La familia del médico tabasqueño Jorge Enrique Flores Silva llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el caso en el que acusan a la Fiscalía Estatal de Tabasco y a la Fiscalía General de la República (FGR) de intentar dar carpetazo a la investigación sobre la muerte del joven, ocurrida el 31 de diciembre de 2022.
Proceso informó el 7 de octubre de 2023 que, pese a la existencia de elementos que apuntan a un posible homicidio, la fiscalía estatal declaró en un inicio que el joven médico se suicidó.
Para diciembre de ese mismo año, y ante las presiones de la familia, la fiscalía estatal solicitó a la FGR que analice la carpeta de investigación del caso, pues, para entonces, ya existía una segunda necropsia y otra versión de los hechos proporcionada por los familiares del médico fallecido.
Desde agosto de 2024 la FGR señaló que no podía atraer el caso para continuar con la investigación porque no existían indicios sobre la comisión de delitos federales que son los que le competen investigar.
Ello, pese a que durante la revisión la delegación de la FGR en Tabasco envió a un policía federal ministerial que señaló que a unas casas del domicilio en el que Jorge Enrique Flores falleció, hay un punto de venta de droga.
Para noviembre de 2024, 11 meses después de recibir la carpeta de investigación, la FGR emitió diversos dictámenes periciales no concluyentes, pero en los cuales descartó todos los dictámenes aportados por la familia.
Entre ellos, la segunda necropsia en la que fueron halladas diversas lesiones en el cuerpo del doctor, además de la fractura de nariz y en la séptima cervical en las que se habían enfocado los peritos oficiales durante la primera necropsia y que fueron ignoradas por el Ministerio Público local.
Asimismo en esa segunda necropsia se evidenció la ausencia de un surco o marca en el cuello que indique que el joven médico se ahorcó, conforme a la versión oficial manejada por la fiscalía tabasqueña.
Otro dictamen desestimado fue el de la autopsia psicológica en el que la perito designada por la familia, Patricia Rodríguez Reyes, destacó que no hubo un resguardo apropiado de la escena del crimen por parte de la fiscalía de Tabasco y se omitieron pruebas halladas en la casa del médico.
Por ello, en diciembre de 2024, Jorge Enrique Flores Mendoza, padre de la víctima, presentó una denuncia contra los funcionarios y peritos de la FGR que revisaron la carpeta de investigación de la fiscalía estatal y desestimaron las evidencias de un posible homicidio.
“Los ciudadanos agentes del Ministerio Público de la federación, adscritos a la célula 1-3 de Villahermosa, Tabasco, señalados con antelación, fueron omisos en emitir una determinación en la carpeta de investigación con el número FED/TAB/VHS/0001299/2023”, dice la denuncia de la que Proceso posee una copia.
“Los peritos que fueron convocados mediante solicitud del fiscal encargado, a efecto de que emitieran sus opiniones periciales, solicitudes que fueron aceptadas sin ostentar la experticia requerida, realizaron sus planteamientos retardados”.
Dilación
La denuncia se encuentra radicada ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR que ya solicitó a la fiscalía de Tabasco la autopsia psicológica.
En tanto, en diciembre de 2024 Flores Mendoza también presentó una queja ante la CNDH en la que incluyó tanto a los funcionarios de la fiscalía de Tabasco como a los de la FGR, pues el caso de su hijo permanece estancado y las autoridades locales rechazan investigar cualquier posibilidad de que Jorge Enrique Flores Silva fue asesinado.
En su escrito de queja, el padre del médico fallecido acusa que “la carpeta sólo fue derivada a esta Fiscalía (General de la República) con la finalidad de ganar tiempo, de enfriar el caso ante la gran presión que se ejerció a través de medios de comunicación, marchas, redes sociales, por tanta irregularidad vertida en la carpeta por el personal de la FGE Tabasco.
“Ya se tenía preparado un plan que era declinarla, pregunto entonces, por qué la aceptaron, sin ningún fundamento jurídico que lo avalara o permitiera, solo basta leer el documento con el cual es remitida por la FGE Tabasco, para darse cuenta que no existía competencia jurídica, pero fue aceptada, inicia una carpeta y tarda 10 meses en emitir dictámenes”, expone el escrito consultado por Proceso.
“Lo cual nos hace ver que fue un favor el que hizo la FGR Tabasco a la FGE Tabasco, es evidente que se encargaron de enfriar la carpeta y esperar los tiempos, ya teniendo todo preparado, mientras que a nosotros nos decían que los dictámenes se encontraba aún en revisión e incluso en la FGR CDMX para su análisis”.
