La organización dio a conocer su ranking mundial, con base en la revisión de las condiciones de la tortura en 26 países emblemáticos, entre ellos México, al que se le ubicó en el rango de los 13 países con mayores riesgos de sufrir tortura y malos tratos.
En el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la organización con sede en Ginebra, Suiza, dio a conocer su ranking mundial, con base en la revisión de las condiciones de la tortura en 26 países emblemáticos, entre ellos México, al que se le ubicó en el rango de los 13 países con mayores riesgos de sufrir tortura y malos tratos.
De acuerdo con la sistematización de la información, facilitada a la OMCT por organizaciones civiles mexicanas aliadas, “la tortura en México es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables”.
De acuerdo con el informe, “se han denunciado 2 mil 881 casos de tortura cuyos hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2024, de los que derivaron 3 mil 506 víctimas”, en apego a la documentación recabada por la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública.
La OMCT alertó en su informe que, en 2023, en todo el país se han tramitado 4 mil 592 carpetas de investigación por tortura, pero que sólo 18 han sido presentadas ante jueces, lo que representa el 0.1% del total de las querellas, situación que coloca a la tortura como uno de los delitos con un alto grado de impunidad.
Con base en información proporciona por el Observatorio contra la Tortura, en ese mismo año, “sólo se dictaron 8 sentencias condenatorias por tortura y malos tratos”.
La organización resaltó que, de manera generalizada, las víctimas de tortura carecen de una defensa adecuada, además de que “los agentes de policía disuaden a las víctimas de tortura de presentar denuncias” contra perpetradores, siendo los más señalados agentes de las fiscalías estatales, seguido de elementos de seguridad pública.
El reporte de la organización internacional incluye datos de la Encuesta Nacional de Población Privada e la Libertad (ENPOL), publicada por el INEGI en 2021, de la que se desprende la prevalencia de “un patrón común para generar pruebas ilícitas: el 42% de las personas en prisión entrevistadas refirieron que fueron golpeadas o maltratadas en la agencia del ministerio público para inculparse o aceptar hechos falsos y en el 22% para inculpar a alguien más”, mientras que 20% aceptó haberse declarado culpable de los delitos que le imputaban tras agresiones físicas”.
La ENPOL también documenta que el 34.5% de las personas privadas de la libertad encuestadas “declararon haber sido agredidas físicamente por custodios”.
Para la organización internacional los porcentajes de personas privadas de libertad que denunciaron tortura son muy elevados, considerando que hay 242 mil 457 personas privadas de libertad, de las cuales 38.2% se encuentran en condición de prisión preventiva.
En la ficha técnica sobre México, la OMCT incluye resultados del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres en México, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia contra México por la tortura sexual cometida contra once mujeres agredidas en un operativo policiaco en Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.
De acuerdo con el Diagnóstico, de mil 280 mujeres privadas de la libertad encuestadas, “el 32% refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que 11.64% se presume (por sus narraciones) que vivieron actos de tortura sexual, sin haberla reconocido como tal, es decir que el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual”.
El documento también incluye las muertes de 21 mujeres en el CEFERESO 16 de Morelos, presuntamente por suicidios derivados del ambiente torturante en que se encuentran las internas del reclusorio federal.
La OMCT también consideró, como uno de los elementos de riesgo, la situación que viven defensores de derechos humanos y periodistas, documentada a partir de reportes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que refiere que en 2024 “al menos nueve personas defensoras de derechos humanos, seis periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación fueron asesinadas en relación con su labor en México”, mientras que cinco personas defensoras de derechos humanos y un trabajador de medios, fueron desaparecidos ese año.
La organización internacional destacó que a pesar de ser tan frecuente la perpetración de la tortura, en 2023 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sólo había reconocido a mil 553 víctimas de ese flagelo.
La OMCT hizo una referencia a la “brutalidad policial” y retomó datos de la investigación Poder Militar, realizada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que alerta que de 20182 a 2023, “la Guardia Nacional aplicó el uso de la fuerza en 421 eventos”, de los cuales, en 411 “se utilizaron armas de fuego”, en tanto que la corporación militarizada, había privado de la vida a 94 personas entre 2019 y 2021, entre los que se han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales.
En la documentación del Índice Global de la Tortura 2025 se resaltó que México es uno de los pocos países que cuentan con legislación para abordar el delito de tortura, así como con instituciones y mecanismos dentro del Estado para combatir el flagelo, instrumentos jurídicos que incluso han sido imitados por otros países.
Sin embargo, la OMCT lamentó la falta de congruencia entre la legislación y la realidad.
De acuerdo con el Índice Global de Tortura 2025, México comparte la clasificación de “alto riesgo” con países como El Salvador y Colombia, en Latinoamérica, así como con Nigeria, Camerún, República Democrática de El Congo y Túnez, en África, así como con Turquía, Pakistán, India, Malasia e Indonesia, en Asia.
La presentación en México del documento estuvo encabezada por Olga Guzmán, responsable regional de OMCT, quien después de darlo a conocer dio la palabra a víctimas directas e indirectas de tortura.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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