El 14 de diciembre pasado, se entregó un reporte al ayuntamiento en que se manifestó que había “malas prácticas, malos manejos y fugas de dinero”. En consecuencia, se despidió a Isabel Carbajal, jefa de ingresos, así como a 14 recaudadores.
En 2016, el ayuntamiento de Tonalá aprobó contratar el Sistema de Reordenamiento Comercial (Sireco) cuando gobernó por vez primera Sergio Chávez. Pero no fue hasta su reelección, cuando se aprobó en sesión de cabildo la firma del contrato el 22 de septiembre de 2023.
El proyecto ofrecía saber cuántos comerciantes se instalaban en cada tianguis, los espacios que ocupaban, darles una credencial, así como una recaudación exacta para combatir la corrupción.
José Luis Bueno reportó a funcionarios de primer nivel que encontraron que los recaudadores no cobraban lo correcto y reportaban menos ingresos.
Por ejemplo, por puestos que medían seis metros solo cobraban la mitad del espacio, equivalente a 30 pesos, mientras que comerciantes que pagaban 50 pesos, les daban un recibo por 10 pesos.
“Se le comprobó al ayuntamiento donde estaba la fuga y la mala práctica, así como la corrupción en el área de Ingresos de la Tesorería. Encontramos que los recaudadores -con nombramiento de supernumerario- confesaron que hacían eso porque tenían que entregar cierta cantidad de dinero por tianguis a sus jefes, entre ellos regidores”, detalla Bueno.
En noviembre pasado, la empresa solo pudo trabajar 22 días, debido a que líderes del tianguis del centro de Tonalá y de la avenida Tonaltecas -que comprende alrededor de 4 mil comerciantes- se opusieron a dar sus datos para el padrón y a la entrega de credenciales.
El 14 de diciembre pasado, se entregó un reporte al ayuntamiento en que se manifestó que había “malas prácticas, malos manejos y fugas de dinero”. En consecuencia, se despidió a Isabel Carbajal, jefa de ingresos, así como a 14 recaudadores.
Los recaudadores despedidos revelaron que entregaban parte de los ingresos a los regidores Alejandro Buenrostro, Liliana Olea, Martha Arizmendi y Celia Serrano.
Actualmente, la corrupción cuenta con el consentimiento del director de Ingresos, Ramiro Suárez, y de César Ríos quien labora en esa misma dependencia, así como el titular de Mercados, Juan Manuel Patiño Orozco, lamentó el director.
También refirió que el municipio se niega a pagar por el servicio prestado por la empresa, a pesar de que existe un contrato.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA REZA M.
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