Insistió en que no estaba de acuerdo con que el aborto sea tratado como un servicio más y que en Guanajuato no hay ninguna mujer encarcelada por aborto, por lo que consideraba que no era necesario quitarlo como delito para proteger a las mujeres.

“Este no es tema de colores partidistas, el Partido Verde Ecologista al cual pertenezco orgullosamente reconoce la libertad de conciencia y en uso de plena libertad hoy defiendo con serenidad mi voto, yo no quiero que las mujeres vayan a prisión pero tampoco quiero que el aborto se imponga como política pública”, expresó Mendo González.

El aborto en Guanajuato

Previo a la discusión, organizaciones civiles hicieron un llamado a resolver el empate de la votación anterior y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres; recordaron que el acceso a la interrupción del embarazo es un tema de salud pública, particularmente en un estado que durante 2023 fue la segunda entidad con mayor incidencia de abortos en el país.

En 2023 Guanajuato registró 5 mil 421 abortos, según el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios de la Secretaría de Salud de México. Mediante este se sabe también que de quienes vivieron esos eventos de salud, el 1.2 % (64) eran niñas de 10 a 24 años, y el 21.1 % (mil 143) tenía entre 15 y 19 años de edad.

Por otro lado, León (27.2 %), Irapuato (10.4 %) y Celaya (7.3 %) fueron los municipios donde hubo mayor incidencia de abortos. Del total registrado en el estado, 3 mil 065 (56.6 %) se realizaron mediante legrado uterino instrumental.

Guanajuato es uno de los estados con leyes en torno al aborto más restrictivas en el país, pues lo permite solo en casos de violación y riesgo a la vida, por lo que no permite que las mujeres guanajuatenses tengan una vida reproductiva libre de estigma y con respeto a su autonomía reproductiva.

Diputados a favor y en contra de la despenalización del aborto

Durante su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, destacó que la despenalización del aborto no es un asunto ideológico, sino que tiene que ver con la salud pública y con los derechos de las mujeres.

“Es un asunto de salud pública, no ideológico (…) La penalización mata en silencio, mata con miedo”.

“¿Quiénes somos nosotros para imponer? ¿Quiénes somos nosotros para obligar a una mujer a tener un destino que no eligió?”, dijo frente al pleno al enfatizar que es falso que en Guanajuato ya no se criminaliza a las mujeres que abortan.

Asimismo, destacó que de archivarse la iniciativa, las mujeres no van a olvidar. “Será una traición con nombre y apellido, y el costo será alto porque ya no estamos en el siglo pasado y esta generación está presente”, advirtió.

Recordó que ya existe un amparo en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría obligar al Congreso de Guanajuato a despenalizar el aborto.

El diputado del PT, Baltazar Gaona, se desmarcó de la postura mayoritaria de su bancada, quien argumentó que, de aprobarse, se estaría obligando a los médicos a realizar procedimientos que podrían contradecir sus valores personales y su formación profesional.

Finalmente, las reformas a la Ley de Salud se aprobaron con 23 votos a favor y seis en contra. Mientras transcurría la sesión y se emitían las diversas posturas de los legisladores, manifestantes protestaban a favor y en contra.

Salud tiene 180 días para emitir lineamientos

El decreto entrará en vigor un día después de que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado. En tanto, la Secretaría de Salud local tendrá 180 días para emitir los lineamientos específicos.

El dictamen aprobado establece la regulación de los servicios de interrupción del embarazo en el estado, garantizando su gratuidad, confidencialidad y disponibilidad, así como la objeción de conciencia para el personal de salud, siempre y cuando no obstaculice el acceso a las personas que así lo requieran.

También se prevé la creación de un registro estatal de procedimientos realizados en instituciones públicas y privadas, asegurando la protección de datos personales.

El 10 de octubre de 2024, con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el Congreso de Michoacán aprobó diversas reformas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

De esta manera se reformaron los artículos 118, 141, 142, 143 y 146 del Código Penal de Michoacán, y se derogaron el 144 y el 145, en los que se establecían castigos tanto para las mujeres y personas gestantes, como para el personal de salud que interrumpiera el embarazo.

Actualmente el aborto está despenalizado en 21 entidades, en 19 de las cuales es permitido hasta las 12 semanas de gestación. En Sinaloa se permite hasta la semana 13, y en el caso de Yucatán se despenalizó con una orden judicial pero sigue como delito en el Código Penal estatal.

“Además, acorde con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, así como con los Lineamientos Técnicos para la Atención del Aborto Seguro en México, el texto contribuye a reconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes en el contexto de la salud”, agregó el órgano constitucional autónomo, de la capital de la República.

“[…] tales como la posibilidad de acceder al procedimiento sin discriminación y en condiciones de igualdad; recibir atención médica adecuada basada en los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género; ser informadas con claridad y de manera accesible respecto a las valoraciones y procedimientos médicos; recibir orientación preventiva, de control y seguimiento, así como recibir apoyo emocional y psicológico en un entorno seguro; y garantizar la protección de sus datos personales”, abundó la CDHCM.

“Además, el Acuerdo establece obligaciones para el ISSSTE, entre las que se incluye la obtención del consentimiento informado de las personas usuarias antes de realizar el procedimiento, considerado una llave fundamental para la garantía del derecho a la salud, así como la obligación de llevar un registro actualizado del personal que invoque la objeción de conciencia, asegurando la disponibilidad de personal no objetor para realizar el procedimiento sin demoras indebidas”, explicó la la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

“Si bien en la actualidad el Instituto presta servicios de interrupción del embarazo en algunas Unidades Médicas del país, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) considera que el Acuerdo constituye un paso importante en el contexto de la federalización de los servicios de salud, en el que resulta fundamental que las instituciones fortalezcan sus compromisos respecto a la asistencia a dicho derecho para grupos de atención prioritaria, a fin de alcanzar la universalidad y la reducción de barreras estigmatizantes que garanticen el acceso a los servicios para todas las personas”, enfatizó el órgano constitucional autónomo, de la capital de la República.

“Al 2023, el Instituto atiende a 1 de cada 10 personas del país (12.2 millones), de las cuales 55% son mujeres (6.7 millones) por lo que se considera que dicho Acuerdo contribuirá a la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Sobre todo, ante la aún vigente penalización de la interrupción del embarazo en 13 entidades del país y la criminalización y estigmas que aún permean en la sociedad”, finalizó la CDHCM.

Según los lineamientos del Acuerdo publicado por Batres Guadarrama, para la práctica de abortos voluntarios en las mejores condiciones médicas, a partir del 24 de enero de 2025, siempre y cuando se realizaran en las primeras 12 semanas de gestación.

Asimismo, el Acuerdo mencionó que la Interrupción Legal del Embarazo estaba protegida por el marco legal en cada entidad federativa que había reformado su legislación en la materia. También detalla que la ILE se realizaría a petición expresa de la usuaria, en ejercicio libre de su autonomía reproductiva.

Además, el acuerdo no limitó el concepto de “usuaria” a las burócratas y sus familiares, que eran las derechohabientes del ISSSTE, sino que la definió como “quien acude a los servicios de atención para hacer ejercicio de su derecho a la salud”.

Batres Guadarrama ordenó brindar una valoración médica adecuada, apoyo psicológico y emocional, orientación, protección de datos personales y obtención de un consentimiento informado de la paciente.

En el Acuerdo también se autorizaron abortos a menores de edad, y prevé la intervención del Ministerio Público, así como las procuradurías de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en casos de ausencia de los padres o cuando éstos se opusieran al procedimiento, para que se tomara la decisión más conveniente para la menor.

Además, el Acuerdo de Batres Guadarrama prevé la objeción de conciencia del personal médico que no quisiera practicar las ILE, pero al mismo tiempo, ordenó que todas las unidades médicas tuvieran suficiente personal no objetor.

“También se definen como derechos: recibir orientación preventiva, de control y seguimiento respecto a la Interrupción Legal del Embarazo, por lo que promueve la libertad reproductiva y el consentimiento informado; obtener apoyo emocional y psicológico, mediante una persona capacitada en un entorno seguro y propicio; así como la protección de datos personales y salvaguarda de la información de la paciente”, apuntó el ISSSTE, en un comunicado.

El Acuerdo también indicó que la Dirección Médica sería responsable de coordinar y dar seguimiento a las acciones necesarias para capacitar al personal médico de todas las unidades y promover su implementación.

Por su parte, la Dirección Jurídica del Instituto debería realizar los trámites correspondientes para que el contenido del instrumento fuera incluido en la Normateca Electrónica Institucional, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la publicación del Aviso en el DOF.

El aborto voluntario está despenalizado en 18 estados y la Ciudad de México, solo en las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, el Código Penal Federal (CPF) lo sigue tipificando como delito, sancionado hasta con tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación a las funcionarias federales que lo practique.

Ello debido a que el Congreso de la Unión no había legislado tras un amparo concedido en septiembre de 2023, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le ordenó derogarlo.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó al Congreso del Estado de Yucatán derogar las normas que criminalizan el aborto en el Código Penal de esta entidad.