Tuvieron que pasar más de 50 años para que cinco familias pudieran recuperar los cuerpos de sus seres queridos que fueron fusilados y sepultados en fosas clandestinas por el Ejército en lo alto de la sierra de Ajuchitlán del Progreso.

Este viernes, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) entregó los cuerpos de José Isabel Rojas Bernardino, Apolonio Hernández Bernardino, Gervacio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario y Pablo Rojas Terán, que tenía 14 años cuando fue asesinado al salir a buscar a su papá Francisco Rojas Nazario.

En Atoyac de Alvarez, Guerrero, el epicentro de las desapariciones forzadas en la guerra sucia tras la muerte de Lucio Cabañas, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, descalificó las listas de los vuelos de la muerte que familiares de las víctimas presentaron en agosto pasado.

Los trabajos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) fueron omitidos por la Secretaría de Gobernación cinco días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La polémica en torno a la inclusión de otras víctimas de violencias del Estado que no eran luchadoras sociales o integrantes de grupos guerrilleros fue aprovechada por las autoridades para desestimar, ignorar cuatro tomos y reducir de 6 mil páginas a solo ocho el informe final “Fue el Estado 1965-1990”, realizado por tres de los cuatro comisionados de dicho mecanismo.

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad (MEH) acusó a la Secretaría de Gobernación (Segob) de desconocer su informe sobre la Guerra Sucia y a más de 4 mil víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos entre 1965 y 1990.

A un día de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tres expertos que coordinaron el MEH lamentaron que la Segob no publicó completo su informe de casi 5 mil hojas, y en lugar de eso solo difundió un breve resumen de ocho páginas.

“Estamos viviendo nuevos tiempos y yo creo que este acto es una prueba de que se está cambiando (…)  no queremos que esto quede en la superficie, no queremos la simulación, queremos ir al fondo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar el banderazo de salida a los trabajos de investigación de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia.

El presidente dijo estas palabras en junio de 2022, en el Campo Militar No. 1 y frente a familiares de víctimas de crímenes que ocurrieron entre 1965 y 1990. El esclarecimiento de los hechos de la llamada Guerra Sucia fue una de las principales promesas de López Obrador al arranque de su gobierno.

Ante la falta de certeza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya recibido el informe “Fue el Estado”, relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990, comisionados responsables del documento entregaron un ejemplar en la Oficialía de Partes de Presidencia de la República.

Por más de un año en que el equipo de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) inspeccionó y revisó diversos documentos del archivo militar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocultó, mutiló y alteró un número aún indefinido de expedientes que podrían inculpar a esta institución en graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo conocido como la “Guerra sucia”.

El Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI) entregó al Archivo General de la Nación (AGN) 300 mil 986 documentos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) con fotografías, documentos, cintas de video, microfichas, microfilms y 215 mil tarjetas fechados entre 1965 y 1990 con datos de grupos guerrilleros, actores políticos, sociales, sindicales y activistas relacionados con la guerra sucia, el terrorismo de Estado contra la oposición política.

"Es toda aquella información referente a posibles violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción", indicó el AGN, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

En la Fiscalía General de la República (FGR) hay 245 averiguaciones previas de personas desaparecidas durante la “guerra sucia”, pero durante meses solo dos agentes del Ministerio Público fueron asignados a su investigación. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció dar prioridad a estos casos, el comité que debía resolver procesos estancados desde hace 50 años fracasó, junto con la promesa de justicia.

En el próximo gobierno se mantendrá la Comisión Especial para la Verdad para seguir investigando el tema de la Guerra Sucia en los años 70 y 80, informó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Un juzgado federal mexicano reconoció por primera vez que hubo terrorismo de Estado en la lucha contra los grupos guerrilleros en las décadas de 1970 y 1980, en connivencia con las autoridades civiles y militares, y en particular en el estado de Guerrero. La sentencia ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie acción penal contra las autoridades vinculadas a esas acciones.

El Informe final del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico revela la profunda injerencia de las agencias estadounidenses FBI, CIA y DEA en México durante la llamada “Guerra Sucia” (1965-1990), respaldada por la complicidad del Estado mexicano. Esta intervención, orientada bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no solo violentó la soberanía de México, sino que también resultó en graves violaciones a los derechos humanos que aún hoy resuenan en la memoria histórica del país.

La revisión histórica del pasado de represión de México que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su fin. El informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) tiene claroscuros: por un lado, identifica al menos 8 mil 594 víctimas de once tipos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.

Ocho mil 594 víctimas. Once mil 743 violaciones graves a derechos humanos. Cuarenta y seis masacres con al menos a 385 víctimas mortales; 123 mil 034 personas forzadas a abandonar sus casas y territorio. Muchas más personas desaparecidas…

Ese es el saldo que dejó la Guerra Sucia en México, el episodio que se extendió de 1965 hasta 1990 y que tuvo como principal operador al Estado. 

Ante la coyuntura del fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el ascenso del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum es indispensable que el Estado mexicano asuma los resultados de las investigaciones y recomendaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH), creada por decreto presidencial, y dé respuesta a las demandas de miles de sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia de Estado, alerta Eugenia Allier Montaño, integrante de esa comisión.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México aseguró este jueves que la publicación de un listado de 183 personas detenidas en el país entre 1972 y 1974, presuntamente víctimas de los llamados ‘vuelos de la muerte’, “es una gran oportunidad para profundizar en un episodio clave de la llamada Guerra Sucia“.

Durante la década de 1970 y parte de la de 1980 existió en México una etapa llamada ‘Guerra sucia’, en la que la violencia fue ejercida por el Estado mexicano contra disidentes y opositores políticos en distintas entidades del país.

Hace 20 años, un hombre que se presentó como militar desertor entregó a Rosario Ibarra de Piedra, la madre buscadora y lideresa del movimiento por la liberación de los presos políticos, una lista con 183 nombres de personas detenidas entre abril de 1972 y diciembre de 1974, que habrían sido desaparecidas en 25 vuelos que despegaron de la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, desde donde fueron arrojadas al mar. 

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) incumplió con la entrega de documentos sobre los llamados “vuelos de la muerte”, por lo que desacató la orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a Ia Información y Protección de Datos Personales (INAI), así lo dio a conocer el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH).

A unos meses de que concluya el mandato de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante la llamada “Guerra Sucia”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha bloqueado el acceso a sus archivos para dar esclarecer hechos como los “vuelos de la muerte”, denunció David Fernández Dávalos, integrante de dicha comisión.