La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones legales al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, de acceso a un empleo público; así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnó la victoria de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, en la elección para la gubernatura al considerar que incurrió en “violaciones graves a la normatividad comicial”.

Sylvia Janeth Flores Elizondo, dirigente local del Sol Azteca, promovió el juicio de inconformidad en contra del candidato ganador en los comicios del pasado 6 de junio, al cuestionar la imparcialidad en la contienda.

El proceso electoral que culminó el pasado 6 de junio con la jornada electoral más grande de la historia de México, dejó 102 políticos asesinados, de ellos, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos, de acuerdo con la consultora Etellekt.

Del total de los 102 políticos asesinados, 87 eran hombres (29 eran aspirantes y candidatos) y 15 mujeres (7 aspirantes y candidatas).

En los primeros cinco meses de 2021 los asesinatos en 14 estados del país se incrementaron en comparación con el año pasado, en algunos casos con ascensos que van del 30 hasta el 70%. Además, a nivel nacional, las víctimas y denuncias de algunos de los delitos de mayor impacto como las violaciones, los robos y extorsiones también han repuntado.

El promedio de personas asesinadas a diario asciende a más de 97 en 2021, tal como ocurría en el arranque del sexenio. Incluso, las muertes no intencionales ocasionadas por hechos de tránsito también registran un incremento superior al 20% en lo que va del año.

El presupuesto de 2021 asignado al Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) es 4.5% mayor al monto ejercido por el Seguro Popular (SP) en 2019, sin embargo, dicho incremento no es suficiente para cubrir la atención de 14.4 millones de personas adicionales que se afiliaron a este subsistema desde hace dos años, apuntó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

No sólo eso, la investigación elaborada por Judith Senyacen Méndez Méndez destaca que el aumento marginal en el presupuesto se traduce en un gasto de 2 mil 911 pesos por persona, 20.4% menos que en 2019 con el Seguro Popular. 

La Fiscalía General de Tamaulipas (FGE) no tiene duda de que lo sucedido el fin de semana en la ciudad de Reynosa, en la que perdieron la vida 19 personas, 14 de ellos civiles, tuvo la intención de sembrar el terror entre la población.

“Entraron disparando a diestra y siniestra. Se metieron a algunas tiendas, robaron a algunas personas; ingresaron a un taller mecánico, les quitaron los teléfonos y robaron algunos vehículos; todo con la intención de causar terror en la sociedad”, afirmó el fiscal Irving Barrios.

Hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban afuera de un taller de reparación de motocicletas en Nicolás de los Agustinos en Salvatierra, Guanajuato. El ataque dejó siete muertos y dos heridos.

De acuerdo con el sitio Zona Franca, los presuntos responsables bajaron de una camioneta y dispararon a los hombres para luego escapar.

La Unidad Especializada de Desaparición Forzada reinició la búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Las acciones para localizar a Uruchurtu se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23 de junio de 2021 en las poblaciones del Distrito de Nochixtlán, en la región Mixteca, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La polémica propuesta de reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional, preocupa a quienes consideran un riesgo para los derechos humanos el empoderamiento de los militares. “El riesgo más obvio de una fuerza militar, con el papel de policía interna, es que la sociedad se canse con los abusos de derechos humanos relacionados a las Fuerzas Armadas (que es casi imposible evitar), y disminuya la confianza que se les ha dado”, me dijo Craig A. Deare, catedrático de la Universidad de la Defensa Nacional, ex oficial de Inteligencia del Pentágono, y ex asesor para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad.

Lorena Josefina Valenzuela Esquer, joven originaria del pueblo yaqui de Vícam, desapareció desde el 17 de junio cuando iba a trabajar a una maquiladora en el municipio de Empalme, a poco más de 40 minutos de distancia; es hermana de Mario Luna, activista y vocero yaqui.

La joven tiene 24 años y, según se reporta en redes sociales, fue vista por última vez entre las 18:00 y las 18:20 horas de aquel jueves por sus compañeros de trabajo en Empalme, pero Lorena Josefina no ingresó a la empresa.

Personas que ya han sido vacunadas contra la COVID-19 —algunas incluso con el esquema de dos vacunas completo— han enfermado y muerto en al menos ocho entidades del país, una situación que ha generado alarma mientras la inoculación avanza a lo largo del territorio a seis meses de haber iniciado con la meta de volver a la vieja normalidad.

Tan sólo en la última semana se registraron casos en Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, así como la confirmación por parte de las autoridades sanitarias de Hidalgo del deceso de 36 personas que ya habían sido vacunadas con al menos una dosis.

Autoridades confirmaron que los restos encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de Vícam, Sonora, corresponden a Tomás Rojo Valencia, exlíder de la tribu yaqui desaparecido desde el pasado 27 de mayo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó a través de un video que, de acuerdo con los análisis de confronta o comparativa genética por ADN a los restos localizados el pasado jueves 17 de junio, fue posible identificar científicamente al exvocero indígena Rojo Valencia.

Casi 3 mil 300 migrantes varados en México desde enero debido a la política fronteriza de Estados Unidos han sido secuestrados, violados, traficados o agredidos, según un informe de un grupo de derechos humanos publicado este martes.

El informe, elaborado por Human Rights First, que tiene su sede en Nueva York, documenta los casos de migrantes y solicitantes de asilo atrapados en México desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo el 20 de enero.

La pandemia por COVID-19 provocó que en México el número de millonarios, cuya riqueza se mide en millones de dólares, tuviera una disminución de 10 mil personas en el año 2020, sin embargo, este 1 por ciento de la población más acaudalada acumuló 31 por ciento de la riqueza nacional,  de acuerdo con el más reciente reporte del banco de inversión Credit Suisse.

En su informe “Reporte de riqueza global 2021”, publicado este día, el banco destaca que en México, como en los demás países del mundo, hubo una reducción en la concentración de la riqueza que borró 10 mil millonarios mexicanos en tan solo un año y el número de personas acaudaladas para 2020 quedó en 264 mil.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó este lunes la iniciativa “Guardianes de la Constitución”, que pretende vigilar la constitución e ir contra reformas legales como la de la Ley de la Industria Eléctrica o la de Hidrocarburos, que ha impulsado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, desde el exterior del Teatro de la República en el central estado de Querétaro, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, señaló que esta es una iniciativa social “en defensa de la Constitución y de su cumplimiento”.

La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), Elba Esther “La Maestra” Gordillo, quien se convirtió en una poderosa dirigente magisterial en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril de 2012; es decir, antes de las elecciones que llevaron a Enrique Peña Nieto al poder, dicen los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil en el diario español El País.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció que de enero a mayo de 2021 incrementó 7% el delito de feminicidio a lo largo de todo el país, respecto al mismo periodo de un año anterior.

Este fue uno de los que reflejó un alza en el último Informe Mensual de Seguridad, que presenta el gabinete de Seguridad durante la conferencia matutina presidencial.

Más de 10 años después de que el expresidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra el narcotráfico, el Ejército empieza a enfrentar el pago de indemnizaciones económicas por violaciones a los derechos humanos, producto de excesos cometidos contra civiles.

El pasado 16 de junio el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe indemnizar a los familiares del estudiante del Tecnológico de Monterrey, Jorge Otilio Cantú, acribillado en 2011 por efectivos del Ejército. La ejecutoria obliga a la Sedena a pagar 5 millones 469 mil pesos a cada uno de los familiares demandantes.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió la renuncia del canciller Marcelo Ebrard por la tragedia en la Línea 12 del Metro, dado que el informe preliminar –subrayó-- confirma que fueron las prisas y la poca supervisión de la obra lo que provocó sus fallas.

“El informe preliminar deja muy clara la responsabilidad de Marcelo Ebrard por apresurar la obra y recibirla sin revisar, por lo tanto, Ebrard tendría que renunciar y, de no hacerlo, ser despedido para poder ser enjuiciado por probable homicidio no intencional. Además, Marcelo Ebrard, junto con Mario Delgado, tendrán que responder por las compras a sobreprecio y sin las especificaciones técnicas necesarias de vagones, materiales y equipos”.