El análisis realizado por la Universidad Iberoamericana, “permite caracterizar un sexenio que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para quienes las defienden y acompañan”.
Realizado por el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana, así como por la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) el documento resalta el endurecimiento de las políticas migratorias en México y la militarización de las fronteras ha derivado en la agudización de la “criminalización y las agresiones a la labor de ayuda, acompañamiento y de defensa de derechos”.
El documento resalta que si bien del total de agresiones documentadas, 14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos, y seis en varias ciudades de Guatemala, su análisis “permite caracterizar un sexenio (el de López Obrador) que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para quienes las defienden y acompañan”.
De acuerdo al estudio, en los últimos 20 años las personas defensoras de migrantes se han enfrentado a riesgos como “la vigilancia, el hostigamiento, las amenazas, las agresiones, la criminalización (social y mediática) y los procesos de judicialización hasta la desaparición y el asesinato”.
El informe identifica como perpetradores de las agresiones tanto a agentes el Estado como a actores particulares, entre ellos “miembros de grupos armados, pandillas y grupos del crimen organizado”, situaciones que generan daños tanto a la integridad física como a la salud mental y emocional.
Como antecedente, el documento cita el informe “Defensores sin muros”, elaborado en 2019, por los mismos autores, que registró “69 incidentes (eventos) de agresión contra al menos 17 personas, ocho albergues y una organización en Centroamérica, México y Estados Unidos”.
Para continuar on el análisis del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el informe continúa con la revisión de las agresiones ocurrida entre septiembre de 2019 a septiembre de 2024, periodo en el que los investigadores se registraron 137 agresiones en 63 eventos violentos, dirigidos en contra de 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración.
Del total de agresiones, se registraron dos asesinatos y tres desapariciones forzadas contra defensores de derechos de personas migrantes, como las más graves entre los 33 tipos de agresiones registradas en el periodo.
Los investigadores de Prami y Redodem identificaron que, durante los últimos cinco años del gobierno de López Obrador, las agresiones más frecuentes fueron el hostigamiento con 20 registros; la estigmatización con 16 casos; las amenazas con 15: la vigilancia y la judicialización con nueve cada una; así como las amenazas con arma de fuego y detención arbitraria con seis agresiones cada una.
Otras agresiones se refieren a amenazas de judicialización y obstaculización de la labor de defensa de derechos humanos, con cinco cada una; agresión física y perfilamiento racial, con cuatro en cada una; agresión verbal, amenazas de incendio y detonación de arma de fuego, con tres en cada caso; cierre forzado de operaciones, encapsulamiento, infiltración del crimen organizado y revisión de pertenencias y datos personales, con dos en cada tipo de agresión, así como amenazas de cierre, bloqueo de acceso, desalojo, espionaje, extorsión, incendio provocado, incomunicación, intentos de extorsión, retención arbitraria, secuestro y usurpación de identidad, con un caso documentado por acto violento.
Por entidades federativas, el informe de Prami y Redodem revelan que, de las 137 agresiones registradas durante el periodo analizado, 117 ocurrieron en el territorio mexicano, de las cuales 21 están distribuidas como sigue: 30 en Chiapas, 25 en Baja California, 19 en Ciudad de México, 13 en Coahuila, 6 en Tlaxcala, 5 en Chihuahua, 4 en Tabasco, mientras que en Sonora, Tamaulipas y Veracruz, se registraron tres ataques por entidad.
Se destaca que las seis agresiones restantes de las registradas en el territorio nacional, “cuatro corresponden a estigmatización”, vinculadas a “agresiones de amenaza de judicialización y judicialización”.
El documento alerta que de las 117 agresiones cometidas en territorio nacional 44% se concentran en Tijuana, Baja California, Tapachula, Chiapas y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, concentraciones asociadas con la ubicación fronteriza de las primeras dos ciudades y en la tercer a “por la permanencia de personas migrantes, tanto en campamentos como en situación de calle en la zona y el acompañamiento que han realizado personas defensoras de derechos humanos”.
En cuanto a las 20 agresiones restantes documentadas por Prami y Redodem, 14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos y seis en varias ciudades de Guatemala.
“La diversidad de agresiones que se identifican de manera específica en los 63 eventos contra las personas y las colectividades defensoras da cuenta de la amplitud de riesgos que enfrentan quienes defienden derechos en los contextos migratorios”, apunta el informe.
El documento destaca que de las 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración, que fueron identificadas como blanco de los ataques, la mayoría fueron albergues (19), seguida de personas defensoras (10) y en tercer lugar organizaciones civiles de derechos humanos (6).
En menor escala, se identificó a colectivos o grupos de apoyo organizados (3), seguidos de periodistas especializados en migración (2), personas defensoras de migrantes (2) y otros colectivos comunitarios relacionados con la migración (1).
El informe destalla que contra esas 43 personas y colectividades ocurrieron 63 eventos de agresión que “se caracterizan por tener una o más agresiones y porque pueden involucrar a una o más personas y/o colectividades defensoras”.
Según la clasificación de los investigadores 30 de los eventos de agresión fueron dirigidos a albergues para migrantes; 11 contra personas defensoras; 10 contra colectivos o grupos de apoyo a migrantes; y 9 contra organizaciones civiles de derechos humanos, principalmente.
El resto de los eventos ocurrieron contra grupos de personas defensoras migrantes (3), periodistas (2) y otras colectividades (1).
Es relevante observar la evolución por año de los eventos de agresión, que se han ido incrementando conforme ha pasado el tiempo, empezando por un evento ocurrido en 2016 pero que se reveló en 2021, pasó a 2019 con siete eventos, para después disminuir a uno en 2020, subir nuevamente a 10 en 2021, y de ahí continuar en tendencia ascendente, con 12 eventos en 2022, otra cifra igual un año después para cerrar con 19 eventos de agresión en 2024.
La tendencia indica que “ante el incremento de las migraciones hay un robustecimiento de las políticas migratorias de contención, lo cual también tiene como consecuencia mayores agresiones a colectividades defensoras en contextos de migración forzada”.
De los 63 eventos de agresión documentados, el informe identificó “20 perpetradores distintos”, algunos actuando de manera conjunta. Entre las cinco principales tipos de agresores del total de eventos en 12 participaron corporaciones militares, Guardia Nacional, Ejército y Marina; en 12 más personas desconocidas; en 8 personas armadas desconocidas; en 7 integrantes de grupos del crimen organizados, mientras que en 6 miembros de la comunidad.
Cabe destacar que de los 63 eventos, en cinco se ubicó como perpetrador al Instituto Nacional de Migración y una cifra igual a la Fiscalía General de la República.
Los autores del documento consideran preocupante “la diversificación de la violencia y la crueldad con que se lleva a cabo”, lo cual podría atribuirse a “la creatividad de los perpetradores para implementar nuevas formas de intimidar a las personas defensoras”, pero sobre todo por “la impunidad sistemática en nuestro país, que impacta a toda la población, pero que en casos de personas defensoras -y periodistas- es casi absoluta”.
Los autores concluyen que su informe “no sólo evidencia violencias y violaciones a derechos humanos, sino que es un testimonio vivo de que los colectivos, los albergues y las organizaciones de derechos humanos, las personas defensoras, las iglesias y las comunidades, construyen rede de solidaridad que articulan esfuerzos para brindar protección, acompañamiento y apoyo humanitario, más allá de los nacionalismos, las fronteras y las soberanías nacionales”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
