La historiadora y activista Alicia de los Ríos reclamó a la Sedena la omisión o negativa de transferir los archivos militares al AGN para que el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico del periodo de la "guerra sucia" pueda documentar violaciones graves a los derechos humanos.
El juicio de amparo fue presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y la organización Artículo 19 en representación de la historiadora y activista Alicia de los Ríos, cuya madre fue militante de la Liga 23 de Septiembre y fue desaparecida en 1978.
El caso se inserta en los incumplimientos y obstáculos que el “Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”, que forma parte de la Comisión de la Verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado para entrar a los archivos del Ejército mexicano.
En el amparo, Alicia de los Ríos reclama a la Sedena la omisión de transferir archivos relacionados con graves violaciones a derechos humanos al Archivo General de la Nación (AFN), conforme al acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019, el cual ordenaba a todas las dependencias de la administración pública federa transferir documento sobre represión política y social del periodo 1965-1990. El Ejército no envió ni un solo documento.
Así lo explicó entrevista César Contreras, abogado del Centro Pro.
Se identificó la manipulación o alteración de los archivos de la Sedena, lo cual también genera preocupación de que ciertos documentos estuvieran siendo destruidos o alterados, de tal manera que posteriormente fuera imposible reconstruir la verdad de los hechos.
Además, el amparo reclama todas las irregularidades detectadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico en su informe “Las formas del silencio”, publicado el año pasado, sobre la negativa de acceso a archivos a los investigadores de la Comisión y las alteraciones detectadas por parte de militares. Por ejemplo, a veces los investigadores detectaron archivos de interés y, cuando les eran entregados habían sido editados, les faltaban hojas o habían sido alterados para dificultar su análisis.
“Los familiares de las víctimas están claramente preocupadas porque se busca desaparecer evidencia”, expresó Contreras.
El pasado 8 de diciembre, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo 1894/2023 y el pasado 2 de enero concedió la suspensión definitiva para que la Sedena, mientras se resuelve el fondo del amparo, no destruya ni oculte ningún documento sobre el periodo de la guerra sucia.
La suspensión definitiva incluye al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; y a los titulares de la Dirección General de Derechos Humanos y la Dirección General de Archivo e Historia; al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos; al titular del Órgano Interno de Control; y al Titular de la Unidad de Transparencia y Oficina de Atención Ciudadana de la Oficialía Mayor.
Un antecedente
Esta es la segunda suspensión definitiva que Alicia de los Ríos, con ayuda del Centro Pro y Artículo 19, gana para evitar la destrucción de documentos sobre la guerra sucia.
El año pasado, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió a trámite el expediente 1474/2023 en contra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes CISEN, debido a que también incumplió con la transferencia de archivos de la ‘guerra sucia’ al AGN ordenada por López Obrador y, además, existen evidencias por parte del Mecanismo de que se ocultan documentos que debieron ser entregados o que fueron sustraídos del Archivo General. La suspensión definitiva fue otorgada el 8 de septiembre de 2023.
El CNI sólo envió 7 expedientes entre 2020 y 2023 mientras que, por ejemplo, durante la transferencia de archivos históricos ordenada por el presidente Vicente Fox, el desaparecido CISEN envió al AGN un total de 4 mil 223 cajas de expedientes de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).
“Las dos suspensiones que hemos ganado son similares. Por un lado, el año pasado se ordenó al CNI no destruir documentos por el ocultamiento de expedientes y falta de acceso a su bóveda, mientras que este amparo de la Sedena también es señalada por ocultar y manipular información”, agregó Contreras.
En este caso, Alicia de los Ríos también basó su demanda de amparo en los diversos informes publicados por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, donde se documenta el ocultamiento de archivos y que además no se permitió el acceso a los investigadores del Mecanismo a su bóveda de archivos, a pesar de que hay una instrucción presidencial de por medio.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: RAFAEL CABRERA.
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