health, Grupo Diabeclinics y Grupo Cannwell. 

En varias de estas empresas aparecen como accionistas Banco INVEX y CIBanco, este último registrado actualmente como único accionista activo de Landsteiner Pharma, de acuerdo con información mercantil. Su participación podría estar relacionada con un mecanismo para garantizar el cumplimiento de obligaciones con acreedores, tras el concurso mercantil. 

Además de su cartera de contratos, las compañías del grupo acumulan más de 400 procedimientos judiciales solo en la Ciudad de México, entre ellos amparos, revisiones fiscales, reclamaciones y juicios administrativos. Uno de los casos más recientes involucra a la paraestatal Birmex  (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México), a la que según el expediente 879/2025 se le reclama el “silencio administrativo”. 

Este amparo habría sido presentado por Landsteiner Scientific un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara durante una de sus conferencias en Palacio Nacional, que al menos cinco funcionarios de Birmex fueron cesados de su cargo, incluido el director general del organismo, Iván Olmos, tras hallarse irregularidades en la adquisición de medicamentos. 

“Cambiamos a los servidores públicos de Birmex porque, mientras se hace la investigación, no pueden seguir allí. Todos los que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, fueron separados de su cargo”, detalló la mandataria el pasado 10 de abril. 

Sin embargo, a Landsteiner no se le tocó, solo aumentaron sus contratos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Tras 21 años de litigio, médico gana juicio a la CDMX y ahora deberán pagarle 9.7 mdp

El Gobierno de la Ciudad de México debe más de 9.7 millones de pesos a médico injustamente despedido en 2004. Se trata de una deuda que crece cada día con cargo al erario por la negativa de las autoridades (ahora bajo las órdenes de Clara Brugada) a cumplir con el laudo.

Durante los últimos 21 años el Gobierno de la Ciudad de México mantiene vivo un litigio en el que ya fue condenado a pagar más de nueve millones y medio de pesos a un empleado que fue despedido en 2004, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como gobernante de la capital del país, cantidad que día con día incrementa.

El caso está en etapa de ejecución, pero el incumplimiento de las autoridades de la CDMX pone en juego la continuidad del director general de Servicios Legales local, José Juan Torres Tlahuizo, quien fue designado a inicios de este año en dicho cargo por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica de la administración de Clara Brugada.

Lo anterior, debido a que desde marzo último la Secretaría de Salud capitalina, dependencia para la cual trabajaba Fernando González Ramos, quien demandó al gobierno de la CDMX, solicitó a Torres Tlahuizo autorizar el pago de nueve millones 765 mil 156.40 pesos en favor del extrabajador por concepto de salarios caídos desde 2004 a la fecha.

Hasta ahora, Torres Tlahuizo no ha dado el visto bueno para que la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano realice el pago, por lo que la cantidad requerida desde marzo ha ido incrementando por cada día que González Ramos no recibe el dinero y no se le reinstala en el cargo que tenía en la Secretaría de Salud de la CDMX, como ya fue ordenado por autoridades federales en materia del trabajo.

Proceso buscó a Torres Tlahuizo para conocer su posición sobre el caso, pero al momento de esta publicación no había dado respuesta.

Despido y golpe a la salud

En 2001 el médico Fernando González Ramos fue contratado por la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal para trabajar en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, dependiente de la Dirección General de Urgencias y Medicina Legal.

Allí trabajó durante tres años todos los fines de semana hasta que en mayo de 2004 fue separado del cargo de manera injustificada alegando que, al ser trabajador de confianza el gobierno del DF, entonces encabezado por López Obrador, podía rescindir su contrato en cualquier momento.

Sin embargo, González Ramos afirma que sus funciones no eran de un trabajador de confianza, pues cuando un paramédico atendía una urgencia ocurrida en la vía pública y debe buscar un hospital donde puedan recibir al paciente, el Centro Regulador realiza una búsqueda rápida para indicarle a qué hospital pueden atenderle.

“Yo tenía gente a mi cargo, daba indicaciones, a veces iba yo personalmente a los hospitales para cerciorarme de que, efectivamente, no existan los recursos cuando nos negaban la atención, porque había hospitales que llegaban a mentir para no dar el servicio”, relata.

Por ello, decidió demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) a la Secretaría de Salud y exigió ser reinstalado, así como el pago de sus salarios caídos.

“Ha sido realmente un calvario, mil vueltas a conciliación y arbitraje, nuevas citas, venga tal día, venga otro día, todo esto la verdad me ha afectado mucho por estar pidiendo permisos en mi trabajo actual pues los desplazamientos son muy largos, costosos y, de alguna manera, se ha afectado mi patrimonio, sobre todo. Los primeros años en los que no lograba conseguir trabajo tuve que solicitar préstamos”, expone en entrevista para Proceso.

Fernando González recordó que la cantidad máxima que llegó a pedir en un préstamo fue de 100 mil pesos con intereses, pues durante dos años no logró encontrar un nuevo empleo.

Luego de siete años de litigio, el TFCA falló en su favor y determinó que sus funciones no eran las de un trabajador de confianza, por lo que ordenó reinstalarlo en la misma dependencia y con el mismo cargo que ocupaba o uno similar, así como pagarle los salarios que dejó de recibir desde el año 2004 y hasta que la Secretaría de Salud de la CDMX cumpliera con el laudo.

“Es una decepción gigantesca cómo se administra la Ciudad de México y, al parecer, nada más es un visto bueno lo que hace falta por parte de la Consejería de la Ciudad de México para que ya pueda resolverse este tema. 

“De hecho, no entiendo por qué no se hizo desde un principio. O sea, le hubiera costado mucho menos a la Secretaría de Salud y a mí también me hubiera costado mucho menos dolores de cabeza, desveladas, emocionalmente; me dio insomnio, me dio gastritis. No es nada fácil que te corran de manera injustificada y pues ahora a ver cómo le haces con tus deudas, con lo que tenías planeado”.

Marcos Chávez Orozco, abogado de González Ramos y especialista en Derecho Laboral, explicó que la administración de justicia para los trabajadores gubernamentales, tanto federal como local, es extraordinariamente lenta, pero que este caso en particular ha superado por mucho el tiempo que regularmente demora un juicio.

“La separación del doctor ocurrió en mayo de 2004, estamos en julio de 2025 y todavía no se da cumplimiento a la resolución que se dictó. Esto quiere decir que llevamos 21 años en este procedimiento. Sí tenemos juicios largos, pero este ha roto todos los récords”, comenta.

El abogado lamentó que, una vez emitido un laudo, la etapa de ejecución del mismo es mucho más tardada incluso que el juicio mismo, pues en el caso de González Ramos la deuda de la Secretaría de Salud de la CDMX es de 21 años de salarios caídos.

“Esto viene siendo una bola de nieve económica financiera para la institución en donde está obligada a pagar sueldos caídos por cada día que transcurra sin cumplir la obligación de la reinstalación del doctor”, agregó Chávez.

El laudo en favor de González Ramos ya fue confirmado tanto en juicio de amparo como en recurso de revisión y, pese a ello, el médico tuvo que tramitar otro juicio de amparo, esta vez contra la omisión del TFCA de obligar al gobierno de la Ciudad a pagarle lo que le debe y reinstalarlo en su cargo.

“Hay dos autoridades vinculadas al cumplimiento –explica el abogado–, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Consejería Jurídica a través de la Dirección General de Servicios Legales, pues están obligados a instrumentar todo el trámite burocrático.
Desde hace tres años promovimos un juicio de amparo indirecto que le correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en materia del Trabajo aquí en la Ciudad de México, doliéndonos de que en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la instancia laboral que conoció y que dictó el laudo en favor del doctor, no estaba cumpliendo los diversos requerimientos, y cuando hacían requerimientos, la Secretaría de Salud incumplía bajo el argumento de que está en los trámites y que no ha obtenido el visto bueno de la Consejería Jurídica.
Ante el juez Tercero de Distrito, la Consejería Jurídica afirma que no se ha autorizado el pago porque faltan copias, o falta una constancia, o requiere la sentencia de amparo directo en revisión que dejó firme el laudo emitido hace siete años, entre otros documentos.

“Son temas lamentablemente burocráticos, administrativos, me parece que hay una tendencia de no pagar laudos que no importa si tienen 20 años, no importa si han generado un menoscabo patrimonial. La razón me parece más bien que es una indolencia, es una actitud de no tener respeto por el sistema legal mexicano donde están obligados por ley a cumplir los laudos que dicta el tribunal”, dice Chávez.

El abogado explica que en la CDMX hay muchas dependencias que dejan correr el tiempo sin pagar los laudos hasta que el extrabajador afectado les hace una “quita” o un descuento de entre 15 y 20% de la condena total para ahorrar y otorgar el visto bueno al pago.
Esto no es algo que se haya suprimido ya, y aunque ignoro si es una tendencia de la Secretaría de Salud, mi percepción es que depende directamente de la Consejería Jurídica.
Por ello, el abogado refiere que procesalmente Fernando González ya puede solicitar al juez de amparo iniciar el proceso de desacato a un mandato judicial contra el titular de la Dirección General de Servicios Legales, José Juan Torres Tlahuizo, quien de determinarse que ha sido omiso podría llegar a ser destituido y consignado ante el Ministerio Público.

“El juez de Distrito apercibió a la Consejería Jurídica a la Dirección de Servicios Legales de que si no otorgaba el visto bueno y la orden para que se le pagara al doctor, el expediente sería turnado al Tribunal Colegiado para que calificara el desacato a la sentencia del juez de Distrito en materia de Trabajo por su incumplimiento reiterado.

“Aquí el problema es que, me parece, que al juez también le tiembla la mano y, pese a que ha habido incumplimiento por parte de estas autoridades, no ha enviado el expediente y sigue concediéndoles prórrogas, tras prórrogas a un grado tal que esta sentencia que dictó el juez de Distrito tiene dos años”, expone Marcos Chávez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

La Barredora en Tabasco: Todos los caminos llevan a Adán Augusto

En el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, con Jaime Humberto Lastra Bastar como fiscal (hoy diputado de Morena), se consolidó La Barredora, liderada por Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad. Proceso desteje la red de implicados de este grupo, brazo del CJNG.

Durante el mandato de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco el aparato de inteligencia de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador no sólo tenía identificado a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como líder de la delincuencia organizada en el estado: decenas de informes confidenciales del Ejército señalan los vínculos criminales de otros altos mandos de seguridad estatal, incluyendo a quien se convertiría en su fiscal general, Nicolás Bautista Ovando.

Dos informes del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) y del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi), fechados en agosto de 2019, señalan que Bautista, entonces vicefiscal de delitos comunes en la fiscalía estatal (encabezada por Jaime Humberto Lastra Bastar, ahora diputado federal de Morena), estaba vinculado con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, también conocido como “Pelón de Playas del Rosario”, uno de los líderes de un grupo criminal proveniente de Los Zetas, que años después se escindiría para volverse La Barredora, grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización se dedicaba al huachicol, al tráfico de migrantes, extorsión, secuestro y tráfico de drogas, entre otros delitos.

En enero 2019 Adán Augusto López Hernández había incluido a Nicolás Bautista Ovando en la terna de tres candidatos que envió al Congreso local para designar a su fiscal general; finalmente los diputados eligieron a Lastra Bastar como fiscal y Bautista asumió la vicefiscalía de delitos comunes. Un año y medio después, Lastra...

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0026 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Medios pro 4T concentraron el 48% de turnos en la mañaneras de julio; Sheinbaum desinformó sobre obras insignia de AMLO

Plataformas de comunicación que simpatizan con el gobierno federal aumentaron 9 puntos porcentuales su participación en las conferencias matutinas durante el mes pasado.

Medios de comunicación y comunicadores afines al gobierno federal concentraron el 48% de los turnos para realizar preguntas durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el mes de julio, lo cual implicó un aumento de 9 puntos porcentuales respecto a junio de este año.

En julio, se celebraron 23 conferencias matutinas y se otorgaron 155 turnos de preguntas, de los cuales 75 fueron asignadas a medios y comunicadores autodeclarados a favor del gobierno federal, es decir, 48.3%. Entre ellos se encuentran Hans Salazar de Noticiero en Redes; la Revista Contralínea; Sonora Power; Hidalgo News y Lord Molécula.


Durante la conferencia del 22 de julio, por ejemplo, Hans Salazar presumió que la percepción de las personas en materia de seguridad era favorable al gobierno federal. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio dio a conocer que el 63% de la población mayor de 18 años consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Esto es un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a junio del año pasado. 

En ese sentido, los representantes de medios de comunicación que acumularon más participaciones durante julio fueron Hans Salazar de Noticiero en Redes y la Revista Contralínea con cinco participaciones; le siguen Diario 24 horas, Milenio y Revista Fortuna con cuatro intervenciones cada uno. 

El mes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que hubiera una investigación en contra el senador Adán Augusto López por el caso de su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado de pertenecer al grupo criminal La Barredora. 

Además, la mandataria difundió dichos falsos y engañosos sobre la rentabilidad del Tren Maya; la disminución de las tomas clandestinas en el sexenio anterior, así como un supuesto ahorro de 300 mil millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.


Medios afines al gobierno concentran preguntas en las mañaneras

Desde el 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2025, se han realizado 207 conferencias matutinas en las cuales los comunicadores afines al gobierno mexicano han participado en 538 ocasiones de 1 mil 370 turnos de preguntas. 

En este periodo, los medios que acumularon más participaciones fueron Diario Basta del Grupo Cantón, que aumentó sus ingresos debido a la entrega de publicidad oficial durante el gobierno pasado; El Heraldo de México; Noticiero en Redes; Grupo Healy y Revista Contralínea. 

Mientras que medios como la revista Proceso acumularon 17 participaciones; El Universal con 14 participaciones y el periódico Reforma con nueve intervenciones en este periodo.


El 9 de julio, el comunicador Carlos Pozos “Lord Molécula” preguntó a la mandataria su opinión sobre los Fenómenos Anómalos no Identificados. A lo que la presidenta respondió “se lo dejamos a los científicos que se dedican a ello. Tengo mi opinión, pero bueno, si el tema es: si realmente hubo algo que vieron en el 2004 y qué hizo la Defensa, pues le preguntamos a la Defensa”.

El 24 de julio de 2025, Arturo Pavón, miembro de El Chapucero, cuestionó si la salida de la empresa española Iberdrola estaba relacionada con la falta de oportunidad para influir en el gobierno mexicano. 

Mientras que la empresa Cox, especializada en los sectores de agua y energía, anunció la compra de Iberdrola México por 4 mil 200 millones de dólares. La empresa afirmó que esta compra busca una consolidación y expansión de la firma.


Cabe destacar que a finales de junio, la Presidencia de la República cambió los lineamientos para la conferencia de prensa de la presidenta. En ellos, advierten que la dependencia vigilará si los asistentes publican notas o contenido en sus respectivos medios de comunicación o canales de difusión y eliminaron la tómbola como criterio para asignar los lugares de las primeras dos filas para reporteros.

Además, señalan que cada reportero podrá abordar máximo tres temas, que sus preguntas deberán tener un interés periodístico y no ser un intercambio de opiniones, y que sus intervenciones no deberán exceder de 5 minutos. 

En algunas ocasiones estos lineamientos no se han cumplido. El 28 de julio, el representante de SDP Noticias, Julián Mazoy, tuvo una intervención de más de cinco minutos y realizó seis cuestionamientos. 

El 22 de julio, Marco Antonio Olvera, de Hidalgo News tuvo una participación de 10 minutos con seis cuestionamientos. En la misma conferencia, la reportera de la revista Proceso tuvo una participación de tres minutos y realizó cuatro preguntas. 

Sheinbaum desinformó sobre las ganancias de las empresas militares

El 16 de julio, la presidenta afirmó que el Tren Maya era una proyecto rentable. Sin embargo, te contamos que la empresa militar tuvo pérdidas por 1 mil 185 millones de pesos durante los primeros tres meses de 2025. Además, el tren aún no cumple su meta de transportar 3 millones de pasajeros anuales. 

Dos días después, la mandataria mencionó que se ahorraron 300 mil  millones de pesos con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En 2018, el costo de este aeropuerto aumentó a 285 mil millones de pesos, sin embargo, el costo de cancelación del aeropuerto ascendió a 113 mil 327 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

El 26 de julio, Sheinbaum aseguró que la informalidad laboral bajó, pese a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Según datos del INEGI, en el último año la informalidad laboral ha aumentado en 0.5 puntos porcentuales, pasando del 54.4% en mayo de 2024 a 54.9% en mayo de 2025.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (EL SABUESO)
AUTOR: OSCAR NOGUEDA ROMERO.

Familia LeBarón denuncia contratación de policía en Ciudad Juárez presuntamente involucrado en masacre de familiares

Autoridades de Ciudad Juárez señalaron que el policía presuntamente involucrado en la masacre de la familia LeBarón, pasó los exámenes de confianza.

Julián y Adrián LeBarón, acompañados de integrantes de su comunidad, se manifestaron en la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en exigencia de la renuncia del alcalde Cruz Pérez Cuellar y del secretario de Seguridad, César Omar Muñoz, tras la detención de Galdino ‘N’, alias “El Monster”, policía municipal en activo y que presuntamente estuvo involucrado en la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, en noviembre del 2019.

Los activistas reclamaron que las autoridades permitan que presuntos integrantes del crimen organizado ingresen a corporaciones de seguridad, por lo cual exigieron la salida de los funcionarios municipales.

“No podemos callar, no podemos darle a los criminales y a las autoridades la complicidad de nuestro silencio (…) el alcalde dice que ese elemento pasó los exámenes de confianza, nosotros estamos aquí para decir que eso no es suficiente”, señaló Julián LeBarón a medios de comunicación tras la reunión con autoridades.

Galdino ‘N’, alias “El Monster”, es un exmilitar que por segunda vez trabajaba como policía de Ciudad Juárez, vigilando el edificio del Distrito Sur, y que fue detenido el pasado 26 de julio y vinculado a proceso el 29 por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, feminicidio y tentativa de feminicidio, por la masacre de nueve personas, tres mujeres y seis niños, de la familia Langford-LeBarón.

Adrián LeBarón, quien estuvo presente en la audiencia de vinculación a proceso, señaló que “hay muchas pruebas” que evidencian la participación del ahora expolicía, además denunció que las autoridades municipales que no detectan este tipo de casos en sus corporaciones de seguridad, son cómplices.

“Los gobernantes se hacen patos de que sus policías sean sicarios (…) no vamos a ser cómplices con nuestro silencio”, comentó.

Policía pasó exámenes de confianza: autoridades de Ciudad Juárez

Por su parte, autoridades de Ciudad Juárez, el alcalde y el secretario de seguridad, señalaron que “El Monster” no contaba con antecedentes penales y había aprobado los exámenes de confianza para formar parte de la corporación.

“Pasó sus exámenes de confianza y no teníamos ningún elemento o dato que pudiera advertirnos que fuera, como parece resulta ser, una persona muy peligrosa”, mencionó Cruz Pérez Cuellar en conferencia de prensa. 

De igual manera hizo un llamado a “revisar” el tema de los exámenes de confianza al señalar que la contratación de policías es algo “estructurado a nivel nacional” y que ninguna corporación puede contratar a alguien sin dichos exámenes acreditados.

Lo anterior fue respaldado por el secretario de Seguridad municipal quien detalló que al buscar el nombre de Galdino ‘N’ en Plataforma México no hubo resultados de que tuviera alguna órden de aprehensión, que acreditó sus exámenes de confianza y que la fiscalía estatal le otorgó una carta de antecedentes no penales.

“Bajo todos estos argumentos no tenemos nada que nos haga pensar que el elemento siquiera tuviera alguna bronca en alguna parte del país, motivo por el cual sí fue contratado”, señaló César Omar Muñoz.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Consejeras del INE piden ser incluidas en Comisión Presidencial para reforma electoral

Las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan, Claudia Zavala Pérez y Norma Irene de la Cruz Magaña, llamaron, el 4 agosto 2025, a que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral escuchara la opinión técnica del órgano constitucional autónomo.

Humphrey Jordan, Zavala Pérez y De la Cruz Magaña validaron la creación del grupo que construiría la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo Federal, pero pidieron que se realizara un aporte especializado desde el INE y la ciudadanía.

Humphrey Jordan demandó que el INE recibiera una convocatoria para participar en el análisis y conformación de la reforma, teniendo en cuenta su experiencia como institución técnica, que implementaba diariamente la ley electoral.

“Yo hago un llamado desde aquí a que se nos incluya […] hago votos por que ahora se nos convoque personalmente o quizá mediante un documento que podamos elaborar como institución electoral de cuáles son los retos que vemos en las áreas de oportunidad, las dificultades y los temas que nos parece que como institución técnica, que es la encargada de implementar una ley electoral, pues es técnicamente lo que tenemos que decir”, dijo Humphrey Jordan.

Tras mencionar que Pablo Gómez Álvarez -designado titular de la Comisión que operará la reforma- no estuvo involucrado de lleno en la materia, desde que en 1990 fue representante del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuando el INE aún era Instituto Federal Electoral (IFE), la consejera demandó la participación de especialistas técnicos.

“Creo que para todas y todos fue un tanto sorpresivo este nombramiento el fin de semana y hasta ahora el señor Gómez Álvarez fue representante ante el extinto IFE, por los 90, y hace falta quizá como a cualquier persona que ya no está dedicada de lleno a la materia electoral porque estaba en otras materias, tener un conocimiento mucho más profundo de lo que está pasando, cuáles son las deficiencias que ya tiene la materia, a qué nos enfrentamos”, expuso Humphrey Jordan.

Por su parte, Zavala Pérez reiteró que pese a que las reformas debían construirse con diálogo, en específico la electoral alcanzaría un consenso, no sólo escuchando voces expertas, sino al INE, debido a que la iniciativa pondría las próximas reglas del juego para la transición del poder.

“Hay que hacer el esfuerzo y que si va a haber un órgano específico, alguna comisión específica, se pueda dar el tiempo de análisis para que no sólo los expertos de afuera, para que el INE también aporte desde su visión con toda la experiencia acumulada, qué sí puede funcionar y qué no podría funcionar en nuestro sistema si queremos conservar esas garantías de certeza”, advirtió Zavala Pérez.

En tanto que De la Cruz Magaña llamó a la ciudadanía a acercarse a los representantes legislativos para externar el tipo de reforma que demandaban el país que querían y cómo elegirían a quienes los gobernaban, representaban y administraban, para no dejar únicamente en manos de los legisladores la conformación de la iniciativa.

“Un llamado a la ciudadanía, a que ejerzamos nuestros derechos y a nuestros representantes les exijamos la reforma que queremos. No la que ellos nos quieren poner, la que la ciudadanía quiere y eso es parte de los debates y foros que se tendrán que organizar”, urgió De la Cruz Magaña.

Un día antes, ex consejeros electorales y líderes de la oposición alertaron del riesgo de la reforma electoral que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamaron a buscar un consenso y diálogo nacional.

En una carta pública, 22 ex consejeros y ex presidentes del INE llamaron a construir una reforma a partir de consensos. Tras admitir la necesidad de una reforma electoral, apuntaron que deberían construirse a partir de una deliberación amplia y acuerdos, no sólo tomando como referencia los votos.

“No sólo importan los votos en el Congreso, sino la voz de todos, incluyendo minorías. Una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos”, sostuvieron ex consejeros como Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, José Woldenberg Karakowsky y Alejandra Latapí Renner.

Los firmantes propusieron seis puntos para integrar en la iniciativa, donde contemplan la preservación, fortalecimiento y autonomía de los organismos electorales, además de distribuir los asientos en el Congreso de la Unión, de forma proporcional a los votos que obtuvieran las fuerzas políticas en las urnas.

“Ante la próxima reforma electoral proponemos: Fortalecer los mecanismos de representación política. Corregir las distorsiones que nos han llevado a esquemas de subrepresentación y sobrerrepresentación excesivos. Proponemos acercar la distribución de los asientos en los congresos, al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas”, indicaron los ex consejeros.

“Buscamos garantizar la colegialidad de los órganos directivos como fundamento esencial para la toma de decisiones, así como la profesionalización de sus estructuras ejecutivas, materializadas en el Servicio Profesional Electoral Nacional”, señalaron los ex miembros del INE e IFE, quienes también rechazaron que la integración del Consejo General del órgano constitucional autónomo fuera por voto popular.

“En los perfiles debe prevalecer la experiencia, el conocimiento, la imparcialidad y la técnica, designados por el Congreso y no por voto popular”, sostuvieron los ex consejeros electorales, quienes, respecto al Poder Judicial, proyectaron adecuar las normas y procedimientos, para que los próximos ministros, jueces y magistrados electos se eligieran con base en sus capacidades.

“Que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos, capacidad técnica, garantice su independencia y que forme parte de una carrera judicial”, apuntaron los ex miembros del INE.

Los firmantes de la misiva fueron María del Carmen Alanís Figueroa, Andrés Albo Márquez, Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello, María Macarita Elizondo Gasperín, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Teresa González Luna Corvera, Alejandra Latapí Renner, Lourdes López Flores, María Marván Laborde, Mauricio Merino Huerta, Rodrigo Morales Manzanares, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José Jesús Orozco Henríquez, Jacqueline Peschard Mariscal, José Roberto Ruiz Saldaña, Arturo Sánchez Gutiérrez, Luis Carlos Ugalde Ramírez, Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg Karakowsky.

Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de la consultora política Integralia y ex presidente del IFE, advirtió que aumentó el riesgo de que la reforma electoral desmantelara al INE y erosionara la democracia, tras la designación de Gómez Álvarez al frente de la Comisión Presidencial.

“Aumenta el riesgo de una reforma electoral que desmantele al INE y erosione más la democracia, una reforma que cierre la ventanilla de la competencia política en México”, advirtió Ugalde Ramírez.

El ex presidente del IFE recordó que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) construyó el “Plan A” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluía desaparecer a los plurinominales, elegir a consejeros por voto popular y reducir el financiamiento de los partidos.

El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió, el día 03 del mismo mes y año, que en caso de que la reforma electoral impulsada desde el Poder Ejecutivo Federal no se construyera con consensos, existirían riesgos para la democracia.

Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, previó que si se aprobaran los cambios en la materia, sin llegar a un acuerdo amplio, la estabilidad política del país, las elecciones libres y la representación de la sociedad en cargos públicos se verían amenazados.

“De aprobarse cambios sin un acuerdo amplio, se pondrían en riesgo las elecciones libres, la verdadera representación de la sociedad en los cargos públicos y la propia estabilidad política del País”, expuso Romero Herrera, en un comunicado.

Luego que Sheinbaum Pardo anunciara la creación de una Comisión para la operación de la reforma electoral, donde hasta ahora no era explícita una convocatoria que incluyera a la oposición, el dirigente nacional panista cuestionó si el Gobierno Federal buscaría consensos.

“El país no necesita una reforma electoral para beneficiar a un partido o inclinando la balanza hacia los que piensan solo de una manera en una sociedad, México somos una diversidad de opiniones, se necesita una reforma que fortalezca la democracia. ¿Piensan convocar a más voces, incluida la oposición, o serán los primeros en imponer nuevas reglas a su medida?”, preguntó Romero Herrera.

“Si Morena cree que una reforma electoral es necesaria, que convoque a expertos, que escuche a la ciudadanía y que construya consensos con la oposición. Si no, nos van a tener de frente”, agregó el presidente nacional del PAN.

Un día antes, Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada panista en el Senado, advirtió que la reforma electoral que la auto denominada “Cuarta Transformación” perfilaba, sería una estrategia para poner a su disposición al INE.

Durante una entrevista con el diario Reforma, Anaya Cortés apuntó que el anuncio de la conformación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral también distraería para que dejara de cuestionarse la infiltración de la delincuencia organizada en Morena.

“Esta reforma es parte de una estrategia de poder absoluto. Morena ya controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora quiere tomar por asalto al INE, el último órgano autónomo que garantiza elecciones libres”, aseguró el senador panista.

Asimismo, el ex candidato presidencial sostuvo que Morena buscaría poner al árbitro de su lado para gozar de condiciones a modo y así garantizar futuros triunfos electorales, lejos de mejorar el sistema electoral.

Anaya Cortés describió las modificaciones en el ámbito electoral como una “perversidad por partida doble”. “Es un distractor intencional. Morena no quiere que se hable de lo verdaderamente urgente: la infiltración del crimen organizado en el poder”, reprochó.

“Cada semana se acumulan más evidencias, más señalamientos, más nombres. Gobernadores, candidatos y funcionarios de Morena aparecen ligados a grupos criminales. En lugar de responder, de rendir cuentas, de enfrentar el problema, prefieren desviar la atención con una reforma electoral”, agregó Anaya Cortés.

El día 2 del mismo mes y año, la Administración de Sheinbaum Pardo anunció la integración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, cuyo propósito sería evaluar y replantear el modelo electoral y de partidos en el país.

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, saludó el anuncio de Sheinbaum Pardo para la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual sería encabezada por Gómez Álvarez.

“Saludamos con entusiasmo el anuncio de la Presidenta @Claudiashein para la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual será encabezada por un gran compañero comprometido con la democracia y la Transformación: Pablo Gómez Álvarez. Desde @PartidoMorenaMx reiteramos todo nuestro apoyo a las iniciativas de la Jefa de Estado”, escribió Alcalde Luján, en su cuenta de la red social X.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

La presidenta dice que no se reunirá con Israel Vallarta

Durante su conferencia de prensa matutina del 4 de agosto de 2025 -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó reunirse con Israel Vallarta Cisneros y destacó que su liberación se dio gracias a la decisión de una jueza.

“Es importante aclarar porque esta persona, Israel Vallarta, estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia. Una jueza, jueza porque es importante, porque a veces la oposición, los adversarios, defienden al Poder Judicial y a veces no el actual. Una jueza con sus propios criterios, decide liberarlo, eso es importante, porque no lo liberó ni la presidenta, ni el Gobierno de la República, sino fue una jueza”, enfatizó la mandataria nacional.

“Para qué me voy a reunir [con él], no, no. Lo que es importante es que se recuerde cómo fue esto. Porque ahora dicen que la elección al Poder Judicial es terrible. ¿Y qué pasó con 20 años sin sentencia y la situación con que se da? Más allá de la persona, muy importante recordar aquella época”, comentó Sheinbaum Pardo.

Tras casi dos décadas en prisión, Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, absolvió, alrededor de las 22:30 horas del 31 de julio de 2025, a Israel Vallarta Cisneros, del secuestro de seis personas y ordenó su libertad inmediata del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Villa de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

El ex novio de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crépin y presunto jefe de la banda de Los Zodiaco, fue detenido por elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) -órgano desconcentrado de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular era Genaro García Luna-, la madrugada del 9 de diciembre de 2005, como parte de la averiguación previa SIEDO/UEIS/190/2005.

La jueza federal resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) no probó con las pruebas presentadas la plena responsabilidad del acusado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, así como portación y posesión de arma de fuego, así como posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Con esta determinación, se esperaba que el viernes 1 de agosto de 2025, Vallarta Cisneros abandonara el penal de máxima seguridad, ya que no tenía ningún otro proceso judicial, ni orden de aprehensión pendiente.

El mismo día, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que la liberación de Vallarta Cisneros, recluido por más de 19 años sin sentencia por secuestro, se trabajó por parte del Gobierno de México por la tortura que supuestamente recibió en el momento de su detención.

“Fue la decisión de una jueza. Desde que Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] era Secretaria de Seguridad [Federal] se estuvo trabajando para su liberación, sobre todo por la tortura que recibió durante su detención”, expresó la mandataria nacional.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, actual titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y titular de la SSPC en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, precisó que, un día antes, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó sentencia absolutoria a Vallarta Cisneros.

“Desde el 8 de diciembre de 2005, fecha de su detención, que enfrentó un proceso penal por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, señalado de formar parte de una banda de secuestradores”, mencionó la funcionaria federal.

Asimismo, la titular de la SEGOB señaló que el proceso estuvo “plagado de quejas, amparos, denuncias” y recapituló que se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, 6 juicios de amparo, 7 recursos de revisión y 3 quejas.

“Desde la pasada Administración, el Gobierno Federal ha brindado atención permanente a la familia de Vallarta Cisneros, en especial a su esposa, a quien se ha apoyado con las gestiones para recibir atención médica y atenciones con las visitas y demás, llamadas telefónicas, apoyo desde la parte social, y ya está terminando este proceso penal tan largo”, detalló Rodríguez Velázquez.

“No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por [Carlos] Loret de Mola [Álvarez], de lo que después fue reconocido como un montaje, y ¿de quién fue el montaje? De [Genaro] García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante”, recordó Sheinbaum Pardo.

“Respetamos la posición de la Fiscalía, pero lo cierto es que una jueza resolvió su liberación y no se nos puede olvidar lo que fue el sexenio de Felipe [de Jesús] Calderón [Hinojosa], su guerra con el narco”, destacó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“Y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la paz y la seguridad en el país, sino todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal, multipremiado durante el sexenio de Felipe Calderón y por agencias de Estados Unidos, y por lo que fue aquel sexenio con un personaje que hoy está preso”, agregó la mandataria nacional.

“Y este caso vale la pena recordarlo porque más allá de las investigaciones de la Fiscalía tuvo un origen en la detención muy irregular, por lo menos es lo que podríamos decir”, comentó la presidenta, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Rocío Nahle señaló que realizarán diagnóstico sobre el motín en Cereso de Tuxpan, Veracruz

Nahle aseguró que el penal de Tuxpan ya se encuentra bajo control, “ya lo reportó el secretario Reyes Garcés, que es un secretario serio, honesto y profesional".

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, elabora un diagnóstico integral sobre los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, donde un motín dejó ocho personas muertas y diez lesionadas. 

“Están preparando todo un diagnóstico global, hay carpetas [de investigación], y yo voy a esperar a que salga lo que arroje”, señaló la mandataria en entrevista radiofónica.

Nahle aseguró que el penal de Tuxpan ya se encuentra bajo control, “Ya lo reportó el secretario Reyes Garcés, que es un secretario serio, honesto, profesional, y eso es bien importante. Eso es lo que necesitábamos en Veracruz”, declaró. 

La gobernadora pospuso su conferencia de prensa de este lunes para participar en la presentación del 53.º Festival Internacional Cervantino en la Ciudad de México, donde Veracruz será el estado invitado.? 

Nahle?insistió en que el gobierno estatal no tiene pactos con grupos ni actores externos, y afirmó que lo sucedido en Tuxpan debe analizarse a fondo por las instancias competentes. 
“El gobierno no tiene pacto con nadie, con nadie más que con el pueblo. Lo demás, todo sale en su momento, y es lamentable, pero yo estoy esperando que terminen la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, y que ellos den a conocer ese diagnóstico”, expresó. 
La mandataria no emitió comentario alguno sobre un video que circula en redes sociales tras el amotinamiento en el Cereso (Centro de Readaptación Social) de Tuxpan, en él se ven varios reclusos quienes señalan que el detonante del motín fue una protesta contra presuntos abusos y cobros ilegales ejercidos por integrantes del Grupo Sombra, una organización criminal que, de acuerdo con testimonios, mantiene control en distintas zonas del norte de Veracruz y poder dentro del penal.

Violencia en la zona norte sigue

Mientras tanto la violencia en la zona norte continúa, esta mañana la Fiscalía General del Estado?confirmó el hallazgo de varios restos humanos en la carretera Poza Rica–Cazones, a la altura de la localidad Palmito, en el municipio de Papantla a una hora de Tuxpan.? 

En las fotografías que fueron difundidas se puede observar varios cuerpos desnudos cercenados en bolsas negras sobre la cinta asfáltica.? 

La Fiscalía informó que la Dirección General de los Servicios Periciales comenzó a realizar pruebas de criminalística de campo y de laboratorio, con el fin de determinar el número de personas involucradas y su identidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.