El paquete de reformas en materia de seguridad, inteligencia y de telecomunicaciones elaboradas por la Presidencia otorga nuevas facultades al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al aparato militar, que conforman un “superaparato de vigilancia” sobre el cual la ciudadanía tendrá poca o nula supervisión, advierte José Flores, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Es urgente una reforma a la vigilancia”, insiste el activista en entrevista con Proceso, en la cual señala que las reformas crean nuevas bases de datos interconectadas que darán “más facultades y menos controles a las autoridades para monitorear y vigilar a las personas”.

La situación no es nueva: por lo menos desde 2010 la Sedena ha tenido el spyware Pegasus, y lo ha utilizado para intervenir teléfonos de manera ilegal, pues nunca ha contado con las facultades para hacerlo, y nunca ha solicitado una orden judicial para infectar los dispositivos de sus víctimas. Sin embargo, con el cambio a la ley, Flores asevera que “ahora básicamente les están abriendo la puerta para que lo hagan con este sustento”.

De paso, el director de R3D recuerda que la Sedena sigue desacatando una orden del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que le instruyó dar a conocer los contratos mediante los cuales adquirió Pegasus. Por ello, considera que con las nuevas reformas “habrá más impunidad” y menos rendición de cuentas, pues “se están aflojando los pocos controles que existían”.

En México se está construyendo un nuevo régimen con más vigilancia, más poder militar, más censura. Este proceso no ha ocurrido de golpe, sino a través de una secuencia calculada de reformas legales, decisiones judiciales y maniobras políticas que, en conjunto, están desmontando el sistema democrático desde dentro.

El martes y miércoles pasados, la Cámara de Diputados aprobó un paquete legislativo profundamente alarmante. Entre las reformas más graves están las modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y otras normas clave que regulan la inteligencia civil y militar.

Con estas reformas, se legaliza la vigilancia estatal sin necesidad de control judicial, abriendo la puerta a que el Ejército y otras autoridades realicen tareas de inteligencia en secreto, sin autorización de un Juez, sin notificación a la persona afectada y sin mecanismo alguno de supervisión externa. Asimismo pone a disposición de las autoridades todos nuestros datos resguardados por las instancias públicas, y obliga a los sujetos privados a facilitarlos.

Estas leyes no sólo vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la presunción de inocencia. También contradicen criterios constitucionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se rompe, de manera abierta, con los principios del debido proceso y se normaliza el uso del aparato estatal para espiar, controlar y silenciar.

Pero esto va más allá del espionaje. Lo que se está consolidando es un modelo de país en el que las Fuerzas Armadas no sólo vigilan sino también construyen, administran, controlan y deciden sobre bienes públicos. Hoy el Ejército gestiona aeropuertos, aduanas, obras públicas y tareas de seguridad civil. Ahora se le otorga capacidad operativa como agencia de inteligencia. La militarización ya no es un proceso oculto, sino una política de Estado declarada.

Este poder, cerrado por naturaleza y ajeno al escrutinio civil, se coloca ahora en el centro del aparato gubernamental. Sin auditorías, ni contrapesos, ni transparencia. En los hechos, se está construyendo un poder paralelo con inmunidad total.

Mientras el poder militar y la vigilancia se expanden, la crítica es asediada. Ya denunciamos en la columna de la semana pasada cómo en Puebla y Campeche se legaliza la censura y se castiga a quienes disienten. A nivel federal, el INE y el Tribunal Electoral emiten resoluciones que terminan censurando opiniones ciudadanas, especialmente durante los procesos electorales, bajo una mala utilización e interpretación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Así se construye un régimen de control. Por un lado, censura legalizada; por el otro, vigilancia sin freno. Al fondo, un poder militar que no le rinde cuentas a nadie y un régimen político sin contrapesos.

Esto no es una exageración. La justificación siempre es la misma: seguridad. Pero seguridad sin libertades no es protección, es represión. Lo que se presenta como una medida técnica contra el crimen organizado está redibujando el mapa del poder en México. Se entregan herramientas de vigilancia y operación a los militares, no para proteger a la ciudadanía, sino para vigilarla. ¿O cuáles han sido los resultados positivos en los últimos quince años en materia de seguridad por la compra y uso indiscriminado de softwares espía, como Pegasus?

El peligro no es hipotético. Ya lo estamos viviendo. El periodismo crítico ha sido espiado, y desacreditado. Hay agresiones físicas, campañas de desprestigio y procesos judiciales amañados. Los tribunales —capturados políticamente— reducirán el margen para disentir sin represalias. Con las nuevas reformas, cualquier voz incómoda puede ser clasificada como amenaza a la “seguridad nacional” y ser espiada. O para no ir lejos, puede considerarse como “ofensiva” o “insultante” para castigarla.

Este modelo nos afecta a todas las personas, no sólo a periodistas o activistas. A quienes no se afecta, en un Estado infiltrado por la criminalidad organizada, es a quienes se supone que realmente deben ser investigados y enjuiciados. Se coarta el derecho a expresarse, a informarse, a exigir cuentas. Afecta la privacidad, la intimidad y, sobre todo, el derecho a no ser tratado como enemigo por ejercer ciudadanía democrática.

No es alarmismo. Estamos atestiguando una mezcla peligrosa de censura institucional, vigilancia militar y concentración del poder. El momento exige todo lo contrario a lo que este proyecto político hegemónico pretende. Más vigilancia ciudadana sobre las autoridades, no más vigilancia de las autoridades sobre la ciudadanía. Más debate, más transparencia, más control civil sobre el poder armado.

Porque una vez que la censura se vuelve oficial, la vigilancia masiva se legaliza y el Ejército se convierte en árbitro de todo, ya no hay camino fácil de regreso.

Los diputados oficialistas aprobaron el dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Investigación de Seguridad Pública que tiene como objeto establecer los fines y regular la integración, el funcionamiento y la operación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

La reforma fue aprobada en lo general por 368 votos a favor y 102 en contra por parte del PRI y del PAN.

Luis Fernando García, cofundador y exdirector de la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), alertó sobre la consolidación de un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México, tras la reciente aprobación de las leyes de Ley de Investigación e Inteligencia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, aseguró que las reformas aprobadas ponen en riesgo derechos fundamentales de la población.

Además de las leyes aprobadas, enfatizó que se trata de un entramado de reformas —entre ellas, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley General de Población, y la legislación en materia de desaparición forzada— que en su conjunto permitirán el acceso en tiempo real a bases de datos públicas y privadas, sin control judicial.

“Se legaliza el espionaje militar que se ha llevado a cabo con ilegalidad todos estos años”, dijo,  y recordó la utilización del software espía Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos “con impunidad”.

García señaló que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública obliga a todo proveedor de servicios públicos y privados a compartir sus bases de datos, lo que implica que incluso acciones cotidianas como comprar un refresco o pedir un paquete en línea estarán vinculadas al registro oficial de la persona.

Para García, se trata de un “parteaguas histórico” que pone en riesgo la privacidad, el acceso a derechos y la no discriminación. Añadió que el sistema se está implementando en un contexto político especialmente preocupante, donde no existe una real división de poderes ni contrapesos.

“No hay división de poderes. El Poder Ejecutivo, Legislativo y ahora Judicial están concentrados en un mismo lugar […] No hay autoridad de protección de datos: la acaban de desaparecer. No hay órgano de transparencia, no es autónomo”.

Insistió en que quienes hoy callan o respaldan las reformas podrían lamentarlo en el futuro, incluyendo a simpatizantes del gobierno actual: “Este sistema, esta infraestructura digital autoritaria, va a estar disponible para cualquier gobierno en el futuro, incluyendo un gobierno de derecha, un gobierno con el que no simpaticen. Entonces, es una irresponsabilidad histórica tremenda”.

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia. Estas reformas proponen legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, una práctica que hemos advertido y documentado ampliamente por sexenios- como lo revela la investigación Ejército Espía– y que se ha llevado a cabo ilegalmente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos con impunidad.

A través del artículo 29, fracciones XXI a XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública General, esta reforma propone facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones.

Adicionalmente, si bien la Ley de Guardia Nacional vigente no incluye salvaguardas suficientes en la realización de actividades de investigación e inteligencia, la reforma propuesta no sólo no las incorpora, sino que representa un retroceso a los controles existentes. Por ejemplo, el artículo 9 fracción XXVI de la redacción propuesta  genera confusión respecto de si la Guardia Nacional requiere autorización judicial para acceder a los datos conservados en manos de empresas de telecomunicaciones o para conocer la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real.

Estas reformas son parte de un paquete de iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión que configuran -de manera individual y conjunta- un panorama peligroso para los derechos humanos. Por ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública plantean la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales tanto públicas como privadas sin los controles necesarios, así como la creación de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil. La Ley de Telecomunicaciones propone también este registro obligatorio de usuarios de telefonía y la obligación de las empresas de conservar y compartir datos, incluyendo la geolocalización en tiempo real. Además, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real. 

El incremento de las facultades de vigilancia sin control para la SEDENA y el debilitamiento de controles para la Guardia Nacional planteadas en estas reformas, así como las propuestas legislativas mencionadas en el párrafo anterior son presentadas en un contexto de debilitamiento de disposiciones en materia de transparencia y datos personales. En esencia, esta legalización de la vigilancia de comunicaciones por parte del Ejército expone gravemente la intimidad de la población y plantea importantes riesgos a la protección de datos personales y los derechos humanos.

Esta reforma, aunque se presenta bajo el título “en materia de Guardia Nacional”, rebasa este ámbito y le da facultades de vigilancia sin controles al Ejército. Por ello, denunciamos enérgicamente ésta y las demás propuestas legislativas -promovidas por el Poder Ejecutivo Federal- que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal. Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para desechar estas reformas en beneficio de la población mexicana y analizar este tipo de propuestas desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en el establecimiento de controles democráticos a la vigilancia. 

De igual manera, hacemos un llamado a la resistencia a todas las personas comprometidas con los derechos humanos para visibilizar los intentos de legalización de la vigilancia de comunicaciones practicada por el Ejército. Es necesario seguir exigiendo transparencia, rendición de cuentas y garantías de no repetición ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que implican estas prácticas intrusivas.

Firman

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

Social TIC

El uso de equipo de espionaje y de información de inteligencia que puede resultar en la violación de Derechos Humanos, ponderando la investigación de delitos de alto impacto, se ubica en una línea muy delgada que sólo puede clarificarse por medio de la transparencia, el cuidado, los protocolos y la rendición de cuentas.

Pero todos estos conceptos -que no son ni remotamente actuales o modernos- son ajenos para la Fiscalía General del Estado (FGE), ente encargado de la investigación de delitos del fuero común, pero que bajo la flexible premisa de que debe proteger la secrecía la investigación, puede hacer lo que desea sin rendir cuenta alguna.

El autor de esta columna llevó a cabo una petición de acceso a la información con número 021381025000239, dirigida a la institución encabezada por María Elena Andrade Ramírez -hoy nombrada ya como “Fiscala”- que insiste en colocarse como una dependencia más del Poder Ejecutivo, aunque -en teoría- ya es independiente.

La respuesta de la FGE, a nombre del agente del Ministerio Público César Octavio Iribe Reyes, confirmó que la institución cuenta con el equipo de inteligencia para la intervención telefónica y para la geolocalización satelital de cualquier ciudadano que se pueda considerar probable responsable de un crimen.

Sin embargo, la institución refirió que no puede proporcionar el resto de la información solicitada. El único dato requerido era conocer sí durante el 2024 y 2025, la FGE utilizó este recurso para robustecer indagatorias y mencionar en cuántas ocasiones intervinieron teléfonos u obtuvieron datos satelitales de geolocalización. Es decir, números y datos que no influyen o afectan en expedientes específicos.

Sin embargo, argumentaron que la información solicitada debido a que hacer pública la diligencia de investigación pone en riesgo la misma, además de que alertará a los grupos delictivos que se encuentran bajo una indagatoria judicial.

Pero no tienen razón, porque la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) establece una sección específica para que las Fiscalías -obligadamente- brinden información relacionada con intervenciones telefónicas o de geolocalización que no pongan en riesgo el trabajo de la FGE.

Además, el autor de esta columna no solicitó datos específicos de las investigaciones, ni mucho menos si se trata de investigaciones activas o antecedentes de un expediente judicial.

No conformes con negar la información, la FGE definió un periodo de cinco años para reservar cualquier dato relacionado con el tema, sin justificar la necesidad de ocultar los datos por el plazo máximo permitido por la Ley.

Sí la “Fiscala” Andrade Ramírez, acepta que tiene equipo y mecanismos para espiar a la sociedad, es obligación del Estado informar y justificar las acciones que violan los Derechos Humanos de los ciudadanos.

¿Qué garantiza que la “Fiscala” u otro funcionario de la FGE no utiliza los equipos con otros fines? ¿Cuántas veces y en qué condiciones irrumpen en la privacidad de las personas para robustecer investigaciones o para fines políticos? ¿Qué pasa con la investigación que no es relevante? ¿Existe una cadena de custodia de esta información? ¿cómo se almacena?

Todos estos datos carecen de una respuesta y la FGE no tiene disposición de informar un acto que no es diferente a una intromisión de una propiedad, que sólo puede justificarse a través de una orden de cateo, una invasión a la privacidad también. Pero la FGE se siente más cómoda escondiendo sus acciones.

Sí no hay transparencia en estas acciones, es imposible dejar de considerar que el gobierno tiene carta abierta para cometer espionaje contra la ciudadanía.

Operaciones encubiertas y espionaje dentro de México para combatir, desmantelar y recopilar información sobre los cárteles mexicanos del narcotráfico, es parte integral de un plan prepara la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), reportan medios de comunicación de Estados Unidos.

“Contrarrestar a los cárteles en México y a nivel regional es una prioridad para la CIA como parte de los amplios esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para acabar con la grave amenaza del narcotráfico. El director John Ratcliffe tiene la determinación de poner a trabajar a la experiencia exclusiva de la DEA en contra de este reto multifacético”, reporta en su primera plana el periódico The Washington Post, citando a un vocero de la CIA.

The CIA is developing plans to fulfill President Donald Trump’s campaign pledges to get tough on Mexico’s drug cartels, but critics warn of a backlash. https://t.co/CpKzQc5yzY

— The Washington Post (@washingtonpost) February 17, 2025

Bajo la condición del anonimato, distintos medios nacionales de comunicación, entre estos las cadenas de televisión CNN, MSNBC y el Post, reportaron detalles de la estrategia que llevaría a cabo la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“La CIA afila se concentración en los cárteles, riesgo de una reacción por parte de México, podría expandirse el intercambio de (información de) inteligencia y operaciones encubiertas”, tituló el Post a su nota.

El plan se concentra en que la CIA asuma un papel más relevante en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, que como los señala Trump, son la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos con el tráfico de drogas; en especial las manufacturadas con fentanilo.

Con una orden ejecutiva que firmó el pasado 20 de enero, el primer día de su segundo mandato presidencial, Trump designó a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas internacionales.

La semana pasada y cumpliendo este mandato de Trump, el general Gregory Guillot, informó públicamente al Congreso federal de su país que el Comando Norte que él dirige lleva a cabo “vuelos de inteligencia y reconocimiento” sin la autorización del gobierno de México en contra de los cárteles del narcotráfico.

“Los funcionarios de la CIA que hablaron con nosotros, informaron que se están ultimando los detalles de un plan que espiar dentro de México a los cárteles con drogas con capacidad tecnológica que para ello”, reportó por su parte la cadena de televisión CNN en la mañana de este martes.

The Washington Post, el primer medio de comunicación estadunidense en dar a conocer la información hace otro apartado: “divisiones de la CIA avalúan planes para compartir más información de inteligencia con gobiernos regionales, entrenar a unidades locales en operaciones antinarcóticos y posiblemente llevar a cabo acciones encubiertas, dijo gente familiarizada con el asunto”.

El nuevo proyecto que pretende llevar a cabo la CIA no implicaría ser la primera ocasión que la CIA espía contra los cárteles dentro de México.

Tras el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en Guadalajara, Jalisco, se descubrió que la CIA no solo espiaba al narcotráfico mexicano, sino incluso a sus contrapartes estadunidenses dedicados a combatir al trasiego de drogas.

Por el caso Camarena, la Administración Federal Antidrogas (DEA) registró en sus investigaciones que la CIA proporcionaba armas y le permitía y colaboraba en la exportación de drogas a Estados Unidos a los principales narcotraficantes mexicanos de esa época; Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Bajo la presidencia de Felipe Calderón y con la puesta en vigor de la llamada Iniciativa Mérida, el exmandatario mexicano autorizó y permitió a la CIA espiar con licencia a los cárteles del narcotráfico por medio de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI).

Como lo reportó Proceso en su momento, la CIA y todas las demás agencias federales con presencia en México, bajo la venia de Calderón llevan a cabo espionaje contra los cárteles y sobre cualquiera de sus otros objetivos; entre estos políticos.

La CIA y la DEA por medio de la OBI, ayudaron al narcotraficante Genaro García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y Secretario de Seguridad Pública de Calderón, a instalar en México un “búnker” de espionaje con el que se extralimitaron las operaciones mexicanos en contra de políticos, periodistas y empresarios.

La llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México puso fin a la OBI y a la Iniciativa Mérida reemplazándola con el Entendimiento Bicentenario y con el cuál se acotaron las operaciones en territorio mexicano de la CIA, la DEA, del Pentágono y otras agencias estadunidenses.

"Riesgosa prioridad"

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) notificó al Capitolio de EE. UU., el desplazamiento de aeronaves no tripuladas en espacio aéreo de México y que serían usadas en misiones antiterroristas. en lugares como Somalia y Yemen, según reveló la cadena estadounidense CNN, el 18 de febrero de 2025, citando fuentes oficiales.

Sin mencionar alguna colaboración con el Gobierno mexicano, funcionarios estadounidenses no identificados dijeron a CNN que bajo la nueva Administración del presidente Donald Trump, la CIA lanzó vuelos no artillados del dron MQ-9 Reaper -conocido como Predator B-, para espiar objetivos a los cárteles del narcotráfico mexicanos.