Los trabajos para el paso del ferrocarril prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplen un año de llevarse a cabo en el tramo 5, el más polémico.
Ello ocurre a la par del conflicto que surgió con grupos ambientalistas, cuando las empresas contratadas comenzaron a talar la selva al poniente de Playa del Carmen y Tulum, justo donde se encuentra también uno de los sistemas de ríos subterráneos más importantes del mundo, cuyas entradas han comenzado a registrar estragos por el piloteo con el que los constructores planean que el Tren Maya pase elevado (Proceso 2386).
En este contexto, el pasado martes 7 el Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Mérida, otorgó una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo indirecto 2878/2022 contra el desmonte debido a que la obra federal comenzó sin contar con el permiso de cambio de uso de suelo.
Esta no es la única demanda de amparo que ha frenado el proyecto ferroviario, pues hasta hace algunos meses otros juicios de garantía contaban con la suspensión definitiva, medidas cautelares que al final fueron revertidas con recursos presentados por las dependencias federales involucradas en la construcción del proyecto.
No obstante, estos procesos judiciales aún no concluyen y los demandantes prevén que durarán años en resolverse. Aunque esperan que con la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano jurisdiccional haga uso de su facultad de atracción.
Fue la actual presidenta quien se encargó de elaborar el proyecto de resolución del amparo en revisión 307/2016, del asunto Laguna Carpintero y el acceso al derecho a un medio ambiente sano, precedente judicial que los quejosos contra el Tren Maya lo han insertado en sus argumentos.
Esta suspensión no afecta la edificación de los cimientos de las vías del ferrocarril, la cual continúa. Sin embargo, sí pesa sobre los actos de remoción vegetal en segmentos de selva que aún quedan de pie y constituyen ahora no sólo una barrera natural, sino legal. En el tramo 5 se ha avanzado en el desmonte en más de 95% de alrededor de los 116 kilómetros que mide.
José Urbina Bravo, integrante del colectivo Sélvame del Tren y principal quejoso del amparo indirecto 884/2022, que paralizó el proyecto federal durante tres meses el año pasado, sostiene que la defensa de la selva será aún más férrea y fincarán responsabilidades penales a los servidores públicos que no acaten la orden judicial.
“Vamos a irnos por la vía penal, (...) contra las autoridades. Contra Fonatur, contra la Sedena, contra quien resulte responsable. Porque lo que estamos viendo es que Sedena se quiere lavar las manos diciendo luego que no fueron ellos, que fueron los consorcios”, explica Urbina Bravo.
“Suspensión definitiva”
Las zonas identificadas por la más reciente imagen del pasado 10 de febrero del servicio ofrecido por el satélite Sentinel 2, indican que aún quedan extensiones importantes de selva. Éstas se encuentran al sur de Playa del Carmen, en los alrededores de la recién descubierta zona arqueológica de Paamul 2, la cueva de Las Tortugas –un hundimiento con dimensiones similares a un estadio deportivo donde la maquinaria no ha podido pasar– y un predio cercano a Chemuyil, en Tulum.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2416 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.
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