Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, indicó que aunque la audiencia programada este jueves no se logró realizar, debido a problemas de conectividad de Internet entre el juzgado y el sitio donde su defendida está presa, el juez Jorge González Rivera reconoció que la mujer tiene derecho a autoadscribirse como indígena --al margen de que también sepa hablar español-- y a ser juzgada con dicha óptica.
“Finalmente el juez reconoció que Kenia es una mujer que, independientemente de que haya estudiado o hable español, al autoadscribirse como persona indígena tiene que ser juzgada con esa perspectiva, en donde se incorporen y se armonicen los derechos de una persona indígena con un juicio ordinario”, dijo.
Lara reconoció que el juez González Rivera “fue amable, respetuoso y conocedor del derecho y la cultura indígenas”, por lo que la propia Kenia Hernández saludó su actitud y lo felicitó.
Por su parte, las autoridades del PJEM subrayaron que la libertad de Lara Duque nunca estuvo comprometida, porque la medida de arresto de la cual se habló la semana pasada era sólo de carácter administrativo, y por ende no estaba relacionada con la libertad del litigante.
En un tuit, recalcó: “Sobre el supuesto arresto al defensor privado Antonio Lara Duque, el PJEM puntualiza: No se ha ordenado arresto alguno. La noticia difundida por el defensor del caso Kenia N, es falsa”.
Fuentes del PJEM explicaron a este diario que el arresto administrativo es una medida de apremio no relacionada con la libertad de la persona, sino que únicamente implicaba la posibilidad de que no pudiera fungir en determinado momento como defensor de la acusada.
Más tarde, a través de una tarjeta informativa sobre el tema, el Poder Judicial mexiquense indicó que “debido a lo complejo de la conexión con el Centro Penitenciario de Morelos, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México determinó reprogramar la continuación de audiencia en el juicio que se sigue a Kenia "N" por el delito de robo con violencia”.
De igual manera, resaltó que al sitio acudió el perito en amuzgo Adrián Castañeda Ramírez, “a solicitud de la acusada, quien en audiencia del 13 de mayo pidió la comparecencia de un perito en su lengua amuzgo de Guerrero, con el argumento de que la perito que comparecía en ese momento, no hablaba la misma variante que ella”.
El juez, abundó el PJEM, ordenó girar oficio a la Dirección General de Peritos, por lo que se designó a un traductor que sí habla la variante lingüística de la acusada.
Tras explicar que el juez solicitará que un equipo de técnicos del Poder Judicial del estado de México asista a Morelos “para garantizar la comunicación y pueda realizarse la audiencia”, las autoridades locales subrayaron que “de acuerdo con la Constitución, las personas indígenas sometidas a juicio de en contar con la asesoría de alguien que conozca su lengua y cultura para garantizar un verdadero acceso a la justicia”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FERNANDO CAMACHO SERVÍN.
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