Desde hace 30 años, se tiene registro en el país de ataques con ácidos y otras sustancias, pero hasta ahora se empieza a visibilizar y a trabajar en cambios en la legislación ante los reclamos de las sobrevivientes. Las mujeres y las cifras han estado en las sombras durante más de tres décadas.
Tras años de lucha y resiliencia, lograron, junto con otras activistas, que Puebla se convirtiera en el primer estado en México en reconocer y tipificar los ataques con sustancias ácidas y químicas como delito de feminicidio en grado de tentativa. Antes ya se había conseguido modificar incluso el Código Penal Federal, pero solo para catalogarlos como lesiones; ahora, el reclamo ha encontrado eco también en algunas legislaciones locales y buscan que esto se amplíe a todo el país.
Su demanda comienza a ir más allá, al exigir una legislación que la nombre como violencia química ante el aumento de agresiones con cloro, gasolina, fertilizantes y otras sustancias corrosivas o inflamables.
39 ataques y seis muertes
En el país, por lo menos se tiene el registro de 39 ataques con ácido; a raíz de ellos, seis personas fallecieron, de acuerdo con la documentación de la Fundación Carmen Sánchez, que acompaña a las sobrevivientes e investiga sobre este tipo de violencia.
La asociación detectó, a partir de datos de la Secretaría de Salud federal, que tan solo en 2022 se cometieron 105 agresiones con alguna otra sustancia química, aunque la cifra puede ser mayor, ya que no se contabilizan las atenciones en clínicas privadas, del IMSS o del ISSSTE, de ahí la urgencia de sancionar este tipo de violencia.
En los últimos siete años, en México han sido quemadas intencionalmente al menos 656 mujeres, de las cuales el 67.84% fueron agredidas por un familiar y el 32.16% por personas desconocidas, según los datos de la dependencia sobre lesiones atendidas en los hospitales públicos del país entre 2016 y 2022.
Entre estos casos está el de Liliana Torres, de 24 años, quien fue privada de la libertad, violada, golpeada y dejada inconsciente en un terreno en el municipio de Salinas, Nuevo León, el 26 de marzo de 2022. La intentaron matar al prenderle fuego.
Llegó muy grave al hospital tras ser auxiliada por personas que observaron que su cuerpo se quemaba; estuvo intubada y en coma inducido para evitarle el dolor de las quemaduras. Su caso sigue impune: hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
Otro caso de violencia extrema que también ocurrió el año pasado fue el de Margarita Seceña, de 30 años, quien fue atacada por familiares en Cuautla, Morelos. A ella le rociaron gasolina y le prendieron fuego; el hecho fue presenciado por uno de sus hijos. Tras el atentado, fue trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, pero a los 20 días de ser hospitalizada falleció. Tenía quemaduras de segundo y tercer grado en más del 70% del cuerpo.
Para Carmen y Esmeralda, es una batalla ganada que en Puebla se hayan reconocido por primera vez los ataques con ácido y otras sustancias químicas como un feminicidio en grado de tentativa y no solo como delito de lesiones, así como lo han estado impulsando desde la fundación. Es el reflejo de su lucha, que también va encaminada a reconocer la violencia química como una de las agresiones más extremas hacia las mujeres.
En Puebla, los legisladores realizaron cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal para imponer penas desde 20 hasta 40 años de cárcel.
En la impunidad, la mayoría de los ataques
La primera denuncia por violencia química de la que se tiene registro la interpuso María López, una mujer que sobrevivió a una tentativa de feminicidio en 1988 en la Ciudad de México. Es el caso más antiguo que se ha detectado hasta el momento. Le sigue Elisa Xolalpa, en Xochimilco, hace 22 años. Ambos casos siguen en la impunidad.
“María López es el primer caso de ataque con ácido que tenemos documentado no solamente en México, sino que se tiene documentado como la primera denuncia en América Latina. Su caso es emblemático, no solamente para México sino para América Latina porque refleja que es un problema muy grave y antiguo”, dice Ximena Canseco, vicepresidenta y cocreadora de la Fundación Carmen Sánchez.
Las sobrevivientes consideran que el Estado le ha fallado a las sobrevivientes.
“Las únicas sentencias que conocemos es una en Puebla por violencia familiar, ni siquiera pisó la cárcel, y en Naucalpan, en el Estado de México, el caso de Martha Ávila, pero fue una sentencia de ocho años, ineficiente porque se declaró culpable y no hubo reparación integral del daño”, señala Canseco.
Según lo encontrado en sus investigaciones, se establecen muchos puntos en común entre las víctimas: condiciones de desigualdad estructural previas, que algunas son mujeres precarizadas, racializadas, que viven en las periferias y tenían entre 20 y 30 años cuando ocurrió el ataque.
Carmen y Esmeralda, en la lucha
Carmen sobrevivió a un feminicidio en 2014. Estuvo ocho meses hospitalizada y hasta ahora le han practicado 55 cirugías. El apoyo del Estado nunca llegó. Cuando salió del hospital no tuvo otra alternativa que buscar trabajo para mantener a sus hijas. Su carpeta de investigación fue abierta por el delito de lesiones simples, cuando su vida en diversas ocasiones estuvo en peligro.
“Este crimen me mandó ocho meses a un hospital sin poder salir. En este hospital yo me llegué a sentir castigada por haber pedido mi libertad. Fueron ocho meses en los que no pude ver a mis hijas, que no vi a mi mamá (…) Los ataques con ácido no solo ponen en riesgo la vida de la mujer en el momento de la agresión, sino meses y años posteriores debido a las secuelas físicas y psíquicas”, relata.
“La Fundación Carmen Sánchez nace en el 2021 después de haber vivido en carne propia esta dolorosa violencia y después de ir conociendo a más víctimas, mujeres, que al igual que yo estaban sobreviviendo a estas violencias tan devastadoras”, señala Carmen.
A Esmeralda Millán la intentó asesinar su expareja junto con otras tres personas en Puebla, cerca de su casa, en 2018. Su caso ha estado plagado de irregularidades desde el inicio. La propuesta principal que reformaron los legisladores poblanos se basa en su caso.
“Hasta apenas hace un mes tenía muchas trabas en mi proceso; tuve 14 audiencias consecutivas que me la estaban cancelando, por darle prioridades al agresor. El hecho de que estemos vivas no significa que vamos a estar bien. Gracias a que tengo dos angelitos en mi vida fue que seguí luchando porque realmente quería morir”, expresa Esmeralda.
Para la joven de 28 años, su recuperación ha sido muy dolorosa: “Yo no quería que nadie me viera, ha sido mucho sufrimiento, muchas lágrimas y muchas depresiones”.
Ataques sin penalizar
Una mujer es víctima de un atentado con ácido o un agente químico cada semana, según datos del Senado.
A pesar de la visibilización de los ataques con ácido u otras sustancias químicas corrosivas contra las mujeres, el marco penal federal aún permanece en deuda con las víctimas al no catalogar dicha agresión como intento de feminicidio.
En octubre de 2022, la Cámara de Diputados reformó el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar estas agresiones como violencia física, pero los legisladores se quedaron cortos, al no reformar el Código Penal para elevarlas a rango de delito de feminicidio en grado de tentativa, como sucedió en Puebla.
De acuerdo con la ley federal, se considera violencia física cualquier acto realizado con ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable que pueda provocar lesiones internas y externas.
Días más tarde, el 3 de noviembre, el Senado resolvió imponer como castigo a los victimarios desde los siete a los 13 años de prisión.
Este proyecto de decreto, que reforma el artículo 297 Bis del Código Penal Federal, propone endurecer la pena, en caso de que el agresor tenga una relación de parentesco, sentimental, laboral o de confianza con la víctima. También modifica el artículo 85 de la misma norma para prohibir la libertad preparatoria a los sentenciados.
Esta iniciativa, que permanece en la congeladora de la Cámara baja, estipula que el personal deberá notificar al Ministerio Público de todas las lesiones que provocaron los agentes químicos arrojados a la víctima.
Con la ley vigente, las agresiones con sustancias químicas actualmente solo pueden ser catalogadas como lesiones, pese a que la intención del victimario sea afectar a su víctima de manera permanente, incluso asesinarla.
La pena máxima que puede recibir un agresor acusado de lesiones son 10 años de prisión. De acuerdo con el Código Penal Federal, se impondrán de cinco a ocho años de cárcel cuando a consecuencia de un ataque se cause una enfermedad segura o incurable, la pérdida de un ojo, un brazo, una mano o cualquier otro órgano, o se genere una deformidad incorregible.
La pena ascenderá desde los seis hasta los 10 años en la cárcel cuando el agresor ocasione una incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, impedimento para hablar o ver o le afecte sus funciones sexuales.
“Nos estamos quedando cortos”
Que el marco normativo tipifique los ataques con sustancias químicas solo como lesiones agravadas propicia que prevalezca la impunidad en los casos existentes e impide que la población dimensione la gravedad de la afectación a la víctima, señala Citlalli Vizcaya Zamudio, abogada y jueza.
“Nos estamos quedando demasiado cortos en la legislación, por eso la necesidad de que se tipifique la violencia ácida o con químicos como un delito autónomo o como tentativa de feminicidio”.
Las quemaduras extremas, el perder un ojo, la funcionalidad o la movilidad de una parte del cuerpo, o que la agresión deje una discapacidad no se pueden clasificar como una simple lesión, y menos señalar que tarda en sanar menos de 30 días, como han determinado en algunos casos médicos legistas cuando las mujeres víctimas de este tipo de violencia han denunciado. Estar a punto de morir o que haya casos de mujeres que fallecieron nos habla de una violencia feminicida, indica la abogada.
“Los ataques con ácido siempre tienen como finalidad la muerte de la mujer, ya sea que el victimario quiera privar de la vida a la mujer, o como se dice comúnmente, matarla en vida, porque eso es lo que provocan ese tipo de lesiones. Ahí es donde empieza la necesidad de que exista una regulación especial para atender este tipo de delitos, para que puedan tener una sanción acorde al daño sufrido por las víctimas”, insiste.
La agenda pendiente
Solo el 22% de los estados del país ha tipificado las agresiones con ácido y otros químicos como lesiones agravantes en sus códigos penales: en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca estos ataques se castigan con prisión.
Oaxaca es la entidad que ofrece la sentencia más larga, con hasta 40 años en la cárcel.
Otro de los puntos que también está pendiente es que los enfoques de las reformas no solo se centren en el agresor, sino en la reparación del daño a la víctima de una manera integral.
“La reparación del daño debe implicar el acceso a cirugías reconstructivas y estéticas, conseguirle empleo, darle atención psicológica a ella y a las víctimas indirectas, sus hijos, su familia, reintegrarlas a la sociedad y garantizar dentro de lo más posible su vida anterior”, subraya la abogada Vizcaya Zamudio.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SHARENII GUZMÁN, TANIA CASASOLA, GABRIELA SOTO.
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