La declaración forma parte del “Manifiesto a la nación”, documento al que se dio lectura tras 2 horas y media de una marcha que, como todos los años después del viernes 5 de junio de 2009, parte de las ruinas de la Guardería ABC, ubicada en el cruce de las calles Ferrocarrileros y Mecánicos, en la colonia Y Griega, y que culmina, 7 kilómetros después, en las escalinatas del museo – biblioteca de la Universidad de Sonora.

El documento leído por Patricia Duarte ubica la cifra de los decesos en estancias infantiles subrogadas en el contexto de la “no repetición” de la tragedia, uno de los puntos que las familias de las víctimas establecen dentro de su exigencia de justicia. 

Detalla que la principal causa de muerte en dichos lugares es una generalizada falta de profesionalidad en quienes ofrecen el servicio con la aprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta condición, que se traduce en concreto como una falta de capacitación del personal frente a la primera infancia, estaría presente en todo México.

“Debemos recordar que esta tragedia pudo haber pasado en cualquier parte del país. Eso arrojó la investigación que hizo la comisión investigadora que mandó la Suprema Corte de Justicia de la Nación: que, de las casi mil 300 guarderías subrogadas del IMSS, solamente el 2% cumplía con toda la normatividad de protección civil y todos los trámites administrativos”, dijo la madre de Andrés Alonso, menor fallecido.

El origen de la tragedia, de acuerdo con el Manifiesto a la nación del M5J, se entiende al considerar cómo inició sus operaciones la Guardería ABC.

“La guardería ABC empezó operaciones con 50 mil pesos, y los dueños obtenían ganancia mensual cerca del millón de pesos. Quien decidió en qué condiciones empezaba a operar fue la familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo, la cual ya se encuentra exonerada; es decir, sin ninguna responsabilidad con la justicia mexicana. Ella es Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella”.

La amplitud de esta situación en todo el país, a decir de padres y madres de las víctimas del incendio, se relaciona con una suma de corruptelas que hicieron de las estancias infantiles subrogadas del IMSS el “negocio perfecto y voraz”.

“Sonora y México se colocaron a la vista del mundo de la manera más vergonzosa por las graves violaciones a derechos humanos de la primera infancia. Hace 16 años quedó al descubierto la corrupción, negligencia criminal y amiguismo entre particulares y servidores públicos de alto rango”, señala el pronunciamiento leído este 5 de junio de 2025.

Con el paso de los años, reconoce el M5J, se han producido avances sustantivos en lo relativo a la “no repetición”, cosa que en primer lugar refiere a la publicación de la conocida como “ley 5 de junio” que regula, entre otras cosas, lo relativo a la protección civil en las estancias infantiles.

 Sin embargo, se trata de una ley cuya implementación ha encontrado resistencia entre propietarios de estancias subrogadas, quienes argumentan asfixia producida por una sobrerregulación que les empuja al cierre definitivo. Esto último, afirman, iría en contra de los derechos de la primera infancia.

La postura del M5J frente a esto último, según manifestó Patricia Duarte, se relaciona con la construcción de una alternativa debido a que el IMSS no cuenta por sí mismo con la infraestructura necesaria.

En ese sentido, el movimiento tomó como una buena noticia el anuncio que Claudia Sheinbaum Pardo hizo a mitad de enero: la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil. Estos, afirmó la presidenta en su momento, buscan “recuperar la esencia de lo que fueron las guarderías del IMSS”.