El Colegio implementó ya un procedimiento jurídico para atender a cada víctima afectada por lesiones y detalló que lo primero es determinar la gravedad legal del daño físico.
Su presidente, Albertico Guinto Sierra, y el director del bufete jurídico social del Colegio, José Alejandro Zeind Chávez, explicaron en entrevista que la institución ya acompaña varios casos de personas lesionadas y orienta a familiares de detenidos que aún carecen de información oficial sobre su situación.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Guinto Sierra destacó el papel que asume el Colegio en un contexto marcado por denuncias de abusos policiales y falta de claridad sobre los procedimientos iniciados contra manifestantes y personas afectadas por detenciones o lesiones durante la marcha del 15 de noviembre.
El abogado subrayó que la protesta se encuentra protegida por la Constitución porque “las protestas son derechos constitucionales que tenemos los mexicanos, está establecido en el artículo 9 de la Constitución”.
Mencionó que, tras difundir ese posicionamiento, diversas personas reportaron al Colegio haber sufrido abusos y que “empezaron a llegar comentarios a nuestro colegio de que requerían ayuda varias personas que habían sido víctimas de este abuso policial, habían sido víctimas de este abuso de autoridad en el uso excesivo de la fuerza”.
A partir de ello, “abrimos un canal para poder recibir sus comentarios, sus opiniones y en qué le podíamos apoyar”.
Hasta el momento, detalló, los casos que han llegado se relacionan principalmente con agresiones físicas, y que “han llegado ya varias personas que han sido víctimas, sobre todo de lesiones en esta marcha”, dijo el presidente del INCAM.
El Colegio implementó ya un procedimiento jurídico para atender a cada víctima afectada por lesiones y detalló que lo primero es determinar la gravedad legal del daño físico.
“Primero tenemos que determinar qué clasificación tienen estas lesiones para saber si esto lo vamos a llevar por una vía administrativa cuando las lesiones tardan en sanar menos de 15 días o incluso por una vía penal cuando su clasificación refiera que tardan en sanar más de 15 días”, explicó.
Cada persona, agregó, ha sido asignada a un abogado del Colegio “para que sea una atención personalizada y por supuesto totalmente gratuita”.
Respecto a los detenidos durante la protesta, Guinto Sierra respondió que, aunque han recibido consultas, aún no representan directamente a personas imputadas.
Indicó que algunas familias solo han solicitado orientación sobre la situación de sus allegados, “hay algunos familiares que solamente nos han pedido información, alguna orientación de qué opinamos, si están bien”, dijo.
Para ofrecer una defensa formal, explicó, es indispensable revisar los expedientes oficiales.
“Nosotros requerimos analizar de manera directa las carpetas de investigación para saber exactamente cómo le están imputando estos delitos”, afirmó.
Recordó además que toda acusación debe sostenerse con evidencia porque “hay un principio en derecho muy clásico de que todo lo que se dice se tiene que probar; entonces, ¿cuáles son esas pruebas que tienen que soporten la imputación de los delitos que les están imputando a estas personas?”.
Por su parte, José Alejandro Zeind Chávez mencionó que no han podido acceder a las carpetas de investigación y señaló que la falta de información también afecta a los familiares.
Muchos de quienes nos han contactado todavía el día de ayer no tenían conocimiento de dónde estaban sus familiares.
A esto se suma la ausencia de datos sobre las audiencias judiciales, ya que “en muchos casos tampoco tenían conocimiento si iba a haber alguna audiencia y el momento de la audiencia”, señaló.
El director del bufete jurídico social del INCAM confirmó que, sin esa información, no han podido realizar un análisis profundo de los expedientes.
“Bajo esa circunstancia, efectivamente, no hemos tenido posibilidad de tener un mayor análisis de los expedientes”, dijo, aunque subrayó que están preparados para intervenir si las personas afectadas lo solicitan.
“Eventualmente, se podrían tener si así nos lo piden los afectados”.
Reiteró que el Colegio mantiene disposición para asesorar incluso a quienes ya cuentan con abogados particulares, “estamos totalmente dispuestos a poder orientarlos, incluso cuando ya tengan ese tipo de representación a nivel de opinión”.
Al ser consultado sobre las vinculaciones a proceso ya anunciadas por las autoridades, Guinto Sierra afirmó que el Colegio vigilará el respeto a las garantías judiciales.
“Lo que nosotros vamos a estar atentos es que se respete el debido proceso”, aseguró.
Recordó que este principio está reconocido como un derecho humano tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales.
“El debido proceso es un derecho humano establecido en nuestra Constitución, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”, dijo.
Añadió que no debe haber vinculaciones ni sentencias sin pruebas suficientes y legales por lo que dijo “no podemos permitir que la autoridad pueda vincular a proceso o en algún momento querer sentenciar si no hay unas pruebas que son idóneas, que son pertinentes, ilícitas además”.
Finalmente, los representantes del INCAM reiteró que su línea de atención gratuita continúa abierta para personas lesionadas, familiares de detenidos o quienes requieran orientación sobre su situación jurídica.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
