La organización denunció que esta decisión no solo contradice lo estipulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino que también forma parte de un patrón de tratos “crueles, arbitrarios e inhumanos” cometidos contra la defensora desde su detención en octubre de 2020. Entre estos abusos se encuentran el aislamiento, la negación de atención médica, las restricciones a las visitas familiares y las condiciones de reclusión en penales lejanos a su entorno.
El comunicado advierte que las consecuencias de este encarcelamiento afectan de forma directa a sus hijos, quienes no solo enfrentan la separación prolongada de su madre, sino también la pérdida de su principal cuidadora. “Los daños causados a éstos aún son más flagrantes y exponen la crueldad e inhumanidad de un sistema que persigue a quienes luchan por un mundo mejor”, afirma el texto. También subraya que la negativa al permiso humanitario refuerza la cadena de violaciones que ha enfrentado Kenia.
“La única reparación posible a todo el dolor y sufrimiento causado a Kenia Hernández y a su familia es su inmediata liberación”, concluye la organización. También cuestiona el uso del sistema penal para castigar a quienes defienden derechos humanos, y acusa al Estado mexicano de imponer una justicia “patriarcal, racista y clasista” que ignora los impactos colectivos de sus decisiones.
MÉXICO: ¡Libertad para Kenia Hernández ya! Es la única reparación posible para el daño causado contra ella y su familia.
Kenia Hernández Montalván es una abogada, feminista y defensora de derechos humanos indígena amuzga que desde octubre de 2020 se encuentra injustamente privada de su libertad en México por ejercer su legítimo derecho a la protesta y a defender derechos humanos.
El pasado 7 de septiembre falleció su madre, quien desde el inicio de la reclusión asumió el cuidado de sus hijos menores de edad. Kenia recibió la noticia en el penal Neza Sur, ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México. Ante esta pérdida, la defensora solicitó a las autoridades penitenciarias el permiso humanitario para poder asistir al funeral de su madre y abrazar a sus hijos, quienes acaban de perder a su principal cuidadora. Sin embargo, su solicitud de permiso fue rechazada de manera arbitraria bajo argumentos infundados, como la distancia del traslado.
Esta decisión injustificada, arbitraria e inhumana de las autoridades penitenciarias no sólo representa una grave violación a los derechos de Kenia y a lo estipulado en el Capítulo IV de Permisos Humanitarios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece que «la persona privada de su libertad, podrá solicitar al Juez de Ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o descendiente de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario, o socioconviviente»; además de ello, también ha generado graves impactos emocionales tanto en la propia defensora, que ha sido privada de despedirse de madre, como en sus hijos, quienes han enfrentado el encarcelamiento injusto de su madre y ahora enfrentan el duelo por la pérdida de su abuela, la persona que durante todo este tiempo se había cuidado de ellos. El sólo uso del pretexto de la distancia para no conceder el permiso es otra prueba de la concatenación de actos arbitrarios y violaciones a derechos que vive Kenia; puesto que esta situación es consecuencia de la omisión del Estado al no garantizarle el derecho a ser recluida en un penal cercano a su entorno familiar, lo que vulnera no sólo su integridad emocional, sino también el vínculo con sus hijos y redes de apoyo.
Esta no es el primer trato indigno que reciben la defensora y su familia desde su encarcelamiento. Tal y como hemos venido denunciando numerosas organizaciones e instancias internacionales de derechos humanos, Kenia ha enfrentado un patrón sistemático de vulneraciones y violaciones a sus derechos. Entre éstas destaca su reclusión en un penal de máxima seguridad bajo condiciones inhumanas que pusieron en riesgo su salud física, psicológica y emocional. Estas condiciones incluyeron la negación de acceso a atención médica y a agua potable, control de su correspondencia y situaciones extremas de aislamiento, así como restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de sus hijos. Frente a este trato indigno, Kenia, quien nunca dejó de alzar la voz por sus derechos ni por los de sus compañeras de reclusión, se declaró en huelga de hambre en dos ocasiones. Gracias a su firmeza, al trabajo incansable de su equipo jurídico y al acompañamiento de organizaciones comprometidas con su causa, se logró su traslado a un centro penitenciario con condiciones menos lesivas para su integridad.
Cabe recordar que Kenia fue arbitrariamente detenida la noche del 18 de octubre de 2020 en una caseta de peaje del Estado de Puebla y, tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informará sobre su situación durante horas, fue trasladada a un penal del Estado de México. Seis días después, el 24 de octubre, tan sólo una hora después de que una jueza del Estado de México le concediera libertad bajo medidas cautelares, Kenia fue detenida de nuevo, esta vez por orden de un juez federal. Se la acusaba por supuestos de delitos de “robo con violencia armada” y “ataques a las vías de comunicación” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. Desde entonces Kenia ha estado presa y ha enfrentado procesos judiciales, de ámbito estatal y federal, por once delitos cuyas penas acumuladas suman más de veinte años de cárcel.
A poco menos de cinco años de su injusto encarcelamiento, el daño producido por el Estado mexicano sobre Kenia Hernández y su familia es invaluable. Kenia lleva cinco años separada de sus hijos, menores de edad, bajo condiciones de privación de libertad que han generado afectaciones sobre su salud integral, no ha podido despedir a su madre y ahora enfrenta la incertidumbre de qué pasará con sus hijos tras la pérdida de la persona que los cuidaba. Los daños causados a éstos aún son más flagrantes y exponen la crueldad e inhumanidad de un sistema que persigue a quienes lucha por un mundo mejor y que impone modelos de (in)justicia patriarcales, racistas, clasistas e individualizados y que no tienen en cuentan los impactos colectivos de sus medidas, afectando a familias enteras y comunidades y generando un mayor daño que el que pretenden subsanar.
Las organizaciones firmantes acuerpamos a Kenia y a su familia, reconocemos la fuerza y los aportes de la defensora, quien aún bajo las peores condiciones de privación de libertad nunca ha dejado de luchar por sus derechos y los de sus compañeras internas; así como la fuerza de su familia y sus hijos, quienes también mantienen de manera incansable la demanda de justicia y libertad para su madre.
Denunciamos la persecución y el trato cruel e inhumano al que el Estado mexicano ha sometido a la defensora, con cinco años de injusto encarcelamiento, con una condena sumamente larga que no satisface el principio de proporcionalidad ni permite la posibilidad de reinserción a su familia y a la sociedad, con reiteradas violaciones a sus derechos y tratos inhumanos y arbitrarios como negarle la posibilidad de despedir a su madre fallecida y abrazar el dolor de sus hijos.
Ahora mismo, la única reparación posible a todo el dolor y sufrimiento causado a Kenia Hernández y a su familia es su inmediata liberación. Liberarla supone un acto de justicia y humanidad propio de un gobierno que afirma estar inmerso en un proceso histórico de transformación. El sistema de justicia debe aplicarse sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad del pasado, o de los miles de asesinatos, feminicidios, desapariciones forzadas y otras violencias que permanecen impunes, y no sobre una mujer indígena que defiende sus derechos y los de su pueblo.
Organizaciones firmantes:
