La imputación contra el exfuncionario en la administración del priista Omar Fayad Meneses es por su presunta responsabilidad en un esquema de dispersión de recursos extraordinarios a empresas fantasma, los cuales habían sido destinados para combatir el covid-19 y desarrollar obra pública en poblados rurales.
Según el rastreo realizado por la Agencia Estatal de Investigación, para simular que obras como rehabilitación de caminos se llevaron a cabo, las firmas con características de fachada emitieron facturas; de igual forma, proporcionaron comprobantes fiscales con los que afirmaban que habían provisto insumos médicos, los cuales no fueron hallados.
Este modelo de desvío fue denominado por el gobierno de Julio Menchaca Salazar como “la estafa siniestra”, en el cual, según indagatorias que comenzó su equipo en la etapa de transición, inicialmente involucraba a 13 alcaldes y dos integrantes del gabinete de Fayad que habrían movilizado 522 millones de pesos; no obstante, el encargado del despacho de la Procuraduría estatal, Santiago Nieto Castillo, indicó recientemente que, con suma de irregularidades detectadas, superan los mil millones.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que la detención de Porraz Oaxaca ocurre como parte de las investigaciones por “la estafa siniestra”. El cargo que le imputan es peculado agravado.
De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el exdirector fue aprehendido a las 7:50 horas en el fraccionamiento Residencial Los Ángeles, ubicado sobre el bulevar Ramón G. Bonfil, frente a la preparatoria Zoebisch.
Posteriormente fue puesto a disposición de un juez de control en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital hidalguense, para la audiencia inicial.
Víctor Eloy Porraz fue subalterno del oficial mayor Martiniano Vega Orozco, integrante del grupo político de Omar Fayad y contra quien hay una orden de aprehensión vigente por sus posibles actos de corrupción, que el exresponsable del manejo de los recursos materiales y humanos del Poder Ejecutivo busca no se cumplimente con solicitudes de amparo para obtener la protección federal.
Por testimonio del propio Vega Orozco, dos veces se desplegaron operativos para detenerlo entre abril y mayo y, aunque evadió las acciones que señala como parte de una persecución política infundada, llegaron a domicilios en los que lo tenían ubicado, refiere el expediente 663/2023, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo.
Por la “estafa siniestra” hay cinco alcaldes vinculados a proceso: tres en prisión preventiva, en el Cereso de Pachuca: Fidel Arce Santander, de Epazoyucan; Felipe Juárez Ramírez, de Huautla, y Elías Sanjuán Sánchez, de Yahualica, detenidos detenido el 23 de noviembre del año anterior, señalados por peculados agravados de 14 millones 215 mil 780, 26 millones 515 mil 780 y 29 millones 224 mil 727 pesos, respectivamente.
Dos más, José Alfredo Díaz Moreno, de Tlahuelilpan, y Luis Francisco González Garay, de Pisaflores, acusados del mismo delito, pero por 18 millones 380 mil 890 pesos y 30 millones 960 mil 890 pesos, llevan sus procesos en libertad.
Además, Luis Enrique Cadena, de Nopala, aunque había sido detenido el mismo día que los primeros tres presidentes procesados, fue liberado con recursos legales y desde entonces está prófugo. A él, el único de los 13 alcaldes presuntamente implicados que pertenece al partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la PGJEH le atribuye posible peculado y uso ilícito de atribuciones agravados por 71 millones de pesos.
Nieto Castillo confirmó que, de los procesados, algunos tienen abierta la posibilidad y han buscado criterios de oportunidad para proporcionar datos sobre movimientos de personajes con mayor rango en la estructura de esta “red de corrupción”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AXÉL CHÁVEZ.
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