Surge como respuesta a la acusación de 26 funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez involucrados en el "Cartel Inmobiliario".
La reforma publicada en la Gaceta Oficial de la capital, con vigencia a partir de mañana, se hace efectiva tras la creación del capítulo XV y el artículo 276 quater al Código Penal, que señala:
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley”.
En el evento de presentación, celebrado en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que dicha reforma al Código Penal de la Ciudad de México, en la que se incluye el castigo a la corrupción inmobiliaria, evitará omisiones a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y penará el delito de corrupción asociados a ella.
Asimismo, Batres insinuó que autoridades de la alcaldía Benito Juárez permitieron que se hicieran actos de corrupción inmobiliaria en esta demarcación; discurso y señalamiento que haría reiteradamente la candidata Clara Brugada a su contrincante y exalcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, en el debate por la jefatura de la Ciudad de México.
“El Cartel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, descubierto recientemente, ha puesto en evidencia la magnitud del problema. Estimamos que, a través de construcciones ilegales de pisos adicionales, se han obtenido ganancias ilícitas de hasta mil millones de pesos”, mencionó el Jefe de Gobierno.
Pena aumenta si se tiene beneficio con corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México
La pena por este delito se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas produzcan beneficios económicos al propio servidor público o a personas relacionadas con él hasta el cuarto grado de parentesco, o a terceros con los que tenga vínculos afectivos o económicos.
“Simplemente en el caso de corrupción inmobiliaria, cuando se obtenga un beneficio económico por otorgar permisos para construcciones indebidas, la pena se agrava de 15 a 30 años de prisión”, indicó Batres.
La medida surge como respuesta a un escándalo que ha sacudido a la capital mexicana, con 26 funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez involucrados en el denominado “Cartel Inmobiliario”. Se han emitido órdenes de aprehensión, habido detenidos y sentenciados, en un esfuerzo por acabar con la impunidad y la corrupción en el sector de la construcción.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Inti Muñoz, adelantó que pronto se darán a conocer nuevos hallazgos sobre casos de corrupción inmobiliaria, enfatizando en la importancia de continuar combatiendo esta práctica que afecta a la ciudadanía y debilita la institucionalidad del país.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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