El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) denunció las «violaciones graves a víctimas de desaparición, homicidios y feminicidios» cometidas por el personal del Servicio Médico Forense y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, ante las demoras en los análisis forenses y de identificación de cuerpos en la entidad.

En un comunicado, los familiares del FUNDENL ejemplificaron las faltas con tres «deficiencias que vulneran los derechos de las miles de víctimas» en Nuevo León. La última de ellas se registró en abril de este año, cuando fueron localizados diversos restos humanos que hasta el momento siguen sin ser analizados y la familia buscadora del caso continúa «sin alguna información al respecto».

«Así como este hallazgo, existen miles de restos humanos localizados en otros sitios en años anteriores, que permanecen en resguardo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales sin ser identificados y tampoco cuentan con algún dictamen a través del cual la Fiscalía proporcione alguna información a las familias de las víctimas», precisaron las familias.

Otro caso es el de un joven reportado como desaparecido que fue localizado sin vida en junio de 2024, pero a casi un año del hallazgo el Servicio Médico Forense no ha expedido el Certificado de Defunción, «argumentando a los familiares que no ha sido posible determinar la causa de muerte», a pesar de la importancia del documento.

El FUNDENL agregó que también en junio de 2024 la madre de una joven desaparecida fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que su hija fue identificada dentro de los hallazgos de “El Tubo” en Hidalgo, Nuevo León, recuperados desde 2022. «Sin embargo, hasta el día de hoy, a casi un año de esta identificación, no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna, siendo esto un acto grave de su parte», acusó el colectivo.

Los familiares entregaron un escrito al Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar, y al Director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León, Porfirio Díaz Torres, para urgir su intervención en las «deficiencias» de las instituciones.

COMUNICADO:

Rodeada de vallas metálicas y elementos antimotines de la Guardia Civil que disparaban balas de goma fue como la Casa Michoacán recibió a unos 200 comuneros y comuneras purépechas de Arantepacua, quienes acudieron a la ciudad de Morelia la mañana del pasado 26 de mayo.

Días antes, el Consejo Comunal Indígena de Arantepacua exigió, a través de una misiva, sostener una mesa de trabajo con el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, cuya administración lleva meses en la construcción de un hospital integral y una unidad deportiva en la comunidad.

Aunque la presencia de ciudadanos en la carne asada de Mexicali, organizada de manera espontánea para manifestarse contra la administración de la morenista Marina Ávila Olmeda, el sábado 17 de mayo, concentró al mismo tiempo a unos nueve mil manifestantes; hubo quienes se retiraron antes o llegaron, comieron, se manifestaron y se fueron. 

La respuesta ciudadana a la convocatoria del mismo origen fue impresionante y cimbró no solo la estructura del Gobierno bajacaliforniano, también la de Morena, un partido que después de seis años de Gobierno en esta entidad (dos de Jaime Bonilla, cuatro de Ávila), ya generó la inconformidad social. Dos decisiones se tomaron aquel 17 de mayo. 

Una por el equipo de Gobierno, y otra por ciudadanos. Los segundos organizaron carnitas asadas en otros municipios del Estado, de manera particular en Tijuana y Ensenada, los segundos se auto organizaron para el mismo día, sábado 24 de mayo, y a la misma hora, hacer una “fiesta” de “respaldo” a la Gobernadora Ávila Olmeda. 

La mandataria prefirió no aprovechar la crisis de credibilidad y confianza sobre su Gobierno para cambiar de estrategia y proveer lo que los ciudadanos exigen, seguridad, transparencia y buen gobierno; mejor optó por el autoengaño y la simulación. Terminó por mostrar un inexistente o inflado músculo ciudadano que la “respalda” frente a la manifestación orgánica ciudadana.

Así, el 24 de mayo una unidad deportiva que administra el Ayuntamiento de Tijuana, o sea una propiedad de Gobierno, aun también de origen morenista, fue utilizada con fines políticos, pues en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, en las periferias de la fronteriza ciudad, fue a donde se convocó a la “fiesta” de respaldo a la Gobernadora. No se trató de un acto espontáneo, sino de una concentración política-gubernamental-partidista con todas las de la Ley: acarreados, pago por asistencia, reparto de comida, de banderas, camisetas y otros artículos de campaña, de asistencia obligada para funcionarios, sindicalizados y estudiantes, so pena de sufrir despidos, descuentos o baja en calificaciones, con camiones de transporte masivo rentados exprofeso para salir con delegaciones de “seguidores” de los distintos municipios del Estado, con sillerio rentado, sonido, templete, áreas de entretenimiento para niños también rentadas, muchos vehículos alquilados para traslados, y secretarios y directores del Gobierno del Estado, alcaldes y funcionarios municipales, presentes en sábado, día hábil para el Ggbierno, en la nada espontánea y sí muy forzada, “fiesta de apoyo”.

Porque aquello no fue una fiesta, sino un acto político del Gobierno y del partido al que fueron obligados a asistir los casi cinco mil “apoyadores” de la mandataria estatal. Una concentración para el ego, un acto pactado, pagado y programado, para hacer sentir a la Gobernadora un apoyo que, de otra manera, no tiene. Tan no lo tiene, que ni con el transporte gratuito al acto, ni con el regalo de parafernalia política, ni con la comida repartida ni los dineros entregados, logró superar la estructura del Gobierno de Morena en Baja California, la asistencia de nueve mil manifestantes en la carnita asada de Mexicali del 17 de mayo de 2025.

Sí superaron otras concentraciones, como la de Tijuana o la de Ensenada, donde los asistentes se contaron por cientos acaso unos mil, pero en la ciudad más poblada, con todo el recurso del que dispusieron y sus bases partidistas, los del Gobierno de Morena, no superaron a los mexicalenses que, de manera harto pacífica, utilizaron una carne asada para manifestarse. Ha podido más la ciudadanía que el acarreo.

Aun así, con una asistencia pobre para la inversión, la Gobernadora Marina Ávila Olmeda llegó a la concentración por sus funcionarios y partidarios organizada y pagada. Se placeó entre los presentes, se tomó fotos, se mostró “sorprendida” y conmovida por la asistencia, y al modo se tomó fotos con los ahí presentes, las cuales posteó en su red social, pero al igual que en la calle, la respuesta ya no es la que espera. Baste revisar los comentarios de la publicación para encontrarse con que la animadversión ciudadana en las concentraciones masivas, también está presente en redes sociales. Imperan los comentarios negativos hacia su posición política, su gobierno y la realidad que se vive en el Estado.

Los acontecimientos recientes, la revocación de la visa para internarse en territorio norteamericano que le fue retirada personalmente a su esposo, Carlos Torres Torres (por cierto no presente en la “fiesta” de respaldo a la Gobernadora), y a ella vía notificación, la creciente inseguridad, la limitada y pobre exploración de narcofosas, el asesinato de personas en balaceras e incluso cuando se encuentran en hospitales públicos, los cientos de desaparecidos, o las extorsiones que muchos ciudadanos dicen ser objeto por parte de servidores públicos municipales o estatales, han sido la denuncia y los motivos de los reclamos recientes. Sin embargo, con la programación de un acto para auto respaldarse, Morena, Marina Ávila, y su Gobierno, reiteran el desdén que han tenido con la concentración ciudadana, a la que ni la atienden ni la entienden, alejándose cada vez más de la sociedad en las calles, para limitarse a actos “públicos” con asistencia controlada, como la fiesta que se autoorganizaron, o la entrega de apoyos sociales, y constitucionales.

Han transcurrido 18 días desde el anuncio de la revocación de la visa al esposo de la Gobernadora y a ella misma, han sucedido manifestaciones masivas como la de Mexicali y otras de menor asistencia en el resto de los municipios, pero la sociedad, sigue sin ser escuchada, el desdén social es lo que impera, y los oídos gubernamentales sordos ante la consiga que se ha coreado en todas las manifestaciones hasta ahora realizadas: '¡fuera Marina!'.

La Fiscalía de Jalisco informó la vinculación a proceso de ocho personas por el delito de desaparición cometida por particulares, entre ellos un presunto reclutador y siete detenidos en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.

En audiencia celebrada este martes 27 de mayo, el juez determinó vincular a Eduardo Daniel “N”, presunto reclutador, junto con Gustavo Ángel “N”, Kevin Martínez “N”, Luis Alberto “N”, Juan Manuel “N”, Armando “N”, Ricardo Augusto “N” y Erick “N”.

Las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas han permitido ampliar el caso, sumando esta vinculación a cinco carpetas de investigación previas contra los detenidos.

8 vinculados por el caso en Rancho Izaguirre.

Un presunto reclutador y siete detenidos más fueron vinculados a proceso por desaparición cometida por particulares, señalados por una nueva víctima que no figuraba en las investigaciones anteriores. pic.twitter.com/GSwBuLCePc

— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 28, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que su gobierno está analizando el cambio del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, tras la exigencia de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.

“Ellos (los familiares) han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa de prensa mañanera en referencia uno de los casos emblemáticos de la tragedia de los desaparecidos en México.

Sheinbaum recibió el martes a los padres y madres de los normalistas quienes tras la reunión expresaron su deseo de cambiar al fiscal actual, Rosendo Gómez, encargado del caso desde el 2022, a quien acusan de corrupción, falta de resultados y abandono del enfoque en la búsqueda con vida de los estudiantes.

En ese sentido, dijo que si se cambia al fiscal actual, debe ser una persona reconocida por los familiares de los desaparecidos.

Asimismo, se refirió a la declaración de Gómez, quien antes de la reunión afirmó que lo que ahora se busca son los cadáveres de los normalistas.

“Es una declaración muy desafortunada”, subrayó, al señalar que su gobierno sigue trabajando para encontrar a los jóvenes.

Sheinbaum apuntó que tras su reunión con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos se acordó buscar nuevos esquemas de investigación para localizarlos y también para conocer lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014.

El Primer Tribunal Colegiado Penal del Tercer Circuito pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolver, en definitiva, si Miguel Ángel Félix Gallardo, de 79 años de edad, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -cofundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara, alrededor de 1980-, era culpable de los asesinatos del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, ocurridos en febrero de 1985, delito por el que fue condenado, el 27 de agosto del 2017, a 37 años de prisión.

El 28 de abril de 2025, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del máximo tribunal constitucional turnó a la ministra Margarita Ríos Farjat ,la petición del citado Tribunal Federal, que no había hecho públicos los argumentos por los que consideró que el caso tenía características jurídicas extraordinarias que ameritaran la atracción del caso por parte de la SCJN.

El citado Tribunal Federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ejercer su facultad de atracción para resolver el amparo directo de Félix Gallardo, último recurso para impugnar la condena de 37 años de prisión que le impuso un juez, en agosto de 2017, sentencia confirmada en febrero de 2018, por una magistrada de apelación.

Según lo informó el diario Reforma, Ríos Farjat tendría que presentar un proyecto a la Primera Sala de la SCJN, para determinar si procedería la atracción, asunto que tendría que ser resuelto en las cuatro sesiones que quedaba entre el 11 de junio y el 13 de agosto de 2025, cuando cesarían las actividades la actual integración del máximo tribunal constitucional. Si el caso no se votara a más tardar en esas fechas, quedarías pendiente para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sería asignado a otro ministro.

“Si no es atraído el caso, el tribunal colegiado tendrá que dictar la sentencia final sobre los hechos del caso, aunque la defensa posteriormente podría llevarlo de nuevo a la Corte, pero solo para alegar temas de interpretación Constitucional. Félix Gallardo, de 79 años, era jefe del Cártel de Guadalajara cuando Camarena y Zavala fueron secuestrados, y siempre ha negado haber ordenado su ejecución o tenido conocimiento de los hechos”, indicó el citado rotativo.

“El juicio de primera instancia sobre este caso se prolongó durante 32 años, hasta que finalmente, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales en Puente Grande lo declaró culpable, y también lo sentenció a pagar reparación de daño de 20.8 millones de pesos a los familiares de las víctimas. Si bien Félix Gallardo está cerca de compurgar los 37 años de la condena por este asunto, ya que fue detenido en abril de 1989, tiene otra sentencia de 40 años por narcotráfico”, insistió el mismo diario.

Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic”, se declaró culpable, el 13 de diciembre de 2024, ante la jueza Lindsey R. Vaala, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, en EE. UU., de conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo, una sustancia controlada de tipo II, desde septiembre de 2024 hasta su detención en diciembre del mismo año. Además, firmó un nuevo “acuerdo de cooperación” con la Fiscalía estadounidense.

Según el documento judicial del caso 1:24-MJ-496, que se encontraba bajo reserva y fue dado a conocer el 28 de mayo de 2025, “El Mini Lic” conspiró para traficar fentanilo en septiembre del 2024, en Fairfax, una de las más de 30 ciudades ubicadas en el estado de Virginia.

“Yo, el demandante en este caso, declaro que lo siguiente es cierto según mi leal saber y entender. En o alrededor de la fecha o fechas comprendidas entre septiembre de 2024 y la actualidad, en la ciudad/país de Fairfax, en el Distrito Este de Virginia, el acusado infringió el artículo 21 del Código de los Estados Unidos, artículos 841 y 846″, decía el documento fechado el 13 de diciembre de 2024, enviado por José Luis Felipe Ayala, agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Después de negar la libertad bajo fianza de “El Mini Lic”, la jueza Vaala determinó que López Serrano representaba un alto riesgo de fuga y que no existían condiciones que garantizaran la seguridad de la comunidad, en caso de su liberación.

Por su parte, la Fiscalía de EE. UU. presentó evidencia que incluía interceptaciones telefónicas y testimonios de informantes, que vinculaban a “El Mini Lic” con operaciones de tráfico de fentanilo, desde que residía en Virginia.

El Gobierno de Estados Unidos difundió, el 19 de diciembre de 2024, la primera fotografía de “Mini Lic”, así como la orden de detención en su contra, presentada ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, en EE. UU., en la que se le acusaba de tráfico de fentanilo.

En la fotografía, se podía observar al ex integrante del Cártel de Sinaloa -quien fue recluido en una prisión estatal de Virginia-, vestido con una playera color azul marino, así como una sudadera con capucha de color negro, además de que portaba unas lentes con moldura color café.

En tanto que en la orden de aprehensión indicaba que López Serrano, de 37 años de edad, era acusado por la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, de un cargo por conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo.

Según datos de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), el número de registro de López Serrano era el 63436-298, además de que se indicaba que tenía tez de piel blanca y se encontraba bajo su custodia, desde el 16 de septiembre de 2022.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó, el 17 de diciembre de 2024, que solicitaría al Gobierno de Estados Unidos, la extradición de “El Mini Lic”, por ser señalado como presunto autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, co fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada, asesinado el 15 de mayo del 2017, en Culiacán de Rosales, Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal señaló que el el órgano constitucional autónomo había insistido al Gobierno de EE.UU., “en innumerables ocasiones”, la entrega de López Serrano, pero por su condición de testigo protegido, les había sido denegada.

El 14 de diciembre de 2014, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la aprehensión de López Serrano en Estados Unidos, y la calificó como ‘una detención muy importante”.

Cuestionada al respecto, a su llegada a la inauguración del Centro de Atención a Visitantes, de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, la mandataria nacional adelantó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) daría más detalles de la detención de el “Mini Lic”.

Según lo reportó la prensa estadounidense, López Serrano fue detenido el viernes 13 de diciembre de 2024, en Virginia, Estados Unidos, bajo cargos de tráfico de fentanilo.

El miércoles 26 de julio del 2017, el “Mini Lic” se entregó a agentes de la Administración Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), en el cruce fronterizo de Calexico, California.

Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, y su hijo “El Mini Lic”, ex miembros del Cártel de Sinaloa, testificaron en Estados Unidos, respecto a las operaciones de dicha organización criminal y la implicación de Ovidio Guzmán López, “El Ratón” -hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Menores”-, en secuestros, torturas y tráfico de drogas.

Así lo dio a conocer la FGR -citada por el diario Reforma-, el 7 de marzo de 2023, durante la audiencia en la que Rogelio Díaz Villarreal, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, notificó a Guzmán López la solicitud de extradición que realizó el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, para que fuera juzgado en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre ellos el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.

López Núñez declaró 30 de enero de 2023, ante el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), que antes de que extraditaran a su compadre “El Chapo”, se repartía todo el dinero de las ganancias con Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del capo sinaloense, también conocidos como “Los Chapitos”.

En su testimonio, “El Licenciado” recordó que luego de la extradición de “El Chapo” a Estados Unidos, el 19 de enero de 2017, sus hijos le declararon la guerra a “Los Dámasos”, ello a pesar de una reunión que convocó Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, para evitar la ruptura interna del Cártel de Sinaloa.

López Núñez también le contó a las autoridades estadounidenses, que Guzmán Loera ordenó en el año 2009, establecer una ruta de tráfico de drogas y dinero en Centroamérica, por lo que se contrataron vehículos de una “empresa de comunicaciones”.

“El Licenciado” declaró, además, que su compadre “El Chapo” le pidió negociar una ruta de trasiego ilegal en Centroamérica, luego de que fuera asegurado el barco Polar I, con 6 toneladas de cocaína, frente a las costas de Chiapas, en febrero de 2009.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), confirmó en conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, que se tienen 120 denuncias por presuntos ‘pinchazos’ el Metro.

De estos, confirmó que hubo una “posible punción por pinchazo” en el Metro; en los otros 55, no se pudo constatar médicamente la presencia de la punción.

“Hasta ahora no se reportan casos asociados a estos pinchazos de delitos graves, como privación ilegal de la libertad, delitos sexuales u otra”. Lo que si admitió, fue que se tiene registro de robo en seis de los casos confirmados.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que continúa con las investigaciones relacionadas con el homicidio de Sara Rendón Parra, hija de Sara Olivia Parra Téllez, titular del Centro de Justicia para las Mujeres dependiente de la institución.

Tras el incidente, en el que también resultó lesionada otra persona, la Fiscalía activó los protocolos correspondientes, dijo en un comunicado.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios en el lugar.

Se mantiene coordinación con la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad para avanzar en la identificación y posible detención de los responsables, quienes serán presentados ante la autoridad judicial.

Seis militares murieron y dos resultaron heridos el martes tras la explosión de un artefacto, presumiblemente una mina artesanal del crimen organizado, en los límites de los estados de Jalisco y Michoacán, de acuerdo con varios medios nacionales que citan fuentes oficiales.

Los reportes señalan que los hechos tuvieron lugar entre el municipio michoacano de Cotija y el jalisciense de Jilotlán, en una zona que se disputa el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con grupos del lugar.

De acuerdo con los primeros informes, un vehículo militar realizaba labores de patrullaje en un camino de terracería cuando estalló la mina. Otra versión indica que los militares se encontraban en un enfrentamiento con un grupo criminal, el cual habría detonado el artefacto explosivo.

El diario Reforma detalló que los fallecidos son dos oficiales militares de la Guardia Nacional y cuatro elementos de tropa, según fuentes castrenses.

Durante el primer mes de campaña, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró presuntos gastos irregulares en los eventos proselitistas de 13 de los 63 aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre los cuales, la ministra en funciones Lenia Batres lideró la lista de señalamientos.  

Como parte de la fiscalización de las campañas, el INE realiza visitas de monitoreo a los eventos de campaña de las candidaturas para identificar hallazgos que puedan generarles un beneficio que rompa la equidad en la contienda. 

También se realiza monitoreo de propaganda en vía pública, medios impresos y redes sociales que puedan ser contrarios a la ley que se suman al conteo final de gastos de campaña de las candidaturas.

Otros gastos recurrentes en los eventos de Lenia Batres y que no se contemplan en la ley electoral son la presencia de camarógrafos o fotógrafos profesionales, el uso de equipo de sonido o la colocación de un templete para sus actos de campaña.

Incluso, en un evento en Celaya, el INE identificó el acompañamiento de dos personas señaladas como personal de seguridad durante un recorrido para repartir volantes a comerciantes.

Un caso similar al acompañamiento de legisladores de Morena ocurrió con el candidato Hugo Aguilar, quien en un evento en la comunidad de Maguey Blanco en Ixmiquilpan, Hidalgo, contó con la participación como presentadora de la diputada local de Morena Cynthia Delgado. En dicha actividad, el INE también reportó que hubo un servicio de café para 100 personas, así como 100 sillas para los asistentes y equipos de sonido.

INE registra pantallas, sillas e inmuebles rentados en eventos de Yasmín Esquivel

En el caso de Yasmín Esquivel, se identificaron cuatro eventos que según reportes de los monitores del INE tuvieron elementos no permitidos para las campañas.

Por ejemplo, el 21 de abril en una conferencia convocada por la Barra de Abogados de Aguascalientes, en la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes, el órgano electoral registró que se colocaron 240 sillas, 2 pantallas, además del uso de equipo de sonido y la renta del inmueble, gastos no permitidos para la campaña, ni siquiera como aportaciones de terceros.

Otro caso fue el 16 de abril en un evento en Pachuca, con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Hidalgo, donde el INE registró aportes en especie como la presencia de un fotógrafo, dos pantallas de televisión, equipo de sonido que contemplaba una cabina de audio con una consola, tres micrófonos inalámbricos y sus receptores y bocinas colgantes, así como servicio de café, frutas y galletas para 50 personas, un camarógrafo y 60 sillas de plástico.

Un Tribunal federal confirmó este martes la suspensión provisional concedida al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, prófugo de la justicia, ante cualquier orden de aprehensión, detención y comparecencia emitida en su contra.

En una sesión extraordinaria, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México declaró infundado el recurso de queja que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra la medida cautelar que el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal, a cargo de Sindy Ortiz Castillo, otorgó el pasado 20 de mayo al exfuncionario contra la orden de captura librada por daño al erario estatal por más de mil millones de pesos.

De acuerdo con el pleno, el Ministerio Público Federal pidió la revocación de la media cautelar, debido a que Aureoles Conejo ya contaba con una suspensión definitiva otorgada. A raíz de ello, los magistrados señalaron que no había certeza de que se trate de la misma orden u otro mandamiento en el que se le requiera.

Apenas este lunes, la Jueza Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, dio luz verde a la FGR para detener al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, tras levantar la suspensión definitiva que lo protegía, toda vez que no cumplió con el pago de una garantía por un millón de pesos y con su comparecencia ante la Jueza de control, Patricia Sánchez Nava, por desvío de recursos en la construcción de cuarteles.

“Se advierte que el quejoso Silvano Aureoles Conejo no cumplió con las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo de 2025, pues no exhibió la garantía económica establecida ni acreditó haber comparecido de manera personal ante la Juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal 118/2025, a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que se le concedió”, indicó la Juez Vargas en aquella ocasión.

Según las investigaciones, la Fiscalía había intentado actuar en contra de Silvano Aureoles, quien fue acusado de desfalcar al estado de Michoacán por más de tres mil millones de pesos durante su cargo de 2015 a 2021.

Las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) y del PAN, Laura Ballesteros y Diana Gutiérrez Valtierra, respectivamente, junto a otras lesgisladoras y activistas, entregaron 23 mil firmas ciudadanas para presentar una solicitud de desafuero contra el diputado morenista, Cuauhtémoc Blanco. 

La entrega de firmas se hizo a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Senado, para que se investigue la acusación en contra del exgobernador por la acusación de violación en grado de tentativa a su media hermana.

El Tribunal de Enjuiciamiento de competencia estatal declaró este día culpable a Javier López Zavala, político priista y excandidato a la gubernatura, por el delito de violencia familiar cometido contra la abogada feminista Cecilia Monzón, quien fue asesinada el 21 de mayo de 2022. 

“Este fallo representa un paso significativo en la lucha por la justicia para Cecilia, abogada y activista incansable que denunció en vida los actos de violencia que sufrió, y cuya voz sigue resonando en nuestra búsqueda de verdad y reparación”, señaló la familia Monzón en un comunicado.

Tras el hallazgo de 17 cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reveló que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas hace dos meses o menos. 

En entrevista, el funcionario estatal destacó que en los trabajos de investigación de la Fiscalía por la desaparición de personas consiguieron que un juez de control concediera una orden de cateo y, al llegar al inmueble ubicado en la calle Santos Degollado, encontraron las bolsas con los cuerpos.

En menos de cinco meses de este 2025, ya en la nueva administración de Claudia Sheinbaum, más de mil adolescentes y jóvenes mexicanos de entre 15 y 19 años están desaparecidos. 

Este dato supone hasta un 75 % más de casos activos que en el mismo periodo del año pasado que, de por sí, ya había batido el récord como el año con más adolescentes y jóvenes desaparecidos desde que en 2020, en el segundo año de López Obrador, se presentó la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Segob. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales de ese registro, hasta el 20 de mayo de este año sumaban 2 mil 785 denuncias de desaparición de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años, de las cuales 1 mil 068 continúan activas. Es decir, a día de hoy, hay más de un millar de jóvenes en México que permanecen en paradero desconocido.

También supone un alza del 191 % respecto al mismo periodo de 2020, el año de la pandemia (366 casos), y de un 252 % respecto a 2019 (303 casos). De hecho, los más de mil jóvenes desaparecidos de estos apenas cinco meses de 2025 ya superan, por ejemplo, a todos los registrados en 2022 (879).

De continuar así la tendencia durante el presente año, se batirá el récord de 2024, que en 12 meses registró 1 mil 717 casos activos de adolescentes y jóvenes desaparecidos; 634 más que en 2023, un 60 %; y 838 más que en 2022, un 96 %.

CDMX y Edomex, a la cabeza de jóvenes desaparecidos

Por entidades federativas, un análisis realizado por Animal Político revela que tanto en lo que va de este 2025, así como en 2024 y 2023, la Ciudad de México y el vecino Estado de México se han intercalado los dos primeros lugares con más casos de hombres y mujeres jóvenes desaparecidos. 

Por ejemplo, en lo que va del año, suman 190 jóvenes que siguen desaparecidos en la capital mexicana, que ocupa hasta el momento el lugar número uno. De ese total, son más las mujeres jóvenes desaparecidas (118) que los hombres (72). 

El Estado de México ocupa el segundo lugar, con 178 casos vigentes (107 mujeres, 71 hombres); y Puebla, el tercero con 124 casos mayoritariamente de mujeres (82 frente a 42 hombres). En este caso, cabe destacar que en todo 2024, Puebla registró 78 casos vigentes, por lo que el aumento en menos de cinco meses de 2025 fue de casi un 60 %.

Sinaloa, que desde el verano pasado vive inmersa en una cruenta batalla al interior del cártel de Sinaloa, ocupa el cuarto lugar con 42 casos activos, de los cuales casi todos son de hombres (36 frente a 6); y Sonora, otro estado afectado por la violencia criminal de los cárteles y las desapariciones, está en el lugar cinco con 39 adolescentes y jóvenes desaparecidos (29 frente a 10).

En cuanto a las edades y el sexo de los desaparecidos, otro análisis realizado por Animal Político apunta que el grupo más afectado por las desapariciones en el país es entre los 15 y 17 años, con 777 casos que continúan vigentes, el 72 % del total registrado en 2025. 

Y dentro de este bloque de edad, destaca que son mayoría los casos de mujeres desaparecidas. Por ejemplo, de los 281 casos de 15 años, 175, el 62 %, son mujeres; y de 16 años, 177, el 61 %, también son mujeres. 

En cambio, de los 151 casos de 18 años, el 63% son hombres; y de los 139 de 19 años, casi un 70 % también son hombres. 

“Se quieren invisibilizar las desapariciones y el reclutamiento”

“No todo reclutamiento es para sicariato”, subraya. “También hay explotación laboral, por ejemplo. O sea, tienen a los jóvenes como esclavos o los utilizan para servidumbre”. 

Otra de las ‘tareas’ más recurrentes para los que reclutan a adolescentes y jóvenes, agrega Juan Martín, es para labores de vigilancia, para el clásico ‘halconeo’. 

“Estos grupos necesitan tener vigilancia de los territorios controlados, y tienen además una enorme economía informal que también requiere de vigilancia. Y para esas labores utilizan a los adolescentes y jóvenes reclutados, a los que también utilizan, por ejemplo, para el cobro de las extorsiones, o para traslados entre un punto y otro de la ciudad”.

En cuanto a las mujeres, el experto apunta que buena parte de las desapariciones se explican por dos temas: la explotación sexual y los feminicidios. 

“La producción de material de explotación sexual digital de niñas, jóvenes y mujeres está generándose desde vías criminales y hasta cotidianas”, apunta Juan Martín.

“Además –agrega–, recordemos que nuestro país ha sido señalado insistentemente en la última década como uno de los mayores productores de material de explotación sexual digital de niñas y adolescentes, y obviamente para eso se necesitan víctimas que, lamentablemente, son esclavas sexuales”.

Por último, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia puso sobre la mesa que, ya desde el pasado gobierno de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la capital mexicana, le expusieron la preocupación por el aumento de la desaparición de jóvenes, a pesar de lo cual no hubo respuesta que se tradujera en alguna política pública para abatir este fenómeno. 

“El tema del reclutamiento se ha querido invisibilizar. Y lamentablemente, continuará creciendo en tanto no se asuma que el reclutamiento de adolescentes y jóvenes ya es un tema de seguridad nacional”, recalca Juan Martín.