La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que esta institución aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Aquiles “N” por su probable participación en el delito de violación agravada en agravio de esta adolescente de 17 años cuando estuvo bajo el resguardo de la Fundación Casa de las Mercedes.
Se sabe que el imputado ya fue ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente bajo la medida cautelar de prisión preventiva y el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la fiscal general precisó que se inició una investigación adicional por el delito de trata de personas contra quien resulte responsable, ante la posible comisión de actos relacionados con explotación laboral de menores de edad.
Asimismo, explicó que, de acuerdo con la investigación, en marzo de 2025, la adolescente fue trasladada desde el albergue hasta el domicilio de la madre de Aquiles “N”, donde la víctima habría sido obligada a realizar labores domésticas y sufrió la agresión sexual.
En los meses siguientes, la adolescente fue objeto de amenazas, acoso e intimidación presuntamente de parte del personal de la Fundación, quienes le habrían advertido que podría perder la patria potestad de su hijo si denunciaba los hechos.
Pese a ello, la joven consideró oportuno denunciar los hecho y redactó una carta dirigida al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) que, al conocer su contenido, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía CDMX, lo que permitió iniciar la investigación y coordinar el rescate de 80 niñas, niños y adolescentes que se encontraban bajo resguardo de la Fundación, quienes ya fueron reubicados en centros de asistencia social.
Bertha Alcalde destacó que la Fiscalía CDMX, en coordinación con el DIF-CDMX, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), llevó a cabo las diligencias correspondientes para garantizar la protección y atención integral de las y los niños, quienes actualmente reciben atención médica, psicológica, social y alimentaria.
Frente al suceso, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) se pronunció en contra de los hechos perpetrados, señalando que este caso es una clara evidencia de la vulnerabilidad en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes en México, cuando sus vidas se cosifican ante la falta de garantía para vivir una vida libre de violencia.
REDIM subrayó que previamente ha llamado la atención a las autoridades para crear políticas públicas que garanticen efectivamente el interés superior de la niñez, ante las continuas violaciones a los derechos humanos de infancias y adolescencias que viven en esquemas subrogados, pues en estos casos, la violencia, el encierro, la falta de adecuada supervisión y de condiciones y protocolos que garanticen un abordaje con enfoque de derechos, generan entornos propicios para la vulneración de sus derechos.
En consecuencia y de forma reiterativa, la REDIM hizo un llamado a todas las instancias federales, locales y a la sociedad en su conjunto para que se investigue lo ocurrido en dicho caso y se procure una ruta de restitución de derechos para las víctimas.
Asimismo, exigieron una investigación pronta, expedita y efectiva, así como una sentencia condenatoria contra quienes resulten responsables. Además, llamaron a las autoridades a establecer un paradigma, en esta nueva administración, para observar y resolver las fallas estructurales y analizar el caso como un hecho que no es aislado
No es un hecho aislado
Tal y como lo señala la ONG, la “Casa de las Mercedes” no es un suceso de violencia excepcional hacia las infancias. Durante el pasado mes de julio, mediante un pronunciamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes (SE SIPINNA), se dio a conocer el cierre de los albergues infantiles en los municipios de Texcoco y Chicoloapan, operados por la organización “Ayudante al Niño, Transformando Niños en México”, en donde se ha documentado una serie de denuncias por abuso sexual, maltrato y otras formas de violencia contra la infancia.
Asimismo, se señaló que se organizó un operativo conjunto entre diferentes instituciones públicas, con el propósito de garantizar la seguridad de las niñas y niños para proceder al cierre de los albergues implicados. Este operativo incluyó la intervención de autoridades federales y estatales.
Situación que, señalaron, constituye una seria violación a los principios y derechos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), especialmente en lo que respecta al derecho de vivir libres de violencia y recibir protección y cuidados adecuados en entornos seguros.
Ante ello, se hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de establecer medidas efectivas y permanentes de vigilancia, verificación y control en estos espacios. Es indispensable garantizar que los centros de asistencia social operen con personal capacitado, bajo protocolos claros de atención, en condiciones dignas, seguras y libres de cualquier tipo de riesgo para niñas, niños y adolescentes.
AUTOR: PAOLA PIÑA.
