La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero consideró que el empresario Alonso Ancira puede acogerse al criterio de oportunidad siempre y cuando “regrese el dinero” que recibió por la compra de “la empresa chatarra” Agronitrogenados.

En la conferencia mañanera, en Palacio Nacional, la funcionaria federal reiteró que Ancira tiene que “aceptar que hubo sobreprecio y enriquecimiento indebido”, antes de apegarse al beneficio legal.

En una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), denominada Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas a decenas de personas y empresas pertenecientes a una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos dentro del país.

Una fuente de la UIF confirmó que la banda es encabezada por el ciudadano rumano Florian Tudor, quien es investigado por portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos contra la biodiversidad y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así ha sido en los últimos meses, dicen los afectados. Y aun cuando ya presentaron varias denuncias no han sido atendidos. Las cosas se les complican por la prolongada pandemia que exige el lavado de manos continuo, pero sobre todo por la peor sequía registrada en casi 30 años, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pasaron 15 años desde que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, participó en la detención y tortura de la periodista y defensora de los derechos de mujeres y niñas, Lydia Cacho Ribeiro, hasta que este 3 de febrero fue detenido en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

La Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al político priista, quien fue trasladado de Acapulco a Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con la organización Artículo 19, en 72 horas se definirá su situación jurídica, si enfrenta el proceso en prisión o si un juez considera que no hay elementos para procesarlo.

Las organizaciones que integran la Caravana de Solidaridad denunciaron la presencia de un grupo invasor en los trabajaderos de la comunidad de Nuevo San Gregorio, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en Ocosingo, Chiapas.

Los colectivos de la Caravana, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, señalaron que la llegada del grupo invasor impidió a los pobladores iniciar la siembra de maíz y frijol programada para este 1 de febrero.

Por lo menos 11 mujeres migrantes con niños recién nacidos en Estados Unidos fueron devueltas desde marzo pasado a localidades fronterizas en México sin los certificados de nacimiento de sus hijos, reveló este viernes el portal de noticias The Fuller Project.

Después de casi un año sin estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los precios de las gasolinas, la Secretaría de Hacienda decidió reactivarlo, con el fin de no aumentar los precios de los combustibles, en términos reales, durante 2021.

El principal socio comercial de Estados Unidos fue China, con el 14.9 por ciento del comercio internacional, dato con el que terminó por destronar a México, que terminó 2020 con una cobertura del 14.3 por ciento, seguido de cerca por el 14 por ciento de Canadá.

La balanza comercial de EU hasta diciembre mostró un déficit de 66.6 mil millones de dólares, lo que significó una disminución mensual de 3.5 por ciento.

En el 2020 el déficit acumulado fue de 678.7 mil millones, 17.7 por ciento más que en 2019, lo que lo convirtió en el mayor déficit desde 2008.

Los doce policías estatales de Tamaulipas detenidos por la masacre de Camargo, en la que fueron asesinadas 19 personas, seguirán en prisión hasta la próxima audiencia. Todos ellos se adhirieron al término constitucional de 144 horas, es decir, que pidieron que se amplíe el plazo para que el juez determine si los vincula a proceso, según explicaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. La próxima audiencia tendrá lugar el lunes en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria. 

No han trascendido detalles sobre las declaraciones de los agentes. Únicamente que la primera audiencia se alargó durante toda la jornada del miércoles y que se desarrolló a puerta cerrada.

Las declaraciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sobre que los amparos contra el Tren Maya “no han sido presentados por las comunidades” no tiene otro fin que “desacreditar una lucha que se ha hecho por defender el patrimonio de cientos de años”, aseguraron comunidades cercanas a las obras del megaproyecto.

Contrario a lo que señaló el director general de Fonatur, Rogelio Gómez Pons, las comunidades mayas sí han interpuesto varios amparos para detener la construcción del Tren Maya, apelando a la amenaza que representa al medio ambiente, el despojo del territorio y el desalojo de las familias que viven cerca de las obras.

“Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico (…) además aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a la energía limpia para los ciudadanos de México”, aseguró  la cámara de comercio estadounidense. “Es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros”, planteó el grupo.

Para tiendas departamentales y centros comerciales el uso de cubrebocas es obligatorio, deberán operar con un aforo máximo del 20 por ciento y sólo podrán operar seis días a la semana, de martes a domingo. “Estamos permitiendo que las tiendas departamentales, centros comerciales, operen 24 horas del día”, explicó Clark, también continuará la implementación obligatoria del código QR.

“No fue a favor del exgobernador de Puebla”, expresó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tras ser cuestionada por la expresión de la periodista Lydia Cacho, quien sostuvo que ella la traicionó cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó por no sancionar a Mario Marín.

“Ahí están las versiones estenográficas, yo dije que sí había habido violaciones a sus derechos humanos que podrían ser resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa como lo es el amparo y que para el parámetro de gravedad de violación grave, habíamos resuelto la matanza de Aguas Blancas”, argumentó en conferencia matutina.

El ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres permanecerá en prisión y su situación jurídica se resolverá el próximo miércoles, cuando el juez segundo de distrito en materia penal federal, con sede en Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, determine si le dicta formal prisión o auto de libertad por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Araceli Andrade, defensora de Cacho, dijo que el juez negó el beneficio de prisión domiciliaria que pidió Marín, quien dijo sentir dolor en los riñones, tener edad avanzada y síntomas que podrían ser de Covid-19.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización fundada por Claudio X. González Guajardo, utiliza un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal, aseguró Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Reveló que mediante ese mecanismo –denunciado por el gobierno federal como una vía para la evasión fiscal– en la organización MCCI “meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos”.

La solicitud del Comité se deriva de una petición enviada por Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Justicia Transicional en México (JTMX), luego de que Pérez Becerra fuera detenido el pasado 28 de enero.

En un comunicado, la Red TDT recordó que la casa de la activista fue allanada entre la noche del pasado 2 de febrero y la madrugada del día 3, mientras Campbell se encontraba en una cena con el equipo del obispo Raúl Vera.

El 11 de noviembre de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó, por mayoría de seis votos, que las violaciones de derechos humanos que se cometieron contra la periodista Lydia Cacho no cumplían el parámetro de gravedad que marcaba en ese momento el artículo 97 de la Constitución y el antecedente del caso Aguas Blancas.

Datos oficiales provenientes de cinco censos nacionales de procuración e impartición de justicia de INEGI revisados por Animal Político revelan que el 95 por ciento de las indagatorias iniciadas en todo el país a partir de dichas denuncias no están resueltas. Es decir, los posibles ataques siguen impunes.

“No habrá impunidad, trátese de quien se trate”, aseguró el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en un mensaje posterior al anuncio de Fiscalía. A pesar de la contundencia del mandatario, esta no es la primera ocasión en la que agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno que él preside son señalados por graves vulneraciones a los derechos humanos.