“¡No tires! ¡La van a cagar! ¿Por qué verga tiran?”, dijo un elemento de la Coordinación de Batallón de la Guardia Nacional que pidió a sus compañeros no disparar contra un autobús que no se detuvo en un retén, el fin de semana pasado, en Acayucan, Veracruz.

En el video se ve a un elemento de la Guardia Nacional, que estaba grabando, cuando le pide al conductor de un autobús que abriera la puerta. El chofer lo ignoró y arrancó.

Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos condenaron la falta de acciones de las autoridades para garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas de la represión del 9 de noviembre (9N) del 2020 en Cancún, Quintana Roo, en la que dos periodistas fueron heridas de bala y 11 manifestantes resultaron lesionadas.

En febrero, una juez de control vinculó a proceso a 11 agentes de la policía municipal por abuso de autoridad y lesiones cometidas durante la protesta, pero el 29 de abril la autoridad judicial informó que no ha podido ubicar a los elementos imputados, quienes se encuentran prófugos. Ante estos hechos, las organizaciones sociales exigieron una respuesta por parte de la fiscalía y que las autoridades atiendan los compromisos con las víctimas de los actos de violencia, así como que garanticen el acceso a servicios de apoyo, señaló el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en un comunicado.

El 29 de marzo pasado, un grupo del 15 Regimiento de Caballería Motorizada de la 31 Zona Militar de Comitán se encontraba en un puesto de control a la altura del poblado Barrio San José Bacantum, municipio de Mazapa de Madera, entre Motozintla y Frontera Comalapa, en la región fronteriza de la Sierra Madre de Chiapas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo anunció que investiga el abuso de autoridad por parte de policías del municipio de Tulum, quienes golpearon a una persona la noche del 7 de abril cuando lo estaban deteniendo.

“La @FGEQuintanaRoo informa que inició una carpeta de investigación por abuso de autoridad –y lo que resulte—en contra de policías del municipio de Tulum; esto, tras conocer un material de video en el que se observa que golpean a una persona”, informó en sus redes sociales.

Un militar disparó contra un vehículo en el puesto de seguridad del municipio de Motozintla, Chiapas, sin que hubiera “ninguna agresión” por parte de los civiles, de los cuales uno fue herido de muerte, reconoció el secretario de Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

“Hay una reacción errónea del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de otra manera. Uno de nuestros elementos hizo algunos disparos e hirió a uno de los civiles que iban en el vehículo”, reconoció el titular del ejército.

Miembros del Ejército Mexicano fueron señalados de perseguir y disparar en contra de una camioneta cuyos ocupantes intentaron evadir un puesto de control militar, un ciudadano guatemalteco fue acribillado a tiros, en tanto que ocho militares fueron desarmados y retenidos por pobladores de la zona.

Los hechos ocurrieron este lunes 29 de marzo alrededor del mediodía, en un camino rural ubicado en las inmediaciones del poblado San José Bacantum, en el municipio de Mazapa de Madera, donde los miembros del 15º Regimiento de Caballería Motorizada, mantenían un puesto de control militar, en ese punto de trasiego de mercancías ilícitas y paso de migrantes.

Un militar mexicano mató a un ciudadano guatemalteco en un cruce fronterizo de Chiapas, en el municipio de Mazapa de Madero.

El gobierno de Guatemala condenó la muerte del hombre, a quien identificó como Elvin Mazariegos Pérez.

Reportes de la policía local habían señalado que la víctima de 30 años apuntó con un arma a los militares, sin embargo, esto no fue así.

Juan Carlos Padilla Aranda era hombre de familia y llevaba 30 años vendiendo tamales. El lunes 23 de noviembre se dirigía al tianguis de los lunes en la ciudad de Celaya, Guanajuato, acompañado de su esposa e hija, cuando una camioneta RAM sin placas les impidió el paso. Con el argumento de que tenían una orden de aprehensión contra él comenzaron a forcejear para subirlo al vehículo. Y lo lograron.

Tras unas horas sin saber nada de Juan Carlos, se notificó a su familia que lo habían dejado en el Hospital General de la ciudad, y que presentaba signos de violencia física. Poco después, se confirmó su muerte.