El Gobierno de Japón envió ayuda a México para los damnificados por las lluvias extraordinarias (de hace casi dos semanas) y las posteriores inundaciones en cinco estado del país y que hasta ahora han dejado 76 muertos y 31 desaparecidos además de daños en caminos, infraestructura y en unas 100.000 viviendas.

“El día de hoy, el Gobierno del Japón ha decidido el envío de ayuda de emergencia a México, en apoyo a las víctimas de las inundaciones que afectaron cinco estados del país”, apuntó este lunes en un mensaje en redes sociales el embajador de la nación asiática en México, Kozo Honsei.

“Espero que las personas encuentren pronto alivio y se recuperen. México y Japón, amigos en la adversidad”, añadió.

“La primera estimación son 10.000 millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro. Hay recursos para atender la emergencia”, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum aseguró que siguen trabajando en la atención a la emergencia “todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre y seguimos trabajando, limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación”, apuntó.

Detalló que más de 52.000 personas participan en las labores de auxilio entre las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal, las autoridades estatales y voluntarios.

Sheinbaum explicó que la estrategia oficial se compone de cuatro ejes: atención a la emergencia, apoyo directo a familias damnificadas, reconstrucción y fortalecimiento del sistema de alerta y prevención de riesgos.

Decenas de colectivos de Slumil K´Ajkemk´Op (Europa) condenaron el desplazamiento forzado y la quema de casas de la comunidad zapatista El Esfuerzo, en Chiapas, del pasado 14 de julio, y acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y «sus servidores» como «autores de estos delitos».

«De nada sirve que usted, Andrés Manuel López Obrador, se presente al exterior con una imagen de liberal y demócrata, cuando al interior del país se violentan de manera grave y sistemática los derechos humanos de la población autónoma Zapatista», señalaron los colectivos en un pronunciamiento.

Organizaciones y redes de América y Europa manifestaron su preocupación por «el clima de inseguridad y amenazas» en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, por la operación ilegal del proyecto minero Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

En un pronunciamiento, las organizaciones reprobaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificara a la minera la autorización para renovar los permisos ambientales por otros 12 años de explotación comercial, a pesar de las denuncias por los asesinatos de defensores que se oponían a la mina, las obras irregulares, la contaminación del agua y el estrés hídrico en el que se encuentra el acuífero.

Pueblos y colectivos de Slumil K´Ajkemk´Op (Europa) condenaron que la Guardia Nacional, la policía de Puebla y del municipio de Juan C. Bonilla desalojaran el Altepelmecalli, Casa de los Pueblos, para entregar las instalaciones a la empresa Bonafont, acusada del despojo y sobreexplotación del agua.

«Hacemos responsable al gobierno federal de México de esta escalada represiva en contra de los pueblos y exigimos que cesen las acciones de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la explotación- destrucción de la naturaleza y al despojo de los territorios y del patrimonio comunitario de los pueblos originarios para imponer los proyectos de muerte promovidos desde el Estado», señalaron en un comunicado.