La empresa Grupo México sigue impune a ocho años del derrame de 40 millones de litros de tóxicos de su mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS).
Los defensores comunitarios que integran los CCRS señalaron que el Estado debe imponerse y sancionar a la empresa, además de atender y resolver los estragos que ocasionó el derrame el 6 de agosto de 2014, por el que actualmente existe una presencia masiva de metales como plomo, arsénico y cadmio en habitantes de distintos puntos de la cuenca.
Los Comités añadieron que instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no han tenido voluntad política para resolver las demandas de las víctimas y han minimizado la gravedad de la situación.
«La Profepa ha tenido un papel laxo en exigir que la empresa dote de recursos al Fideicomiso Río Sonora en orden de cumplir su propósito como mecanismo de remediación de la contaminación ambiental y los daños socioeconómicos que ha provocado el derrame. Asimismo, no responde ante la exigencia de las comunidades para declarar medidas cautelares que los CCRS exigieron en julio de 2021», denunciaron.
Entre las demandas que hacen las comunidades a las autoridades se encuentra un plan integral y efectivo de justicia y reparación, con perspectiva ecotoxicológica, a largo plazo en materia de salud, socioambiental, y otros derechos afectados por Grupo México, que considere la instalación definitiva de una clínica de especialidades y la instalación de potabilizadoras con capacidad para separar metales pesados en las comunidades que así lo requieran.
Los defensores de los CCRS, junto con la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), también llamaron a las autoridades a imponerse y sancionar a los responsables del desastre, pues «la deuda con la justicia y por la rendición de cuentas a los responsables sigue en aumento».
Comunicado:
Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), el movimiento comunitario que desde hace ocho años lucha por justicia y reparación tras el megaderrame de tóxicos provocado por una mina de Grupo México, el 6 agosto de 2014, presentaron un nuevo balance y claves del desastre ambiental a un año de iniciadas las mesas de diálogo y trabajo con el gobierno federal, en el marco del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora.
En conferencia de prensa, las y los miembros de los CCRS, acompañados por representantes de la organización de derechos humanos PODER, y de expertos en ecotoxicología, compartieron el informe titulado: El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el Río Sonora. En este reporte exhibieron por primera vez y con base en información oficial los primeros hallazgos sobre los verdaderos daños a los derechos humanos, a la salud, al medio ambiente, al ecosistema y a la economía, lo que de acuerdo con los participantes, finalmente confirma que la comunidad tenía razón en su señalamiento, desde hace 8 años, de que el Río Sonora y sus habitantes fueron severamente contaminados por los millones de litros de sulfato de cobre acidulado derramados por la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.
Entre los hallazgos presentados se encuentran que existe una presencia masiva de metales como plomo, arsénico y cadmio en habitantes de distintos puntos de la cuenca, la disminución de población de insectos, los daños económicos al Estado de Sonora y a la sociedad mexicana de 10 mil 200 millones de pesos -que triplican lo estimado inicialmente por la Administración anterior (3 mil millones de pesos)- y quintuplican lo destinado por el fallido Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos), que en realidad solo ejerció poco más de la mitad (mil 200 millones de pesos). Además, se hace una valoración sobre los avances y voluntades de la actual Administración en la búsqueda de justicia.
“Esta nueva información revela que la versión construida por Grupo México, avalada por la pasada Administración, no se sostiene y hace falta un nuevo plan que contemple acciones que conduzcan a una efectiva reparación del daño, hacia la rendición de cuentas de la empresa y hacia un freno a la captura corporativa del Estado”, señala el informe, elaborado por las y los miembros de los CCRS y PODER.
Entre las revelaciones citadas en el reporte se encuentran:
METALES PESADOS EN LAS PERSONAS. Existe en habitantes de ocho municipios de la cuenca una exposición homogeneizada y evidente a metales como plomo, arsénico, manganeso y cadmio. Un análisis realizado por Cenaprece, realizado a 650 personas, confirma la presencia de plomo en orina en más del 95 por ciento de la población, a arsénico en más del 50 por ciento, y en cadmio en más del 79 por ciento. A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó “Alto Riesgo” y “Muy Alto Riesgo” van del 1 al 10 por ciento en cada municipio, y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía. En sangre se reportó exposición positiva y elevada a plomo en porcentajes que van del 58 al 90 por ciento de la población y exposición a manganeso entre el 19 y 50 por ciento, según su municipio.
DISMINUCIÓN DE BIOTA Y ARTRÓPODOS. La mina Buenavista del Cobre afecta negativamente a la estructura y funcionalidad de los artrópodos de la Cuenca del Río Sonora, “Se ha reducido la población particularmente de chinches, avispas, moscas, mosquitos y escarabajos”, de acuerdo con lo expresado por el INECC el 8 de abril.
SE TRIPLICAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS QUE QUINTUPLICAN FALLIDO FIDEICOMISO RIO SONORA.VIENE NUEVO NUEVO PLAN DE REMEDIACIÓN.
El costo real de daños al Estado de Sonora y a la sociedad asciende a 10 mil 200 millones de pesos, más del triple de lo estimado inicialmente (3 mil millones de pesos) en 2014 por el INECC, durante la Administración de Enrique Peña Nieto; y cinco veces el monto del fallido Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos), que sub-ejerció 40 por ciento del presupuesto (mil 200 millones de pesos). En un encuentro celebrado el 8 de abril con autoridades del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las autoridades señalaron que “ni el monto pagado por la multa ni las compensaciones entregadas por el Fideicomiso Río Sonora, bajo ningún escenario cubrieron los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de monitoreo de la salud y la calidad de las matrices ambientales y de salud”. Si se comparan los datos del Fideicomiso Río Sonora con los datos del estudio del INECC, es posible identificar que el fallido Fideicomiso no cubrió ni el 2 por ciento de los daños ambientales ni de salud. Por otro lado, la Dirección General de Gestión Integral y Actividades Riesgosas informó que está elaborando un nuevo plan de remediación para la zona afectada por el derrame, luego de que quedó demostrado que el primero nunca se realizó, según señala el reporte.
GRUPO MÉXICO IMPUNE Y SIN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS. Grupo México niega su responsabilidad en la contaminación ambiental que persiste en el río Sonora. El 3 marzo de este año, la DGGIMAR informó a los CCRS que Grupo México lleva 11 años operando sin un plan de manejo de residuos peligrosos. Esta información fue proporcionada en un encuentro derivado de la sentencia de amparo dictada en el juicio 144/2015, del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, confirmada en 2021 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolverse el recurso de revisión 247/2019. Resulta inexplicable que Grupo México se regule solo y puede operar sin ese protocolo, sobretodo, si se considera el historial de la compañía.
PROFEPA DÉBIL E INSENSIBLE, CONAGUA LENTA. La Profepa ha tenido un papel laxo en exigir que la empresa dote de recursos al Fideicomiso Río Sonora en orden de cumplir su propósito como mecanismo de remediación de la contaminación ambiental y los daños socioeconómicos que ha provocado el derrame. Asimismo, no responde ante la exigencia de las comunidades para declarar medidas cautelares que los CCRS exigieron en julio de 2021. En las mesas de diálogo del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora la Conagua ha minimizado la gravedad de la situación, promoviendo el retraso de soluciones urgentes e incumpliendo con su obligación como garante del derecho humano al agua. No ha mostrado voluntad política para avanzar en el diálogo ni para encontrar soluciones, constantemente se excusa o deslinda de cualquier competencia para aportar cuestiones sustantivas en materia de reparación.
El texto señala que la negligencia y negación del problema por un sector de las autoridades y de la empresa han puesto en riesgo a los habitantes a lo largo de la cuenca desde hace casi una década. Según el documento, hoy hay avances y voluntad de actores como Semarnat, SSA, Cenaprece, INECC e IMTA mientras que otros como Profepa y Conagua frenan la capacidad para tener acciones urgentes, mientras que la empresa sigue impune.
De acuerdo con las conclusiones del informe, a ocho años del derrame “cada minuto cuenta en la búsqueda de justicia, reparación y garantías de no repetición. Los daños provocados a la salud de las personas, al ecosistema, y a la economía del Estado quedan constatados, igual que los costos para repararlos. Mientras tanto, la deuda con la justicia y por la rendición de cuentas a los responsables sigue en aumento”.
Entre las demandas que hacen las comunidades a las autoridades se encuentran un plan integral y efectivo de justicia y reparación, con perspectiva ecotoxicológica, a largo plazo en materia de salud, socioambiental, y otros derechos afectados por Grupo México. Este plan debe considerar la instalación definitiva de una clínica de especialidades y la instalación de potabilizadoras con capacidad para separar metales pesados en las comunidades que así lo requieran. Asimismo señalan que el Estado mexicano debe imponerse y sancionar a la empresa responsable del desastre.
El reporte fue presentado por las y los miembros de los CCRS, José Manuel López, Norberto Bustamante, Patricia Velarde, el ingeniero químico Antonio Romo, el Dr. Omar Arellano-Aguilar, experto en riesgo ecológico y ecotoxicología, y la directora de investigación de PODER, Julieta Lamberti.
Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. Los conforman habitantes de ocho municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina, desde una perspectiva de derechos humanos, y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo. PODER logra esto mediante la investigación empresarial estratégica, las tecnologías de transparencia, la organización comunitaria y la vinculación estratégica para construir un movimiento ciudadano a favor de la rendición de cuentas empresarial.
AUTOR: REDACCIÓN.
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