Según correos electrónicos obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya, el 9 de septiembre de 2020 un representante del CNI envió al área jurídica de la Sedena una propuesta para reformar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El 29 de septiembre del mismo año, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa en el mismo sentido, con párrafos similares a los que se encuentran en las comunicaciones de ambas instituciones federales, aunque hasta el momento no ha avanzado.
El borrador de la Sedena y el CNI contempla penas de prisión y multas a quienes, entre otras cosas, posean, accedan o conozcan información identificada como de seguridad nacional, así como de investigaciones, operaciones y equipo para la generación de inteligencia de las instancias de seguridad nacional.
Además, se incluye una agravante cuando se dificulte o impida la atención eficaz de alguno de los riesgos o amenazas a la seguridad nacional previstos en las leyes, en la Agenda Nacional de Riesgos o en el Plan Nacional de Desarrollo.
El documento plantea añadir un artículo 140 bis al Código Penal Federal, correspondiente al capítulo de “Sabotaje”. Aunque no detalla los años de cárcel que se darían a quienes cometieran este delito —esos datos solamente son mencionados como “de x a y años de prisión”—, sí establece que la pena sería la privación de la libertad.
Sumado a esto, al tratarse de un delito contra la seguridad de la nación, quienes lo cometieran podrían recibir prisión preventiva oficiosa.
Según la exposición de motivos, esta propuesta ayudaría a “acabar con la corrupción en toda la administración pública”, además de que señala que la divulgación indebida puede comprometer el funcionamiento de infraestructura estratégica, actividades esenciales y la operación de las instituciones para actuar frente a las amenazas y riesgos que enfrenta el país, como la delincuencia organizada.
De acuerdo con esta comunicación, sería el presidente Andrés Manuel López Obrador quien presentaría esta iniciativa ante el Congreso, pero esto no sucedió. En cambio, el senador Ricardo Monreal ingresó la reforma a los códigos correspondientes, con párrafos idénticos a los acordados entre el Ejército y el CNI.
El representante del área jurídica de la Sedena aprobó esta iniciativa de reforma el 22 de septiembre de 2020, aunque hizo hincapié en que se agregara que la sanción también aplicaría a quien “posea” tales documentos.
Insistió también en que la propuesta contenga que se duplicaría el castigo si la conducta implica “riesgos o amenazas” al Plan Nacional de Desarrollo (PND), que enmarca, entre otros puntos, los programas de desarrollo social y la estrategia de seguridad.
“En relación a la junta de trabajo llevada a cabo con personal de esta Secretaría; con motivo de la propuesta de tipo penal ‘Afectación a información de Seguridad Nacional’ y su inclusión como delito que amerita prisión preventiva oficiosa; para intercambiar puntos de vista en la elaboración de la propuesta final, me permito informar a usted que se valida el proyecto acordado en la reunión conforme al cuadro anexo”, dice uno de los correos.
Monreal presentó iniciativa similar, pero está detenida en el Senado
Información disponible en la plataforma de información del Senado muestra que el 29 de septiembre de 2020 el senador morenista Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar el CPF y el CNPP —fechada el 23 de septiembre del 2020—, que incluye párrafos iguales a las comunicaciones entre la Sedena y el CNI.
Esta propuesta especifica que la sanción será de dos a 20 años de prisión y una multa de mil a 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aunque podría duplicarse en los casos anteriormente citados.
La propuesta del senador morenista justifica la necesidad de establecer sanciones penales contra quienes divulguen, destruyan o alteren información de seguridad nacional y que vulneren la reserva de información debido a las “circunstancias que vive el país por la filtración del crimen organizado en las instituciones de todos los órdenes de gobierno y siendo aquel un instrumento de desestabilización estadual”.
Animal Político contactó con el equipo de Monreal para conocer su postura sobre esta ley, el contexto en el que fue elaborada y si participó el Ejército en su redacción. Sin embargo, hasta el momento solo ha respondido que “se encuentra pendiente de dictamen” en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
Esta no es la primera vez que las filtraciones del grupo Guacamaya relacionan la participación del Ejército con la elaboración de leyes. Según el portal Aristegui Noticias, la Sedena fue la fuente original de la reforma que se aprobó en el Congreso para militarizar la Guardia Nacional.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OSCAR NOGUEDA, LEÓN RAMÍREZ.
FECHA: 11 OCTUBRE 2022.
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