Sánchez Pozos narró que durante 2019 denunció las malas prácticas que tenían algunos de sus colegas del Tercer Tribunal Colegiado de Cancún, Quintana Roo, lo que le valió ser avisada de su cambio a otro tribunal y posteriormente de una suspensión.
“Yo llegué en octubre del 2018 al Tercer Tribunal Colegiado en Cancún, Quintana Roo, en donde comencé a integrar el órgano jurisdiccional con una magistrada (Selina Aidé Avante Juárez) muy allegada al señor ministro, por los datos que luego fueron apareciendo durante la función”, informó.
Explicó que esa magistrada es hermana de quien fue una de las personas de confianza de Zaldívar, el subsecretario general de acuerdos de la SCJN, Mario Gerardo Avante Juárez.
“(Las malas prácticas) eran discutir los asuntos antes de entrar a sesión, lo que está prohibido por un acuerdo general que nos rige, así mismo, ese mes de abril, me acercó la magistrada, que era la presidenta magistrada Avante Juárez, una resolución para firma sin que se haya discutido el asunto, por lo que me negué a firmar”, describió.
Por ello, decidió enviarle documentos oficiales sobre estas prácticas a Carlos Alpízar, que fungía como secretario general de presidencia en el Consejo de la Judicatura y al propio ministro Zaldívar, así como a diversos consejeros, para hacer de conocimiento el cómo iba deteriorándose el ejercicio de la función jurisdiccional.
“Carlos Alpízar fue compañero también de universidad de la magistrada Selina, además, al grupo de poder al que afirmo yo me enfrenté fue evidente, porque todas las determinaciones y todas las comunicaciones que yo tenía con presidencia del consejo le eran proporcionadas a la magistrada”, narró.
Tras el informe que presentó en abril de 2019, el cual, consideró, fue el más delicado, se ordenó abrir una carpeta de investigación para indagar estas irregularidades, sin embargo, no se le dio el seguimiento pertinente.
Explicó que posteriormente, en septiembre, le comunicaron su cambio de restricción a Culhuacán, Sinaloa, lo que consideró como una noticia de castigo y de sanción por comunicar esa problemática al consejo, Ese mismo mes, antes de concretarse el cambio, fue suspendida por 6 meses acusada de acoso laboral, aunque posteriormente se dictó una prórroga.
Luego de ello, la magistrada también presentó una denuncia por la situación que estaba viviendo, por lo que un visitador oficial tuvo que realizar estudios de campo para determinar quién había incurrido en las faltas.
“El visitador (…) concluye que había que iniciarse el procedimiento a mis compañeros y no a mí, a mí me resultó nada más un motivo, que él advertía y que no tenía que ver con ninguno de los que se me estaban atribuyendo”, aseveró.
“Y también aquí lo más relevante es que concluyó, con motivo de dos carpetas de investigación, que había lugar a dar vista al ministerio público, en vía penal, por la probable comisión de conductas delictivas de tres de los compañeros, entre ellas la magistrada Selina Avante”, señaló.
Sánchez Pozos dijo que sufrió daños emocionales, profesionales, psicológicos, económicos y afectaciones a su familia como consecuencia de las decisiones propuestas o avaladas por el hoy exministro Arturo Zaldívar.
“Sufrí serios daños, tanto emocionales, como profesionales, psicológicos, económicos, afectación a mi familia, como consecuencia de estas duras decisiones, que a propuesta o avaladas por el hoy ex exministro Arturo Zaldívar fueron tomadas en el órgano disciplinario”, aseveró.
“Es duro para mí estar hablando aquí, de manera directa, sobre la situación que imperaba durante la presidencia del señor ministro Arturo Zaldívar”, agregó.